Desde octubre de 1999 es evidente: con la aprobación del Plan Colombia los Estados Unidos determinan el conjunto de la vida de los colombianos. Si bien es cierto que el factor gringo determina la vida nacional desde principios del siglo XX, con el Plan Colombia se inicia una nueva era para nuestro país. Desde entonces la justicia, la economía, el parlamento, el ejército, las cárceles, etcétera, actúan y se regulan tal y como lo determina un gobierno extranjero.
Vergüenza nacional. Ni entonces ni ahora partido ni autoridad alguna ha dicho absolutamente nada. Satisfacción total, acomodamiento o intereses de algún tipo permiten que esto suceda. Desde entonces se incrementaron las fumigaciones sobre los parques o reservas naturales; se multiplicaron las cárceles de alta seguridad; se transformó la fiscalía; se crearon cuerpos especiales de vigilancia y control; se incrementó el número de soldados, oficiales y mercenarios estadounidenses en territorio nacional. Y no sólo esto: empezaron a controlar y dirigir la guerra sobre el terreno.
Tuvieron que pasar siete años para que varios oficiales de alto rango, sin decir toda la verdad, hicieran sentir su voz de descontento con esta situación. Los generales Roberto Pizarro Martínez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares; Luis Fabio García Chávez, jefe de Operaciones del Ejército; Hernán Cadavid Barco, jefe de Desarrollo Humano; y Jairo Duván Pineda, Inspector del Ejército, dejaron en claro que se oponen a la creación de los Comandos Conjuntos. De acuerdo a lo expresado, no comparten esta medida por que el ejército de tierra pierde autonomía y poder. Pero hay más.
Si se detalla que es función de los oficiales de los Estados Unidos en Colombia supervisar el funcionamiento del ejército "nacional", instruirlo, procesar toda la inteligencia que emana de los radares y de los aviones "inteligentes", seguir las operaciones en tierra, diseñar los planes estratégicos y tácticos de las fuerzas armadas y otros, se podrá deducir que los mandos reales de esos Comandos Conjuntos son los oficiales estadounidenses.
Generales subordinados a coroneles. Vistas así las cosas, se entenderá la insatisfacción de los generales colombianos. Cierto. Pero estos altos oficiales -retirados por orden del presidente Uribe-, no sólo han perdido el control de los recursos humanos bajo su mando, sino que además han quedado subordinados a oficiales extranjeros. Y más, a oficiales de menor rango. La vergüenza total. Con razón protestaron.
Pataleta hecha sin pudor. ¿Por qué estos altos oficiales no explicaron las razones de fondo de su inconformidad? Sencillo, porque en parte comparten la presencia y el control que están ejerciendo los Estados Unidos en Colombia. ¡Qué falta de sentido nacional! En verdad su única insatisfacción radica en quedar bajo mando real de un oficial de menor rango.
El triángulo perfecto
Los oficiales estadounidenses se sienten en Colombia amos y señores. Atropellan, amenazan, trafican, dan órdenes, determinan las bajas en el ejército "nacional", coordinan operaciones, estimulan la pornografía, etcétera.
Desde hace años esto es evidente. A finales de 2004 se reveló la comercialización de videos pornográficos en los que aparecen jovencitas de Melgar y Girardot con estadounidenses, al parecer militares adscritos a la base de Melgar. En agosto del mismo año, un militar de ese país fue investigado por escapar luego de matar en accidente de tránsito a dos soldados en Villavicencio, mientras otro militar de ese país fue denunciado por tráfico de piezas precolombinas. A finales de abril del año en curso, cuatro soldados estadounidenses que realizaban actividades antinarcóticos fueron capturados en Texas por transportar 16 kilogramos de cocaína en un avión de ese país.
Todo sin ningún costo para ellos. Y todo sin ninguna vergüenza para las autoridades nacionales, pues según acuerdos de sometimiento firmados desde hace cuatro décadas (1962 y ratificado en 1974) estos soldados no pueden ser procesados en Colombia.
Coordinan -en lo que son expertos- operaciones con fuerzas paraestatales. Así quedó evidenciando cuando dos de sus oficiales, el coronel Allan Norman Tanquarcy y el sargento Jesús Hernández (instructores en tiro a tropas de las fuerzas especiales y de contraguerrilla) fueron sorprendidos por miembros de la policía en una casa del condominio El Paraíso, en Carmen de Apicalá, Tolima, con 32 mil municiones para fusil que iban a entregar a las AUC.
Como se recordará, los Estados Unidos han estimulado en distintos países del mundo el surgimiento y fortalecimiento de fuerzas contrainsurgentes, para lo cual no ahorran ningún esfuerzo ni ningún mecanismo, como el tráfico de drogas en Nicaragua (con narcos colombianos) para financiar operaciones desestabilizadoras en Irán.
En nuestro caso no es la excepción. No sólo plantearon la posibilidad de crear esos cuerpos armados desde la década de los 60s, como mecanismo eficiente para enfrentar fuerzas comunistas sino que tiempo después posibilitan su fortalecimiento. La entrega de esta munición por parte de dos oficiales de alto rango del ejército de los Estados Unidos a miembros de los paramilitares, explicado como un simple negocio por voluntad de estos dos oficiales, es el triangulo perfecto: los oficiales extranjeros entregan el material bélico a oficiales retirados del ejército colombiano, los que a su vez hacen llegar el material a sus tropas en el campo.
Queda claro. No sólo asesoran, instruyen y orientan al ejército oficial, también hacen lo propio con el ejército paralelo. Y todo con total impunidad y arriando la otrora soberanía nacional.
No habrá sorpresas. No está lejos el día que instiguen para que estos ejércitos ataquen -bajo cualquier justificación- al vecino venezolano. Sin duda, ante tanta manipulación y sometimiento la palabra la tiene el desprestigiado Congreso Nacional.
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