El complejo industrial-penal en los Estados Unidos

En 1961, el general y presidente Dwight Eisenhower empleó por primera vez el término «complejo militar-industrial» para designar la alianza estratégica entre los círculos militares estadounidenses y los industriales del armamento cuyo objetivo era el crecimiento de sus ganancias mediante la promoción de su mercancía: la guerra.

Durante la Guerra Fría, esta alianza generó enormes beneficios para el sector privado -especialmente gracias al apoyo político y económico del Estado -que recurría cada vez más a la fuerza militar, apoyaba las guerras de contrainsurgencia y estimulaba la construcción masiva de armas nucleares. El «complejo industrial-penal» (PIC en inglés) designa el vasto sistema represivo, de control y de explotación en que se ha convertido hoy el sistema carcelario estadounidense.

Durante los últimos 30 años, hubo una explosión de la población carcelaria -se duplicó desde 1990 [1]. Hoy existen dos millones de detenidos, cifra a la que se deben añadir los cinco millones de personas en libertad condicional [2].

Los Estados Unidos, que representan el 5% de la población mundial, tienen así el 25% de los prisioneros del planeta. Además, desde la «guerra contra la droga» llevada a cabo por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), la composición étnica de la población carcelaria difiere notablemente de la que corresponde a la sociedad norteamericana.

El 63% de los presos es de las minorías negra y latina, mientras que estas minorías constituyen solamente el 25% de la población nacional [3]. Aunque esta disparidad tenga una relación evidente con la distribución de las riquezas según los orígenes étnicos, así como con las cifras de la criminalidad, esto no lo explica todo.

Numerosos expertos consideran que se trata en realidad del proseguimiento insidioso de las políticas discriminatorias. La prisión sería el sistema más rentable para hacer desaparecer a aquellos que la sociedad considera inaceptables. ¿Por qué?

Pilar Maschi, es ex presa y madre soltera de una niña de cinco años, ahora activista a tiempo completo del movimiento abolicionista Critical Resistance. Esta asociación lucha por la eliminación de todas las prisiones y por la reconstrucción de comunidades y relaciones solidarias.

A continuación la explicación que brinda: «Desde la década del 70, el Estado llevó a cabo una feroz represión ante al levantamiento de los movimientos de la gente de color, grupos radicales, movimientos feministas y, en general, de rechazo a la guerra de Vietnam. Al mismo tiempo se emprendieron cambios profundos en la estructura productiva.

Los jefes empresariales, con el apoyo del gobierno, abandonaron a millones de personas cuyo trabajo ya no era necesario. Convertidas en inútiles, estas personas fueron etiquetadas como peligrosas para la sociedad.

Fueron clasificadas como desempleadas o criminales por parte del PIC que simplemente encontró la forma de generar un beneficio económico a partir de estos excluidos. En 1970, la cifra de prisioneros en los Estados Unidos era de 200,000, mientras que hoy supera los dos millones.»

Ik Aikur, originario de Nigeria, igualmente activista de Critical Resistance en New Haven (Connecticut), destaca el alto grado de exclusión en las comunidades de color que no tienen otra alternativa a no ser el servicio militar, los trabajos mal remunerados y precarios o la de emprender una actividad ilegal que tarde o temprano lleva a la prisión y por ende a una mayor exclusión.

Imagínense en particular que una sola condena por infracciones vinculadas a la droga o a la violencia provoca la imposibilidad legal de obtener un empleo. Las mujeres sufren el PIC doblemente: como presas, o como compañeras o familiares allegadas a los presos masculinos que por falta de posibilidades de reinserción regresan a sus comunidades y reproducen los esquemas de violencia y adicción.

El encarcelamiento masivo tiene efectos terribles entre los grupos sociales ya marginados, con fuertes índices de consumo de drogas y desempleo, especialmente entre los afronorteamericanos, los latinos y los indígenas víctimas del PIC. Critical Resistance estima que de cada tres jóvenes afronorteamericanos uno se encuentra en prisión o ha estado preso. En las comunidades más pobres estas cifras son aún más elevadas...

Los negocios son los negocios

El boom de la privatización de los servicios de seguridad comenzó en los años 90. Los centros de detención para inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) -que poseen centros especiales para inmigrantes, pero que utilizan igualmente prisiones convencionales- están también integrados en el sistema. Durante el año fiscal 2000, el presupuesto del SIN era de 4 270 millones de dólares, con un aumento del 8% en relación con el año anterior [4].

Desde el 11 de septiembre, que tuvo como consecuencia el encarcelamiento por plazo indeterminado de miles de ciudadanos de origen árabe, la inversión en este sector aumenta continuamente [5]. Las empresas privadas que se encargan de la gestión, de la seguridad y de la deportación de extranjeros se benefician igualmente desde los años 90 con el aumento del financiamiento para encarcelar a los indocumentados.

La primera experiencia de prisiones privadas tuvo lugar en los años 80, durante la administración Reagan, con la construcción de algunas prisiones de seguridad mínima en Houston y en Laredo, Texas.

Con las habilidades «técnicas» de ex directores de prisiones y el dinero de las empresas -especialmente de Kentucky Fried Chicken- se fundó la Corrections Corporation of America (CcA), actualmente la mayor empresa privada del sector, con contratos en los Estados Unidos, Puerto Rico, Inglaterra y Australia. El ex agente del FBI George Wackenhut fundó la Wackenhut Corrections, otra importante empresa especializada en prisiones privadas.

No es difícil observar lo que sucedió durante los últimos veinte años: en la última fase de la Guerra Fría, la industria guerrerista, la tecnología y el conocimiento en seguridad se convirtieron en jugosos negocios. El «complejo industrial-penal» tiene diferentes facetas, pero la más rentable entre ellas, tanto para las grandes empresas que lo administran como para aquellas que tratan de reducir sus costos de producción, es la abundancia de mano de obra barata en las prisiones.

Un ejemplo escandaloso es el de la empresa LTI Inc. que, de acuerdo con la Wackenhut Corrections, trasfirió sus instalaciones al interior de las estructuras carcelarias para aprovechar la mano de obra. ¿Dónde si no encontrar trabajadores que reciban el salario mínimo y no puedan sindicalizarse?

No se trata de un caso aislado. En California, el sistema es floreciente gracias a los bajos costos de la mano de obra (22 centavos de dólar la hora [6] y beneficia a diversas empresas: Microsoft, Colgate Palmolive, Starbucks... [7]. Si no quieren perder sus «ventajas» (la libertad condicional o el beneficio por buena conducta), los trabajadores no tienen otra opción que el trabajo.

Estos esclavos modernos -obligados a trabajar y privados de todo derecho- son de gran utilidad para las empresas que los utilizan. Los beneficios obtenidos por el trabajo de los prisioneros en 1980 fueron de 392 millones de dólares. Alcanzaron 3,310 millones en 1994 gracias al aumento del número de prisioneros.

Las principales empresas del sector se nombran Wackenhut Corporation, CCD y Correctional Services Corporation. Ya han exportado el modelo a otros países anglófonos y piensan extender sus mercados durante los próximos años a otros países industrializados.

Los efectos perversos de esta estrategia son evidentes: la demanda de mano de obra barata y de inversiones produce una fuerte presión sobre el sistema policiaco y judicial en el sentido de un aumento del número de prisioneros. El negocio del PIC representa también con frecuencia la única oportunidad de atraer ingresos y crear puestos de trabajo en las comunidades rurales empobrecidas.

Ruth y Craig Wilmore son responsables del California Prison Moratorium Project, un movimiento cuyo objetivo es impedir la construcción de nuevas prisiones y militan por el cierre de las ya existentes.

Ruth acaba de escribir un libro sobre estas luchas en California cuyo título es más que elocuente: Golden Goulag. California, quinta economía del mundo, posee también las estadísticas más escalofriantes: durante las últimas dos décadas, allí se construyeron 23 prisiones con capacidad de entre 4,000 y 6,000 prisioneros.

El ejemplo de Corcoran (condado de Kings) es elocuente. Este pequeño centro agrícola posee dos prisiones y un total de 11,000 prisioneros. La población de 9,000 habitantes es estable desde 1980 -fecha en que se construyó el primer establecimiento. En esa época, mil habitantes vivían por debajo del límite de pobreza. Diez años más tarde, tras una inversión del Estado en las prisiones de mil millones de dólares, el número de pobres pasó a 2,000 [8].

Represión, exclusión y consenso

Ante tal panorama, el grado de aceptación general del PIC no deja de sorprender. Las organizaciones que protestan contra un sistema que hace de los Estados Unidos el primer país por su número de prisioneros no son muchas. Paul Wright, preso en el Estado de Washington y editor de la revista Prison Légal News, analiza este fenómeno de aceptación generalizada.

En una de sus intervenciones [9], ilustra el modelo cultural que sostiene la idea del PIC como un sistema de justicia que busca el castigo y la defensa de la parte «sana» de una sociedad en plena descomposición.

Basta observar la producción cultural oficial para comprender cómo la construcción de un imaginario colectivo forma parte del PIC. Desde las grandes producciones de Hollywood hasta la creación publicitaria de todo tipo de productos, las referencias al mundo de las prisiones propagan la idea de un mundo duro y difícil, pero justo e indispensable.

Este proceso conduce a una moralización del sistema carcelario que apoya que el hecho de poner a la gente en la cárcel es no sólo justo, sino indispensable para que la sociedad permanezca sana y pueda salvar sus propios valores.

La extensión y el crecimiento durante los últimos años de la cantidad y la diversidad de las formas de detención en los Estados Unidos no tiene paralelo en el mundo.
Y, desde la superprisión de Pelican Bay (California) hasta Guantánamo (Cuba), Abu Ghraib (Irak) y Woomera Camp (Australia) asistimos a la globalización de este modelo y de esta práctica: encerrar a la población que molesta o simplemente a los casos difíciles para los proyectos neoliberales. Conviene preguntarse si frente a este panorama es posible considerar una globalización de las alternativas al encarcelamiento, así como un concepto de seguridad y justicia no punitiva -y que no conduzca a la exclusión.