La democracia forzada

Desde inicios del siglo XX, los Estados Unidos vacilan en apoyar un sistema de relaciones internacionales basado en la soberanía de los Estados. Por el contrario, de forma reiterada, cuestionan el principio de soberanía para intentar extender su modelo económico, basados en los Estados que ya lo comparten. Lejos de marcar una ruptura, la doctrina expansionista del segundo mandato Bush no es sino la culminación del proyecto de «Comunidad de las democracias», enunciado por Madeleine Albright .

Cuando las reformas democráticas debilitan al campo estadounidense

Durante la Guerra Fría, y sobre todo en la década del 70, Washington brindó su apoyo a las dictaduras más sanguinarias. En aquella época el enemigo era el modelo económico socialista y la influencia soviética, no la tiranía. Los conservadores estadounidenses, al igual que las más altas instancias del FMI y del Banco Mundial, consideraban que un régimen autoritario capitalista -como el de Chile de Augusto Pinochet- era un mejor parapeto contra la progresión del comunismo que una democracia parlamentaria socialdemócrata.

Sin embargo, al introducir una ruptura, la administración Carter estima que si democratizaban los regímenes amigos, privarían a las organizaciones comunistas de militantes, razón que puso fin a algunos dictadores latinoamericanos.

Ese debate tuvo repercusión, en 1979, con la publicación de un artículo de Jeane Kirkpatrick en Commentary, «Dictatorships and Double Standards». La autora, miembro del Partido Demócrata, pero curiosamente historiadora entusiasta del Peronismo, analiza el fiasco de la política exterior de los Estados Unidos en Irán para condenar la opción de Carter. En aquel entonces, este texto se consideró como un verdadero manifiesto neoconservador contra la democracia. Para la Kirkpatrick, la experiencia mostró que es peligroso provocar reformas democráticas demasiado rápidas y muy numerosas en regímenes autocráticos que constituyen aliados fieles de Washington, como el del Sha de Irán o el del presidente nicaragüense Anastasio Somoza.

Los Estados Unidos imponen así a dictadores amigos reformas de las cuales están exentos los dirigentes de los regímenes comunistas del Tercer Mundo. Al hacerlo, debilitan a «sus» dictadores y abren la vía para su derrocamiento por otros dirigentes, como fue el caso del ayatolá Khomeyni en Irán y de los Sandinistas en Nicaragua, que son todavía menos favorables a la democratización de su país que su predecesor.

La conclusión de la especialista en política es lapidaria: en lugar de proponer que los Estados Unidos impongan los mismos criterios democráticos a los regímenes autoritarios comunistas, invita a la administración Carter a que renuncie, pura y simplemente, a su política de democratización progresiva de los regímenes aliados.

Con palabras encubiertas, el artículo de Jeane Kirkpatrick expone la desconfianza de los neoconservadores estadounidenses con respecto a la democracia: «Aunque la mayoría de los gobiernos del planeta sean, como siempre lo han sido, autocracias de uno u otro género, ninguna idea tiene más arraigo en el cerebro de los norteamericanos educados que la que plantea la posibilidad democratizar a los gobiernos en todas partes, en todo momento y en cualesquiera circunstancias».

La democracia frente al imperio del mal

Un año más tarde, los demócratas pierden las elecciones presidenciales. Reagan entra a la Casa Blanca y reanuda la política de apoyo a las dictaduras amigas. Pero, en 1982, cuando el movimiento Solidaridad desestabiliza la Polonia pro soviética, pronuncia un discurso en la Cámara de los Comunes británica, en el cual proclama que uno de los primeros objetivos de la política exterior de los Estados Unidos será en lo adelante la promoción de la democracia, fundamentalmente en Europa Oriental y en la Unión
Soviética[ [Adress to members of the British Parliament <http://www.reagan.utexas.edu/resour...> ,8 de junio de 1982.]].

Explica que rechaza la idea según la cual «una vez que los países han obtenido la capacidad nuclear, deben ser autorizados a ejercer un reinado de terror sobre sus ciudadanos sin que eso los preocupe».

Por consiguiente, propone desarrollar «las infraestructuras de la democracia», sobre todo la libertad de prensa, los sindicatos, los partidos políticos y la libertad universitaria. Algún tiempo más tarde, ese discurso se tradujo en hechos mediante la creación de la National Endowement for Democracy <http://www.reseauvoltaire.net/artic...> (NED).
Las ambiciones mesiánicas de los Estados Unidos no son nuevas.

Ya en 1845, John O’Sullivan definía el «Destino manifiesto» del país en estos términos: «La nación americana ha recibido de la Providencia divina el destino manifiesto de apoderarse de todo el continente americano a fin de iniciar y desarrollar la libertad y la democracia. Luego, debe llevar la luz del progreso al resto del mundo y garantizar su liderazgo, dado que es la única nación libre en la tierra».

Pese a las apariencias, no existe ninguna contradicción en esos virajes manifiestos. El republicano Ronald Reagan hace de la demócrata Jeane Kirkpatrick su embajadora ante la ONU. De hecho, la democracia no es un fin en sí, sino un arma para desequilibrar a los Estados pro soviéticos y para que caigan en el campo atlantista. Por ende, hay que prometer la democracia en Europa Central mientras se instalan dictaduras en América Central. La democracia es seductora, pero tiene el riesgo de dar la posibilidad a los ciudadanos de que un día realicen una «mala opción».

Mientras que la Carta de la ONU prohíbe cambiar regímenes por la fuerza en los Estados soberanos, la extensión de los valores democráticos se torna una justificación aceptable por la comunidad internacional para lograr los mismos fines. Por otra parte es necesario, para que sea creíble, limpiar su terreno cuando la situación se hace insostenible.

El secretario de Estado George Shultz y su adjunto Elliott Abrams, invitan al general Augusto Pinochet a poner en práctica algunas reformas democráticas en Chile. En 1984, la Casa Blanca inicia una acción similar con el dictador filipino Marcos. Mientras que este ha beneficiado hasta entonces del apoyo indefectible de Washington, el equipo «asiático» de Ronald Reagan (Paul Wolfowitz y Richard Armitage) se preocupa al ver al país enfrentado a una oposición de izquierda cada vez más movilizada y teme la toma del poder por
los «comunistas» [1].

Por lo tanto, estimulan a Marcos para que integre a una parte de su oposición a su gobierno. En vano: el viejo dictador está convencido de que nunca será «abandonado» por Ronald Reagan, quien lo ha recibido en varias ocasiones en la Casa Blanca. Pero se engaña: Wolfowitz y Armitage, espantados por el temor de un nuevo Vietnam, lo expulsan del poder y ponen fin a la dictadura a favor de la derecha católica y del Opus Dei.

Como la tentativa de democratización del régimen torturador de Pinochet, este episodio no revela la preferencia de Washington por les regímenes democráticos. Sólo permite constatar que el Pentágono y el Departamento de Estado están a partir de ahora dispuestos a apoyar la instauración de un régimen democrático si el mantenimiento de una dictadura puede implicar el control del país por los «comunistas», y Wolfowitz y Armitage escogieron esta política no por estar a favor de la democracia, sino por anticomunistas.

Al año siguiente, el presidente surcoreano Chun Doo Wan es llamado por Washington para que realice reformas democráticas frente a una oposición popular creciente.

La política exterior de la administración Bush se apoya hoy día en los mismos resortes. Los éxitos de la «revolución» [2] de las rosas en Georgia y de la «revolución» naranja en Ucrania demostraron que la coartada de las «reformas democráticas» era el mejor medio para derrocar a regímenes con el respaldo de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, los neoconservadores multiplicaron los llamados a una «democratización» del Medio Oriente, pretexto para remplazar equipos en el poder en Arabia Saudita, Siria, e incluso para la aventura iraquí.

La conferencia de Varsovia y la oposición francesa

Esta nueva diplomacia ya no se basa en el derecho internacional aplicable a los Estados soberanos, sino en valores morales, incluso teológicos, que conviene imponer a toda la humanidad y encuentra su consagración en una entidad denominada la Comunidad de las Democracias.

Esta iniciativa fue lanzada a fines de la era Clinton por Washington, en junio de 2000, durante una conferencia internacional organizada en Varsovia por iniciativa de Bronislaw Geremek, ex miembro de Solidaridad y ex ministro de Relaciones Exteriores polaco, y se llamó «Hacia una comunidad de las democracias».

En esa ocasión, el «grupo iniciador», compuesto por Chile, República Checa, República de Corea, India, Malí, México, Polonia, Portugal, África del Sur y Estados Unidos se compromete, en la declaración final también firmada por más de cien países, a fundar una «Comunidad de las Democracias» que tenga por objetivo promover los valores y las instituciones democráticas a los niveles nacional e internacional [3].

El texto recuerda además la importancia de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración de los Derechos Humanos. Los firmantes se comprometen a «estimular a los dirigentes políticos a que hagan prevalecer los valores de tolerancia y de compromiso que son el fundamento de los sistemas democráticos eficaces» y a «trabajar con las instituciones y organizaciones internacionales, la sociedad civil y los gobiernos para coordinar el apoyo a las nuevas sociedades democráticas emergentes».

Francia, representada por su ministro de Relaciones Exteriores, Hubert Védrine, es la única que no plasmó su firma en el texto. Ante la Asamblea, Védrine cuestionó algunas «declaraciones (...) a veces redactadas como si en lo adelante se tratara de convertir de un golpe a la religión democrática a los adeptos de la tiranía y no de promover y consolidar los procesos de evolución de las sociedades».

También critica el hecho de que los occidentales en ocasiones dan «la impresión de que utilizan la aspiración universal a la democracia y al respeto de los derechos humanos (...) con fines de influencia o de dominación política, económica o
cultural» [4].

Lo que irrita tanto al diplomático francés es que, pese a la evocación del principio de soberanía y de no injerencia, la declaración final se refiere a una «cooperación en el seno de las organizaciones internacionales» y a la constitución de «coaliciones y alianzas destinadas a apoyar las resoluciones y otras acciones internacionales para la promoción de un modo democrático de gobierno», lo que abre la vía a la formación de un «grupo de democracias» en el seno de la ONU, una idea a la cual se oponen tanto París como Kofi Annan, secretario general de la ONU.

La oposición francesa suscita vivas reacciones por parte de la delegación estadounidense. Un artículo publicado en la primera plana del International Herald Tribune explica que «la «conferencia norteamericana sobre las democracias en el mundo [se ha visto] afectada y sorprendida» por la negativa francesa de firmar el documento final.

En la tribuna, Madeleine Albright replica que si bien la democracia «no es una religión», es «una fe». El New York Times afirma el 28 de junio que la Secretaria de Estado y la delegación estadounidense «han sido tomadas por sorpresa por las objeciones francesas», sobretodo por el hecho de que Hubert Védrine «apuntaba directo al corazón de lo que el Dr. Albright esperaba para una gran parte de su legado» [5].

La «Pax Democrática» sustituye la «Pax Americana»

Las críticas del ministro francés eran argumentadas y visionarias. La conferencia de Varsovia, financiada por la Stefan Batory Foundation de George Soros y la Freedom
House [6], constituye la primera etapa de injerencia democrática aplicada hoy por les mismos Albright y Soros en Europa Oriental.

Esta estrategia estaba ya incluida en el primer informe estratégico de la administración Clinton, titulado A National Security Strategy of Engagement And Enlargement, en el que se podía descubrir un nuevo objetivo estratégico de los Estados Unidos: «la protección, consolidación y ampliación de la comunidad de las democracias de libre mercado».

En un artículo publicado en Parameters, la revista de la US Army War College, en el verano de 1996, el Dr. Robert H. Dorff analizaba así esa nueva política: «Fundamentalmente basada en el concepto de "paz democrática" (las democracias no entran en guerra contra las demás democracias), esta estrategia implica la promoción activa y la expansión de la comunidad de los países democráticos y apegados al libre comercio como una manera de invertir los recursos nacionales en el logro de objetivos estratégicos» [7].

En realidad este discurso adquiere la forma de doctrina en noviembre de 1999, durante un Open Forum [Foro Abierto] del Secretario de Estado. En la tribuna, el analista en asuntos internacionales estadounidense, James Robert Huntley, expone la tesis de su último libro, Pax Democratica: A Strategy For the 21st Century. En su opinión, para que se realice el nuevo orden mundial basado en la democracia se requieren varias medidas :
– un tratado-marco para la comunidad de las democracias
– un caucus o grupo de trabajo de las democracias en la ONU para hablar con voz común
– una asamblea parlamentaria de las democracias
– la unión de las democracias sobre temas precisos, sobre todo educación, economía y seguridad global
– un Tribunal Internacional para los derechos humanos
– mejorar la prevención de las crisis por parte de las democracias
– esfuerzos incrementados en término de educación
– el fortalecimiento de las instituciones internacionales como la ONU gracias a la Comunidad de las Democracias.

Tras las consignas, se trata únicamente de redefinir la Alianza Atlántica como el campo de la «democracia de mercado» (sic), extenderla más allá de su zona geográfica inicial, en fin, convertirla en la fuente del derecho internacional en lugar de la ONU.

Por supuesto, no se trata en modo alguno de defender realmente la democracia, es decir, el gobierno del pueblo por sí mismo, ya que los Estados Unidos no reconocen en su país el principio de soberanía popular y se niegan a firmar los pactos de las Naciones Unidas referentes a los Derechos Humanos.
La expresión Pax Democratica para remplazar Pax Americana traduce maravillosamente la voluntad expansionista que se oculta tras este proyecto. Si bien se dice que las democracias no se hacen la guerra, nada impide que hagan la guerra a los demás y los conquisten.

Esa Comunidad se convierte, de inmediato, en un proyecto prioritario de Washington, que ya ha nombrado a un representante especial en el Departamento de Estado para promover la iniciativa. Se trata de Penn Kemble, ex miembro de la agencia de la NED-CIA, el National Democratic Institute, y cercano a Jeane Kirkpatrick [8].

Esos elementos contextuales permitían a Shri B. Raman cuestionar las motivaciones subyacentes en la promoción de una «comunidad de democracias»: «Los Estados Unidos desarrollan esta idea secretamente, con la ayuda de algunas ONG y de personalidades que se destacaron durante la Guerra Fría, para promover sus intereses estratégicos». Los acontecimientos le darán la razón.

La conferencia de Seúl

La conferencia de Seúl, organizada del 10 al 12 de noviembre de 2002, es la ocasión para los miembros de la Comunidad de las Democracias de precisar su proyecto. Un elemento importante lo constituyen los criterios de participación, que deben permitir identificar los países que son dignos de pertenecer a esa comunidad.

Esos criterios de «buena gobernabilidad democrática», recogidos en una extensa enumeración redactada previamente, abarcan el conjunto de derechos individuales, sociales y políticos que debe respetar un Estado: el Estado de Derecho, la libertad de consciencia, el derecho a un proceso judicial equitativo, la promoción de la igualdad de géneros, el derecho de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, la separación de poderes, las elecciones libres, el multipartidismo, la ausencia de discriminación relativa al sexo, a la raza, al color de la piel, al idioma, a la religión y a las creencias para acceder a la vida política, económica y cultural, y la seguridad de que el poder militar sea responsable ante el gobierno civil elegido [9].

De igual forma, los participantes adoptan un «plan de acción» que recuerda los principios fundamentales a los cuales los Estados miembros se adhieren. Sobre todo se puede leer, tras las habituales libertades fundamentales: «la celebración periódica de elecciones libres y justas basadas en el voto secreto y el sufragio universal bajo la supervisión de autoridades electorales independientes; la libertad de asociación incluido el derecho de formar partidos políticos independientes; la separación de poderes, especialmente la independencia del poder judicial; y la subordinación constitucional de todas las instituciones estatales, incluidos el ejército y el poder civil legalmente constituido» [10].

El «plan de acción» de Seúl prevé naturalmente que los Estados miembros hagan su máximo esfuerzo a escala regional para que progresen esos grandes principios en su área geográfica, con excepción de su propio territorio ya que deben por esencia respetarlos, según los criterios de participación.

Otro aspecto del programe prevé luchar contra las amenazas que pesan sobre la democracia. En primer lugar, a todas luces, está el terrorismo, una preocupación que no existía en el año 2000. Por consiguiente, los Estados Unidos aprovechan la oportunidad para que los participantes adopten medidas relativas a la guerra contra el terrorismo, sobre todo la suspensión de relaciones bilaterales, del comercio y de la ayuda a los países u organizaciones no gubernamentales que apoyan lo apoyan.

Pero este no es el objetivo principal. Instrumentar los procesos de democratización para derrocar regímenes requiere la creación de una infraestructura específica, subcontratada a nivel regional a la NED por los países miembros.

El texto prevé la «creación de un cuerpo de expertos entrenados capaces de ayudar a los países cuyas democracias están amenazadas», la «designación de países habilitados cuando es necesario coordinar esfuerzos diplomáticos o de otra índole o una mediación política» y «el suministro de apoyo logístico a largo plazo y de órganos de supervisión para reforzar las instituciones democráticas, el proceso electoral y los proyectos de reforma».

Estos elementos tienen una resonancia diferente hoy día cuando Washington acaba de transportar observadores por vuelos charters completos y pone en práctica consultas electorales en Georgia y en Ucrania para destituir a los equipos establecidos, mientras prohíbe toda supervisión de las elecciones en Irak.

Otro aspecto esencial de la injerencia democrática: la propaganda. El «plan de acción» prevé para ello favorecer «la educación para la democracia», sobre todo «promoviendo el desarrollo de la capacidad humana para permitir a un público educado asumir una participación en el proceso nacional de toma de decisiones». Los Estados miembros preconizan también la promoción del concepto de transparencia, la aplicación de medidas de buena gobernabilidad para luchar contra la corrupción.

Desean estimular «la implicación de la sociedad civil en el proceso de gobierno a nivel local, nacional e internacional», fundamentalmente mediante el apoyo «a grupos no gubernamentales que informan a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes (...) y ayudan a las personas a desarrollar los talentos básicos necesarios para una participación eficaz en los asuntos públicos». La Comunidad de las Democracias desea por supuesto defender la libertad de expresión mediante la defensa de los medios masivos de comunicación independientes (es decir, no estatales).

¿Cómo se traducen en los hechos todas esas declaraciones de intención? El ejemplo reciente de los golpes de Estado en Ucrania y en Georgia dan una idea de ello: en Georgia, las listas electorales para las elecciones legislativas de noviembre de 2003 fueron realizadas por el National Democratic Institute (ahora presidido por Madeleine Albright). Plagadas de irregularidades, fueron después impugnadas por la oposición a Edouard Chevardnadze, lo que acredita la hipótesis de un fraude electoral del poder.

En nombre de los principios enumerados en Seúl, se desplegaron observadores internacionales, en su mayoría financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con motivo de esas elecciones, a fin de constatar las irregularidades necesarias para impugnar el escrutinio.

Surgieron numerosos medios de comunicación no gubernamentales, como la cadena de televisión «independiente» ucraniana Rustavi 2, creada en 1994 gracias a la financiación de George Soros, y que difundió hasta la saciedad las encuestas favorables a Yutchenko, que, por otra parte, ella misma había
realizado [11].

Además, George Soros, presente en la conferencia de Seúl, también financió muchas organizaciones llamadas «no gubernamentales» para sensibilizar a priori a la población sobre los «trucajes» futuros, y, una vez «confirmados» estos, dedicarse a movilizarla para lograr la salida del equipo en el poder. Ese fue el caso de Otpor en Servia (2000), de Kmara en Georgia (2003) y de Pora en Ucrania (2004).

Será la ONU el proximo blanco?

Desde comienzos del 2004 ha aumentado la presión en los Estados Unidos contra la ONU. Muchos editorialistas neoconservadores dicen regularmente todo lo mal que piensan de esta organización en la cual están autorizados a sesionar países autocráticos opuestos a los valores morales más elementales. La idea de James Robert Huntley de un «caucus de las democracias» en el seno de la ONU avanza, apoyada con vigor por el Partido Radical Liberal Europeo para los Estados Unidos de Europa y de América de Emma Bonino [12].

Lo que la guerra contra el terrorismo no ha logrado, es decir, unir un frente de países contra los «Estados villanos», quizás logre provocarlo la Pax Democratica. El discurso de investidura de George W. Bush no dice otra cosa. Al declarar que «la mejor esperanza para nuestro mundo es la expansión de la libertad a todo el planeta», prefigura una era de injerencia política de gran envergadura. Por otra parte, el presidente norteamericano precisó muy bien que «este no es principalmente el papel de las armas».

En efecto, en muchos casos estas son superfluas. Mucho más eficaz es el soft-power así definido: «Los Estados Unidos no impondrá nuestro propio modo de gobierno a los que no lo deseen.

En lugar de ello, nuestro objetivo es ayudar a los demás a encontrar su propia vía, a alcanzar su libertad y a trazar su propio camino (...) Promovemos las reformas en los demás gobiernos al explicar claramente que el éxito de nuestras relaciones necesitará un trato decente de su propio pueblo».
Con independencia de las alternancias políticas, aparece una perfecta continuidad en la política exterior de los Estados Unidos. George W. Bush retoma a su haber la retórica de Ronald Reagan.

Remplaza el «Imperio del Mal» por el «Eje del Mal» y la expansión de la «democracia» por la de la «libertad». También absorbe el discurso de Bill Clinton. La injerencia humanitaria en Kosovo deja lugar a la injerencia democrática en Irak y muy pronto en otras partes.

Condoleeza Rice, la nueva Secretaria de Estado de los Estados Unidos, hizo explícita estas ideas durante su audiencia por la comisión senatorial encargada de aprobar su nombramiento. La Rice, formada en la política par Joseph Korbel, padre de Madeleine Albright, declaraba: «En primer lugar, debemos unir la comunidad de las democracias en la construcción de un sistema internacional basado en nuestros valores comunes y la regla del derecho.

En segundo lugar, reforzaremos la comunidad de las democracias a fin de contrarrestar las amenazas que pesan sobre nuestra seguridad colectiva y calmaremos la desesperación que alimenta el terrorismo. En tercer lugar, extenderemos la libertad y la democracia a todo el mundo. Esa es la misión que el presidente Bush ha asignado a los Estados Unidos en el mundo... y esa es hoy la gran misión de la diplomacia [13] estadounidense».