Los puntos oscuros del informe Cheney

El 29 de enero de 2001, apenas instalado en sus nuevas funciones, George W. Bush crea el Grupo de Desarrollo de la Política Energética Nacional (National Energy Policy Development Group, NEPDG). El grupo se compone de altos miembros de la administración y lo dirige el vicepresidente Dick Cheney, ex presidente de Halliburton, la mayor empresa de equipamiento petrolero del mundo.

El grupo, que se reúne a puertas cerradas y rodeado del mayor secreto, publica finalmente un informe lleno de lugares comunes. A pesar de la legislación sobre la transparencia de las decisiones públicas, se negará posteriormente a revelar el contenido real de sus trabajos y la identidad de las personas que comparecieron ante sus miembros.

Como quiera que sea, parece que la prioridad de la nueva administración no era la «guerra contra el terrorismo» sino la independencia energética del país o, peor todavía, como sospecharán más tarde las víctimas del escándalo Enron, la satisfacción de ciertos intereses energéticos privados.

Un grupo de trabajo secreto

Intitulado Una energía confiable, poco costosa y respetuosa del medio ambiente para la América del futuro, el informe final del NEPDG presentado al presidente está más cerca del lenguaje en clave que del análisis estratégico. Probablemente no habría provocado más que burlas, pero apareció en pleno escándalo Enron y los dirigentes de la firma habían participado en los trabajos del NEPDG.

Muchos se han interrogado, a partir de entonces, sobre las actividades reales de ese grupo de trabajo y, como una cosa lleva a la otra, la interrogante se va haciendo más amplia: ¿planificó la «Cheney Energy Task Force» inconfesables maniobras de Estados Unidos y guerras por el petróleo en el extranjero? [1].

El General Accounting Office (GAO), órgano encargado de la realización de investigaciones por cuenta del Congreso, pide entonces que le sean entregados los documentos correspondientes a las audiencias de las personas que comparecieron ante el grupo, los temas tratados y el costo de los trabajos. Ante la negativa de la Casa Blanca, se produjo una demanda judicial ante la corte federal, demanda que será rechazada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 sin que el GAO intente interponer un recurso de apelación.

Más tenaz que el GAO, el grupo de interés público conservador Judicial Watch interpone, y prosigue, una acción similar contra la Cheney Energy Task Force acusándola de haber infringido la ley sobre las reuniones públicas (Federal Advisory Act) y la ley sobre la libertad de información (FOIA, Freedom of Information Act).

Meses después, el grupo de defensa del medio ambiente Sierra Club se une al anterior en calidad de codemandante. Ambas asociaciones sospechan que la influencia de sociedades privadas, como Enron, en la elaboración del informe puede haber llevado al grupo a aconsejar la adopción de medidas favorables a intereses privados.

Aquellos esfuerzos acabaron por arrojar resultados en julio de 2003. La Corte ordenó entonces al Departamento de Comercio la entrega de los documentos utilizados por la Cheney Energy Task Force [2]. Entre esos papeles se encuentran mapas de yacimientos petrolíferos en Irak, en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como listados que enumeran las empresas extranjeras que han concluido acuerdos reales o que han establecido acuerdos de principio con vistas a la explotación petrolera en Irak.

Los documentos confirman, por un lado, que el informe de la NEPDG no reflejaba integralmente los trabajos del grupo y, por el otro, que el tema del cambio de régimen en Irak estaba en la agenda desde mucho antes de los atentados de septiembre de 2001 contra el World Trade Center y la «guerra contra el terrorismo». Para obtener más documentos y más información, los demandantes recurrieron entonces a la Corte Suprema. Desgraciadamente, el asunto se estanca. Los demandantes piden en vano que se le retire el caso al juez Antonin Scalia, cuya imparcialidad ponen en tela de juicio.

El magistrado viaja en el Air Force Two, el avión oficial de Dick Cheney, y pasa un agradable fin de semana cazando patos con el vicepresidente [3].

Un contexto de crisis energética

Para poder entender por qué el informe del NEPDG no constituía más que una pantalla detrás de la cual se esconde la verdadera estrategia estadounidense en materia de energía, que implica el dominio militar global, debemos estudiar el contexto que dio lugar al nacimiento de un grupo de trabajo tan sui generis.

Los años 2000 y 2001 fueron para Estados Unidos sinónimos de minicrisis energética. El precio del barril había subido a más del doble, el petróleo y el gas natural escasearon en varios lugares del país y los californianos sufrieron cortes eléctricos esporádicos.

Hecho simbólico, aunque tan importante como los anteriores, el país importaba ya más del 50% del petróleo que consumía, lo cual provocó una verdadera conmoción sicológica entre las elites político-económicas. Bill Richardson, secretario de Estado para la energía durante los dos últimos años de la administración Clinton, emprende entonces todo un trabajo para hacer un balance de la situación energética del país. Para ello organiza en febrero del 2000 una gira por todos los países miembros de la OPEP, con excepción de Irak, Irán y Libia.

Matt Simmons, consejero ante el Council on Foreing Relations, analista, gerente de un fondo de inversiones en el sector de la energía basado en Houston e individuo con la reputación de hablar con franqueza (cuando se aconseja a inversionistas en el sector de la energía, las mentiras cuestan caro), recuerda en una entrevista su contacto con una ayudante de Richardson, justo antes de aquella
gira [4]: «Cuando leí que irían a todos los países de la OPEP, le mandé un e-mail a esa persona diciéndole: «Si yo estuviera en su lugar o en el del secretario Richardon, lo que de verdad trataría de averiguar es la capacidad de producción extra de que disponen ya que es inútil incitar a esos países a producir si no tienen la posibilidad de hacerlo».

Después del viaje, recibí una llamada de la asistente: «Caracoles, demonios», en realidad utilizaba un lenguaje un poco diferente, pero decía «Es simplemente terrible. Ya no queda prácticamente en un ningún lugar». Después tuvimos una conversación muy austera durante alrededor de media hora.

Yo iba a une recepción aquella noche y vi a uno de mis buenos amigos, primo de quien era en aquel entonces el gobernador Bush. Me lo llevé aparte y le expliqué: «Oye, acabo de tener una conversación muy interesante con alguien que acaba de visitar todos los países de la OPEP, exceptuando Irak, Irán y Libia. ¿Sabes cuál es la conclusión? Probablemente tengamos una crisis energética y, créeme, espero que alguien trabaje sobre eso en Austin ya que sería realmente algo que tu primo... y lo que me inquietaría verdaderamente sería que... ninguna gran compañía tiene conciencia de esos problemas.

Si creen verdaderamente que vamos a tener... que no son más que problemas temporales». Y recuerdo que le oí decir: «Bueno, voy... No estoy seguro de lo que hemos previsto para eso porque era un problema que no preocupaba a nadie en la primavera del 2000»

Matt Simmons servirá de justificación técnica para los discursos de la campaña de George Bush dedicados a la cuestión energética. Más tarde, después de las elecciones y, por ironía de la vida, después de un corte de electricidad sin precedentes en California, la víspera de la entrada de Bush a la Casa Blanca, el NEPDG recurrirá regularmente a los consejos de Simmons.

Éste ofrecerá su opinión sobre la importancia de los temas planteados por los numerosos cabilderos que querían participar y ejercer influencia sobre el grupo. No participó en los trabajos porque, según dice, ya había hecho lo que tenía que hacer.

El informe con doble fondo

La lectura del informe público del NEPDG, conocido bajo el nombre de National Energy Policy o «Informe Cheney», [5]
revela un contraste significativo con el discurso alarmista de Matt Simmons. El informe comienza haciendo un balance del aprovisionamiento energético de Estados Unidos y formula recomendaciones que, teóricamente, tienen como objetivo reducir la dependencia del país de los principales Estados proveedores de petróleo.

Los siete primeros capítulos insisten en la importancia de la conservación de la energía, de la eficacia y el desarrollo de las energías renovables. Si se toman al pie de la letra, esas recomendaciones implicarían un cambio total en correspondencia con la política existente, cuya tendencia al crecimiento del consumo de energía no renovable y a la dependencia hacia los principales países productores de petróleo es evidente.

Teóricamente, la aplicación de esas recomendaciones tendría consecuencias sin precedentes para la economía estadounidense e implicaría una profunda reestructuración de la economía y del modo de vida estadounidenses, que absorben más de la cuarta parte de la producción mundial de petróleo.

El hecho es, por supuesto, que ninguna de las medidas propuestas en la primera parte del informe permite reducir la dependencia de las importaciones, con excepción, quizás, de la apertura del Artic National Wildlife Refuge (ANWR), en el norte de Alaska, a la exploración y la explotación, que implica graves repercusiones para el medio ambiente con perspectivas de producción finalmente modestas. Tomemos también el ejemplo del etanol, o carburante vegetal.

Aparentemente ecológico y económico, este procedimiento exige en realidad un amplio consumo de energía fósil nada más que para garantizar el funcionamiento de la maquinaria agrícola así como la cantidad de nutrientes químicos y de pesticidas necesarios para las plantaciones que se transformarían después en carburante.

El sector nuclear es presentado también como una fuente de electricidad que debe desarrollarse, pero no este representa más que una pequeña parte de la producción energética de Estados Unidos y se necesitarían, por consiguiente, inversiones considerables para garantizar su desarrollo. Sin embargo, ninguna medida de tal envergadura ha sido puesta en práctica durante los últimos años.

Si se analiza con calma, es posible comprobar que el único proyecto real verdaderamente emprendido ha sido el de «la economía del hidrógeno», un soberano engaño que desde el punto de vista científico no puede resolver en lo más mínimo los problemas de aprovisionamiento energético ya que el hidrógeno es vector y no fuente de energía.

Como subraya Michael Klare [6], profesor sobre cuestiones ligadas a la paz y la seguridad mundial en el Hampshire Collage, el último capítulo, que contiene un tercio de las recomendaciones, es el único que aporta elementos concretos, pero no en cuanto a la manera de reducir la dependencia de las fuentes extranjeras sino sobre cómo asegurar el aprovisionamiento creciente a partir de dichas fuentes.

El octavo capítulo, que se intitula «Strengthening global alliances» («Reforzar las alianzas globales»), insiste más bien en la necesidad de eliminar los obstáculos, políticos y económicos al acceso a los recursos petroleros y al gas natural con el objetivo de garantizar los 7,5 millones de barriles diarios suplementarios que el país consumirá de aquí a 2020, o sea el equivalente del consumo actual total de China y la India. Como los países que podrían desempeñar ese papel son en su mayoría proclives a una gran inestabilidad política y social, la garantía del aprovisionamiento exige de manera implícita un creciente despliegue de tropas estadounidenses.

La solución que realmente se plantea es de tipo militar...

El informe toma nota de la creciente dependencia del petróleo proveniente del Medio Oriente y formula la siguiente recomendación: «El NEPDG recomienda que el presidente estimule las iniciativas de Arabia Saudita, Kuwait, Argelia, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y los demás proveedores a favor de la apertura de sus sectores energéticos a las inversiones extranjeras» o también «(...) trabajar para mejorar el dialogo entre los países productores y los países consumidores.»

Las importaciones de petróleo proveniente del Medio Oriente no constituyen por el momento más que el 18% del consumo nacional estadounidense, pero esa cifra aumentará rápidamente debido a la caída acelerada de la producción en la mayor parte de las demás regiones del mundo, entre ellas los propios Estados Unidos, caída que comenzó en 1970. El interés estratégico que presenta la región es aún más importante si se tiene en cuenta que Asia y Europa Occidental dependen enormemente de ella para garantizar su propio aprovisionamiento.

Resulta extraño ver que el caso de los países que disponen de reservas significativas pero que son objeto de sanciones económicas está tratado en un capítulo muy corto y particularmente ambiguo [7] que aconseja la revisión del régimen de sanciones en función de la seguridad energética.

Después de analizar documentos suplementarios que obtuvo el Judicial Watch, uno puede preguntarse de qué manera fue tratado en el seno de la Cheney Energy Task Force el problema de las sanciones que pesaban entonces sobre Irak. En efecto, el levantamiento del embargo contra Irak que impuso la ONU implicaba la puesta en marcha de los contratos y acuerdos congelados por las sanciones, en detrimento de las compañías estadounidenses marginadas de las negociaciones por el régimen de Saddam Hussein.

La intervención militar quedaba entonces como la única opción posible para abrir el acceso a la segunda reserva mundial de crudo, con bajos precios de producción sin parangón en parte alguna del mundo.

Como lo demuestra la creciente inestabilidad de Arabia Saudita, único país aparte de Irak que podría aumentar significativamente su producción para responder a la demanda mundial, la presencia creciente de tropas en la región es una necesidad estratégica para Estados Unidos.

No es por tanto sorprendente que aparezcan proyectos de bases permanentes en Irak [8], a pesar de las declaraciones que parecen indicar que la presencia militar de la coalición allí es temporal.

Tomemos otro ejemplo, el de África occidental: el informe subraya el importante potencial de Estados como Nigeria y Angola en términos de aumento de la producción sugiriendo igualmente estrechar con ellos los lazos diplomáticos y comerciales.

Ambos países confrontan, sin embargo, graves disturbios internos, como lo demuestran las manifestaciones de violencia étnica de la primavera del año 2003 en la región del delta, en Nigeria, donde se encuentran la mayoría de los yacimientos terrestres. Al no poder desplegar tropas allí sin despertar la indignación de la comunidad mundial, Estados Unidos aumenta regularmente su ayuda financiera a los regímenes amigos en esa región.

Habiendo llegado al poder en medio de un período decisivo para el porvenir energético de Estados Unidos y en momentos en que una desregulación caótica de ése sector amenazaba con dejar al país en la oscuridad mientras que las importaciones de petróleo se disparaban, la administración Bush presentó el público un informe hueco, vacío de soluciones reales para remediar la dependencia del país ante sus principales proveedores de petróleo.

Mientras tanto, la Cheney Energy Task Force estudiaba en secreto los yacimientos y contratos petroleros de Irak, en espera de una justificación para invadir ese país y desplegar sus fuerzas armadas allí donde la producción de petróleo está llamada a concentrarse durante las próximas décadas.

La Casa Blanca acostumbra a afirmar que los terroristas odian el American way of life. En realidad, es al revés: la preservación de su modo de vida, devorador de energía, obliga a Estados Unidos a un despliegue militar mundial con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Se trata, además, de un círculo vicioso ya que el ejército estadounidense es el mayor consumidor de energía del mundo.