Las presiones no son de ahora, pero se acentúan con frenesí, a medida que el tiempo se agota y la fecha de la decisión se acerca. Recordarán los lectores, la invitación que la embajadora en Madrid, Nohemín Sanín –la misma que propuso la reelección– les hizo a los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Pretendió esta señora, meter en el avión presidencial a los nueve juristas que deben examinar la constitucionalidad de su trámite en el Congreso de la República y llevarlos con todos los gastos pagos a dar un paseíllo por las Cortes Reales y el Palacio de la Moncloa. El rechazo a tan subyugante invitación, fue unánime por parte de los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Lo debía saber alguien que en su vida no ha hecho cosa distinta que gozar de los privilegios del poder: la mujer del rey no sólo debe ser honesta, sino aparentar que lo es.

Y a partir de entonces, las presiones colectivas e individuales continuaron, hasta donde la opinión pública conoce. ¡Cuántas cosas sucederán en las sombras nocturnas y en las alfombras de los clubes! Afortunadamente para esta sociedad, la rectitud y la independencia de los magistrados de la Corte Constitucional son inquebrantables. Y es que las presiones indebidas han llegado hasta la provocación personal de los magistrados, con el inocultable propósito de conseguir que caigan en la trampa de responder airadamente a las calumnias y a las injurias de sus detractores, y así lograr que se declararen impedidos para votar la reelección. Pero no han alcanzado su propósito.

El hostigamiento más procaz lo hizo la columnista de El Tiempo, Salud Hernández, quien llegó a señalar al magistrado Jaime Araújo Rentaría como autor de la filtración de un fallo de la Corte, a propósito del enfrentamiento entre grupos paramilitares de la Costa Atlántica por el negocio del “chance”. “Si hubiese que apostar por alguien –dice la señora Hernández– el ex presidente del organismo, Jaime Araújo, un hombre preso de una incontinencia verbal crónica, sería el favorito”. Luego lo acusa de su desafecto con el Gobierno: “Está empeñado en una cruzada anti uribista visceral que es incapaz de ocultar, como sería lo prudente” (Domingo 7 de agosto).

Otra forma de presionar, es con el instrumento de las encuestas: mostrar que el presidente Uribe no baja del 70% de popularidad, a pesar de todas las pequeñeces y mezquindades de su política. A propósito de las encuestas como mecanismo de presión, la periodista María Jimena Dussán tituló su columna de El Tiempo (lunes 8 de agosto), La Corte no es Teodolindo, y en su escrito se pregunta ¿qué le puede pasar al país si a ese tribunal se le presiona para que no falle en derecho sino de acuerdo con las encuestas? Y después de analizar varios aspectos y de interrogar una y otra vez, concluye que sería muy grave para el país, que por ese camino aparentemente inofensivo, se estuviera “minando” e “irrespetando” la independencia de la Corte Constitucional, como si este organismo fuera “una simple réplica del Congreso y a considerar a sus magistrados tan maleables como lo fueron Yidis y Teodolindo”.

De acuerdo con lo que ha trascendido al público, los nueve magistrados acordaron un procedimiento que consiste en registrar las ponencias pero no dejar las copias en Secretaría, sino entregarlas en sus manos a cada uno de sus colegas de corporación. Registradas las primeras ponencias, el 18 de agosto, El Tiempo lanzó su carga de profundidad, en editorial del domingo 28 del mismo mes: “Álvaro Uribe es irreemplazable”, es lo menos que dijo. Y agregó, con cierto grado de desprecio por la composición de la Corte Constitucional: “El país entero –el político y el nacional– está en vilo, a la espera de la decisión de los nueve magistrados”. Claro, la misma observación, no la hace el diario de los Santos –uno Vicepresidente y el otro Director del uribismo–, cuando Álvaro Uribe, una sola persona, toma las decisiones más oprobiosas para nuestra sociedad, como involucrar al país entero en la invasión a Irak.

También señala el editorial que el acto legislativo demandado no tiene objeciones de fondo, y que, en cuanto a los vicios de trámite, lo que más se alega es la falta de un debate en una comisión. Pero la solución sobre este vicio, la compensa el periódico, con el argumento de que “hubo más de 300 debates sobre el tema”. Seguramente incluye entre los trescientos debates, los propios editoriales anteriores y las consultas diarias que la W le hace a sus oyentes.

Y como las presiones de agosto no fueron suficientes, el 1º. de septiembre, el ex ministro estrella de Uribe, Fernando Londoño, disparó otro cañonazo contra la Corte, en la página editorial del diario de los Santos. Según Londoño, el acto legislativo será declarado inexequible, y por eso el título de su columna es de preocupación: Caída la reelección, ¿qué sigue? Y a continuación descalifica a seis de los nueve magistrados. A tres, porque “son de extrema izquierda, que han votado invariablemente unidos en contra de todo lo que al gobierno le interesa”. A un cuarto magistrado, porque “lo llevó y lo trajo por la vida el doctor Alfonso Gómez Méndez”; al quinto porque “es hijo espiritual de César Gaviria”, y al sexto jurista, porque “debe la magistratura al procurador Maya Villazón”. El aparente tono pesimista de Londoño busca el efecto contrario: que los seis magistrados a quienes descalifica, para quitarse el estigma de anti gobiernistas, apoyen con su voto la reelección.

A la altura del domingo 4 de septiembre, El Espectador, vuelve a la carga de las presiones, Esta vez consultando a 15 ex magistrados de distintas tendencias políticas y de diferentes cortes, a quienes les hizo la pregunta del millón. ¿La Corte Constitucional debe declarar exequible o inexequible la reelección presidencial? De los 15, tres dijeron que la Corte debe declarar exequible el acto legislativo; uno señaló que no opinaba, pero que debía continuar Álvaro Uribe como presidente. Y los once restantes, contestaron como lo debe hacer todo abogado sensato: el fallo será en derecho y no se debe presionar a los magistrados.

La respuesta de los once ex magistrados no sólo es sensata sino respetuosa, pues ni siquiera ninguno de los nueve juristas de la Corte Constitucional, sabe en este momento cuál será el resultado del fallo, pues se trata de una decisión difícil de tomar, no sólo por el tema mismo, sino por la cantidad de variables que se pueden presentar. A pesar de que siete de los nueve magistrados ya registraron ponencia, falta lo más importante: el debate, que realizarán a partir del 20 de septiembre.

Por todo lo anterior, es abusivo decir, como lo han señalado algunos medios de comunicación, que tal o cual funcionario del alto Gobierno anda muy optimista porque la reelección va ganando, con un resultado de 7-2. De la misma manera, es temeraria la proyección del ex ministro Londoño, al hacer cálculos con base en el perfil político y en las amistades de cada magistrado.

Sólo hay una certeza: el fallo será en derecho, pero traerá consecuencias políticas. Frente a estas los sectores democráticos y de izquierda no se pueden equivocar. Si el fallo le da vía libre a la reelección de Uribe, tenemos que organizar la resistencia, y si declara inexequible el acto legislativo demandado, tenemos que aprovechar los espacios de discusión y movilización, con el objeto de construir un frente del más amplio espectro político, con vocación de poder y con el propósito de buscar cambios definitorios en la sociedad colombiana.

Rafael Ballén