Los crímenes del 68. La derecha contra Echeverría

A Echeverría en particular, la derecha lo ha detestado no por los crímenes cometidos por personal de los cuerpos de seguridad en la represión de los movimientos guerrilleros, ni por su pretendida y relativa participación en la masacre del 2 de octubre, cuando era presidente Gustavo Díaz Ordaz, sino por los aspectos progresistas de su gobierno, al que siguen calificando como "populista" y hasta "procomunista": Los motivos de la derecha contra Echeverría son las medidas de beneficio popular que llevó a cabo, el respaldo a la educación pública, las campañas de planificación familiar, la ley de asentamientos humanos, y en el plano internacional, su apoyo a los países del tercer mundo, y en especial su solidaridad con el sangrientamente derrocado gobierno socialista de Salvador Allende en Chile.

Esos juicios se siguen expresando desde las filas del PAN y de sectores empresariales. Hace apenas unos días, el 22 de septiembre, diputados locales y regidores de oposición demandaron al presidente municipal de Guadalajara, el panista Emilio González Márquez, que retirara de la circulación los 40 mil ejemplares de un libro de historia y geografía financiado por el ayuntamiento donde se hacía una apología de la religión católica, de la iglesia, de los cristeros y de personajes del Partido Acción Nacional (PAN), además de que promueve la imagen del propio alcalde, mientras que se califica al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, como "populista, devaluador de la moneda, fomentador de la violencia callejera, de la pobreza, el desempleo, el desorden público y privado y el crimen organizado".

No está en discusión que se cometieron graves crímenes en la persecución de movimientos izquierdistas en los años 60 y 70, pero de esos actos de represión fueron promotores y apologistas precisamente los sectores derechistas que desde el poder han tratado de encarcelar a Echeverría.

Concretamente, en lo referente a los hechos del 2 de octubre, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-70), gobernante autoritario, ferozmente anticomunista, y desde luego personaje con quien se identificaban los grupos ultraderechistas de la época, asumió toda la responsabilidad de los mismos, al grado de que el abogado José Rojo Coronado, defensor de varios presos políticos del 68, enunció en febrero de 1969, en sus conclusiones sobre su proceso judicial, que "El derecho penal se ocupa de realidades Es una realidad que el C. Lic. Gustavo Díaz Ordaz, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en su informe de gobierno del primero de septiembre de 1969, asumió la total responsabilidad por los hechos ocurridos en 1968 a los que se refiere el proceso penal de referencia. Lo anterior implica una exclusión expresa del órgano de jurisdicción para realizar la función de juzgar. Los acusados han sido condenados antes de ser juzgados. En nuestra realidad político constitucional el presidente de la República es un autócrata absoluto. Consecuentemente, la sentencia que este dicte no trascenderá los lindes de la consigna previamente recibida".

En casi todas las hemerotecas de la ciudad de México, incluyendo las colecciones de algunos de los principales periódicos, faltan ejemplares de los principales días de la represión contra el movimiento estudiantil, especialmente del 2 de octubre, pero en sus discursos y en sus informes de gobierno sobran los testimonios del espíritu con que Díaz Ordaz llevó a cabo y justificó la represión de los movimientos de izquierda y que ya había evidenciado años antes de llegar a la presidencia en su convergencia de puntos de vista con grupos derechistas que en Puebla, por ejemplo, buscaban la represión de movimientos estudiantiles de izquierda.

El gobierno de GDO no sólo recurrió al ejército para reprimir al movimiento estudiantil, sino que infiltró este con provocadores y con gente de los servicios de inteligencia del ejército y de corporaciones policíacas.

Uno de los principales personajes señalados como instigadores de la represión fue el entonces dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNET, Rosario Cebreros Manjarrez, quien en un escrito fechado el 13 de febrero de 1969, y que se conserva en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, le daba a conocer al entonces presidente, a nombre de la FNET "…los motivos que tuvieron para no mantener contacto con el propio S. Presidente, explicando que estuvieron tratando de controlar el movimiento estudiantil" (DFS 63-3/2.69, L 2, hoja 226).

Dos años antes de los hechos de Tlatelolco, Díaz Ordaz se había mostrado complaciente con el movimiento que derrocó al rector Ignacio Chávez, uno de los principales blancos de la ira de la derecha en aquellos tiempos.

Entre los absurdos de los proyectos de la derecha en el poder está el hecho de que la secretaría de Gobernación, de la que depende el Archivo General de la Nación -a cargo de acervos antes secretos del ejército y de los cuerpos de seguridad nacional, que contienen datos fundamentales para comprender mejor los hechos del 68 en su contexto histórico- tiene como titular nada menos que a Carlos Abascal Carranza, hijo y heredero ideológico de uno de los apologistas de la represión del 2 de octubre, que fue Salvador Abascal, quien en su libro La revolución mundial. De Herodes a Bush Ttradición, México, 1992) afirmó: "El 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlaltelolco, la guerrilla comunista lanzó una luz de bengala, como señal convenida, y sus tiradores, posesionados de varios edificios, abrieron el fuego contra las tropas. El primero en caer herido fue el General Hernández Toledo. El tiroteo se generalizó. Eran las 6.40 de la tarde. Con graves pérdidas propias dominó el Ejército la situación, no antes de las 3 de la madrugada del día 3. Cayó también gente del pueblo, se dice que aun mujeres y niños, llevados allí a propósito por la guerrilla comunista. El saldo fue de 28 muertos y 200 heridos, incluyendo a Toledo, dos oficiales y muchos soldados..."

"Todo aquel movimiento fue fruto de la escuela cardenista." Insuficientes habían sido las aisladas medidas que contra el cardenismo había tomado Díaz Ordaz meses antes, como la destitución del comunista director de El Fondo de Cultura Económica, extranjero, poniendo en su lugar a Salvador azuela, que se encuentra no sólo con una montaña de libros marxistas sino también con muchos contratos ya firmados que lo obligan a seguir editando más libros marxistas: como el derrocamiento del Doctor Chávez de la Rectoría de la Universidad Nacional, para lo cual se valió de MURO, organización estudiantil de derecha, que no tendrá ya ningún otro triunfo por ser demasiado minoritaria

"Julio Scherer -Schererstein- director de Excélsior, justificaba todo lo ocurrido atribuyéndolo al "ardor y la pasión juvenil" y echaba toda la culpa sobre Díaz Ordaz y el ejército, que en esa ocasión mereció la simpatía del pueblo"

Por añadidura, Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, es nieto de un famoso organizador de grupos anticomunistas que fue Jorge Prieto Laurens, quien por ejemplo, en 1961, con motivo de los debates públicos y enfrentamientos desatados por la invasión de Playa Girón, arremetía contra los "comunistas criollos", entre ellos Jaime García Terrés, Henrique González Casanova y Eli de Gortari, que, decía, "instigaron a los estudiantes para que hicieran alborotos".

Los Abascal eran simpatizantes del violento grupo estudiantil anticomunista MURO, de tal suerte que José María, uno de los hermanos de Carlos Abascal, aceptó públicamente haber pertenecido a ese grupo, mientras que Prieto Laurens era uno de sus promotores. Hoy Carlos Abascal y Carrillo Prieto coinciden no sólo en sus antecedentes ideológicos sino en eventos, lamentables para la vigencia del estado laico, como su asistencia a las misas de Tomás Moro. Precisamente, en junio de este año la prensa lo entrevistaba luego de la ceremonia religiosa en conmemoración del canciller de Enrique VIII.

Como es de conocimiento público, la mencionada Fiscalía Especial ha encontrado grandes dificultades en una labor que supone perseguir a personajes detestados por la derecha atribuyéndoles toda la responsabilidad de hechos como la masacre del 2 de octubre que en realidad fueron promovidos y aplaudidos por el mismo sector que hoy está en el poder, exculpando al mismo tiempo a instituciones como el ejército que, si bien por órdenes superiores, mostró en esos tiempos un celo anticomunista digno de mejor causa, al grado de llegar a asesinar a bayonetazos a ancianos y a menores de edad.

Una revisión histórica sin dedicatorias políticas, a cargo de una Comisión de la Verdad y no de una Fiscalía, arrojaría datos importantes no sólo sobre los hechos del 68 sino sobre la historia de los grupos derechistas, públicos y secretos que hoy están en el poder, con todas las consecuencias que esto acarrea, y que en 68 compartieron con el gobierno diazordacista una lucha radical y sangrienta contra la izquierda estudiantil.

Los tiempos cambian y con ellos las formas de represión y la naturaleza de los crímenes políticos. El gobierno foxista recurrió este año al Estado Mayor Presidencial para acallar a los legisladores que en el rancho de San Cristóbal protestaban contra el desafuero de AMLO, pero la tónica de este sexenio ha sido más bien el uso abrumador de los recursos económicos sea para difundir una propaganda mentirosa y abundante en autoelogios, que para denostar y hasta desaforar a sus adversarios, para prodigar favores y privilegios o, por el contrario, para ejercer persecuciones judiciales o abusos laborales, económicos y personales. Es natural que esto ocurra en un gobierno de corte empresarial, y para colmo de los absurdos que ha implicado la persecución contra Echeverría, ahora el propio fiscal Carrillo Prieto y el personal a su cargo se ha visto acusado de supuestos desvíos económicos.

Presumiblemente, la escalada contra Carrillo Prieto obedece a conflictos de poder, quizás incluso al afán de deshacerse, en forma deshonesta y carente de escrúpulos, de una institución que ya no es útil al gobierno de Fox. Lo cierto es que gran parte del personal de la Fiscalía ha llevado a cabo una labor que, independientemente de sus implicaciones ideológicas y de sus finalidades políticas, contribuye a rescatar, aunque sea parcialmente, el conocimiento histórico que está en miles de documentos clasificados de los cuerpos de seguridad y del ejército. En algunas áreas de la Fiscalía, muchos de los investigadores han estado trabajando largos periodos sin cobrar salarios, en condiciones por demás difíciles y evidenciando su vocación intelectual y su capacidad de sacrificio.

Ahora, en el colmo del absurdo, el fiscal y sus colaboradores se convierten en acusados, hecho que deberá formar parte de los crímenes, políticos y laborales, por los que la historia juzgará al gobierno foxista, en el que ha llegado a límites increíbles la impunidad de las empresas y de las instituciones para negar los derechos de los trabajadores.

Adital