La resolución sobre Uzbekistán, adoptada en la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo y supuestamente encaminada al aislamiento de este país centroasiático, difícilmente podría calificarse de inesperada.

Precisamente en esta dirección iba evolucionando el «asunto uzbeco» que acapara la máxima atención de los Veinticinco y, especialmente, de EE.UU. desde mayo pasado, cuando el Gobierno de Uzbekistán usó la fuerza para poner fin a los disturbios en Andizhán.

Las sanciones previstas en el texto de la resolución - el embargo sobre la venta de armas a Uzbekistán y la declaración de varios funcionarios influyentes del entorno del presidente uzbeco Islam Karimov como personas no gratas en Europa - surtirán cero efecto.

La Unión Europea y Estados Unidos no pueden aislar a nadie puesto que los demás socios de Uzbekistán no tienen la intención de hacer lo mismo. La verdad es que esas sanciones fueron concebidas como un espectacular gesto propagandístico, no como una medida eficiente, y su principal objetivo es proporcionar un respaldo moral a EE.UU., que tiene problemas en esa zona del planeta.

Es evidente que EE.UU., y tras ellos la Unión Europea, asumieron una postura tan drástica en relación con Uzbekistán después de que el secretario de Estado adjunto, Daniel Freid, fracasara en todos sus intentos de convencerle a Islam Karimov para que prolongase el plazo de permanencia de la base norteamericana en el aeródromo militar de Karshi-Janabad, en el territorio uzbeco.

Al principio de toda esa historia, la secretaria de Estado norteamericano le presentó al mandatario uzbeco una especie de ultimátum, exigiendo la apertura de una investigación internacional a raíz de los sucesos de Andizhán. «En lo que respecta a las eventuales consecuencias, creo que Uzbekistán no quiere encarar el ulterior aislamiento por parte de la comunidad internacional» - señaló en aquella ocasión Condoleezza Rice.

Lo que pasa es que las instalaciones norteamericanas en Janabad no tienen alternativa válida. Desde Gansi, otra base aérea estadounidense situada en el aeropuerto internacional Manas de la capital kirguiza, se gasta el doble en tiempo y combustible para llegar a Kabul, aparte de que las capacidades de Manas ya están saturadas.

Por si fuera poco, el Grupo de Shanghai ha adoptado una resolución exhortando a EE.UU. a «definir el calendario» de la retirada de sus bases militares desde el Asia Central. El detalle más inesperado y deprimente para Washington en este documento es que lleva también la firma de Kirguizia, en cuyo territorio se encuentra la última de las bases norteamericanas en la zona del Asia Central.

Otro factor que ha influido en los recientes sucesos es que Tashkent, en el proceso judicial organizado contra los participantes de la revuelta de Andizhán, denunció el otro día la presunta implicación de la embajada norteamericana en esos disturbios.

Las sanciones adoptadas por la UE representan apenas un fragmento insignificante en el cuadro de la polémica protagonizada por EE.UU. y Uzbekistán. En el Congreso norteamericano fue presentado hace unos días el anteproyecto de una resolución que demanda la apertura de un expediente contra Islam Karimov ante el Tribunal Internacional Penal. El Comité de asuntos internacionales del Congreso exige del presidente George W. Bush usar la influencia norteamericana en el Consejo de Seguridad de la ONU para que Karimov responda por los acontecimientos de Andizhán.

La acusación formulada contra el líder uzbeco por EE.UU. y la UE, prácticamente al unísono, es «el uso desmesurado de la fuerza» contra los participantes de los disturbios. El carácter adecuado o inadecuado de la fuerza para garantizar la seguridad es un problema sensible para cualquier Estado, de manera que Uzbekistán no constituye una excepción. Por la misma razón, Rusia no es la única nación que evalúa lo ocurrido en términos distintos. «Calificamos lo que ha pasado en Uzbekistán como una tragedia pero evaluamos el intríngulis de esos acontecimientos de forma diametralmente opuesta a la de las organizaciones occidentales pro derechos humanos» - afirma el ministro de Defensa ruso Serguei Ivanov. Según él, Rusia no tiene la intención de poner restricciones en materia del suministro de material bélico al Gobierno de Karimov.

Anatoly Beliaev, quien es experto del Centro ruso de coyuntura política, opina que Occidente debería «actuar con extrema cautela a la hora de aplicar los estándares de democratización europeos, especialmente en relación con los países de población mayoritariamente musulmana».

«Si nos atenemos a las recomendaciones occidentales en lo que respecta a la democratización de Uzbekistán - considera este analista - es muy alta la probabilidad de que el resultado en esta nación centroasiática sea totalmente contrario al que se pretende, o sea, que se produzca una islamización drástica, la cual rebasaría mucho los límites de esta república». En caso de que Tashkent no hubiera actuado con la decisión necesaria en aquellas fechas, los sucesos de Andizhán habrían podido provocar acontecimientos similares en las repúblicas limítrofes, Kirguizia y Tayikistán, opina el experto ruso.

En el contexto de la política real, Moscú y Tashkent tienen «muchos intereses comunes, tanto en lo que concierne a las garantías de la estabilidad política y social en la región como en el plano de la cooperación económica», prosigue Beliaev. En cuanto a las complicaciones que han surgido entre Uzbekistán y Occidente, este último debería prestar más atención a lo que dicen los políticos y expertos «familiarizados con los problemas de esta zona no sólo a través de los artículos de prensa», señala él.

Piotr Goncharov
Fuente
RIA Novosti (Rusia)