En el Tratado entre los gobiernos de Colombia y Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay que se tramita en el Congreso –el mismo al que llaman “CAN-MERCOSUR” sin serlo– se sentencian a desaparecer el trigo y cebada y se amenazan otros renglones de la industria y el agro, pues ese acuerdo se enmarca dentro de las concepciones de “libre comercio” que benefician a las transnacionales.
Pero lo peor de dicho pacto es que le abre camino al TLC con Estados Unidos y que este último, de entrar en vigencia, puede convertir en catastrófico lo acordado con los suramericanos.
Para darse una idea de las pérdidas que quieren volver irreversibles, Colombia importó, entre 1990 y 2003, 13 millones de toneladas de trigo y 2,3 millones de toneladas de cebada, con costos por 2.131 y 392 millones de dólares. ¿Cuánta de la indigencia de Nariño y Boyacá, que llega al 29 y al 41 por ciento, se explica por esas importaciones? ¿En cuánto menos se han desarrollado en Colombia los sectores que le venden al agro por la decisión de importar estos productos?
El ministro Botero ha guardado silencio sobre la cebada, seguramente porque hay un acta de la Comisión Mixta de Comercio Exterior en la que aparece Rudolf Hommes Rodríguez, en ese momento asesor de Uribe Vélez y miembro de la junta directiva de Bavaria, opinando a favor del inmediato desaparecimiento del cultivo de ese cereal. Y con respecto al trigo ha señalado la necesidad de salir de los 20 mil productores que sobreviven, decisión que ha justificado culpándolos de su propia ruina y con el cuento de que los subsidios agrícolas extranjeros permiten conseguir comida “barata” (La Patria, mayo 16 de 2004).
Los estudios del Ministerio de Agricultura de Colombia demuestran que las importaciones de alimentos a menores precios arruinan a los agricultores pero no les llegan baratas a los consumidores, pues con la diferencia se quedan los intermediarios. Además, si la eliminación del arancel al trigo extranjero redujera el precio del pan, este apenas bajaría en el 2,7 por ciento, porcentaje insignificante para justificar el desaparecimiento de un producto que es base de la seguridad alimentaria y que puede darles empleo a cien mil familias.
El mincomercio calla también que el trigo nacional se produce a costos menores que el estadounidense y que su desplazamiento se debe a los subsidios de la Casa Blanca y a la política oficial colombiana de facilitar su ruina, política que, sofismas aparte, tiene una sola explicación: el gobierno de Colombia se somete a la exigencia de Estados Unidos de comprarle sus llamados “excedentes” agrícolas. Y es obvio que si la teoría de las supuestas ventajas de importar cualquier cosa porque sea más barata se aplica a todo en el TLC –como se viene aplicando– desaparecerá también buena parte del resto del agro y la industria nacionales.
Además, y por causa de la cláusula de Nación Más Favorecida aplicable a los tratados en trámite, es probable que lo que se le conceda en el TLC a Estados Unidos haya que concedérselo a Brasil, lo que puede inundar a Colombia de pollos enteros brasileños, pues estos se producen a costos similares a los de los cuartos traseros (perniles y rabadillas) estadounidenses. Y algo parecido puede suceder con el resto de los sectores agropecuarios e industriales que, como se sabe, tienen en Brasil y Argentina poderosos competidores.
Coletilla: debe avergonzar a los responsables que el Hospital de Caldas lleve 16 meses cerrado, produciendo, como ya no puede negarse, enfermedad y muerte entre los habitantes más pobres del departamento. Mas la decisión del alcalde de Manizales de “reabrirlo” no puede conducir a engaños. Porque una cosa es reabrir el Hospital de Caldas que había y otra, muy distinta, es abrir otra institución con el mismo nombre pero con características diferentes, incapaces de resolver el problema creado.
Lo que el alcalde Luis Roberto Rivas quiere montar es una empresa de salud controlada por el capital privado y destinada a ser rentable, con menos servicios que los que había, con sus trabajadores contratados a través del inicuo sistema de cooperativas y la cual podrá negarse a atender a quienes no tengan con que pagar sus servicios. ¡Y eso no era el Hospital de Caldas!
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