La ONU sienta en el banquillo a los Estados Unidos por torturas en la lucha antiterrorista

Dos órganos de control de tratados en Naciones Unidas le han fijado fechas a las comparecencias de los Estados Unidos por las acusaciones de torturas y otros vejámenes, presuntamente cometidos en Afganistán, Irak y Guantánamo.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tiene previsto reunirse en marzo próximo en Nueva York con las ONG acreditadas, para terminar de recoger las imputaciones contra el gobierno de George W. Bush, cuyos funcionarios deberán responder durante una audiencia a puertas abiertas en Ginebra, promediando julio de 2006.

Un anticipo de lo que allí podrá ocurrir, tendrá asimismo cita en Ginebra, pero en mayo de 2006, cuando el Comité contra la Tortura de la ONU, que examina el acatamiento de la Convención en la materia, delibere con los Estados Unidos.

La confirmación hace unas pocas semanas del catedrático español, Fernando Mariño Menéndez, al frente de este Comité, allana el camino para esa primera convocatoria.

No será un juicio en dos foros de Naciones Unidas, pero los dictámenes que emitan los expertos luego de las vistas orales, a las que podrá concurrir el público, tendrán valor de sentencias, recordando que las instancias onusianas actúan como tribunales morales sobre derechos individuales y libertades públicas.

Con la firma de Mariño Menéndez, la administración Bush va recibir en estos días varias decenas de preguntas que orientaran el debate de mayo venidero, una verdadera requisitoria fiscal de diez folios, a cuyo contenido accedió este cronista.

El documento rechaza las pretensiones estadounidenses de no reconocer autoridad a la ONU en estos temas.
Washington viene tratando de eludir sus responsabilidades alegando que no es responsable de la aplicación de las Convenciones que ha firmado en Naciones Unidas por hechos acaecidos al exterior de sus fronteras, y que los involucrados son «combatientes enemigos» que no están protegidos por las mismas sino por las reglas y disposiciones de la guerra que custodia la Cruz Roja Internacional (CICR).

Sin embargo esa línea de defensa ha sido desechada por los especialistas de la ONU. Estos consideran que los Estados Unidos tienen jurisdicción donde operan sus fuerzas en cualquier sitio del mundo y que están obligados a observar los textos que han ratificado en la ONU, que son inderogables y se respetan sin excepción en todo momento, lugar y circunstancias, estando absolutamente prohibida la tortura y todo otro tratamiento o castigo inhumano, cruel o degradante para prisioneros.

La batería de preguntas firmada por Mariño Menéndez en representación de los diez expertos del Comité contra la Tortura, elegidos todos por el voto secreto de los 140 Estados que han suscripto la Convención, con el mandato de velar por su inviolabilidad, exhorta a los Estados Unidos a mejorar su legislación, aun insuficiente para sancionar la tortura de acuerdo a las exigencias de la ONU.

En ese contexto solicita informes pormenorizados sobre las personas detenidas en Afganistán, Irak y Guantánamo, o que hayan sido ulteriormente transferidas a cárceles dentro de Estados Unidos, o a navíos bajo su bandera, y si sus casos han sido comunicados a la Cruz Roja Internacional (CICR) y a sus familiares.

La ONU aguarda se le indique donde están y conocer sus identidades, nacionalidad, sexo, edad, origen étnico, fechas de captura, inculpación, y etapa del procesamiento. De haber sido sometidas a malos tratos, se requiere el resultado de las investigaciones llevadas a cabo y si las declaraciones arrancadas bajo tortura han sido tomadas en cuenta en su situación legal.

La ONU pide se le informe si estos detenidos reciben asistencia legal y médica y visitas familiares, por qué razón se los encierra en establecimientos secretos y, de haber muerto alguno, demanda la causa del fallecimiento y el sumario de rigor que debió instruirse.

Respecto a la cárcel de Abu Graib, Mariño Menéndez, en nombre de la ONU, espera se le anuncien las medidas adoptadas por Estados Unidos para remediar que se haya infringido torturas a los prisioneros, individualizando y enjuiciando a sus autores e indemnizando a las víctimas.

A partir de este ejemplo, la ONU quiere saber si los perpetradores obedecieron ordenes y si existe algún marco legal que habilite se las hayan impartido, incluyendo técnicas y métodos de interrogatorios que justifiquen la tortura.

En la eventualidad que alguien esté facultado para hacerlo, Naciones Unidas aguarda se le notifique quien en los Estados Unidos podría autorizar la practica de conductas de este tipo, caratuladas de crímenes aberrantes.