La politización del premio Sajarov

El 26 de octubre de 2005, el Parlamento Europeo otorgó el premio Sajarov a la jurista nigeriana Hauwa Ibrahim, a las Damas de Blanco de Cuba y a la organización parisina Reporteros Sin Fronteras (RSF). La primera milita contra el apedreamiento de mujeres en Nigeria, las segundas exigen la liberación de sus familiares condenados a prisión por ponerse al servicio de una potencia extranjera –Estados Unidos– mientras que RSF lucha, no siempre con el mismo vigor, por la «libertad de prensa». Creado en 1988, este premio anual, que comprende una suma en metálico de 50 000 euros, está destinado a las personalidades vinculadas a la «defensa de los derechos humanos» y es entregado con bombo y platillo durante una ceremonia que se organiza en Estrasburgo [1].

Desde hace varios años, la Unión Europea se alineó junto a la política agresiva de Estados Unidos hacia Cuba y adoptó, en 2003, sanciones económicas contra este último país, aunque fueron suspendidas en 2004 [2]. Europa justifica esa posición por su voluntad de que los «derechos humanos» sean respetados en Cuba, en referencia a la «disidencia interna». Sin embargo, no explica por qué Cuba es la única nación a la que estigmatiza en el hemisferio americano, en el que se cometen tantas y tan escalofriantes violaciones de los derechos humanos [3].

Por ejemplo, la Unión Europea nunca ha impuesto sanciones contra países como El Salvador, Honduras, México, Colombia, Ecuador, Haití, Jamaica, Guatemala, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Guyana, Brasil, Argentina, Bahamas, Canadá, República Dominicana, Trinidad Tobago, Perú, Nicaragua o el propio Estados Unidos, cuyos gobiernos dan muestras de una voluntad más que relativa de respetar los derechos de sus conciudadanos.

Según el informe de Amnesty International correspondiente al año 2005 por lo menos 159 mujeres han sido asesinadas en condiciones espantosas en El Salvador sin que los culpables hayan comparecido ante la justicia. «La impunidad persiste en lo tocante a los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto de los años 1980-1991 y en lo concerniente a casos más recientes, incluyendo la violencia contra las mujeres», según Amnesty International. La organización subraya también que en agosto de 2004, 31 detenidos murieron en la prisión La Esperanza sin que los responsables de ésta fuesen investigados [4]. La Unión Europea guardó silencio ante estos hechos.

En cuanto a Honduras, Amnesty International subraya que «las muertes violentas de niños y jóvenes han alcanzado niveles alarmantes. Miembros de grupos de derechos humanos, de grupos indígenas, de las comunidades homosexuales, bisexuales y transexuales han sufrido intimidación, hostigamiento y amenazas de muerte. Dos militantes indígenas son actualmente presos políticos [5] ». El Parlamento Europeo no se dignó a considerar a estos dos presos políticos como posibles candidatos al premio Sajarov.

México es objeto de un informe que está lejos de glorificarlo. «Las violaciones de los derechos humanos se mantuvieron especialmente a nivel del Estado en el que se han extendido la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos, así como los abusos del sistema judicial […]. Cierto número de militantes por los derechos humanos han sido amenazados y tres periodistas han sido asesinados. Los progresos en el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos son muy limitados. La violencia política caracterizó las elecciones locales en varios estados», según el informe del año 2005 de Amnesty International [6]. Europa no adoptó sanción alguna contra México.

Colombia y su gobierno tienen una abultada cuenta en términos de violaciones de los derechos humanos. Según Amnesty International, «se hace necesario emitir serias reservas en cuanto al proceso [de desmovilización de Autodefensas Unidas de Colombia], una organización paramilitar que goza del apoyo del ejército, principalmente en lo tocante al tema de la impunidad, de las violaciones del cese al fuego por las AUC y de las serias violaciones de los derechos humanos, ampliamente extendidas, cometidas por los paramilitares […]. A pesar de una disminución de ciertos indicadores de violencia política como los secuestros y las masacres, los reportes de ejecuciones extrajudiciales efectuadas directamente por las fuerzas armadas aumentaron en 2004. Los casos de “desaparición” y tortura siguen siendo elevados […]. Durante los primeros seis meses de 2004, cerca de 1 400 civiles han sido asesinados o han “desaparecido”. Durante el año, cerca de 1 250 personas han sido secuestradas y 287 000 se han visto obligadas a huir de sus casas. Cientos de civiles han sido sometidos a detenciones masivas a menudo ilegales por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno sigue calificando la defensa de los derechos humanos como promoción del “terrorismo”» [7]. Sin embargo, las violaciones cometidas por el gobierno del señor Álvaro Uribe, fiel aliado de Washington, revisten muy poco interés para la Unión Europea.

En Ecuador, los «tribunales de policía siguen reclamando una jurisprudencia sobre los casos de los policías acusados decometer violaciones de los derechos humanos», según la organización, que destaca también que «las condiciones de detención siguen siendo difíciles». Además, «los líderes de las comunidades y los líderes indígenas, así como los periodistas, han sido atacados, amenazados e intimidados» por haberse mostrado críticos hacia las políticas gubernamentales [8].

¿Qué decir de Haití, país cuyo presidente democráticamente electo, Jean-Bertrand Aristide, fue derrocado por potencias occidentales entre las que se encuentra Francia? Desde entonces, se han dado a conocer «numerosos reportes de asesinatos, tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de policía. Numerosas personas siguen detenidas sin que se hayan presentado cargos contra ellas o se les haya iniciado juicio, incluyendo miembros del gobierno de Jean-Bertrand Aristide […]. El sistema judicial sigue sin respetar las normas internacionales, dejando así a la población sin protección judicial y obstaculizando la lucha contra la impunidad. No se ha hecho ningún esfuerzo significativo por capturar a detenidos fugitivos culpables de graves violaciones de derechos humanos [9] ». El golpe de Estado contra Aristide, en el cual Europa tiene parte de la responsabilidad, no ha hecho más que empeorar una situación que ya era difícil y cuyas primeras víctimas son los civiles.

Jamaica no se queda atrás en la carrera del desprecio por los derechos humanos. La brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza son cosa de todos los días. «El número de agentes policíacos acusados de asesinato aumentó sin que se haya pronunciado ni una sola condena. Por lo menos 100 personas han sido muertas por la policía, muchas de ellas en circunstancias que hacen pensar en asesinatos extrajudiciales». Además, las condiciones de detención son tan deplorables que Amnesty International las califica como «tratos crueles, inhumanos y degradantes [10]». Pero, como la población jamaicana no constituye una prioridad para Washington, el Parlamento Europeo casi no se ocupa de ella.

En Guatemala, «las expulsiones violentas de la zonas rurales han aumentado enormemente. Los militantes por los derechos humanos siguen sufriendo intimidaciones y persecuciones. Ha aumentado la violencia contra las mujeres, en particular los asesinatos. La impunidad es endémica incluso en lo que concierne a las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado», pero Europa se dedica solamente a Cuba [11].

En Bolivia, los casos de «tortura y malos tratos a los detenidos han sido regularmente informados» mientras que «las condiciones de encarcelación siguen siendo preocupantes». Las investigaciones sobre los enfrentamientos que tuvieron lugar en 2003 entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que costaron la vida a más de 100 personas y dejaron cientos de heridos en febrero y octubre de 2003, siguen sin arrojar resultados, lo que permite así la impunidad de las fuerzas gubernamentales. Además, cuatro miembros del ejército acusados del asesinato de dos civiles en febrero de 2003 fueron absueltos un año más tarde, en febrero de 2004 [12].

Chile no se distingue de los demás países latinoamericanos y «los esfuerzos destinados a poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos del pasado» no han sido excepcionales. Las 28 000 víctimas de torturas bajo el régimen militar no han obtenido aún reparación. Además, «los militantes indígenas mapuches han sufrido serias violaciones de sus derechos», según Amnesty [13].

En Paraguay, los miembros de organizaciones campesinas y los grupos indígenas han sido perseguidos a causa de sus reclamos sociales y agrarios. Los nuevos reclutas del Ejército también han sido víctimas de numerosos abusos, según los investigadores internacionales de la organización. Desde 1989, más de 100 reclutas murieron en circunstancias misteriosas [14].

Las condiciones de detención en las prisiones uruguayas violan las normas internacionales. La situación de las mujeres sigue siendo desastrosa en el país: cada nueve días muere una mujer o una joven debido a tratos violentos. Las organizaciones femeninas se inquietan ante el hecho de que el gobierno no planee legislación alguna contra la violencia doméstica [15].

En Guyana la pena de muerte se aplica frecuentemente contra los desposeídos. «Escuadrones de la muerte secuestraron, torturaron y asesinaron a decenas de personas», según Amnesty International. Además, la policía está implicada también en varios asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. En las superpobladas prisiones se reportaron casos de tortura y malos tratos. Las mujeres son regularmente víctimas de la violencia y sufren por el tráfico humano que las obliga a prostituirse, lo que constituye una verdadera epidemia en el país [16].

Brasil sigue siendo uno de los países más violentos del continente americano y en el que las violaciones de los derechos humanos son constantes. «Cientos, incluso miles de civiles murieron a manos de la policía en supuestos tiroteos». En el estado de Sao Paulo, la policía es responsable de 663 asesinatos mientras que en el estado de Río de Janeiro está implicada en 983 muertes. «La gran mayoría de las víctimas eran jóvenes, pobres, negros o mestizos» y «muy pocos casos han sido investigados. Varios reportes mostraron la participación constante de la policía en “escuadrones de la muerte”. El uso de la tortura es extenso y sistemático». También han sido asesinados militantes campesinos e indígenas. «Los criminales gozaron de gran impunidad», según Amnesty International [17].

Aunque menos generalizada que en Brasil, en Argentina la violencia sigue estando presente a niveles inquietantes. En la prisión Mendoza, 17 detenidos murieron en circunstancias extremadamente dudosas. Las condiciones sanitarias relacionadas con la importante promiscuidad en las penitenciarías han provocado el deterioro de la salud de numerosos prisioneros. En noviembre de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó al gobierno argentino a proteger la vida y la integridad física de todos los detenidos. Ese mismo mes, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas deploró el importante número de casos de tortura y malos tratos en comparación con el bajo número de condenas contra responsables de abusos [18].

En Bahamas, archipiélago turístico del Caribe, los detenidos Sidney McKenzie y Kazimierz Kwasiborski murieron a causa de los malos tratos de que fueron víctimas. Personas que pedían asilo fueron expulsadas por la fuerza sin que se respetara el procedimiento legal. Además, por lo menos «cinco niños fueron detenidos en violación de las normas internacionales», según el informe correspondiente al año 2005, mientras que la violencia policial dejó tres víctimas [19].

Canadá es un país desarrollado donde se supone que se respetan los derechos humanos. Pero no es así ya que se violan regularmente los derechos de las mujeres indígenas. Marginadas de la sociedad y en el plano económico durante décadas, las mujeres indias canadienses siguen siendo víctimas de una violencia desproporcionada en relación con la media nacional. Las autoridades de la monarquía no han implantado aún «planes de acción destinados a garantizar que las mujeres indígenas y las muchachas gocen de la protección necesaria». A la vez, la violencia policial no se limita a los países subdesarrollados sino que afecta también las naciones occidentales como Canadá. En efecto, por lo menos seis personas murieron bajo las balas de la policía [20].

En República Dominicana, la policía disparó contra manifestantes matando a siete. La falta de atención médica en las prisiones se agregó a la violencia que ejercen las autoridades carcelarias. «Benito Simón Gabriel, de 19 años, declaró haber sido colgado de un muro bajo el sol durante más de siete horas en la prisión Monte Plata», reporta Amnesty International. Otro hecho increíble, varios presos que habían cumplido sus penas de prisión fueron mantenidos en la cárcel porque no disponían de los medios necesarios para correr con los gastos administrativos de su liberación. Como en otros muchos países latinoamericanos, la violencia contra las mujeres dejó 89 víctimas en ese país [21].

En Trinidad y Tobago, minúsculo archipiélago situado frente a las costas venezolanas, los abusos de las fuerzas policiales provocaron la muerte de 24 personas. Las condiciones de detención son similares a la tortura, según Amnesty International, ya que en las celdas de nueve metros cuadrados se amontonan hasta 17 detenidos [22].

Perú se agrega a la larga lista de países donde los derechos de los más pobres y vulnerables tienen muy poco valor. Más del 50% de los peruanos vive en la pobreza y el 25% está en la más total indigencia, según las Naciones Unidas. Ante las revueltas sociales, el gobierno decretó el estado de urgencia en varias regiones, lo que implica la suspensión de las garantías constitucionales para los ciudadanos. Más de 500 mujeres fueron violadas por miembros del ejército, según la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Varios periodistas murieron en el ejercicio de su profesión. Numerosos prisioneros de conciencia injustamente acusados de terrorismo siguen en prisión. El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud expresó su inquietud sobre un acuerdo comercial firmado con Estados Unidos que priva a millones de peruanos del acceso a medicamentos esenciales. Subrayó además que numerosas personas murieron de enfermedades curables [23].

Nicaragua se distingue, lamentablemente, por la violencia contra la mujer. Según la policía, cerca de 77 mujeres fueron asesinadas en 2003. El ministro de Salud declaró que el 95% de las violaciones sexuales se producían en los domicilios. Se agrega a esto la tremenda miseria que afecta a una inmensa parte de la población [24].

En Venezuela, subsisten las tensiones desde el sangriento golpe de Estado fallido contra el presidente Hugo Chávez, en abril de 2002. La oposición, que ha seguido acumulando derrotas electorales luego de su fracaso golpista, escogió el camino del enfrentamiento y la ilegalidad para hacer oír su voz, ahora minoritaria en el seno de la población. En noviembre de 2004, el juez encargado de la investigación para determinar las responsabilidades de los golpistas y sus partidarios fue asesinado en un atentado dinamitero en Caracas. Según Amnesty International, «la polarización política siguió desestabilizando a Venezuela. Violentos enfrentamientos opusieron a los partidarios de la oposición y las fuerzas del orden a través del país [25]».

Amnesty International elaboró también un informe sobre Cuba. Contrariamente a los informes sobre otras naciones latinoamericanas, no se menciona ningún caso de violencia policial. Las fuerzas del orden no reprimieron ninguna manifestación. No se menciona ninguna violencia contra la mujer. Según la organización, cerca de «70 prisioneros de conciencia están tras las rejas desde su arresto en 2003. Sin embargo, 18 prisioneros de conciencia han sido liberados y muchos otros han sido trasladados hacia cárceles cercanas a sus residencias familiares». Amnesty International no señala ni un solo caso de tortura contra los detenidos. Finalmente, es importante subrayar que entre todos los informes de la organización internacional sobre las naciones del continente americano, el de Cuba es, con mucho, el menos abrumador [26].

El gobierno cubano no niega que se encuentren en prisión los individuos mencionados por Amnesty. La única divergencia reside en las razones que condujeron al encarcelamiento de quienes la prensa internacional califica de «disidentes». Según los medios, su oposición a las autoridades de La Habana les costó ser condenados a sanciones penales, cosa que el gobierno cubano refuta categóricamente. Según éste último, las personas en cuestión fueron condenadas solamente por haber aceptado el financiamiento de una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos. Los agentes infiltrados en el seno de la «disidencia» presentaron pruebas irrefutables durante diferentes procesos judiciales [27]. Existe otra fuente indiscutible que apoya también esta tesis: Washington admite en sus propios documentos oficiales que dispone de un presupuesto de 50 millones de dólares destinado a fabricar una oposición interna en Cuba [28]. Por consiguiente, no queda espacio para la menor duda.

La gravedad del informe de Amnesty International sobre Estados Unidos para el año 2005 es abrumadora:

«Cientos de prisioneros siguen detenidos sin cargos ni juicios en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Miles de personas fueron encarceladas durante las operaciones militares y de seguridad estadounidenses en Irak y Afganistán. y se les ha negado regularmente el contacto con sus familias y abogados.

Investigaciones militares comenzaron o fueron realizadas en lo tocante a las acusaciones de tortura y malos tratos contra detenidos cometidos por el personal estadounidense en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, así como sobre los casos de muerte bajo detención y de malos tratos cometidos par las fuerzas estadounidenses en otros lugares de Irak, Afganistán y en Guantánamo. Salieron a la luz pruebas de que la administración estadounidense puso en práctica técnicas de interrogatorio que violan la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. […]

En Estados Unidos, murieron más de 40 personas después de haber sido alcanzadas por armas de fuego de la policía […]. Continúan la imposición y la aplicación de la pena de muerte.

Los objetores de conciencia, sargento Camilo Mejía Castillo y sargento Abdullah William Webster, fueron encarcelados; ambos son prisioneros de conciencia. […]

En 2004 fueron ejecutadas 59 personas, llevando así a 944 el número de prisioneros muertos por ejecución desde que la Corte Suprema levantó la moratoria sobre las ejecuciones en 1976. Veintitrés ejecuciones tuvieron lugar en Texas en 2004 y 336 desde 1976. […]

Ocho personas enjuiciadas por la jurisdicción de Harris County en Texas fueron ejecutadas durante el año a pesar de las dudas existentes sobre la fiabilidad de las pruebas científicas proporcionadas por el laboratorio de criminalística del Departamento de Policía de Houston (HPD) en cuyo seno aparecieron serios problemas durante el año 2003. En octubre, un juez de la Corte Criminal de Apelaciones de Texas afirmó que debería haber «una moratoria sobre todas las ejecuciones en los casos en que las condenas se basaron en las pruebas del laboratorio de criminalística del HPD hasta que se verifique la fiabilidad de las pruebas». Su voz fue la única que se levantó cuando la Corte negó al detenido del corredor de la muerte Dominique Green un plazo para su ejecución basado en la duda sobre la exactitud del examen balístico del HPD concerniente a su caso y en el descubrimiento de 280 cajas de pruebas mal identificadas que podían afectar miles de casos criminales. Dominique Green fue ejecutado el 26 de octubre.

Estados Unidos sigue violando el derecho internacional al aplicar la pena de muerte a menores –personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el crimen. Cerca de 70 menores pasaron por el corredor de la muerte durante el año, más de un tercio de ellos en Texas. […]

El 31 de marzo [de 2004], la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rindió su veredicto sobre una denunciada presentada por México en nombre de sus ciudadanos arrestados, a quienes se negaron sus derechos consulares siendo condenados a muerte en Estados Unidos. La CIJ estableció que Estados Unidos violó sus obligaciones internacionales en virtud de la Convencion de Viena sobre las relaciones consulares y que tiene que revisar y reconsiderar el impacto de las violaciones en lo tocante a los casos de ciudadanos extranjeros implicados. La CIJ subrayó con «gran preocupación» que se ha emitido fecha de ejecución para Osvaldo Torres Aguilera, uno de los ciudadanos mejicanos citados en la denuncia. La ejecución de Osvaldo Torres fue conmutada más tarde por el gobernador de Oklahoma luego de un llamado a la clemencia que lanzó el presidente de México y de una recomendación de conmutación proveniente del buró de clemencia del Estado. […]

Prisioneros con serios antecedentes de enfermedad mental continuaron siendo condenados a muerte y ejecutados.

Charles Singleton fue ejecutado el 6 de enero [de 2004]. Durante su estancia en el corredor de la muerte su enfermedad era tan severa que hubo que administrarle medicamentos por la fuerza.

Kelsey Patterson, cuyo diagnóstico demostró que padecía paranoia esquizofrénica, fue ejecutado en Texas el 18 de mayo [de 2004]. El gobernador de Texas rechazó una recomendación de clemencia proveniente del buró de perdón y libertad condicional del Estado sobre su caso.

El 5 de agosto [de 2004], James Hubbard fue ejecutado en Alabama. Tenía 74 años –siendo la persona con más edad ejecutada en Estados Unidos desde 1977– y había pasado en el corredor de la muerte más de un cuarto de siglo. James Hubbart padecía demencia, lo que lo llevaba a olvidar a veces quién era y por qué estaba en el corredor de la muerte» [29].

Este aterrador informe sobre la «mayor democracia del mundo» no condujo a la Unión Europea a pronunciarse sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos y demuestra una vez más el carácter ilegítimo y discriminatorio de las sanciones que Europa impone a Cuba, sanciones cuyas razones son profundamente políticas e ideológicas.

El Parlamento Europeo justifica la nominación de las Damas de Blanco debido a su lucha por la liberación de los «disidentes»: «Se hacen llamar las Damas de Blanco y formaron su grupo a principios del año 2004. Vestidas de blanco, color que simboliza la inocencia y la pureza, se hacen eco de las mujeres de Argentina que emplearon una táctica similar durante los años 1970 para exigir noticias de sus hijos desaparecidos durante el período de dictadura militar [30]».

Para dotarse de cierta legitimidad y ocultar las razones que llevaron a sus familiares a la cárcel, las Damas de Blanco utilizan el medio de lucha de las Madres de la Plaza de Mayo y comparan a menudo al de éstas su propio combate. La prensa internacional también se lanzó inmediatamente a hacer comparaciones apresuradas sin tratar de conocer primero la opinión de las madres argentinas, que son las primeras interesadas.

Interrogada sobre el tema, Hebe de Bonafini, presidenta de la asociación Madres de la Plaza de Mayo, universalmente reconocida y respetada por su lucha infatigable contra la injusticia, denunció la comparación falaz que hacen las damas de blanco y dio una respuesta bastante contundente a los periodistas en cuestión:

«Primero, déjeme decirle que la Plaza de Mayo está en Argentina y no en ninguna otra parte. Nuestro pañuelo blanco simboliza la vida mientras que esas mujeres de las que usted me habla representan la muerte. Esa es la diferencia más importante y más sustancial que hay que señalar a esos periodistas. No vamos a aceptar que nos comparen o que ellas utilicen nuestros símbolos para pisotearnos. Estamos en total desacuerdo con ellas.

Esas mujeres defienden el terrorismo de Estados Unidos. Ellas defienden el primer país terrorista del mundo, el que más sangre tiene en sus manos, el que ha lanzado más bombas, el que más países ha invadido, el que ha impuesto las sanciones económicas más fuertes contra otros. Estamos hablando de la nación que es responsable de los crímenes de Hiroshima y Nagasaki.

Esas mujeres no se dan cuenta de que la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo simboliza el amor que sentimos por nuestros hijos desaparecidos, asesinados por los tiranos impuestos por Estados Unidos. Nuestro combate representa a la Revolución, la que nuestros hijos e hijas quisieron hacer. Su lucha es diferente porque ellas defienden la política subversiva de Estados Unidos que no contiene más que opresión, represión y muerte » [31].

No se trata de la primera contradicción del Parlamento Europeo. En 2002, éste concedió el premio Sajarov al señor Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación y promotor del Proyecto Varela en Cuba –elaborado en realidad por la Casa Blanca– vinculado a la extrema derecha cubana de Florida [32]. Sin embargo, meses antes el señor Payá había apoyado abiertamente el golpe de Estado fascista contra el presidente de Venezuela Hugo Chávez [33]. La obsesión de la Unión Europea sobre Cuba la condujo a recompensar a un defensor del golpismo orquestado por Washington contra la democracia venezolana por su «combate a favor de los derechos humanos».

El otro laureado del premio Sajariv 2005 es la muy controvertida organización francesa Reporteros Sin Fronteras [34]. Curiosamente, el Parlamento Europeo escogió un candidato que se destacó por sus violentos ataques contra el gobierno cubano y por sus campañas mediáticas destinadas a reducir la cantidad de turistas que viaja a la isla caribeña [35]. Sus lazos con la derecha extremista cubana de Florida así como las subvenciones que le otorga Washington explican en gran parte las posiciones de la organización que dirige Robert Menard [36].

Europa no está en vías de apartarse de la línea intervencionista impuesta por la administración Bush en cuanto a los asuntos internos cubanos. Junto a Alemania, que acaba de probar nuevamente su injerencia invitando a los representantes de la «disidencia» a su embajada en Cuba, la República Checa es la nación europea más virulenta hacia las autoridades de La Habana [37]. El ministro checo de Relaciones Exteriores, Ciryl Svodoba, es partidario feroz de la línea dura hacia el gobierno revolucionario. Llamó a la Unión Europea a dar apoyo financiero a la «sociedad civil cubana», con el objetivo de derrocar el poder constituido [38].

La República Checa conduce desde hace varios años una campaña europea a favor de los «derechos humanos» en Cuba. Denuncia regularmente lo que califica de «violaciones inaceptables» de las libertades individuales en la isla. Sin embargo, olvida efectuar una evaluación de la situación de los derechos humanos en su propio territorio.

Según Amnesty International, dos ciudadanos extranjeros –un inglés y un neozelandés– recibieron una golpiza de la policía y tuvieron que ser hospitalizados en estado extremadamente preocupante. En agosto de 2004, en Olomuc, un hombre perdió la vida debido a heridas infligidas por un agente de la policía. En mayo de 2004, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó su inquietud en un informe sobre la violencia policial. Denunció «la ocurrencia persistente de actos de violencia contra los roms [gitanos. NdelT.] », así como la impunidad de que gozan los responsables de esos crímenes. El Comité fustigó también el sistema judicial que rechaza pronunciar condenas contra los responsables [39].

En junio de 2004, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia deploró la no aplicación de las recomendaciones hechas a las autoridades checas para combatir la discriminación y las desigualdades. También denunció el envío sistemático de los niños roms a escuelas para retrasados mentales y que muchos de ellos son arrancados a sus familias para ser enviados a instituciones estatales. La Comisión condenó, al mismo tiempo, la esterilización forzosa de mujeres roms [40].

Por otra parte, la justicia checa raramente condena a quienes agreden a los roms. Por ejemplo, en enero de 2004, Petr Blaize Jaz y Marin Stiskala fueron condenados a sólo tres años de cárcel con libertad condicional por haber agredido a una pareja de roms. El hombre fue torturado con un casco de botella y la mujer, que estaba embarazada, perdió la visión de un ojo debido a los golpes que recibió en la cabeza [41].

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura así como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunciaron la bárbara utilización de camas-jaulas para los pacientes y niños que sufren enfermedades mentales. El ministro de Salud declaró haber ordenado la supresión de las camas-jaulas en todas las instituciones sanitarias. Pero, contra todo pronóstico, el presidente de la República, Vaclav Klaus, intervino personalmente y criticó a su ministro declarando que la prohibición de las camas-jaulas era «una decisión impensada y superflua». El Presidente decidió, por tanto, poner el asunto en manos del ministro del Trabajo y Asuntos Sociales, quien anuló la prohibición. La desastrosa situación de los derechos humanos en la República Checa muestra hasta qué punto las maniobras del gobierno de Praga contra Cuba apestan a hipocresía y a sumisión ante las órdenes de Washington [42].

En Francia, una personalidad política de izquierda se distinguió por sus posiciones contra el gobierno cubano. Laurent Fabius, número dos del Partido Socialista, exhortó a la Unión Europea y el gobierno francés a apoyar a los «combatientes de la libertad», como los califica Estados Unidos. El ex primer ministro de François Mitterrand, que acogió con los brazos abiertos en 1986 al sanguinario dictador Jean-Claude Duvalier, quien sombró el terror en Haití de 1971 a 1986, y le ofreció asilo político, milita ahora por el alineamiento de las autoridades francesas junto a la política de George W. Bush. Fabius quiere aportar su «pleno apoyo al movimiento de las “Damas de Blanco”» ya que «su lucha es ejemplar» y «todos los demócratas deben apoyarla [43] ».

Washington no dice otra cosa. Según Caleb McCarry, funcionario del Departamento de Estado nombrado coordinador para la transición en Cuba el 28 de julio de 2005, el objetivo de la administración Bush es «apoyar una transición auténtica hacia las libertades políticas por parte del pueblo cubano», objetivo que depende del apoyo financiero a la oposición interna, aunque esta última no tiene vínculo alguno con la población. Los intentos subversivos que actualmente tienen lugar a la vista del público no le resultan chocantes a la Unión Europea. Pero, cuando la ley cubana es aplicada con rigor a quienes la violan –ya que al aceptar las prebendas generosamente ofrecidas por Estados Unidos estos pasan de la categoría de opositores a la de agentes a sueldo de una potencia extranjera–, la Unión Europea se conmueve como si no conociera la realidad [44].