Un proyecto del Poder Ejecutivo nacional prevé modificar la Ley que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, reduciendo de 20 a 13 el número de integrantes de dicho Cuerpo judicial. En la actualidad el Consejo está compuesto por cuatro senadores, cuatro diputados, cuatro jueces, cuatro abogados, dos académicos y un delegado del Poder Ejecutivo, más la presidencia que es ejercida por el mismo que oficia de Presidente de la Corte Suprema. Según el proyecto oficial, que ya cuenta con la sanción del Senado, se restarían dos legisladores por las segundas minorías parlamentarias, dos jueces (uno de ellos, el ministro de la Corte Suprema), dos abogados y un académico. No obstante, aún existe la posibilidad de que el proyecto sea modificado (previo consenso con quienes aún no están de acuerdo en aprobarlo), para su posterior sanción en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no contaría con la cantidad suficiente de votos afirmativos.

La intención del gobierno es restarle representación a la corporación judicial y, si bien se vería igualmente reducido su número de delegados, mantener el peso específico del poder político, es decir, los diputados, senadores y Poder Ejecutivo. Se argumenta que la cantidad de miembros es superlativa, que con tantos integrantes se dificulta la labor institucional, que el presupuesto asignado al Consejo de la Magistratura es excesivo, pero resulta evidente –y alentador- que lo que se busca es meter mano en la Justicia porque es allí donde reside la última trinchera del neoliberalismo, el despotismo, la oligarquía y el elitismo institucional, con gran poder político todavía. Notoriamente, las medidas progresistas que ordena el presidente Kirchner colisionan con la inmoralidad de ciertos fallos judiciales. Las transformaciones políticas y económicas que se anuncian en América latina y que encuentran en Argentina un proceso que intenta sintonizarlas, tienen en el Poder Judicial criollo una severa complicación. A no dudarlo: la gran mayoría de los jueces son lo más rancio del viejo tiempo que no termina de morir.

Y la sociedad lo advierte. Una repentina pasión por la política no es detenida ni siquiera por el verano. Las vacaciones no interrumpen el entusiasmo por saber qué pasa y que no. Ya no se discute mediáticamente, ni en las mesas de café, sobre el peinado del presidente de turno. Ahora se vuelve a debatir sobre los vaivenes de la política. Sobre el poder. Hasta se proyectan programas sobre historia argentina por canales de televisión abierta y en horarios centrales. El pensamiento medio parece haber descubierto que todo gira alrededor de un conflicto de intereses. Desde la inflación hasta la Cumbre de Mar del Plata, todo depende de la correlación de fuerzas. Aunque los medios comunicación de masas no quieran, ya no alcanza con informar el recorrido de las manifestaciones callejeras, ni poner el micrófono a los “inocentes” usuarios, del subte o del servicio de salud, que se ven “afectados” por una huelga. La población quiere saber qué se reclama y por qué. La realidad es un escenario donde se puja, se lucha, se pelea. También en la Justicia, claro, que –se percibe–, no es una cuestión de leguleyos, de entendidos en derecho, de purismo doctrinario, de abstracciones constitucionales, sino del barro de la política, del juego de relaciones, de la capacidad de presionar.

La oposición de derecha

Un rejunte opositor, entonces, desde falsos progresistas hasta confesos golpistas, se reúne para conjurar el intento del presidente Kirchner. La Santa Iglesia Católica argentina los bendice en sus maldiciones. Claman, dicen, por una “justicia independiente”. Mire usted. Cacareos republicanos en la última noche neoliberal. En verdad, la oposición actúa conforme a los intereses de la patricia casta judicial, que si los cambios políticos dilatadamente advertidos por el gobierno se concretan vería peligrar su continuidad en los Tribunales. Nadie medianamente sensato y lúcido puede creerle a Macri cuando habla de una “Justicia independiente”, ni tomar en serio a Luis Abelardo Patti, el del enchufe, cuando participa gozosamente de una mesa en la que se conceptúa de “fascista” al presidente Kirchner.

Los sectores vinculados al quehacer judicial que ahora se pronuncian en contra del proyecto oficial de reforma del Consejo de la Magistratura, son exactamente los mismos que en mayo de 2005 se escandalizaron cuando Kirchner se puso al frente de las críticas generalizadas de toda la sociedad ante la liberación de Omar Chabán, dictada a sólo dos días de la excarcelación de María Julia Alsogaray y cuando aún permanecían detenidos los 15 presos de la Legislatura, cuyo beneficio excarcelatorio la jueza Ramond se emperraba en denegar. En aquella oportunidad también le endilgaron a Kirchner su “nulo respeto a la independencia judicial”, su “voluntad hegemónica”, etc., etc.

Aquellos cacerolazos

No obstante, nada garantiza que los señores diputados y senadores aseguren una justicia justa, pero al menos ellos dependen del voto popular. Otro 20 de diciembre bien podría barrer con todos ellos; otras elecciones como aquellas de octubre de 2001, con un rechazo mayor al 50 por ciento, podría dejarlos sin legitimidad y sustento político real. Y eso lo saben los diputados y senadores, pero también lo sabe el pueblo, que a partir de aquella rebelión conoce sus capacidades y percibe su potencialidad transformadora.

Esta posibilidad, sin embargo, está vedada si de jueces se trata. Los puestos de los magistrados de la Nación son vitalicios y ninguna coyuntura política trastorna su estabilidad en el sillón. Los sucesivos cacerolazos de aquel caliente verano de 2002, de todos los jueves a las cinco de la tarde, no lograron modificar la actitud de los jueces, ni hacerlos renunciar, ni siquiera reducir sus privilegios. Los Señorías perciben suculentas dietas, pero se niegan a pagar el impuesto a las ganancias. Sus nombramientos fueron el producto de pactos políticos, pero no son confirmados en elecciones abiertas a toda la ciudadanía. Sólo a través del mecanismo de juicio político pueden ser destituidos, pero –salvo los ministros de la Corte Suprema- ese proceso debe ser realizado por el Consejo de la Magistratura, que actualmente tiene hegemonía de la corporación judicial, entre representantes de los propios jueces, de los abogados y de los sectores académicos.

Cuestión, que las mismas fracciones que ahora se alarman ante el supuesto avasallamiento de la independencia judicial, son las que jamás se preocuparon por la pasividad del Consejo de la Magistratura ante el Fuero Federal. Tras once años de funcionamiento, el Consejo no fue capaz de remover a los más de 450 jueces de la dictadura, según cifraron las Madres de Plaza de Mayo, ni de realizarle juicio político a casi ninguno de los magistrados menemistas, que son muchos y siguen en sus cargos, como María Romilda Servini de Cubría, por caso. Sólo destituyeron a alguno que otro, tras escandalosas pruebas de corrupción y cuando procesarlos significaba menos compromiso que seguir encubriéndolos.

Evidentemente, el reclamo de los sectores judiciales de mayor independencia es sintomático del temor que están evidenciando ante la confirmación de logros democráticos por parte del gobierno nacional. Ya se modificó la composición de la Corte Suprema, mediante la acción juzgadora del Poder Legislativo. Ahora podría tocarles a otros fueros sensibles al andamiaje corrupto del poder: los jueces en lo Criminal y Correccional Federal y los de los juzgados en lo Penal Económico.

Ojalá. Como sucedió con los criminales de la dictadura, con la cúpula policial, con el Estado Mayor Conjunto de la Iglesia; como sucedió con Bush en Mar del Plata, la sociedad espera que la política les baje el copete a los jueces. No sólo los cuadros de Videla y Bignone deben descolgarse de la pared; también los de la vergüenza judicial, esa que persigue a los pobres, encarcela a los que luchan, y premia con impunidad a patrones, corruptos y ricachones.

Demetrio Iramain

Independencia judicial, sólo cuando conviene

En octubre de 2004, los trabajadores judiciales recibieron un aumento salarial del 10 %, más el pago de un rescalafonamiento que había sido aprobado por el Consejo de la Magistratura en el año 1999. Si bien correspondía, el pago del rescalafonamiento a los empleados judiciales no fue retroactivo al momento de su aprobación, cinco años antes. Los empleados judiciales, no obstante, quedaron satisfechos, porque conocen lo difícil que es arrancarles un peso a los oligarcas que manejan el Poder Judicial.

Sin embargo, el último día hábil de 2004, la Corte Suprema dispuso un aumento salarial del 30 % para las jugosas dietas percibidas por los magistrados y funcionarios. Escandaloso. Más de tres mil pesos de aumento para un Juez, y sólo ochenta pesos a un escribiente auxiliar. La medida se enmarcaba en un notorio conflicto de poderes desatado entre la Corte y el Consejo, que se disputaban la facultad de manejar el presupuesto judicial y disponer la política salarial. Como el Consejo había otorgado un aumento de sueldos, la Corte hacía lo mismo unos meses más tarde, pero sólo para jueces y funcionarios, y mucho más suculento. Una vez más, las cabezas del Poder Judicial de la Nación pugnaban por ver quién era más fuerte y usaban a los trabajadores para dirimir sus asuntos internos. Como si el menemato no hubiera terminado.

Los empleados judiciales, entonces, comenzaron el año 2005 luchando por una recomposición acorde al aumento que se habían otorgado a sí mismos los jueces. “Si no hay equidad salarial en la Justicia mal puede haber Justicia en la sociedad”, sostenían desde la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, el gremio de los trabajadores judiciales. Con razón, los empleados pretendían un aumento igualitario.

Durante todo el año 2005 se sucedieron asambleas, movilizaciones y huelgas de hasta 60 horas de duración, en procura de lograr la justa reivindicación. En marzo se llegó al extremo de ver a la Guardia de Infantería en la puerta del edificio de Libertad 731, donde sesiona el Consejo de la Magistratura, repartiendo feroces golpes a los trabajadores, episodio represivo que no padecían los empleados judiciales desde los años de Onganía, según recuerdan los más históricos militantes del sindicato. El hecho nunca fue aclarado debidamente. Los Consejeros dijeron por separado “yo no fui”, pero nunca procedieron a investigar quién había dado la orden represiva.

Extrañamente, los miembros del Consejo de la Magistratura y el Presidente de la Corte Suprema, que lo es también del Consejo, ya habían superado las discrepancias y esgrimían un único argumento para no otorgar la diferencia salarial: “Necesitamos la autorización del Poder Ejecutivo”. Insólito. Para estos funcionarios judiciales, formalmente aptos para la correcta interpretación de los estatutos y los códigos, la Ley de Presupuesto, votada anualmente y que faculta al Jefe de Gabinete de ministros a disponer cualquier cambio de partidas presupuestarias (un aumento salarial necesita la habilitación de nuevas partidas y ejercicios contables), tenía preponderancia sobre la Ley de Autarquía judicial, que rige el funcionamiento del Poder Judicial y le otorga debidas potestades administrativas y autónomas a uno de los tres poderes de la Nación. Como si una norma coyuntural, como lo es la Ley de Presupuesto, tuviera preeminencia sobre el espíritu republicano consagrado en la Constitución.

Finalmente, los trabajadores cobraron el aumento. En noviembre, el Consejo de la Magistratura se desdijo radicalmente de la excusa esgrimida durante todo el año y resolvió el pago sin la autorización de Alberto Fernández. La Corte, en cambio, esperó a que el Jefe de Gabinete firmara la reasignación presupuestaria y abonó la diferencia salarial durante los primeros días de diciembre. El gremio, por su parte, ya no sabe a quién creerle, y le resulta difícil prever su política para el año entrante, porque desconocen con qué se saldrán los jueces y consejeros durante el 2006.

Esos mismos magistrados son los que ahora reaccionan ante el supuesto abuso del gobierno nacional respecto de la Justicia. Dicen defender la autonomía judicial, pero sólo cuando están en juego sus cómodas butacas. Pero si de derechos laborales o defensa de los más débiles se trata, “¿para qué queremos tanta independencia?”, se preguntan Sus Señorías, mientras juegan el golf de las cinco de la tarde.