México: Ante una elección de estado

Si no por un fraude cibernético o a la manera tradicional en las casillas, el país estaría ante una elección de estado en la que, desde meses antes de la votación y acentuadas en los
últimos días de las campañas, el gobierno de Vicente Fox, su partido Acción Nacional y una serie de fuerzas económicas y políticas desplegaron acciones de todo género para impedir el arribo del centroizquierdista Manuel López Obrador, cuya alianza con los partidos del Trabajo y Convergencia Democrática enfrenta ahora a la maquinaria
mediático-oficial dispuesta a hacer valer el triunfo del candidato oficial Felipe Calderón en un proceso inesperadamente inacabado cuyo desenlace puede resultar en una profunda división política en el país.

El compás de espera impuesto por el Instituto Federal
Electoral (IFE) al posponer el anuncio de las tendencias
preliminares de los sufragios emitidos en 300 distritos
electorales el domingo pasado, plantea la inminencia de la
impugnación de de la elección por parte de la coalición de
Andrés Manuel López Obrador ante las instancias
calificadoras de los comicios y con ello un proceso cuyas
consecuencias serán un conflicto poselectoral —
impugnaciones previstas por parte de los proclamados
perdedores en tribunales y hasta amenazas de violencia-.
El dato de cerca de 14 millones de votos para cada uno de
los dos primeros lugares sugeriría, por una parte, la
ominosa derechización de una porción importante de la
sociedad mexicana y por la otra la imposibilidad de los
elementos de un espectro de centro izquierda para mostrar a
plenitud la perspectiva de cambio de una política que por
espacio de cuatro sexenios ha acentuado la desigualdad
económica y la miseria y ha entregado al capital extranjero
valiosos recursos que pertenecen a la nación.

El no resultado desde las primeras horas después de la
elección alienta asimismo las críticas al sistema electoral
mexicano y hacia la parcialidad de las autoridades
supuestamente encargadas de registrar y sancionar evidentes
delitos electorales que se dieron en los meses y semanas
previos a la elección. En el empeño de "pluralidad"
extensa de un nuevo concepto de la democracia y en la
complacencia para satisfacer intereses de grupo o de
caudillaje corporativo, se ha dado la proliferación de
partidos carentes de una verdadera base política y cuya
presencia contribuye -ahora se ve-a empañar más que a
clarificar el saldo de la contienda.

Si, como observadores políticos y expertos en procesos
electorales coinciden en señalar, debe descartarse el
fraude cibernético y en las urnas por los métodos clásicos
del pasado, no ocurre así con las evidencias de inducción
al voto y de múltiples delitos electorales cometidos por el
aparato oficial y el propio PAN desde meses antes de la
votación y que se intensificaron en los últimos días ante
la pasividad sospechosa de las autoridades encargadas de
registrarlos y sancionarlos, concretamente el Instituto
Federal Electoral y la Fiscalía Especial para Delitos
Electorales.

El gobierno y el PAN recurrieron a todo: al intento de
desafuero del candidato del PRD siguió una larga lista de
acciones para impedir su llegada a la presidencia. Entre
las últimas: acusaciones sin fundamento por un supuesto
fraude a un hermano de Andrés Manuel López Obrador y al
candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco; violación de
la página en internet del candidato del PRD, reactivada por
hackers para introducir una carta apócrifa que de ser
cierta habría violado la suspensión de toda manifestación
de proselitismo en los días previos a la elección e
invitado a sus seguidores a no aceptar la derrota en los
comicios; una campaña de inducción del voto en favor de
Acción Nacional mediante llamadas telefónicas para las
cuales se hizo uso de datos del padrón electoral que el PAN
obtuvo con la complicidad de funcionarios del Instituto
Federal Electoral y, por supuesto, el discurso permanente
del presidente Vicente Fox en favor de la continuidad de su
política de gobierno y de alerta a los ciudadanos respecto
al "peligro" de votar por el "populismo" de López Obrador.

La campaña para sumar votos a Felipe Calderón buscó golpear
por igual al PRD y al PRI. Uno de los últimos intentos por
allegar votos al aspirante Felipe Calderón fue la
intempestiva resolución que abrió la detención domiciliaria
del ex presidente de la República Luis Echeverría, en la
fase final de un proceso que, según se preveía los medios
judiciales, debió concluir con el rechazo a la acusación de
genocidio en los sucesos del 2 de octubre de 1968 y en todo
caso con un fallo en el que se considerara que el entonces
secretario de Gobernación no fue el responsable de la
participación del ejército. Pero al parecer el Magistrado
Máttar tenía un proyecto de recambio para lo que se
ofreciera, o bien preparó uno de emergencia. Lo cierto es
que, de acuerdo con testimonios del personal del Segundo
Tribunal Unitario, el miércoles por la noche y el jueves
durante todo el día se trabajó ahí a marchas forzadas para
integrar la resolución finalmente entregada a la Fiscalía
de Carrillo Prieto. Sea que el magistrado hubiera
dispuesto de un "plan B" o que haya preparado una
resolución de última hora, es fácil imaginar las razones
del cambio, similares a otras en las que fallos judiciales
discutibles se han inclinado hacia los intereses del poder.

En el compás de espera, la relación de fuerzas entre el
Ejecutivo y el Legislativo que se espera del resultado de
las elecciones, con el PAN como la primera mayoría pero con
una oposición adversa y resentida, no augura ni garantiza
una situación de gobernabilidad ni será signo de un
verdadero avance democrático para el país.