La marcha por las
calles citadinas y su culminación en el enorme espacio de la
Plaza de la Constitución dieron ayer domingo al candidato Andrés
Manuel López Obrador un impulso para muchos inusitado en sus
acciones para exigir el recuento voto por voto y esclarecer así
quién fue el ganador en las elecciones del pasado 2 de julio.

Más
de un millón de personas -millón y medio, afirman los dirigentes
del Partido de la Revolución Democrática (PRD)- colmaron el
Zócalo de la capital del país y las calles adyacentes, en la
concentración más numerosa de que se tenga memoria; tan
nutrida asistencia sorprendió a quienes pronosticaban un
debilitamiento de las demostraciones en favor de la revisión del
sufragio ante la sospecha de un fraude manual o cibernético en el
proceso comicial y la distorsión que en él haya causado la
campaña previa a la elección en la que participaron desde la
presidencia de la República hasta poderosas fuerzas económicas
cuyo objetivo fue la descalificación de López Obrador y el apoyo al
aspirante del derechista Partido Acción Nacional (PAN), Felipe
Calderón Hinojosa.

Paradojas de la democracia o del sistema electoral en que se
sustenta: el veredicto sobre la legalidad de una elección en la que
fueron depositados más de 40 millones de votos está en las
manos de sólo siete personas -integrantes del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TRIFE)-a quienes se atribuye
la capacidad jurídica y moral para valorar las impugnaciones del
PRD.

La decisión de esos magistrados estará entre cuatro posibilidades:
confirmar el resultado anunciado por el Instituto Federal Electoral
(IFE) en sus conteos preliminares que arrojan una precaria ventaja
para Calderón de menos de 250 mil votos; aceptar como válidas y
suficientes para modificar el resultado las quejas del PRD que
involucran, según lo afirman sus dirigentes, a unas 50 mil de las
132 mil casillas instaladas en el país; de encontrarse ciertas las
irregularidades señaladas, el anunciado triunfo de Felipe Calderón
podría no ser reconocido para proclamarlo presidente electo en un
plazo hasta el 6 de septiembre próximo, o bien ordenar el recuento
voto por voto, recurso no previsto específicamente pero tampoco
prohibido por la Constitución General de la República ni por la ley y
los ordenamientos que rigen los procesos electorales; una última
posibilidad es la anulación de las elecciones, a la que seguiría el
nombramiento de un presidente interino por parte del Congreso o
de su Comisión Permanente en caso de receso, para un período
en el cual se debería convocar a nuevos comicios.

Esta opción, a partir de la Revolución y la promulgación de la
actual Constitución en febrero de 1917, sólo tiene como
antecedente la designación de Emilio Portes Gil, en 1928, como
interino por la muerte del presidente electo, Álvaro Obregón, quien
fue asesinado por un fanático religioso antes de asumir la
presidencia.

En cualesquiera de esas determinaciones, los siete
magistrados del TRIFE no deberán dejar de considerar, además de
los elementos jurídicos y de procedimiento en la jornada electoral,
la percepción de millones de ciudadanos respecto a la invalidez de
las elecciones demostrada en las movilizaciones ciudadanas como
la de ayer, que reunió a cientos de miles de personas provenientes
de todo el país.

Si bien en los círculos empresariales y en una parte de los medios
de comunicación ha comenzado una campaña en la que se
sostiene la improcedencia de estas movilizaciones como
instrumento para impugnar una elección, es un hecho que esta
forma de expresión pone de manifiesto la gravedad de la decisión
respecto a las elecciones en las que el triunfador tendría un ínfimo
margen de ventaja sobre su oponente y sobre la que pesa la
incertidumbre en cuanto a su limpieza, lo cual necesariamente
obliga a un esclarecimiento total por la vía del recuento voto por
voto. De lo contrario, el riesgo es provocar una mayor división en
el electorado que podría conducir a procesos incontrolables de
violencia.

Sólo una clarificación palmaria podría convencer a la población del
verdadero resultado de las elecciones. En los días previos al
domingo pasado, en los comentarios de los sectores políticos se
consideraba la posibilidad de una declinación del apoyo a López
Obrador por un fenómeno natural de desgaste en las
manifestaciones multitudinarias, en las que si bien el aparato del
PRD puede aportar recursos para las movilizaciones, se ha
registrado un alto grado de participación espontánea en diferentes
estados y ciudades del país de los que parten hacia la capital de
la República contingentes organizados que se trasladan con
medios propios, a diferencia del tradicional "acarreo" de las
concentraciones políticas del pasado. Contra lo que los críticos de
estas movilizaciones pregonan como una amenaza para la
tranquilidad y el desarrollo normal de la vida del país, en esas
marchas y concentraciones no se ha registrado acto alguno de
violencia.

En la última manifestación, Andrés Manuel López Obrador llamó
por primera vez a la "resistencia civil" de la población en caso de
una decisión del TRIFE contraria a la demanda de esclarecimiento
total de la elecciones. Negarse a esa exigencia provocaría una
protesta generalizada que en nada contribuiría a la paz social en la
República

Salvador del Río
Fuente
Alai-Amlatina