La banda de Yuraszeck

El caso, que es uno más de una seguidilla que nos recuerda a Enron o a Arthur Andersen, no es raro en el mundo corporativo, que durante los primeros años de la década demostró que su ética dependía de forma proporcional del grado de regulaciones. Por tanto, en una economía cada vez menos regulada, la tendencia conduce a un crecimiento de los fraudes.

Lo que vemos en la economía internacional lo hemos observado -diríamos con creces, lo que explicaremos más adelante- en Chile. Aun cuando el empresariado y los mismos gobiernos han intentado minimizar los fraudes cometidos por el sector privado y convertirlos en hechos aislados, las pruebas nos llevan a considerar que el actuar corporativo nacional mantiene de forma más o menos periódica un ejercicio de irregularidades que, en otras palabras, es una práctica cercana a la ilegalidad. Sin necesidad de remontarnos muy lejos en el tiempo, hallamos el caso de Celco, señalado como una isla oscura por el gobierno, el que es, sin embargo, sólo un episodio en una larga lista que se hunde en el pasado reciente y aflora en el mismo presente, cuando el Sernac, por ejemplo, demanda a siete multitiendas por cobros ilegales reiterados y sistemáticos en las tasas de interés.

Pero es el "caso Chispas", denominado también por la prensa "Operación del Siglo", el que se convierte en un paradigma nacional de la delincuencia de guante blanco, calificación que las élites, desde el empresariado a las autoridades políticas, prefieren suavizar con el calificativo de malas prácticas empresariales. La "Operación del Siglo" ha sido un evento que si bien ocurre en el ámbito empresarial, trasciende al político y a la reciente historia chilena. Es el mayor fraude económico entre privados en tiempos de globalización, pero también se trata de una estafa realizada sobre otra gran estafa, como lo fueron las privatizaciones. El castigo al fraude accionario que hoy aplica el Estado chileno, representado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), puede interpretarse también como un castigo implícito al proceso de enriquecimiento ilícito que significaron las oscuras privatizaciones (no es una simple anécdota que el abogado defensor de los ex ejecutivos inculpados -hoy condenados- sea Pablo Rodríguez Grez, el abogado de Augusto Pinochet).

La sanción de la SVS, ratificada por la Corte Suprema a comienzos de julio, ha recaído sobre seis altos ex ejecutivos de Enersis, los que estaban -se dice así cuando se trata de bandas organizadas- "liderados" por José Yuraszeck, una de las figuras de segunda fila más paradigmáticas de la dictadura: el funcionario gris que utilizó las violaciones a los derechos humanos como barrera de contención o cortina de humo para realizar sus personales negocios. Los animales de presa en la primera línea de combate; los de carroña, en la retaguardia.
El fallo de la Corte Suprema le ha tocado donde más le duele, en el bolsillo. José Yuraszeck, actual dueño de Sal Lobos, de Redbus y otras empresas, está acusado junto a otros cinco ex ejecutivos de Enersis de haber ocultado información a los accionistas de la compañía eléctrica durante el proceso de venta a Endesa España por el histórico monto de mil millones de dólares. Utilizaron esa información en beneficio propio y de los nuevos dueños. La sanción establecida en 1997 por la SVS, y ratificada hoy por la Corte, está expresada en una multa original de más de 60 millones de dólares, que asciende a 150 millones con la aplicación de los intereses.

Funcionario gris

José Yuraszeck es la quintaesencia del alto funcionario público de la dictadura que logró construir una fortaleza económica mediante oscuras maniobras durante el proceso de privatización. La venta de Enersis a Endesa España es la coronación de esta larga operación iniciada durante el régimen de Pinochet. En 1997 el economista Hugo Fazio escribía que "la posición negociadora del grupo Yuraszeck se construyó usando y abusando de recursos captados del Estado, de los llamados ’capitalistas populares’ y de los imponentes del sistema de fondos de pensiones. Endesa (España), con una inversión cifrada inicialmente en 1.243 millones de dólares, pasa a controlar el mecanismo de poder creado por José Yuraszeck y otros ex altos ejecutivos de Chilectra en los años de dictadura para asegurarse, con una participación de capital absolutamente minoritario, el control del hoy poderoso holding eléctrico. La negociación concluyó con la apertura de un poder de compra de la totalidad de las acciones serie A de las compañías de inversión conocidas con el nombre genérico de ’Chispas’ y la adquisición del total de las acciones serie B, que conceden a Yuraszeck y asociados el control del holding eléctrico".

En El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, de la periodista María Olivia Monckeberg, hay un capítulo sobre estas figuras de la dictadura que se integran durante la democracia a las élites económicas. "Militante de la UDI (militancia hoy congelada tras los recientes eventos), Yurasczeck, quien había estudiado ingeniería en la Universidad de Chile, fue, como Joaquín Lavín, discípulo de Miguel Kast. Forjado profesionalmente en Odeplan a fines de los 70, llegó a ser subdirector en 1982. Desde Odeplan pasó a ser ejecutivo de confianza de las entonces empresas estatales eléctricas y luego participó en el diseño privatizador para, finalmente, armar sociedades que le permitieron quedarse con ellas".

Relata Monckeberg que en noviembre de 1983 fue designado gerente general de la entonces empresa estatal Chilemetro, presidida por Juan Hurtado Vicuña, otro hombre de confianza de Hernán Büchi. "Desde ese puesto clave encabezó el proceso privatizador de la compañía de electricidad. En julio de 1987 impulsó la constitución de sociedades que se conoció como ’operación Chispitas’. A través de ese procedimiento, Yuraszeck y otros 17 ejecutivos tomaron el control de las sociedades inmobiliarias Luz y Fuerza y Los Almendros, generadas en nombre del ’capitalismo popular’. Con ello, alcanzaron el poder en la propia Chilemetro, hoy llamada Enersis. Y gracias a Enersis, llegaron al control de Endesa. Tras la junta de accionistas de abril de 1991, Yuraszceck dejó la gerencia general de Chilemetro para asumir, junto a José Piñera, como director de la Endesa privatizada. Desde allí tuvo en sus manos las redes de la energía eléctrica en Chile hasta agosto de 1997, cuando debió dejar sus cargos en medio del escándalo nacional despertado por su fallida negociación con Endesa España".

Por cierto que no es ni será el único caso. Están las sanciones contra las empresas de Francisco Javier Errázuriz y está la fraudulenta operación de Inverlink que involucró a Corfo. La corrupción en las burocracias públicas -de la que hoy tenemos bastante- está replicada y amplificada entre las burocracias privadas, cuando hay una relación entre ambas. Los escándalos financieros de las empresas de Wall Street (Enron, WorldCom), amparados por las mismas firmas auditoras (Arthur Andersen), derrumbaron la imagen de la autorregulación empresarial y destronaron del sitial de transparencia y probidad -en el cual se había instalado durante los noventa- al sector privado.

Cuando hablamos de corrupción pública y privada, Yuraszeck, otrora zar de la electricidad, parece ser el paradigma. Conduce sus opacas operaciones desde el sector público hacia el privado. El manto de protección que le permitió convertirse en el hombre fuerte de Endesa tras su privatización, lo pudo obtener como funcionario privilegiado de la dictadura; más tarde, ya en democracia, la impunidad que había logrado en Enersis la obtuvo de la misma hegemonía que el sector privado había conseguido en la economía gracias al modelo de libre mercado. En ambas áreas Yuraszeck pudo actuar a sus anchas: primero por ser incondicional funcionario público de la dictadura, y más tarde al aprovechar el espacio privilegiado que el empresariado había conquistado durante la democracia.

Pese al poder económico de Yuraszeck, éste no logró convertirse en un verdadero y respetado líder para el sector privado nacional, el cual lo ha observado no sólo como un recién llegado a las cúpulas privadas, sino que también ha mirado con cierta sospecha su meteórica y millonaria carrera. Un recelo que se evidencia con la gran operación, en la que salen muy perjudicados conspicuos accionistas de la empresa eléctrica. Yuraszeck se enemista a muerte con sus pares -y hay bastantes motivos para el rencor-, quienes se alejan y le quitan apoyo. Hoy, con la ratificación del fallo por la Corte Suprema y la inminencia de la cobranza de los 150 millones de dólares, el empresariado y la prensa empresarial han escuchado la sentencia con extrema frialdad. Las instituciones, en este caso, parecen haber funcionado.

La cultura empresarial en duda

La expansión del poder de Yuraszeck sucede durante los noventa, y está relacionada con el poder prácticamente ilimitado del sector privado que se detona tras el proceso de ajustes estructurales que apuntan a desregular los mercados para facilitar la entrada y operación de los privados. El modelo que habían iniciado veinte años antes Yuraszeck y los altos funcionarios del régimen militar durante los albores de la corriente neoliberal, estaba engarzado en la institucionalidad económica vigilada por el sector privado y sus centinelas militares. El modelo de libre mercado se incorporó en los nuevos gobiernos como una pieza más del aparato del Estado. Había que administrarlo, acaso mejorarlo, pero jamás cuestionarlo. Esta ha sido la doctrina del libre mercado, de la autorregulación. Y estos han sido sólo algunos de sus desastrosos resultados.

El sector privado, actuando libremente, ha conseguido con bastante éxito poner al sector público como el gran obstáculo al crecimiento económico, como el gran foco de corrupción, como un aparato burocrático anquilosado. Sin embargo, esta burocracia ha sido traspasada al sector privado, la que impone sus procedimientos a consumidores y trabajadores, los cuales padecen cada día más la burocracia privada (más que la pública). Estamos más controlados por las empresas de telecomunicaciones, de servicios públicos, por las tiendas de departamentos, por las financieras, que por el mismo Servicio de Impuestos Internos.

Franz Hinkelammert ha desarrollado la teoría de estas nuevas burocracias privadas. En una entrevista de 1997, el economista y filósofo señalaba que "las burocracias estatales son relativamente pequeñas en relación con las grandes burocracias multinacionales; burocracias públicas como el FMI, el Banco Mundial, el BID son insignificantes frente a las grandes burocracias privadas de las empresas multinacionales: IBM, Volskwagen, Toyota, etc. tienen gigantescas burocracias; la banca privada funciona burocráticamente, todas son burocracias privadas y siguen siendo burocráticas. El problema de la burocratización aparece ahora más bien en el interior de las burocracias privadas y el problema de la burocratización pública es más bien un caso especial de burocratización del mundo moderno". Si llevamos estas afirmaciones a nuestro caso, Yurazseck no pudo desenvolverse mejor al pasar de una burocracia a la otra.

Hay otro factor que fusiona ambas burocracias. El mismo proceso de liberalización y privatización ha llevado a muchas áreas antes públicas a quedar bajo la égida del sector privado. Lo de Endesa es un caso, pero también lo vemos en la salud, la educación y la previsión, entre otras áreas suministradoras de servicios básicos y en las cuales, crecientemente regidas por criterios de mercado, la transparencia no es uno de los aspectos más característicos. Por tanto, un fraude a una empresa privada de gran magnitud afectará no sólo a los accionistas, sino al interés ciudadano general. Haber engañado a millares de accionistas es haber engañado también a los fondos de pensiones y a los ciudadanos en general