«Un secreto que los terroristas ya conocen»

El contraterrorismo se ha convertido en un tema de controversias internas e internacionales. Por ejemplo, el papel de la guerra de Irak en la movilización de nuevos terroristas merece el análisis y la discusión. Sin embargo, varios temas políticos referentes al contraterrorismo son sometidos a discusiones partidarias que los caricaturizan. El debate actual sobre la vigilancia por parte de Estados Unidos de las transferencias en el sistema financiero internacional nos parece un caso en el que exageran tanto la administración Bush como sus opositores.
Vigilar los medios financieros de los terroristas es un elemento necesario en todo programa de contraterrorismo como lo señalara Bill Clinton en sus directivas presidenciales en 1995 y 1998. Los ataques terroristas individuales no cuestan tan caro, pero el hecho de crear células, redes u organizaciones terroristas es extremamente costoso.
Al Qaeda, Hamas, Hezbollah y otros grupos terroristas tenían varias fuentes de financiamiento como las donaciones de los musulmanes ricos. Como elemento de control de los ingresos, la vigilancia de las transferencias internacionales de bancos es muy útil pues hace más difíciles las operaciones para nuestros enemigos y los obliga a utilizar métodos más complicados de transferencia de dinero.
Cualquier vigilancia electrónica doméstica sin autorización judicial, cualquiera que sea su utilidad, es claramente ilegal. Pero la vigilancia de las transferencias financieras internacionales, con el acuerdo del consorcio de bancos que posee la red, es legal e irreprochable. La International Economic Emergency Powers Act, aprobada en 1977, permite al Presidente vigilar las transacciones financieras realizadas por los enemigos de los Estados Unidos. Las iniciativas internacionales contra el lavado de dinero comenzaron desde hace una década y tienen como objetivo no sólo a los terroristas, sino también a los carteles de la droga, funcionarios extranjeros corruptos y a una multitud de organizaciones criminales.
Estas iniciativas, en combinación con tratados y acuerdos internacionales, no deberían crear un sentimiento de intimidad cuando se transfiere dinero electrónicamente entre países. Desde 2001, los bancos están obligados a reportar transacciones que hayan tenido lugar, incluso en los Estados Unidos, si hay alguna razón para creer que existe la posibilidad de alguna actividad ilegal.
Se trata de una evidencia para todos los terroristas, pero la administración Bush protesta tras las «revelaciones del New York Times. Los terroristas emplearon durante varios años medios modernos y transferencias de dinero –el antiguo sistema «Middle Eastern Hawala» incluido–, pues suponen que las llamadas, los e-mails y las operaciones bancarias internacionales están vigilados no sólo por los Estados Unidos, sino también por Gran Bretaña, Francia, Israel, Rusia e incluso por muchos países subdesarrollados.
En estas condiciones, ¿debería la prensa ser calificada de antipatriótica por la administración estadounidense y ser incluso amenazada con procesos judiciales por parte de políticos por haber revelado cosas que los terroristas ya saben? Si los funcionarios de la administración estadounidense estuvieran verdaderamente preocupados porque los terroristas pudieran aprender algo de estos informes, sería sabio si no le dieran mayor importancia en vez de atacarlos.
La administración estadounidense y sus partidarios en el Congreso quieren dar la impresión de que llevan a cabo una batalla valiente contra los que ayuden a los terroristas. A cuatro meses de las elecciones esperamos oír muchas más reclamaciones indignadas referentes al terrorismo.