Unidad imperial para un control regional

El Ejército colombiano destruye un laboratorio clandestino de narcotraficantes en su campaña mediática y propagandista de la lucha contra la droga. Departamento colombiano de Santander, año 2000. Foto cortesía Philippe Revelli.

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A stronger Colombia means a stronger region and a stronger Western Hemisphere.
[Una Colombia fuerte es un medio para tener una región fuerte (entiéndase por dominio) y un hemisferio occidental fuerte.]
Departamento de Estado de EEUU

Un discurso de política exterior perfectamente hilvanado sobre el respeto a los Derechos Humanos, el compromiso con la Paz y la Cooperación para el Desarrollo, camufla de manera oficial desde julio de 2003 la verdadera agenda de pacificación concertada con relación a Colombia entre los neoconservadores estadounidenses y el pequeño conjunto de poderosos grupos financieros y patronales europeos con peso decisivo en el Consejo y la Comisión Europea.

El gobierno de Bush, con el apoyo de los gobiernos de Blair y Aznar, y más tarde de los gobiernos holandés, alemán, italiano y sueco, lograron imponer desde finales del año 2002 en las instituciones comunitarias [de la Unión Europea] la idea de que una solución consistente en una brutal operación de reingeniería social que contemplaba una drástica opción por el uso de la violencia sobre la población civil, combinada con una gigantesca campaña de encubrimiento y desinformación mediática, junto a medidas económicas complementarias de pacificación y control social, constituían la mejor respuesta en Colombia frente a la amenaza inminente de colapso en el control de una región asombrosamente rica, que no solo constituye la segunda plataforma en el mundo en el suministro de petróleo hacia los EEUU y un área clave en la estabilidad del area andina y latinoamericana, sino que está considerado como un escenario geoestratégico para los intereses globales del dominio occidental.

El 19 de junio de 2006, en Washington, la Secretaria de Estado de los EEUU, Condolezza Rice y Miguel Angel Moratinos, [el ministro de Asuntos Exteriores del estado español] confirmaron públicamente su determinación de actuar conjuntamente en América Latina, incluyendo el territorio que es considerado por el gobierno de los EEUU como la cabeza de playa estratégica para desarrollar la operación de reaseguramiento regional: Colombia.

«Somos aliados y tenemos muchos intereses en común» señaló Rice y Moratinos complementó ratificando la condición de «aliados y amigos» [1] señalando además: «Necesitamos más EEUU en Latinoamérica, pero también necesitamos que España pueda aportar una proyección de futuro que dé estabilidad real a la región (...) se ha decidido crear un grupo de trabajo específico para Latinoamérica cuyo objetivo sera fijar las orientaciones y los mecanismos para desarrollar la complementariedad que España y Estados Unidos desean llevar a cabo en el continente latinoamericano».

Dos días mas tarde, el 21 de junio, en Viena, en la Cumbre Trasatlántica anual entre Estados Unidos y la Unión Europea, se ratificaba a nivel europeo lo acordado en Washington, revelando sin ambigüedad alguna el peso decisivo de la red de corporaciones multinacionales estadounidenses y europeas en el trazado conjunto de la política exterior sobre la región.

En lo relacionado con Colombia y otros países latinoamericanos, en la profundización de este acuerdo de acción conjunta esta presente una extraña moral que permite a los gobiernos de EEUU y a varios gobiernos de las Unión Europea hablar de derechos humanos y de respeto a la legalidad internacional, mientras imponen en forma abierta un derrotero económico - ideológico funcional a sus intereses [2]

Al mismo tiempo varios países europeos se unen al gobierno de los EEUU en la tarea de entrenar, financiar y suministrar el armamento para la conquista militar de su territorio masacrando a la población civil.
Al mismo tiempo invisibilizan en sus agencias y medios masivos de «comunicación» la sistematicidad de las atrocidades con las que garantizan el destierro de las comunidades; brindan soporte político y financiero a la legalización del despojo a través de los programas de cooperación internacional y continúan percibiendo los beneficios provenientes de las descomunales utilidades corporativas [3] y de todos los tráficos ilegales –drogas, armas y seres humanos- de la globalización oculta.

Venezuela en la génesis del Plan sobre Colombia

El diciembre 6 de 1998 fue elegido Presidente en Venezuela Hugo Chávez Frias. Antes de las elecciones, ya el gobierno de los Estados Unidos le había denegado la visa de entrada a su territorio.

El triunfo de Chávez sorprendió, sin embargo, a los muy bien informados servicios de inteligencia del gobierno de los EEUU que actúan en coordinación con los gobiernos obsecuentes de la región [4]. El triunfo de Chavéz unido a la creciente inestabilidad política en Ecuador, y al riesgo que devino inminente de perder el control sobre Colombia por el ascenso militar de la guerrilla; la catastrófica situación social derivada de la corrupción desbordada, la aplicación durante una década del recetario neoliberal y el destierro bárbaro de más de tres millones de pobladores rurales; junto a la puesta en marcha en enero de 1999 de un proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC que contemplaba las reformas sociales exigidas por la insurgencia, alertó a los encargados de la región en el Pentágono y el Departamento de Estado.

Cuando el 27 de febrero de 1999 se inicio en Venezuela en Plan Bolívar 2000 y 60,000 integrantes del Ejército Bolivariano se desplegaron por el país para atender a los más débiles, para proteger y cooperar con la población y no para violentarla, todas las alarmas de los estrategas hemisféricos en Washington quedaron disparadas.

A marchas forzadas se elaboró durante 1999 un Plan [estadounidense] de Intervención Militar Indirecta para el control territorial, en el que se privilegió la multiplicación por diez del soporte militar, la ampliación del rango en el suministro de armamentos, el apoyo en la entrega de inteligencia con tecnología satelital, la creación de nuevos batallones y la multiplicación del número de «asesores» militares y civiles en el territorio -1600 en la actualidad- de forma que se garantizara, sobre todo, el no requerir el ingreso de tropas estadounidenses al combate directo.

El senador Bob Graham del estado de la Florida se destacó en la gestión del Plan y en la elaboración conjunta de un Policy Paper sobre Colombia con el General Brent Scowcroft, ex Consejero de Seguridad Nacional del Presidente Ford y asesor de Bush, documento encargado por el Dialogo Interamericano y el Consejo de Relaciones Exteriores [5].

La manera de presentar la intervención, sin precedentes por su magnitud y sus objetivos [6], ante la opinión pública y el congreso estadounidense consistió en señalar que se trataba de una iniciativa imprescindible en la «Guerra contra el Narcotráfico» y que en el plazo de seis años se reducirían los cultivos coca en un 50%, en 1999 los terrenos sembrados alcanzaban las 122,500 hectáreas [7].
No sin dificultad se logro en el Congreso estadounidense el compromiso bipartidista con la intervención y el paquete de «Ayuda» fue firmado por Clinton el 13 julio del 2000.

En realidad el Plan estaba dirigido a enfrentar las fuerzas armadas rebeldes con la idea principal de reducir dramáticamente lo que consideraban su fuente determinante de finanzas, asegurar militarmente los principales yacimientos energéticos y los oleoductos, sosteniendo el proceso destructivo de todas las formas de organización popular democráticas [8] y, gradualmente, se ha dirigido a estructurar a todo lo largo de la frontera oriental de Colombia un dispositivo para la eventual ocupación militar del golfo de Maracaibo y para atacar el proceso revolucionario venezolano [9].

Señala la investigadora Lesley Gill de la American University de Washington: «El centro del tráfico de cocaína no estaba ni en Putumayo ni en los departamentos vecinos del sur de Colombia. Las principales rutas de contrabando y los paramilitares que las controlaban estaban en el norte, pero los estrategas estadounidenses y sus contrapartes colombianas parecía menos interesados en los traficantes de cocaína y los paramilitares que los controlaban, que en limitar el creciente poder financiero y militar de los grupos subversivos izquierdistas» [10].

Un número considerable de representantes , entre ellos Janice Schakowsky, demócrata de Illinois, defendió en el año 2000 la postura consistente en dirigir los recursos financieros a la educación, prevención y los centros de tratamiento en los EEUU y también se pregunto: «¿Por qué los esfuerzos parecen dirigidos solamente contra las guerrillas y no contra los grupos paramilitares, acusados de numerosos abusos en contra de los derechos humanos, y quienes controlan también parte del comercio de las drogas?» [11]

En Colombia el Plan contó con el favor absoluto de las cercadas elites económicas y políticas y la alta dirección de sus fuerzas armadas. La diferencia más significativa entre los diversos sectores de la dirigencia colombiana con relación al Plan consistió en su implicación directa, su rechazo o su tolerancia con los brutales ejércitos irregulares, crecientemente financiados por sectores del narcotráfico, con sus bases reclutadas en los sectores humildes de la población y utilizados todos por el proyecto estratégico imperial como mano de obra criminal desechable para lograr con métodos espeluznantes el desplazamiento o la aniquilación de la población civil sospechosa de albergar simpatizantes de las fuerzas rebeldes o culpable por habitar en territorios de asombroso valor para el portafolio de megaproyectos trazados en los centros económicos de decisión global.

Es el caso de los 150 territorios constituidos legalmente como resguardo indígenas y que alcanzan los 400,000 Km2 en los departamentos amazónicos de Putumayo , Vichada , Caquetá, Guainía, Guaviare (...).

Si bien la organización de escuadrones paramilitares estaba contemplada en los manuales de contrainsurgencia de los años sesenta para aprovechar la eficacia siniestra de su conocimiento local, su evasión de los marcos legales de derechos humanos y derecho internacional humanitario y su monstruosa capacidad de cometer atrocidades y generar terror, sólo hasta la década del ochenta se inicia el proceso que convirtió en determinantes las finanzas provenientes del narcotráfico, lo que unido al decisivo apoyo organizativo exterior, desembocó en su pasmoso crecimiento, su amplísimo dominio territorial y su creciente control sobre diversos y decisivos niveles de estado regional y central [12].

Así, el Plan se fue adecuando para acceder a lo que podría ser considerado como su mejor hoja de ruta en esta área: un escenario de guerra no declarada a nivel internacional que permite desmontar derechos y garantías ciudadanas del estado de derecho, aminorar el campo de acción de los organismos de control estatal con el justificante de la «guerra contra los narcoterroristas», estrechar el margen de maniobra de las formas organizativas que laboran en la defensa de los derechos humanos [13], y consolidar la reducción y el doblegamiento de la población no obediente o que simplemente sobre en la globalización corporativa; todo ello seguido por un «Proceso de Paz» ideado en los centros de pensamiento [14] encargados de generar los conceptos y las herramientas que permitan asegurar los designios estratégicos y los intereses de la red de corporaciones multinacionales con intereses en el territorio [15].

Estos «Centros de Pensamiento» crean doctrinas funcionales al dominio imperial que son ejercidas a través de un conjunto de instrumentos que incluyen la presencia discreta y muy eficaz en los medios de comunicación y las academias, y en organizaciones no gubernamentales financiadas por la USAID y por la NED (National Endowment for Democracy, que a su vez son parte de las herramientas de intervención civil de la CIA conforme se explica en el valioso y revelador libro El Código Chávez de la periodista venezolana Eva Golinger.

Con estos conceptos, doctrinas y herramientas se modula el trabajo de los formadores de opinión poniéndolos a hablar y debatir sobre lo que interesa -y en los términos y límites que determinan que se delibere - a los estrategas encargados de la región.
Sobre esta base se garantiza la fabricación de una «opinión pública» favorable o indiferente al proceso de reaseguramiento militar-social del territorio. Conceptos como «Justicia Transicional» en los procesos de pacificación posteriores al control territorial logrado con la violencia y de «Cohesión Social» referido a las prestaciones mínimas que permiten establecer la gobernabilidad en áreas de conflicto, sin afectar los principios de Propiedad Privada y Competencia, son ejemplos de la importancia que tiene el trabajo sobre la mentes en la conquista territorial adelantada en el marco de la «Política de Seguridad Democrática» [16] .

La Cooperación Internacional, expresada en el respaldo político y el apoyo financiero al ambicioso proceso de reingeniería social en Colombia, fue considerada como decisiva [17]. La Unión Europea fue invitada entonces a brindar uno y otro soporte al componente social del Plan [18]. Pero el hecho de haber actuado con tanta premura, con muy poca consulta previa con las principales expresiones políticas europeas al momento de configurar el plan y la amplia movilización coordinada del tejido de organizaciones no gubernamentales de Europa y Colombia vinculadas a los derechos humanos y la paz que pidieron a la Unión Europea no apoyar la guerra, condujo en año 2001 a un rechazo por parte de esta a participar de manera decidida en la lógica del «yo rento destruyendo y tu rentas ayudándome a pacificar, en la reconstrucción y en la repartición de lo que quede una vez se controlen militar y socialmente los territorios» [19].

La negativa europea, pese a los esfuerzos del gobierno del PP [Partido Popular español de Aznar], a vincularse a la solución bélica apoyando no sólo el componente social del Plan militar sino también la dimensión militar, condujo a los núcleos de decisión en Washington a la necesidad de formular una nueva estrategia en búsqueda del respaldo político y el apoyo financiero europeo para «el fortalecimiento institucional y el desarrollo social», indispensable para asegurar el control militar del territorio, en especial en las zonas en donde estaba previsto realizar repoblamientos que consolidaran el exterminio o el destierro y confinamiento urbano de la población civil.

Los atentados del 11 de septiembre del 2001 y la declaratoria de «Guerra Global contra el Terror» crearon el escenario internacional propicio a la unidad entre los EEUU y las instituciones europeas para el nuevo empeño.

El 19 de marzo del 2003, Colombia se convirtió en una moneda de cambio para no profundizar la fisura trasatlántica que se produjo con el ataque y la ocupación militar de Irak. La Dirección de Exteriores europea bajo la egida de Javier Solana ya venía trabajando en promover la unidad de las visiones encontradas en torno al privilegio de la violencia y el simulacro como componentes principales de la estrategia de pacificación idónea.

Los días 9 y 10 de julio del 2003, en Londres, los gobiernos estadounidense y británico con la gestión del CEPEI, Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, una entidad no gubernamental con sede en Colombia y financiada por la USAID con el encargo de reestructurar toda la cooperación internacional hacia el país, el apoyo del gobierno colombiano y la notoria imprevisión de las organizaciones no gubernamentales colombianas a las que se les encargo la organización de la presencia de la sociedad civil, lograron consolidar el apoyo político y financiero de la comunidad internacional más influyente en Colombia (G24) a la política de guerra de alta intensidad con bajo perfil mediático de la administración Bush-Uribe y al «Proceso de Paz» con las organizaciones paramilitares.

Este proceso ha sido catalogado por varias prestigiosas organizaciones internacionales de derechos humanos como un Simulacro para lograr el reciclaje y la legalización de las fuerzas paramilitares [20]. El respaldo internacional otorgado en Londres a este proceso, se amplió con las Conclusiones del Consejo Europeo de 2004 [21], en el que se decidió un «compromiso político y financiero evolutivo y condicionado» y en la reunión del G24 en [la ciudad de] Cartagena [Colombia] en febrero del 2005.

En octubre del 2005 el apoyo se profundizó con el respaldo político y financiero del Consejo y la Comisión Europeas a la Ley de Justicia y Paz, actuando en contravía de su discurso sobre los principios de respeto a los derechos humanos, rechazo a la impunidad y la protección a los defensores de derechos humanos que afirman guía la política exterior europea [22]. El Consejo y la Comisión Europeas dieron así, como lo ha señalado Amnistía Internacional [23], un paso decisivo en el proceso de asegurar la impunidad sobre crímenes de lesa humanidad, garantizar la legalización de las tierras robadas con acciones atroces y el terror y en aumentar la vulnerabilidad no sólo de quienes defienden los espacios democráticos y los derechos fundamentales de la población civil, sino de cualquier ciudadano que rechace el control regional mafioso que esta en proceso de consolidación.

La Ley de «Justicia y Paz» fue aprobada el 22 de junio del 2005 y el 4 de julio, el mismo [diario] New York Times, señaló en su columna editorial: «Colombia acaba de aprobar una ley para la desmovilización de paramilitares. El gobierno la denomina “Ley de Justicia y Paz”» pero más bien debería llamarse «Ley de impunidad para asesinos en masa, terroristas y principales traficantes de cocaína» (...). La administración Bush podría haber presionado al Presidente Álvaro Uribe para que aprobase un buen proyecto de ley.
En cambio, el embajador William Wood ha apoyado con entusiasmo la nueva ley, proporcionando el aval de Washington a la capitulación de Colombia con la mafia terrorista. Este editorial refleja las visiones encontradas que hay en los Estados Unidos sobre la «Guerra contra el narciotrafico» y la ausencia de un consenso bipartidista sin fisuras en torno a la alianza con sectores del narcotráfico para librar la guerra contrainsurgente.

También una parte de los sectores de poder europeos reacios a ser vinculados directamente o por tolerancia con los flujos financieros provenientes de los diversos tráficos ilegales, en especial el gobierno francés- no entraron de lleno en el apoyo de la Ley y condicionaron su apoyo por: «Violación del cese de hostilidades; impunidad de hecho; ausencia de tratamiento de las implicaciones con el narcotráfico y la falta de voluntad de desmontar el paramilitarismo y las conexiones con el Ejercito» [24].
Sin embargo, con todos los matices, la opción decidida, pese a las alertas de las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos - incluida la oficina de la ONU en esta materia - fue la de respaldar la Ley.

La «Comisión de Reconciliación y Reparación» creada en la Ley de «Justicia y Paz», por ejemplo, que no es independiente, ni contempla los mínimos de «Verdad, Justicia y Reparación» que exigiría un proceso real de reconciliación y paz, obtuvo el apoyo del actual gobierno socialista español [25].
Este gobierno [español], decisivo en la Unión Europea en lo relacionado con América Latina, desarrolla algunas acciones puntuales de cooperación real con la defensa de los derechos humanos, pero privilegia cada vez más en la política exterior en la región los análisis del muy discreto pero muy determinante «Observatorio para Empresas de Latinoamérica» - centro de análisis de las principales corporaciones españolas - más que los principios y los intereses generales de su propia población.

El peso determinante del tandem corporativo sobre la política exterior en la región y su temor frente a las acciones independientes que han acontecido en Venezuela, Argentina y Bolivia, y que están produciendo un rápido «contagio» de las demandas de soberanía y cese del expolio corporativo, han conducido a España y a la Unión Europea a profundizar en el realineamiento en el trazado imperial del gobierno estadounidense sobre la región.
El lunes 19 de junio de 2006 en la reunión entre [la norteamericana] Condolezza Rice y [el español] Miguel Ángel Moratinos en Washington, la secretaria de Estado afirmó norteamericana: Hemos hablado muchísimo de América Latina, donde España y Estados Unidos comparten interés y herencia.
Con relación al gobierno de Hugo Chávez, Kurt Volker, subsecretario para Europa del Departamento de Estado, señaló: estábamos más separados antes, pero ha habido una aproximación; ahora hay más convergencia.
Con relación a la acción conjunta sobre Colombia no mencionaron ninguna diferencia.

Sin embargo, las condiciones actuales de la geopolítica energética que establecen un complejo escenario en el que las políticas estatales que garanticen los suministros energéticos a sus poblaciones se tornan vitales, y los intereses económicos de muchas corporaciones, que precisan estabilidad social y política en la región, no pueden dejar de ser tenidos en cuenta, pueden incidir al punto en que el gobierno español no entre a cumplir de lleno el papel aliado subordinado en el agresivo y riesgoso trazado imperial del régimen Bush en América Latina.

Mientras tanto, al mismo tiempo que se incrementa el apoyo al simulacro que garantiza el control militar-social del territorio colombiano, el crecimiento del consumo de cocaína en la franja de jóvenes entre 14 y 18 años se multiplicó por cuatro en el estado español en los últimos cinco años, subiendo del 1.5 % al 6% de esta franja de población y, en Inglaterra, el consumo de cocaína en las edades comprendidas entre los 11 y los 14 años creció en un 100% en el año 2004-2005, llegando a los 65.000 niños consumidores [26].

En España 170.000 adolescentes admitieron haber tomado cocaína en el último año. [27]
También los beneficios del sector financiero con espacios en paraísos fiscales y con presencia en la región andina han experimentado notables incrementos. Igual ha ocurrido con las ganancias de las empresas productoras de fertilizantes utilizados en la siembra industrial de coca, de precursores químicos (ácido sulfúrico y perganmanato de potasio) utilizados en la producción de cocaína y de la empresa Monsanto que suministra los venenos utilizados en las fumigaciones (primero Glifosato y después Roundup ultra y ahora debaten el uso de armas biológicas).
También se han multiplicado las utilidades del conjunto de empresas estadounidenses y europeas que venden armamento y servicios de «seguridad» en este mercado floreciente y los beneficios de la red de poderosas corporaciones que pueden lucrarse con los diversos negocios que tienen lugar en este endeble «orden» sostenido en la represión y la mentira [28].

Es preciso dimensionar la magnitud de las cifras que arroja tan solo el negocio de la cocaína. El precio de venta final del gramo de cocaína en España es en promedio de 60 euros y sólo retornan a Colombia el 25% de ese valor, 15 euros, quedando el dinero restante en circulación en Europa. Otro tanto acontece con el flujo del narcótico hacia los EEUU.
Se calcula en 1,000 toneladas la producción anual colombiana: mil millones de millones de gramos. Aunque sólo fuese la mitad de esta cifra pavorosa traducida a euros o a dólares, nos encontramos frente a un poder financiero y corruptor descomunal en EEUU, la Unión Europea y Colombia, en un escenario en el que el dinero ha devenido el valor más perseguido, sin importar los medios utilizados para lograrlo.

Mientras tanto, la mayor parte de la población estadounidense y europea permanece totalmente alejada de los beneficios genuinos que emanarían de relaciones económicas, científicas y culturales con Colombia fundadas en la transparencia y la equidad.

La mayor parte de sus impuestos destinados a la «cooperación» con Colombia están siendo canalizados hacia el apoyo a este caótico proceso de pacificación y al precario control social y territorial apuntalado en la violencia y en una inestable impunidad selectiva.
Con esta dinámica perversa, sus impuestos terminan apoyando la prolongación del conflicto, la vulneración de los derechos elementales de la población civil y el flujo de narcóticos que se origina en algunas de las regiones «pacificadas».
Un despilfarro descomunal de inteligencia social y recursos financieros que podrían estar siendo encausados en curar las espantosas heridas causadas durante décadas y en el apoyo a una genuina y soberana democratización de la vida social, hoy marcada por la intimidación y el irrespeto cotidiano a los derechos más elementales de las comunidades. En el muy corto plazo un curso de cooperación genuina redundaría también en favor de la ciudadanía europea y estadounidense.

El tejido corporativo europeo y estadounidense celebra la «Política de Seguridad Democrática» en Colombia y los extraordinarios indicadores macroeconómicos que tantos beneficios les esta reportando, pero permanece absolutamente indiferente, al igual que la mayor parte de sus sectores políticos, ante el infierno humano producido con una confrontación sostenida y profundizada con voluminoso apoyo externo. Ha prevalecido la indolencia frente al destierro de tres millones de pobladores campesinos, indígenas y afro-colombianos, frente al exilio político o económico de cinco millones de colombianos y frente a los devastadores efectos y perdida de posibilidades culturales y económicas que esta dinámica acarrea para la ciudadanía europea y estadounidense.

No se han conmovido tampoco con los horrores inexpresables de la miseria material que castiga en el día a día a casi el 70% de la población, frente al torbellino de odio y corrupción que han desatado y han permanecido impávidos frente a la masacre inclemente del tejido social y el exterminio sistemático de lo mejor, lo más puro y más honesto del liderazgo popular, cuya perdida es inconmensurable para los pueblos de Colombia y aún no ha sido llevada al plano de la conciencia colectiva.

Un nuevo diseño estatal neocolonial en el Nuevo Siglo Americano

En una entrevista realizada por la revista Cambio en junio del 2006 a Thomas Shannon, Sub secretario de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental y experto en la región andina, comentó así la reelección presidencial de Álvaro Uribe el 28 de mayo por un nuevo periodo de cuatro años: Estas elecciones fueron muy importantes. Primero, porque mostraron claramente el compromiso del pueblo colombiano con la democracia. En segundo lugar, los votantes eligieron a alguien que le ha abierto al país nuevas posibilidades. Entonces la expectativa es seguir adelante con Colombia, con su gobierno y su pueblo, para fortalecer la democracia y profundizar el clima de seguridad que ha distinguido al gobierno del presidente Uribe..
Lo que no mencionó Shannon en ninguna parte, por supuesto, son las condiciones estructurales de la «democracia colombiana» y la «Pedagogía del Voto Capitalista» que se ha aplicado en el país durante más de cuarenta años para poder llegar a estos resultados [29].

Al sobreponer los mapas de los resultados electorales desde de los años ochenta, con los mapas de las masacres y el desplazamiento de la población civil, resulta estremecedor contemplar la coincidencias entre la geografía del proceso sistemático de exterminio y de destierro con los lugares donde la izquierda democrática o triunfo o donde la organización popular tenía alguna presencia.

Reconociendo, dentro de este marco, el contundente triunfo electoral del Presidente Uribe en la primera vuelta, con siete millones trescientos mil votos equivalentes al 27.5% del censo electoral, es necesario recordar que igualmente es cierto que la abstención alcanzó el 55% del censo electoral y que la mayor parte de la población se encuentra absorbida por la batalla diaria de la supervivencia y que no cree en esta democracia electoral sino que soporta como puede el régimen imperante y las enormes dificultades externas e internas de las formaciones políticas de oposición que laboran, en medio de las más temibles circunstancias, para construir un espacio ejemplar de otra forma de comprender y practicar la política que mereciera vertiginosamente la confianza de la mayor parte de la población hastiada con lo dominante [30].

Cuando el sistema mediático internacional habla entonces del «enorme respaldo democrático» lo hace no describiendo un hecho sino fabricando un estado de opinión que justifique ante sus propias poblaciones el apoyo de los gobiernos y las instituciones a la política de «Seguridad Democrática» que más podría denominarse con exactitud «Política de Seguridad Corporativa».

El peso enorme en la política interior colombiana de lo ordenado por la camarilla que gobierna en Washington, en especial en lo relacionado con la firma del TLC en las condiciones ruinosas impuestas por el gobierno estadounidense, la opción por el uso de la fuerza militar más devastadora para el logro de los objetivos económicos, ideológicos y estratégicos, la conducción estratégica de una guerra que desangra colombianos humildes de todos los uniformes, el aporte de una dantesca cuota en vidas humanas y en destinación presupuestal nacional a la «Seguridad Corporativa Multinacional» en Colombia, han conducido a que la declinante administración Bush haya reiterado públicamente su aprecio por el Presidente Uribe calificándolo como un «gobernante impresionante» y «su mejor aliado estratégico en la región».

El 50% del entrenamiento que ofrece la funesta «Escuela de la Américas» en América Latina esta dado a integrantes del ejercito colombiano. Tan solo entre 1999 y 2,003 , 28,200 militares colombianos recibieron ese entrenamiento. Al mismo tiempo las quejas recibidas en los organismos de control por actuaciones militares se multiplicaron pasando en 2004 de 600 a 1800 y en 2.005 a 7.000, según un informe de la Revista Cambio en marzo de 2.006.

También el apoyo decidido a la intensificación del uso de las fumigaciones que se realizan desde 1994, no sólo sobre los cultivos de coca, sino sobre las poblaciones que habitaban territorios identificados como objetivos prioritarios del control militar, ha sido celebrada por los sectores de ultraderecha de Washington [31]. Según los testimonios de los pobladores locales de Putumayo se han fumigado incluso los cultivos alternativos promovidos por el propio gobierno para reemplazar el cultivo de la planta de coca.

En el año 2005 se fumigaron 138,775 hectáreas y se erradicaron manualmente plantaciones de coca en 31,285 hectáreas. Con esta cifra el total de las fumigaciones realizadas supero la siniestra cifra del millón de hectáreas. El Departamento de Estado lo calificó el 2005 como un año record. Sin embargo el gobierno de los EEUU escogió el viernes santo, 14 de abril del 2006, a las 5.pm, para anunciar que en Colombia los cultivos de coca totalizaron 144,000 hectáreas en la última medición realizada. Pese a señalar que la enorme cifra se debe a un perfeccionamiento en los instrumentos de medición, la magnitud de hectáreas existentes es absolutamente lejana de los objetivos enunciados en 1999 cuando existían 122,500 hectáreas de coca y se propuso el Plan Colombia para reducirlos a la mitad.

La denominada «Política de Seguridad Democrática» puede ser comprendida entonces como un componente central de un proceso de rediseño estatal de largo aliento impulsado como un dispositivo imperial en zonas de inestabilidad en el marco de la fase militar de la globalización que se desenvuelve en los años del fin del petróleo.
Este engranaje se ha apoyado también en la cooptación de partes importantes del aparato de investigación a la guerra, para judicializar a las víctimas que se han atrevido a denunciar los crímenes y atropellos y para cesar los procedimientos en contra los grandes victimarios.

Además, inmediatamente después de los atentados del 11 Septiembre, el Pentágono insistió en la importancia de las «operaciones de Información para hacer de las mismas un arma en su totalidad como son las fuerzas aéreas, terrestres, navales y las fuerzas especiales».
En la preparación del terreno para la intervención en Irak acudieron a la propaganda sobre las «armas de destrucción masiva» y los «vínculos con el terrorismo internacional». En Colombia pusieron en marcha una descomunal operación de encubrimiento y desinformación nacional e internacional en la que la supuesta «Guerra Total contra el Narcotráfico y el Terrorismo» ha ocultado los pavorosos alcances de la verdadera guerra de exterminio adelantada contra la población que ideológicamente no es asimilable al trazado corporativo en territorios de riquezas incalculables [32].

Sin embargo, la guerra corporativa, estratégica e ideológica librada por el gobierno de los EEUU en Colombia bajo la mampara de la «Guerra contra el Narcoterrorismo» ha comenzado a evidenciar todas sus falacias.

Según el artículo de Garry Lech publicado en marzo del 2006 en la pagina web de ZNet: Después de seis años de pavorosas fumigaciones brutalmente intensificadas, el número total de hectáreas de coca cultivadas no se ha reducido. Las guerrillas de las FARC no han visto mermado su accionar, pese a la dramática reducción de los cultivos de coca en sus áreas de influencia en el sur y la reducción de los secuestros. La desmovilización de los grupos paramilitares, que los analistas internacionales coinciden en señalar como los responsables de gran parte de narcotráfico, se revela como una farsa que ha permitido sostener los flujos de suministro y evitar la extradición, pagando breves penas en lujosos ranchos [33].

Por otra parte el Instituto de Estudios Políticos de Estados Unidos, en asocio con el gabinete de abogados Brian Gaffney, han demandado judicialmente a la CIA para entregue los archivos sobre las relaciones que estableció en 1993 con los «PEPES» (narcotraficantes Perseguidos por Pablo Escobar) para acabar con Escobar. Los «Pepes» se convirtieron después en la parte fundamental constitutiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[sicarios paramilitares]. El tipo de monstruo que EEUU ayudó a crear fue, en muchos sentidos, peor que el que querían destruir, dijo el vocero del Instituto de Estudios Políticos, respecto a la metamorfosis de los «PEPES».

La descomunal operación de reingeniería social que artícula la fuerza militar más devastadora con mecanismos de control social financiados con recursos de cooperación internacional, principalmente estadounidenses y europeos, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, no ha hecho mella significativa en ninguna de las organizaciones armadas, ni ha significado algún avance hacia un estado legítimo por el respeto real a los derechos más elementales de la población civil. Por el contrario, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, las torturas, la represión sobre la protesta social y los escándalos de corrupción que vinculan diversos agentes estatales con el paramilitarismo han aflorado por caudales a la luz pública. Esta operación de reingeniería social se ha traducido en expandir y prolongar una cruenta confrontación que se ensaña con la población civil colombiana y con los jóvenes tempranamente arrojados a los horrores de la guerra y la miseria.

Los daños que se han causado a un pueblo hundido en una atmósfera de miedo, odio y sospecha son inconmensurables. Las decenas de miles de actos monstruosos cometidos durante décadas han infringido terribles heridas en la población.

Se ha represado hasta ahora un proceso genuino de paz que comience por curar los brutales estragos infringidos a las comunidades y a la tierra durante décadas y en el que todos los actores armados, incluido el Estado no fuesen las únicas y principales voces en un amplio y delicado proceso de autentica refundación participativa de la convivencia en Colombia.

Un proceso sincero de curación de las brutales heridas y los odios producidos durante largo tiempo. Un proceso sincero de construcción cotidiana de la paz, que aborde en forma decidida las raíces de la confrontación, que erradique sin contemplación los enquistamientos y los privilegios de saqueo que tanto sufrimiento humano han causado, que actúe, al mismo tiempo, sin ningún ánimo de retaliación, sin extradiciones y sin venganzas; y que consulte en forma real, no manipulada, a la población, sobre el orden social y economico en cuya construcción quiere participar.