Del tugurio informal al formal

El drama de la vivienda popular en Colombia crece día a día. El déficit urbano ya alcanza las 2.300.000 unidades, [1] el rural está en 1.800.000 unidades [2]. Es decir, cuatro millones cien mil familias sin techo propio. Hace 10 años el déficit cuantitativo de vivienda más conservador era de 1.800.000 unidades. El drama va desde los que no tienen ningún espacio para protegerse, hasta los que cuentan con uno insuficiente, mal hecho, muy pequeño, deteriorado.

Pero el déficit no es sólo en este campo. El deterioro del concepto de vivienda «digna» es terrible. Hace unos años el área de una vivienda popular (financiada por el Estado) era de 72 m2, hoy tan sólo alcanza los 36m2.

Se deteriora la vivienda y el mismo concepto que se tenía de esta. Diferencia que continúa ascendiendo pese a los anuncios del Gobierno de “propiciar” la construcción de 800.000 viviendas en los actuales cuatro años,.

El Gobierno entiende por “propiciar” ninguna responsabilidad directa del Estado distinta a garantizar el aporte de la nación en el Fondo Nacional de Vivienda, adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Las demás gestiones de financiación y construcción (donde está el negocio redondo de tan lucrativa actividad) la delegó a los particulares, y la parte crucial (que no genera utilidad propia sino para el anterior sector), la de los “procesos de divulgación, comunicación, información, recepción de solicitudes, verificación y revisión de la información, digitación, ingreso al RUP (Registro único de Postulantes del Gobierno Nacional), prevalidación, apoyo a las actividades de preselección y asignación a cargo del FONDO, seguimiento y verificación de los documentos” del subsidio a la demanda de vivienda familiar, se le encomendó a las Cajas de Compensación Familiar, mediante un Encargo de Gestión, teniendo que aportar estos gastos de sus propios ingresos, en desmedro de los beneficios de salud y educación que otorgan a sus afiliados. [3]

El Tiempo en su edición digital del 4 de diciembre de 2006, resaltó que “A pesar de ese enorme faltante de vivienda, millones de familias pobres no pueden acceder a una propiedad, bien porque no tienen para la cuota inicial o porque, no obstante ser beneficiarias de un subsidio que complemente el ahorro y puedan cumplir con este requisito, no logran un crédito del sistema financiero, o bien porque no tienen ninguna capacidad de ahorro”. Y en consecuencia, y como calmante para una grave enfermedad, se propone, por parte del presidente de Asocajas, Alvaro José Cobos, dos clases de subsidio ligado, no ya al estrato socio económico y al precio de la vivienda, sino a los ingresos familiares (reformilla que solamente recobra la disminución que sufriera este subsidio en el primer gobierno de Uribe y le recupera para el 2007 su pérdida porcentual por efectos de la inflación) (ver recuadro): $10.200.000 para familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, $ 8.160.000 para ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos e incrementos similares para las siguientes clasificaciones, pero siempre y cuando, advierte el presidente de Asocajas, que “la fórmula de financiación sea viable”, es decir, que pueda ser pagada por los eventuales beneficiarios y continúe siendo un negocio pulpo para el sector financiero, los grandes constructores, urbanizadores y traficantes del suelo disponible.

Los últimos gobiernos han empeorado la situación pese a las soflamas de hacer de Colombia un “país de propietarios” porque las evidencias de la realidad colombiana y las mismas cifras del Dane son más elocuentes que las palabras. El paliativo de los subsidios a la demanda de vivienda no deja de ser un mecanismo que elude de fondo el problema y al mismo tiempo acrecienta las ganancias de los grandes constructores y acaparadores del suelo urbano que aún existe en las grandes y medianas ciudades.

Derecho de contenido constitucional Sin realización

La Constitución colombiana en su artículo 51, proclama que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. A pesar de tener el Estado la responsabilidad constitucional de hacer “efectivo” este derecho, se queda sin realización, porque los programas y sistemas de financiación en boga, incluida la falacia del nuevo UPAC (UVR), impide que las familias más pobres adquieran su soñado inmueble y sólo quienes tienen dinero suficiente, sacrificando otros derechos fundamentales e hipotecando a toda la familia por lustros, acceden a un crédito oneroso a largo plazo, que no logra atenuarse con el cuenta gotas del subsidio oficial. ¡En Colombia no se fabrica ni financia vivienda para los más pobres!

Una vivienda digna no puede ser cualquier albergue de cuatro paredes

A finales de la década de los años sesenta el ICT y el BCH construyeron barrios enteros de envidiable calidad y financiación para sus adjudicatarios (por ejemplo, barrios Kennedy en Bogotá y La Palma en Medellín) sin que vieran mellados sus activos. Igual sucedió con el movimiento obrero, que lograba incluir dentro de sus convenciones la construcción de barrios, como el Barrio Obrero y Manchester, en Bello, Antioquia. Hoy su debilidad no le permite esas conquistas.

Pero las cosas han cambiado. Hoy encontramos viviendas con hasta 3 metros de lindero frontal y12 de largo, semejantes a vagones de ferrocarril o “verdaderos chorizos”, como dice la gente estupefacta. Espacios donde se pierden queridísimos derechos humanos al institucionalizarse el hacinamiento y la densificación extrema de las personas, con su secuela de patologías virales, sociales, por mencionar alguna, ya que también se disminuyen los espacios públicos y ambientales.

Un albergue digno, en tiempos de progreso tecnoló¬gico como los que hoy vivimos, no puede equivaler a estrechas covachas de ladrillo ranurado ubicadas en las laderas y zonas de alto riesgo, que lo único que las diferencia de un tugurio es la clase de materiales utilizados y el hecho de estar ligadas oficialmente a los servicios públicos, para efectos impositivos.

Vivienda digna tiene que ser aquella que esté a la altura de los adelantos de la humanidad en cuanto a espacio, comodidad, durabilidad, seguridad, espar¬cimiento y satisfacción de las necesidades esencia¬les que conforman la calidad de vida del ciudadano moderno, sin distingos de clase social. Por lo tanto, la habitación para uso familiar es un derecho inherente al ser humano que incluso está establecido en las normas constitucionales de todos los países del planeta y es el bien más costoso y durable a que pueda aspirar un ciudadano, teniendo que ser subsidiado por la sociedad en su conjunto.

Deterioro de un derecho fundamental

Delimitar el espacio de una vivienda y la calidad de sus materiales de fabricación y presentación, como ha sucedido en Colombia en el curso de los últimos 30 años, equivale a cercenar un derecho fundamen¬tal, disminuyendo su ejercicio por motivos econó¬micos y sociales.

Es lo que sucede con la versión propalada por los grandes consorcios de la construcción y financiamiento de vivienda, con la ayuda acuciosa del Estado y de la prensa oficialista, cuando determinan las medidas míni¬mas de una casa y las especificaciones de los productos con las que se debe edificar, o cuando le ponen tope a su precio. «Vivienda de interés social», «vivienda mínima», «lote con servicios», son expresiones de la infamante tesis de que los derechos de las mayorías nacionales son menores o inexistentes, mientras que una minoría opulenta goza de éstos en un 100%, además de otros privile¬gios desmesurados. [4]

La administración uribista, siguiendo al pie de la letra la política neoliberal de globalización y privatización dictada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun¬dial, le entregó por completo al sector financiero el derecho a vivienda digna que debe tener el pueblo: desmanteló el anterior ICT, liquidó lo que quedaba del Inurbe, vendió sus activos y obligó “por cuenta y riesgo de las Cajas en Unión Temporal” a cubrir parte importante de la gestión del subsidio que reclaman los ciudadanos sin techo.

No obstante el limitado subsidio del gobierno para quienes aspiren a una vivienda, ésta no disminuirá su costo final, porque su construcción pasó por entero a manos del capital privado que únicamente ofrece «soluciones» para rangos socia¬les que puedan pagar las altas cuotas de los pulpos financieros que estiman sus ganancias en 30-40% por “solución”. Además, este subsidio tiene problemas de «tramitología» que impide su entrega oportuna y llega directo a la cuenta de la empresa constructora como parte de la «cuota inicial», debiendo el usuario ajustar el resto del dinero con sus propios ahorros, y encamisarse en un oneroso crédito de una corporación que lo esquilmará durante por lo menos 15 años.

Por eso la única alternativa que permanece despejada para las clases desfavorecidas, es la ocupación de cualquier lugar en las empinadas y agrestes faldas urbanas y otras zonas de altos riesgo, y la densificación y hacinamiento poblacional en los cordones de miseria que circundan todas las ciudades del país.

La penuria de la vivienda será otra causa más para que las gentes sencillas unifiquen su inconformidad, tras la defensa del derecho democrático a vivienda digna, participando del más amplio frente unitario, ya que este propósito solo será posible alcanzarlo ampliamente en una patria soberana, democrática, próspera y en paz.

Se hace camino al andar. Propuestas:

Superar la grave situación que padecen los sectores populares, en el tema de vivienda, nos demanda abordar de inmediato tareas o retos, que le permita a los afectados afrontar, de manera mancomunada, la conquista de ese sueño que siempre carga toda familia en Colombia: tener un techo propio.

El reto eterno reposa en reforma urbana: tierra para todos. Ese es el sueño estratégico. Mientras se logra, los propósitos inmediatos no dan espera. Algunos de estos son:

1. Creación del Ministerio de la Vivienda y Desarrollo urbano, con presupuesto propio y aportes de la nación, que tenga la función de construcción y financiación subsidiada de vivienda con economías de escala, de acuerdo con un plan de ordenamiento urbano nacional, departamental y municipal.
2. Eliminación del sistema de financiación UVR para los sectores populares, y creación de un sistema de pagos subsidiado por el Estado, incluso con aportes en cuentas especiales de los futuros adjudicatarios, al estilo del Fondo Nacional de Ahorro, para las familias con cero ingresos hasta 3 salarios mínimos, y refinanciación y reliquidación subsidiada a los actuales adjudicatarios que se encuentran en mora en el pago de sus obligaciones hipotecarias, debido a condiciones sociales y económicas de la cual no son responsables, entre los cuales existe un alto número de familias provenientes del desplazamiento rural y urbano.
3. Creación del Banco de Tierras urbanas y rurales urbanizables, con destino a programas de vivienda popular. Inventario público y expropiación (con declaración de interés público) de la tierra de los grandes acaparadores y especuladores urbanos. Control de los precios del suelo por parte del Ministerio de la Vivienda y tributación especial y exención de impuesto predial unificado por 10 años, para las viviendas adjudicadas y que se adjudiquen.
4. Eliminación de las curadurías urbanas privadas y reasignación de funciones a las oficinas de planeación municipal, con control del Ministerio de la Vivienda, pues aquellas han servido al capital y a los especuladores de vivienda para incrementar el costo del suelo y encarecer los programas populares, además de subir las tarifas de construcción, refacción y adecuación de millares de familias pobres que viven en condiciones deplorables de hacinamiento e insalubridad habitacional.