El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) destaca que las “reformas estructurales” constituyen uno de sus cuatro “valores tutelados”; además, señala que entre sus objetivos se encuentra “facilitar” la aprobación de las mismas.

“El servicio de inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad nacional de México”, como se autodefine el Cisen, justifica su empeño en la imposición de las “reformas estructurales” al considerar que “la convergencia entre intereses particulares legítimos y el interés nacional es la clave del éxito de las políticas de Estado incluyentes y de largo plazo”.

En la “Nota metodológica para construir agendas de riesgos”, documento de cinco páginas elaborado por el Centro en febrero de 2006 y obtenido por Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se establece que entre los “temas” que rigen sus actividades desde el “último lustro” se encuentra la promoción de “cambios en las estructuras organizativas y jurídicas de diversos sectores estratégicos”.

Las “reformas estructurales” promovidas por los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón han sido, principalmente, energética, laboral, hacendaria o fiscal y de seguridad social y pensiones.

Al considerar que la aprobación de las reformas estructurales es uno de sus objetivos prioritarios, el Cisen estaría investigando a los partidos políticos, organizaciones sociales e individuos que se oponen a ellas, y, a decir del especialista en Seguridad Nacional José Luis Piñeyro, el régimen seguiría utilizando a los órganos de inteligencia no para proteger los intereses nacionales, sino los de un gobierno y, particularmente, de “la oligarquía” que se ha apoderado de él.

Para el maestro en Sociología por la Universidad de Roma e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana “la seguridad nacional tiende a ser una seguridad de gobierno y de la oligarquía en sus tres niveles: económico, constituido por el gran empresariado nacional y trasnacional; mediático, representado por el duopolio televisivo, y político, donde se reproduce una clase incluso de corte familiar”.

El doctor en Estudios Latinoamericanos y también especialista en seguridad nacional Raúl Benítez Manaut considera que “en democracia es legítimo oponerse a las políticas de un gobierno, pero dentro del marco legal establecido”.

Para el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y del Center for North American Studies de la American University, las reformas estructurales podría considerarse parte de la “seguridad nacional a futuro” porque “se supone que son para fortalecer a Estado mexicano”.

Sin embargo, reconoce que “en México es una constante que el Estado y las instituciones gubernamentales sean utilizados por pequeños grupos de poder; en ese caso se actúa en contra de la razón de Estado y el interés de la nación”.

De acuerdo con el documento, el Cisen tiene como misión “desarrollar y operar un sistema de investigación y análisis de inteligencia estratégica, táctica y operativa que genere información para la toma de decisiones”. Todo ello con los objetivos de alertar acerca de las amenazas y riesgos internos y externos a la seguridad nacional y de preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado.

Según la “Nota Metodológica”, la Agenda Nacional de Riesgos es el “documento rector” de las actividades del Centro. Se determina anualmente y, además de “facilitar” la aprobación de las “reformas estructurales”, tiene como objetivos “preservar” la seguridad nacional; “asegurar” la gobernabilidad democrática, y “proteger” el estado de derecho.

Seguridad nacional

Para el Cisen, es asunto de seguridad nacional “toda aquella problemática actual o potencial que afecte la integridad, la estabilidad o la permanencia del Estado mexicano, así como los objetivos nacionales permanentes plasmados en la Constitución”.

Los temas en materia de seguridad nacional del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación son los grupos armados; las fronteras y migración; el crimen organizado; el terrorismo y la dinámica demográfica.

Los grupos armados son definidos como “organizaciones que propagan cambios políticos o sociales por medio de la violencia y la ruptura del estado de derecho”. En materia de Fronteras y Migración, el Centro señala que contribuye a “preservar” las fronteras y evitar el tráfico ilegal de personas.

Mientras, considera que el crimen organizado es originado por la “porosidad de las fronteras”, pues a través de ellas se trafican armas, drogas y bienes. Con ello se deteriora la salud pública, se corrompen las instituciones y se distorsiona la economía.

Atendiendo a la política internacional estadunidense que coloca al terrorismo como tema prioritario, el Cisen señala que son sujetas de investigación “las actividades en México de grupos o de organizaciones extranjeras orientadas a forzar cambios en la sociedad y en la política de sus países o de terceras naciones por medio de la violencia para infundir temor entre la población y crear un ambiente de incertidumbre ciudadana”.

La dinámica demográfica constituye otro de los ejes temáticos en materia de seguridad nacional, pues “la migración campo-ciudad, hacia el extranjero y el cambio en la estructura poblacional constituyen riesgos y oportunidades estratégicas en el corto y mediano plazos para nuestro país”.

Nada señala el Cisen de la pérdida de soberanía alimentaria, el cambio climático y la precariedad económica de la población, temas que públicamente se han discutido al realizar las agendas de riesgos de Estados Unidos, Europa e incluso países latinoamericanos como Argentina.

Gobernabilidad

Para “asegurar la gobernabilidad democrática” el Centro escudriña la relación entren la federación, los estado y los municipios, y los procesos electorales.

Según el Cisen, “la madurez democrática de la república y el desarrollo de numerosos polos de desarrollo, conllevan cambios que conviene acordar en las reglas de la relación entre los tres niveles de gobierno para fortalecer el pacto federal, los estados libres y soberanos y el municipio libre”.

El organismo de inteligencia reconoce que la delincuencia organizada tiene capacidad para incidir en los procesos electorales: “En plena normalización de la competencia política debe acotarse el riesgo que conlleva para el juego democrático la eventual penetración del crimen organizado”.

La protección del cuarto “valor tutelado”, el estado de derecho, se logra, a decir de la “Nota Metodológica”, con la defensa institucional. “Las instituciones de la república deben encontrarse protegidas de cualquier acto ilegal contra los bienes nacionales y la seguridad de sus altos funcionarios, para mantener todas sus capacidades de gobierno”.

Contralínea requirió al Cisen copia de la Agenda Nacional de Riesgos, documento que –de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005– se desprende del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa para la Seguridad Nacional.

La dependencia no objetó su entrega, pero en su lugar proporcionó la “Nota Metodológica para Construir Agendas de Riesgos”. De acuerdo con José Luis Piñeyro, la Agenda debe ser un documento público porque no contiene información que ponga en riesgo la seguridad del Estado, sino que se limita a señalar cuáles son los temas sociales, políticos, económicos y ambientales que el Consejo de Seguridad Nacional considera riesgos a la seguridad nacional.

La Agenda Nacional de Riesgos se determina anualmente. El Cisen organiza reuniones entre sus “áreas sustantivas” para proponer un borrador al Consejo de Seguridad Nacional.

La “Nota Metodológica” señala que “en dicho ejercicio se toman en cuenta los temas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, los planes sectoriales derivados de él pertinentes a esos temas, la Agenda Nacional de Riesgos del año que concluye y la necesidades de información de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional.

“Dichas reuniones adoptan el formato de mesas redondas donde se debaten temas específicos. Su objetivo es determinar escenarios plausibles y a partir de ellos, sugerir políticas públicas que se materializan en acciones destinadas a mantener a integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.”

Sobre la utilización de organismos como el Cisen y la sección segunda del Estado Mayor del Ejército para preservar intereses particulares y no los de la nación, Benítez Manaut señala que “en México no hay mecanismos eficaces de control social de los servicios de inteligencia”.

El investigador agrega que “el Estado mexicano ha inventado unas leyes que continúan con el sigilismo. En la actual Ley se incluyen muchos aspectos como asuntos de seguridad nacional cuando no lo son. Con ello evitan divulgar información. En México hay un gran atraso en la construcción de mecanismos de control social de los servicios de inteligencia”.

Fuente: Revista Contralínea
Publicado: Mayo 2a quincena de 2007

Las reformas estructurales

En materia energética, los gobiernos de los últimos tres sexenios han propugnado la privatización de las empresas productoras de combustible y energía (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, entre otras), mientras que en el tema laboral, han buscado simplificar contrataciones y despidos, así como permitir el trabajo a destajo y reducir las obligaciones que los patrones actualmente deben cumplir ante los obreros y el Estado.

Con la reforma hacendaria o fiscal se pretenden implantar sistemas simplificados de recaudación, con tasas bajas y amplia cobertura, “imposibles de evadir”, como el impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas.

La reforma al sistema de pensiones y seguridad social se consolidó casi en su totalidad durante los dos últimos sexenios, al aprobarse que los fondos de ahorros de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE se ubicaran en cuentas individuales manejadas por Administradoras de Fondos para el Retiro. (ZC)

Integrantes del Consejo de Seguridad Nacional

El Consejo se integra por el presidente de la república; el director general del Cisen; los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina Armada de México, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Función Pública, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, y el procurador General de la República.