Hubo varios actos de protesta de los periodistas: en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Chiapas, Sinaloa y en la capital del país, principalmente, activados por los homicidios, agresiones, abusos judiciales por difamación, injurias, calumnias y otras presiones más contra los comunicadores. Uno se realizó frente a las instalaciones de la Suprocuraduría de los Derechos Humanos de la PGR, que encabeza el abogado Juan de Dios Castro Lozano, de quien depende la Fiscalía para Delitos contra Periodistas (y donde, con anuencia de su amigo Felipe Calderón, impuso a Octavio Alberto Orellana Wiarco).
Y como la derecha panista, en sus dos versiones: foxista y calderonista, es la continuidad de una alternancia presidencial, son corresponsables del saldo sangriento que arrojan sus seis años con seis meses en la PGR, de cuyo titular Eduardo Medina Mora depende, contra viento y marea de las peticiones para otorgarle autonomía el Ministro Público Federal.
Medina Mora, Castro Lozano y, no por recién nombrado menos responsable, Orellana Wiarco, están dispuestos a no ejercer la menor acción penal contra quienes se han levantado denuncias ya ratificadas, entre los cuales hay gobernadores, porque tienen órdenes (no hay otra explicación) superiores, es decir, del propio Felipe Calderón, de no enemistarse con ningún funcionario al que se impute la comisión de presuntos delitos contra las libertades jurídicas de prensa.
El último informe que maneja el gremio periodístico es de 32 periodistas asesinados. Treinta durante el foxismo. Y dos en lo que va del calderonismo. Sin contar desapariciones, agresiones y presiones (como la elaboración de listas negras, para negar publicidad a los medios como Proceso, Por Esto! y Contralínea, que se hacen en Hacienda, Gobernación y Los Pinos). Hay una deliberada y autoritaria conducta calderonista contra las libertades constitucionales de la prensa escrita.
Se acumulan en la PGR las denuncias y cada vez que los periodistas se presentan a ratificarlas, el ministerio público insiste en que deben presentarse más pruebas y que “la investigación sigue su curso”, sin que exista la voluntad para actuar. Estos tres personajes se han puesto de común acuerdo, en una complicidad de denegación de justicia, porque han decidido que los funcionarios implicados están por encima del imperio de la ley. Impunidad y encubrimiento es la bandería de la PGR para ponerlos a salvo. Éstos hacen el trabajo sucio junto con la delincuencia organizada, para agredir y quitar de en medio a los periodistas que les molestan y estorban.
¿Cuántos periodistas muertos necesita la PGR? ¿Cuántas denuncias? ¿Cuántas ratificaciones? ¿Es infinita la presentación de pruebas? Se trata de prolongar las averiguaciones, hasta integrar voluminosos expedientes que no salen de Paseo de la Reforma 212-213, esquina con Río Guadiana, en la colonia Cuauhtémoc. Y que van al archivo muerto. Y mientras tanto los periodistas, por su trabajo, siguen siendo víctimas del abuso del poder de quienes pisotean los derechos humanos.
En el día mundial de la Libertad de Prensa, los periodistas denunciaron públicamente las deliberadas acciones de Medina Mora, Castro Lozano y Orellana Wiarco para impedir que prosperen las imputaciones contra quienes mandan matar periodistas y los agreden, para impedirles cumplir con su deber de llevar hasta sus últimas consecuencias el periodismo de investigación que exhibe los abusos de los malos gobernantes. Igual actúan las procuradurías de los estados, para dejar a los mexicanos en la total indefensión en el contexto de también la total impunidad.
Fuente: Revista Contralínea
Fecha de publicación: Junio 1a quincena de 2007
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