La falta de formación técnico-jurídica –que implica el uso proporcional de la violencia, el manejo de las armas, requerimientos, formas de intervenir y los procedimientos de prevención e investigación– provoca los excesos cometidos por la policía, señala Carlos Silva Forne, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Sostiene que las formas y mecanismos que se utilizan para el reclutamiento de personal favorece la inclusión de miembros que están por debajo de la responsabilidad que implica el uso de la coerción legítima. A esto se suman las bajas exigencias en el reclutamiento y la desinformación sobre antecedentes y grupos de pertenencia de los reclutados.

En su informe de 2007, Amnistía Internacional documenta tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, atribuidos a elementos de seguridad pública; así como procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en el ámbito estatal.

Al respecto, el organismo menciona el caso Oaxaca: “en junio del año pasado, la policía del estado usó fuerza excesiva contra los maestros en huelga que habían ocupado y paralizado el centro de la ciudad. Según los informes, agentes, en muchos casos vestidos de civil, dispararon contra personas partidarias de la APPO, causando la muerte al menos a dos de ellas e hiriendo a muchas más. Durante la crisis, la policía estatal detuvo arbitrariamente, recluyó en régimen de incomunicación y torturó a varios maestros y partidarios de la APPO antes de presentar cargos basados en pruebas presuntamente falsificadas”.

René Jiménez, director de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, comenta que para los altos mandos policiales de México no es importante la enseñanza de sociología de la delincuencia en sus elementos. Antes que buscar la capacidad de análisis en el momento del conflicto, los “comandantes piensan que el policía tiene que detener a la gente, no entenderla”.

Sobre los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, Amnistía Internacional indica que la policía utilizó gas lacrimógeno, porras y armas de fuego durante la detención discrecional de 211 personas, a quienes golpeó y torturó.

Para Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, la capacitación que se les da a los policías en México no está orientada a la prevención y solución de problemas sino, por el contrario, a la reacción de los cuerpos de seguridad. “Aquí les dan una capacitación pensando que todos los policías van a salir siendo Rambo”.

La represión de los movimientos y manifestaciones sociales es constante. El 20 de abril de 2006, en Michoacán, cuerpos de seguridad, federales y estatales, desalojaron a mineros en huelga que bloqueaban el acceso a la planta siderúrgica Lázaro Cárdenas. En la refriega, la policía asesinó a José Luis Castillo Zúñiga y Héctor Álvarez Gómez. Otras 54 personas resultaron heridas.

En octubre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó investigar la “probable” actuación ilegal y el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, las autoridades se negaron a dar cumplimiento.

Corrupción policiaca

Desde 2005 el personal de seguridad pública debe presentar obligatoriamente exámenes de evaluación –médico, toxicológico y psíquico– una vez al año. En el apartado Mecánica Operativa (cláusula séptima) de los programas del Eje de Profesionalización, se establece que la vigencia de las evaluaciones medicotoxicológicas es de un año, mientras que la vigencia de las evaluaciones de personalidad y de habilidades psicomotrices es de dos años.

Arturo Arango dice que realizar los exámenes correspondientes a más de 400 mil elementos de seguridad pública que hay en el país conlleva un costo muy elevado, superior a los 500 millones de pesos.

El investigador reconoce la necesidad e importancia de llevar a cabo las evaluaciones, porque es la única manera de conocer si los elementos cuentan con aptitudes necesarias para desempeñar el cargo que se les confiere. Pero considera que dichas evaluaciones deben ser ejecutadas por un organismo ciudadano, con patrimonio propio, ya que los cuerpos de seguridad pública no pueden ser juez y parte en el tema.

De acuerdo con René Jiménez, investigador de la UNAM, una prueba de polígrafo cuesta 3 mil pesos y un examen toxicológico 2 mil, incluso el ascender de nivel tiene precio. Agrega que tanto las condiciones salariales como la situación que los policías enfrentan cotidianamente son factores de corrupción. Ya que muchos de los oficiales tienen que pagar por privilegios dentro de las dependencias.

La aplicación de las pruebas se estableció, por un lado, para obtener un diagnóstico claro y veraz en los procesos de selección e ingreso y, por otro, para garantizar la igualdad de oportunidades, y de esta forma seleccionar a los más aptos en la implementación del Servicio Civil de Carrera.

Sin embargo, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2005, las secretarías de Seguridad Pública de los estados incumplieron la realización de las pruebas a sus elementos.

En ese año México, contaba con 363 mil 80 elementos de seguridad pública, de los cuales, 19 estados concentraron 222 mil 971 de ellos, y 13 entidades se los 140 mil 109 restantes.

De los 363 mil 80 elementos de seguridad federal y estatal existentes en 2005, tan sólo el 2. 2 por ciento (8 mil 142 policías) presentó examen médico, el 1. 6 por ciento (5 mil 808) la evaluación psicológica y el 6. 9 por ciento (25 mil 247) toxicológica.

Respecto de los exámenes toxicológicos, sólo se aplicaron a 25 mil 247 del total de los elementos. El mayor número de pruebas, 23 mil 330, se concentró en Tamaulipas, estado de México, Durango, Morelos, Michoacán y Veracruz. La entidad que no reportó acciones de esta naturaleza fue Colima.

En relación con el examen médico, los 8 mil 142 elementos evaluados se localizaron en 27 estados y el Distrito Federal. La mayor cobertura en este tipo de evaluaciones se encontró en Tamaulipas y Morelos, que registraron niveles del 46.6 y 23.5 por ciento, respectivamente. Sin embargo, entidades como Colima, Durango, Guanajuato y Querétaro no registraron este tipo de exámenes para su personal de seguridad pública.

En el caso de los exámenes de conocimientos generales, la auditoría detectó que no se efectuaron o no se reportaron los resultados del Distrito Federal, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Yucatán.

La evaluación psicológica se practicó a 5 mil elementos, de los cuales el 69 por ciento (4 mil 7) correspondieron a los estados de Morelos, Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo. En tanto, la ASF destaca que Colima, Durango, Guanajuato y Nayarit no reportaron datos en esta materia.

Sin capacitación

René Jiménez comenta que, en Estados Unidos, a los policías del FBI los entrenan durante cuatro años en diferentes disciplinas y, para poder salir a la calle, tienen que pasar mínimo dos años más. En México preparan a los policías en dos o seis meses, “la mayoría de los oficiales no son capaces de manejar un arma y por ello suceden un gran número de accidentes, en algunas ocasiones fatales”.

El especialista agrega que en países como Estados Unidos, Chile y España a sus elementos de seguridad les dan cursos sobre ética de servicio. Es evidente que en México no se da este tipo de materia, dice.

Carlos Silva señala que, si las organizaciones de seguridad pública en el país convalidan el uso de la fuerza pública discrecional, resultará poco efectivo el pretender que con una capacitación, el personal policiaco realice su trabajo de forma adecuada. Agrega que los policías aprenderán cómo son las prácticas reales dentro de la institución en la cual se desenvuelven.

“Aunado a que no reciben la capacitación adecuada para salir a la calle, entran motivados porque ya pertenecen a redes de corrupción y pueden participar de algunos negocios que hay dentro de los cuerpos policiacos”.

José Arturo Yáñez Romero, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en su artículo Fuerza pública y uso policial de la fuerza en México, menciona que, aunque los policías preventivos y judiciales portan armas de alto calibre y bastones o tonfas para defenderse o agredir, no existe norma municipal, estatal o federal que otorgue expresamente facultades de uso de la fuerza y de armas de fuego.

“Debido al silencio legal sobre la función policial respecto del uso de armas de fuego, se puede entender la mala y raquítica capacitación. Resulta incierto revisar o supervisar atribuciones normativamente inexistentes para la policía, como el uso de la fuerza e instrumentos técnicos, candados de manos, spray, bastones, etcétera”, dice Yáñez Romero.

Cultura policiaca

Carlos Silva, investigador de la UNAM, menciona que el peso de la cultura informal de los policías es la explicación más común de las prácticas de su trabajo. Al respecto, ha identificado tres aspectos de la cultura policial: una cultura de la sospecha basada en gruesos estereotipos, solidaridad interna y aislamiento social.

El especialista en temas de seguridad pública dice que la cultura de la sospecha es una tendencia a juzgar rápidamente a la gente como infractora o "peligrosa". En los cuerpos policiacos la efectividad aparece como un valor por encima de una estricta profesionalización en las funciones a desempeñar, lo cual favorece la ocurrencia de conductas abusivas.

Profesionalización, necesaria

Armando Barreiro, secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, considera como infructuosos todos los mecanismos de integración policial que se han establecido para el mejoramiento del servicio. Ya que mientas no se cuente con una policía profesional y capacitada, la corrupción dentro de los cuerpos policiacos seguirá imperando.

Agrega que se debe aplicar una política de Estado que permita la profesionalización de los elementos de seguridad pública en todo el país, la cual debe contemplar que toda persona con intenciones de integrarse a la policía debe contar con una carrera profesional concluida y cubrir los perfiles psicológicos, médicos, toxicológicos y de conocimiento suficientes para poder brindar a la ciudadanía un mejor servicio.

También, dice, aunado a la capacitación deben darse mejores remuneraciones salariales, porque los sueldos bajos que perciben los oficiales favorecen la corrupción. Asimismo, deben aumentar los esfuerzos en cuanto a las evaluaciones médicas y toxicológicas que realiza la Seguridad Pública en todo el país.

Revista Contralínea
Fecha de publicación: Agosto 2a quincena de 2007