En Veracruz, los comunicadores son el blanco móvil de quienes no aceptan “el bozal o el dinero”, acusan organizaciones no gubernamentales y periodistas
El derecho a la información está bajo la dureza de las armas en Veracruz. El martes 28 de agosto, cinco balas calibre .223 de uso exclusivo de las fuerzas armadas fueron depositadas ante la puerta del domicilio de Martín Serrano Herrera, director del Diario Tribuna. Al presentar su denuncia ante el agente del ministerio público, este servidor público interpretó la amenaza: “cinco balas, una por cada uno de los miembros de su familia”. Para que el periodista comprendiera de modo claro y sin titubeos la intimidación, los proyectiles estaban semienvueltos en una página del Diario Tribuna de Xalapa. Esa edición hablaba de que el gobernador veracruzano Fidel Herrera reprime a la prensa crítica. Periodistas veracruzanos no ven en ese acto un ataque personal contra el director del diario, sino que lo consideran como parte de la persecución y acoso que en esa entidad padecen los trabajadores de los medios de comunicación y que organizaciones nacionales e internacionales han denunciado.
El 24 de julio pasado, el Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión emitió su Reporte 435, que describe la situación de los comunicadores en la región. En esa oportunidad asistió Gerardo Perdomo Cueto, director general de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, quien afirmó que de abril a junio de este año se recibieron 54 quejas de reporteros por agresiones, entre ellas, ocho denuncias penales. De acuerdo con Perdomo, las ciudades que registraron agravios a periodistas son Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jáltipan, Los Naranjos, Tres Valles, Las Choapas, Huatusco y Hueyapan de Ocampo. El funcionario describió que los agravios registrados en las demandas y quejas atendidas han sido por robo, abuso de autoridad, amenazas, lesiones y privación ilegal de la libertad. En el mismo tenor fue el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que calificó como "alarmante" la violencia contra periodistas en México, y expresó su consternación por las amenazas de muerte que han recibido dos periodistas en Veracruz. Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, urgió al gobierno de México, a los medios de comunicación y a los periodistas en general a “tomar acción inmediata para quebrar el patrón de violencia que los afecta”. La SIP también se refirió a la amenaza que recibió el periodista gráfico Saúl Contreras, del diario El Mundo, de Córdoba.
El 2 de diciembre, Contreras viajaba a bordo de su motocicleta por la carretera Fortín-Huatusco cuando cuatro sujetos lo amagaron con pistola y lo golpearon al tiempo en que le gritaron: "¡Tú eres el próximo sentenciado a morir por tus publicaciones!”. Al día siguiente, Rafael Saavedra, otro periodista de El Mundo, recibió amenazas contra su vida, por lo que el diario publicó una editorial en la que atribuyó al crimen organizado esa intimidación contra sus dos trabajadores. Días antes, el 21 de noviembre, el periodista Roberto Marcos García fue asesinado en Veracruz. Este reportero cubría temas policiacos, y sus colegas coinciden en señalar que en el estado “es un riesgo contra la vida, publicar información sobre la delincuencia organizada”. Me robaron la vida El recuento de las agresiones que ha sufrido Martín Herrera es largo. Apenas el 27 de julio una persona desconocida lo fotografió con un celular, sin que el periodista comprenda la razón de esa acción. Dos días después, observó que faltaba un tubo de agua en el exterior de su domicilio; se trataba de la misma pieza que meses atrás tuvo que reponer porque le fue robada.
Tiempo después volvió a ser fotografiado con un celular, esta vez por un sujeto con uniforme de Tránsito municipal, quien al ser sorprendido en esa actividad le espetó al periodista: “No vales nada”, “no vales la pena”, “te conocemos muy bien”. El 3 de agosto Martín Herrera solicitó medidas de salvaguarda, seguridad o protección para sus colaboradores, su familia y su persona por las graves amenazas que ha recibido. Desde el 12 de abril de 2005, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó al gobernador veracruzano que hiciera “lo necesario para resguardar su integridad física”. Nada de esto se cumplió. “Ya me han robado un periódico, me han robado la tranquilidad y me han golpeado porque ven que conmigo no funciona el bozal”, expresa Martín Serrano apenas una semana después de recibir el “mensaje” con las balas.
El director del Diario Tribuna acusa que desde hace siete años ha sufrido la persecución física y económica desde el poder estatal, por lo que hizo una denuncia y se abrió la averiguación previa 186/2007 en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que su caso sea atendido por el gobierno federal y salga de las manos de la justicia local. Durante tres horas Martín Serrano rindió declaración. El interrogatorio de los agentes de la Procuraduría fue exhaustivo; escucharon sus argumentos para convencerlos de que el caso debía pasar a cargo de esa instancia federal, pues no confía en las pesquisas del gobierno del estado. “Son juez y parte, son empleados del gobierno y los denuncio a ellos mismos, ésa es la encrucijada”, comenta el periodista. Veracruz, foco rojo Su desconfianza tiene fundamento, en los últimos años Veracruz ha sido escenario de amagos, desapariciones inexplicables y asesinatos contra profesionistas de la comunicación que mantienen una posición crítica ante los excesos del poder local, como ocurrió con Adolfo Sánchez Guzmán, asesinado en Orizaba; Raúl Gibbs Guerrero, asesinado en Poza Rica, y Marcos García, en el puerto de Veracruz.
La respuesta de los funcionarios de la PGR en la ciudad de México a Serrano Herrera fue: “Se va a investigar minuciosamente para fincar las responsabilidades correspondientes, sin dudas ni temor”. De igual manera fue la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que abrió el expediente 2007/3606/5/Q. Este organismo se comprometió a investigar las agresiones en contra del Diario Tribuna y de su director general. Luis Raúl González Pérez, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos, manifestó que la CNDH ha dado seguimiento, desde hace años, a la violación de las garantías fundamentales de los periodistas veracruzanos, en general, y de los trabajadores del Diario Tribuna y de Serrano Herrera, en particular. En esta ocasión, esa institución se comprometió a realizar una indagación exhaustiva. Sin embargo, Martín Herrera manifiesta su desaliento. “Espero que la denuncia tenga efectos. Ya intentaron matarme y ahora pretenden lograr su objetivo matándome por la panza –por hambre– y no han podido. Aunque estoy a resguardo en la oficina, cuando salgo estoy inseguro”.
Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: Octubre 1a quincena de 2007
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