Mientras que Cochoapa El Grande, Guerrero, el municipio más pobre del país, no cuenta con servicios de salud básicos y recibe apenas 30 millones de pesos anuales, el gobierno federal destina 1 mil millones de pesos a organismos internacionales, sin que esto signifique algún beneficio para la población.
De acuerdo con el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el último año de la administración de Vicente Fox, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Luis Ernesto Derbez, entregó más de 650 millones de pesos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El exsecretario de Salud, Julio Frenk Mora –ahora presidente del Instituto Carso de la Salud, de Carlos Slim– asignó 253 millones de pesos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mediante acuerdos pactados con el gobierno mexicano en 1948 y 1927, respectivamente.
La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Programa Especial de Investigación y Capacitación en Reproducción Humana Foro Global de Investigación en Salud (Global Forum for Health Research), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Programa Especial de Investigación y Enseñanza en Enfermedades Tropicales, recibieron recursos millonarios a través de “cuotas voluntarias”.
La Secretaría de Economía, cuyo titular fue Sergio García de Alba, otorgó más de 47 millones de pesos a 12 entidades mundiales, entre las que destacan la Organización Mundial de Comercio, el Buró Internacional de Pesas y Medidas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la OCDE, entre otras.
Isabel Cruz Hernández, economista y representante de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, asegura que “hay un problema de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Todos deberíamos estar enterados del desarrollo de esos programas, en qué y cómo se gasta el dinero público”.
SRE sin mecanismos de control
La fiscalización de la cuenta pública 2006, realizada por el equipo de auditores que encabeza Arturo González de Aragón, determinó que la SRE no cuenta con los mecanismos de control adecuados para el manejo del erario en la partida 3826, correspondiente a “cuotas y aportaciones a organismos internacionales”.
Ese año, la dependencia erogó un total de 651 millones 314 mil 700 pesos a la ONU, a través de la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas (DGSNU).
El monto asignado a 18 organismos de la ONU no estaba previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ya que se habían contemplado pagos por 254 millones 11 mil 600 pesos, y los compromisos adquiridos con los organismos internacionales provocaron un incremento del 39 por ciento, lo que dejó un balance negativo para el erario de 397 millones 303 mil 100 pesos al fin del ejercicio fiscal, indica la ASF.
Para poder cubrir los casi 400 millones de pesos, la DGSNU gestionó ante la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Francisco Gil Díaz, ampliar el presupuesto por 477 millones 400 mil pesos, mismo que le fue concedido para cumplir 18 acuerdos.
Según la ASF, lo anterior contravino al artículo 31 del PEF 2006, que establece, “entre otras medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria, que sólo se podrán aportar cuotas a organismos internacionales, cuando las mismas se encuentren previstas en sus presupuestos autorizados y sean estrictamente indispensables”.
Para proveer de recursos al organismo internacional, el país es representado a través de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York, “con la finalidad de influir y obtener las mejores condiciones para México en la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la ONU”.
Los métodos para el pago de cuotas se calculan mediante el producto nacional bruto, el ingreso per capita y la amortización de la deuda externa del país, así como los descuentos por bajos ingresos. En 2006, se determinó que México debía aportar el 1.88 por ciento del presupuesto ordinario de la ONU, que asciende a 1 mil 706 millones 598 mil 100 dólares.
El 30 de diciembre se informó al gobierno mexicano “que el importe a pagar por concepto de presupuesto ordinario para el ejercicio 2006 ascendía a 32 millones 135 mil 200 dólares”. Al respecto, la ASF señala que la DGSNU “no presentó evidencia documental de la validación o memoria de cálculo que se realiza, para verificar si los importes consignados en las notas diplomáticas son aritméticamente correctos”.
Además, las auditorías practicadas a la SRE determinaron que el pago efectuado por 19 millones 147 mil 100 pesos a la Organización Internacional de la Energía Atómica no se encontraba registrado, así como 16 millones 143 mil 700 pesos, entregados a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, de enero a diciembre de 2006.
Mario Di Costanzo, economista y secretario de la Hacienda Pública del llamado “gobierno legítimo”, dice que los legisladores deberían revisar el uso que se le está dando a la partida que otorga las cuotas y aportaciones a los organismos internacionales, pues no se ven beneficios. “El origen de todo esto es que hay una mala planeación del presupuesto que se ejerce en el país, las asignaciones que hay cada ejercicio fiscal tienen más fines políticos que técnicos y esto es lo que debe de cambiar”.
Además, el especialista en finanzas asegura que “es una falla grave” el que no existan comprobantes oficiales del pago de cuotas, y una vez que termine el periodo de solventación de observaciones que establece la ASF, se les podrían fincar responsabilidades al exsecretario y al encargado de hacer el pago porque se viola la ley de presupuesto.
Salud falta a la transparencia
Otra de las dependencias que muestra “debilidades” en el otorgamiento de recursos en cuotas y aportaciones a organismos internacionales es la Secretaría de Salud, que asignó a este rubro 253 millones 652 mil 100 de pesos.
Las principales beneficiarias de estas cuotas fueron la OMS, que recibió 91 millones 418 mil 500 del gobierno mexicano, y la OPS con 143 millones 97 mil 400 de pesos, entregados a través de esquemas de contratación con dichos organismos.
Las “cuotas voluntarias” fueron entregadas a la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos de Norte América, por 14 millones 739 mil 900 pesos; al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2 millones 450 mil 900 pesos; al Programa Especial de Investigación y Capacitación en Reproducción, 37 mil 900 pesos; el Foro Global de Investigación en Salud, 1 millón 95 mil pesos; la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 697 mil 900; y el Programa Especial de Investigación y Enseñanza en Enfermedades Tropicales, 114 mil 500 pesos.
Del total de “aportaciones voluntarias”, que sumaron 19 millones 136 mil 100 pesos, la Secretaría de Salud no aclaró el motivo por el que fueron otorgadas. Al respecto, la ASF, señala que la dependencia que encabezó Julio Frenk Mora no había evaluado el marco legal de las aportaciones, con el fin de transparentar el uso del dinero público.
Además, el máximo órgano de fiscalización precisó que no hay documentación que sustente la aportación por casi 700 mil pesos a la OCDE, ya que la factura es una copia fotostática que no está debidamente certificada. De no aclarar esta situación, la dependencia que ahora encabeza José Ángel Córdoba Villalobos deberá devolver a la hacienda pública el monto concedido al organismo internacional.
Los recursos entregados a la OPS, por más de 143 millones 97 mil 400 pesos, pudieron significar un daño al erario, dice la ASF, pues la Secretaría de Salud “pagó adeudos por 86 millones 701 mil 300 pesos”, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2004 y 2005, aun cuando esos años contaban con recursos autorizados.
Las cuotas voluntarias al Programa Especial de Investigación y Capacitación en Reproducción Humana y al Foro Global de Investigación en Salud tampoco cuentan con recibos de aportaciones por 1 millón 132 mil 900 miles de pesos, por lo que la ASF determinó que si no se solventa esta observación se hará una solicitud de recuperación por el mismo monto.
Economía, cuotas sin beneficio
El Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 señala a la Secretaría de Economía como otra de las dependencias que asigna sin control recursos públicos a organismos internacionales.
La ASF señala que no se tienen procedimientos que determinen quién es el responsable de dar seguimiento a los acuerdos, tratados o convenios, celebrados con las instituciones y el gobierno mexicano, tampoco hay indicadores que permitan evaluar la conveniencia de ser miembro en estos organismos y no se tiene documentación que justifique debidamente el gasto de los 47 millones 47 mil 700 pesos.
Entre las remuneradas por el pago de cuotas y aportaciones a organismos internacionales se encuentran: Organización Mundial de Comercio, 33 millones 165 mil 900 pesos; Organización Internacional de Normalización ISO, 3 millones 712 mil 400 pesos; Buró Internacional de Pesas y Medidas, 3 millones 380 mil 900 pesos; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2 millones 23 mil 900 pesos; OCDE, 1 millón 477 mil 700 pesos; Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, 1 millón 440 mil 500 pesos.
Mario Di Costanzo, asegura que el gobierno mexicano no tiene resultados de lo que significa pertenecer a estos organismos. Es “absurdo, porque nunca ha habido un reporte de evaluación de los beneficios o inconvenientes de estar pagando estas cuotas”.
Lo que se tiene que hacer, dice el asesor financiero, “es aprovechar y sacar ventaja de esas cuotas; no se deberían dejar de pagar porque no nos vamos a aislar del mundo. Sin embargo, sí debemos aprovechar el acceso que otorgan, como es la aplicación de programas de evaluación, campañas de apoyo, vacunación, acceso a tecnología e infraestructura, que no se utiliza porque hay negligencia por parte del gobierno. Hay una ineficiencia en el ejercicio del gasto”.
Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2008
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