De acuerdo con un informe de la Red por los Derechos de la Infancia, para 2008 aproximadamente 17.5 millones de niñas y niños de entre cero y ocho años de edad conformaban la primera infancia en nuestro país, lo que representa el 47.5 por ciento de la población infantil mexicana. En este grupo de población se encuentran los infantes que, debido a las ocupaciones laborales de sus madres y padres, quedan bajo el cuidado de estancias infantiles y guarderías. El Estado (tanto a nivel federal como estatal) tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar, entre otros, los derechos de niñas y niños a la seguridad, la salud, y un nivel de vida adecuado, que se encuentran en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en particular en la Convención de los Derechos del Niño. Asimismo, el Estado es responsable de que se aplique el principio precautorio a las acciones realizadas respecto de las guarderías y estancias infantiles, a fin de favorecer sobre todas las cosas el interés superior de los niños y niñas del país.

No debemos perder de vista que están también los derechos de las madres y padres trabajadores que requieren de servicios de guarderías y estancias infantiles para cuidar de sus hijas e hijos mientras trabajan. En México, como es bien sabido, este derecho está vinculado a las prestaciones sociales y éstas a su vez son factibles sólo cuando se cuenta con un trabajo que las otorgue. Sin embargo, cada vez son menos las personas que cuentan con seguridad social y hay todo un sector de la población que no tiene acceso a los servicios públicos de guarderías vía el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Entonces, debe recurrir a los servicios privados, que no por ser privados dejan de estar obligados a cumplir con las normas existentes en materia de infraestructura, seguridad y cuidado de las niñas y niños; cuya actividad debe ser supervisada y sancionada por el Estado. Cabe señalar además que en un país en donde aún no existe una verdadera equidad de género, la prestación del servicio de guarderías públicas se otorga sólo a las mujeres, asumiendo que ellas son, en primera y última instancia, las responsables del cuidado de sus hijas e hijos (véase, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC, “Nota de la semana”: “Guarderías”, 24 de junio de 2009, www.derechoshumanos.org.mx).

La guardería ABC se ubicaba en una nave industrial junto a una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado en la que se almacenaba papel. A pesar de que Protección Civil de la entidad había dado el visto bueno a las instalaciones en una inspección hecha poco tiempo antes, la guardería no cumplía con las medidas de seguridad necesarias para que ésta pudiera operar de manera adecuada; además de que el tipo de materiales de la construcción, particularmente el techo, eran altamente inflamables, lo que sin duda marcó el destino de las víctimas. Este caso ha obligado a cuestionar la forma en que las autoridades están revisando y autorizando el funcionamiento de estancias y guarderías infantiles, en donde no existen las condiciones indispensables (extintores, salidas de emergencia, sistemas de alarma) con las que cualquiera de estos establecimientos debiera contar.

Respecto al tema de la subrogación, a pesar de la creciente demanda de servicios para el cuidado de niñas y niños, el Estado ha ido abandonando su obligación social de brindar a la población trabajadora opciones de estancias infantiles y guarderías. Si bien el modelo de subrogración no es en sí mismo negativo, se convierte en un problema cuando los procesos de asignación no son claros, transparentes ni con apego a las leyes. Si además nos encontramos que quienes manejan estos servicios tienen vínculos familiares y de amistad con funcionarios públicos, se espera que exista desconfianza y cuestionamientos por parte de la sociedad. Un tema de fondo es que estos servicios se han convertido en un buen negocio para muchas personas. Incluso, se habla de que gran número de guarderías subrogadas carecen de un proceso de licitación y han sido adjudicadas de manera directa. Cabe señalar que el proceso de las estancias del ISSSTE, Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Integral de la Familia tampoco es claro.

En el contexto de las elecciones, el actual gobernador de la entidad, Eduardo Bours, estaba preocupado porque su partido (Partido Revolucionario Institucional, PRI) siguiera al frente del gobierno. El caso de la guardería ABC ha llevado a Bours a confrontarse con el gobierno federal y a acusar al Partido Acción Nacional de utilizar el incendio para descalificar al excandidato del PRI a la gubernatura de Sonora, Alfonso Elías Serrano. Lo cierto es que después del incendio las encuestas mostraron una tendencia desfavorable para el candidato del PRI y el gobierno temía un voto de “castigo”, como sucedió. Por su parte, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, exigió a Bours dejar de dirigirse al gobierno del presidente Felipe Calderón en tono “altanero”. Lejos del ir y venir de declaraciones, y frente al “circo” en el que actúan las autoridades, las víctimas, las familias de las niñas y niños muertos han salido a las calles a manifestarse y a exigir que se haga justicia. Entre las demandas de la población está la de castigar a los dueños de las guarderías (entre quienes se encuentran familiares de funcionarios del gobierno de Sonora –que renunciaron tras la tragedia– y de la esposa de Felipe Calderón) y no dejar impunes a los culpables de la tragedia.

El 19 de junio pasado, el IMSS presentó ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) una demanda de responsabilidad civil contra los dueños de la guardería y otra contra la Secretaría de Finanzas como responsable de la bodega donde inició el incendio. Ello generó mayor encono por parte del gobernador sonorense, quien atribuyó la responsabilidad de los hechos al director del IMSS, Daniel Karam, al exdirector de la misma dependencia y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, y a Karla Rochín, directora nacional de guarderías. El gobierno de Sonora ha pedido a los deudos que “perdonen” a los responsables y ha ofrecido compensaciones económicas a las familias. Bours ha llegado al extremo de condicionar la indemnización a los padres de las víctimas a cambio de que firmen un convenio por el cual será el gobierno de Sonora quien los represente legalmente: juez y parte en el asunto. La PGJ señala que investigará y dará con los responsables de la tragedia, sin importar puestos políticos o nexos familiares; y otra vez en medio, las víctimas y sus familias.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que abriría de forma oficiosa una investigación sobre el caso de la guardería ABC. Si bien este hecho parece positivo, causa preocupación que esa institución no ha dado seguimiento a la recomendación 14/2008, emitida en abril de 2008, referente a la fumigación en Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE. Dicha recomendación señala los riesgos a que está expuesta la salud de niñas y niños que acuden a las estancias de desarrollo infantil del ISSSTE, a causa de las fumigaciones periódicas que se realizan en esos sitios.

La recomendación 14/2008 de la CNDH –impulsada por padres de familia y las organizaciones de la sociedad civil Centro de Diagnóstico y Alternativas para Afectados por Tóxicos y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC– establece que el ISSSTE “estaría faltando a su obligación de proteger el derecho a la salud de la población infantil, ya que pone en riesgo en forma reiterada a los niños que asisten diariamente a las estancias en las que se realizan las fumigaciones con las sustancias reportadas como tóxicas”. Igualmente señala: “La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios omite tomar las medidas necesarias de vigilancia y control para detener este riesgo innecesario, ya que para que se efectúen las fumigaciones se debe justificar su aplicación, además de acreditar fehacientemente que no existen riesgos para la salud de los infantes expuestos a estas sustancias químicas activas, toda vez que la fumigación por calendarización con plaguicidas impone un riesgo a la salud de una población especialmente vulnerable, considerando como tal a los menores”.

La recomendación 14/2008 de la CNDH, aceptada por las instituciones a quienes fue dirigida a través de sus titulares José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, y a Miguel Ángel Yunes Linares, director general del ISSSTE, no ha sido acatada y hasta la fecha se continúa fumigando en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, a pesar de que ha sido acreditado que no existe un marco normativo que obligue a estas fumigaciones.

A casi un mes del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el caso sigue sin tener una solución aceptable para las víctimas de la tragedia y sus familias. Lejos de ello, el gobierno de Sonora y el gobierno federal se han enfrascado en una disputa más de tono político-electoral, que en coordinarse para esclarecer los hechos, sancionar responsables, revisar la normatividad, reparar el daño a las víctimas y sus familias, garantizar la no repetición de hechos tan lamentables y establecer métodos de inspección que no den lugar a actos de corrupción o negligencia.

Ana Luisa Nerio Monroy