Derechos humanos en México

Dicho informe se centra en seis derechos: laboral, salud, alimentación, vivienda, educación y medio ambiente. A continuación se presentan algunas de sus conclusiones más importantes:

Laboral. En México, el trabajo más que un derecho es visto como un elemento importante para la productividad, para atraer inversiones hacia una economía que pretende ser más competitiva, pero cuyas relaciones laborales son importantes sólo en la medida en que contribuyen a la generación de riqueza para unos cuantos. Por esta razón, las empresas son los actores privilegiados de la legislación laboral y de la política pública, pese a que son ellos justamente los que cometen las mayores violaciones a los derechos laborales.

Y es que, en medio de una crisis económica-financiera, la situación de las trabajadoras y los trabajadores muestra graves retrocesos en relación con las conquistas adquiridas a través de años de lucha. La generación de empleos es nula, el desempleo aumenta de manera alarmante, los salarios cada vez están más lejos de garantizar un mínimo de bienestar a las trabajadoras, trabajadores y a sus familias, mientras que la demanda de empleo y las personas que se suman como económicamente activas siguen aumentando. Existen pendientes urgentes en materia laboral, sobre todo aquellos relacionados con los sectores en situación de discriminación o vulnerabilidad: niños, migrantes, indígenas, adultos mayores, jóvenes y mujeres.

Salud. El Estado mexicano aún no cuenta con un diseño de política pública que garantice la equidad y el acceso a los servicios de salud. El presupuesto para que las instituciones del ramo atiendan con eficacia a la población es insuficiente y tampoco está bien distribuido. El gobierno federal ha centrado su política pública en diversos programas sectoriales que, si bien han tenido como fin el atacar problemas focalizados, no han tenido resultados debido a cómo se lleva a cabo su desarrollo, sin un impacto sustancial en la plena realización del derecho a la salud. Además, la política económica en general y prácticas como los derechos de importación obstaculizan el acceso a los medicamentos esenciales y a las tecnologías. La salud es un derecho humano vigente para todas las personas; desde el punto de vista del desarrollo humano, contribuye de manera importante al crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo social y la seguridad humana. De ahí la importancia de que los programas desarrollados no sean sólo planes complementarios o de emergencia ante las crisis, sino que han de ser planificados y puestos desde los aspectos esenciales que otorga el marco de derechos humanos.

Alimentación. Este derecho no está reconocido a nivel constitucional. Al no existir condiciones económicas adecuadas para que las personas adquieran sus alimentos, este derecho se ve violentado. Existen millones de mexicanos que padecen hambre, pero también hay problemas de sobrepeso y obesidad, ya que las personas consumen alimentos baratos no necesariamente nutritivos. Los efectos en la salud y en las finanzas públicas del país de estas formas de malnutrición son muy graves. El campo y la actividad agrícola requieren una reorientación de estrategias; los apoyos no llegan a quienes de verdad los requieren y hay funcionarios gubernamentales que se benefician de programas y recursos públicos. Por otra parte, muchos campesinos son amenazados por el crimen organizado y el narcotráfico.

Llamamos la atención sobre la autorización de siembras experimentales de este tipo de organismos genéticamente modificados, sobre todo en el caso del maíz, ya que ponen en peligro a esta semilla originaria de México y con ello el trabajo de miles de campesinos, favoreciendo sobre todo a trasnacionales de origen extranjero. Para éstas, las tradiciones, cultura, formas milenarias de siembra y de producción carecen de importancia frente a la producción a gran escala, para un mercado global que ha contribuido, tal y como lo muestra la reciente crisis económica, a profundizar desigualdades económicas y sociales.

Vivienda digna. Respecto de este derecho humano, se concluye que las acciones del gobierno federal no sólo no resuelven la falta de accesibilidad al mismo, o ponen en peligro el derecho a un medio ambiente sano, sino que también en muchos casos, como la construcción de presas y la autorización de explotación de minas, afectan elementos del derecho a una vivienda de las comunidades aledañas, e incluso criminalizan a quienes luchan por hacer valer sus derechos humanos. La política pública y la asignación del presupuesto no han sido eficaces y eso tiene un impacto directo entre la población que ve afectada la plena realización de su derecho humano a una vivienda digna. El Estado mexicano está incumpliendo obligaciones de respetar y proteger el derecho a la vivienda en cuanto no ha desarrollado mecanismos de consulta e información oportuna y adecuada al momento de programar y llevar a cabo megaproyectos, como presas o explotación de recursos mineros. Ante la falta de información oportuna y la consulta adecuada a la población sobre los proyectos estratégicos, se ha originado una lucha entre las comunidades y las autoridades. Frente a las protestas de los afectados por los megaproyectos, las altas tarifas y privatizaciones de bienes públicos, la respuesta ha sido su criminalización por defender y reclamar el pleno cumplimiento de su derecho humano a la vivienda y de todos los elementos que lo componen.

Educación. En México, a pesar de que existen indicadores generales en materia de cobertura, escolaridad básica y alfabetización, la educación sigue presentando problemas de calidad y de exclusión social de grupos de población, que por su condición de pobreza o por pertenecer a un sector de población discriminado (indígenas, mujeres, personas con discapacidad y jóvenes, entre otros) no pueden ejercer sus derechos a acceder a la educación, permanecer en el sistema escolar y concluirlo satisfactoriamente. La desigualdad social sigue delimitando la frontera entre tener educación y no tenerla, y esto se agrava conforme se avanza de un nivel escolar a otro, hasta volverse casi un privilegio cursar la educación superior. La desigualdad de oportunidades tiene también una ubicación geográfica: Chiapas, Guerrero y Oaxaca siguen siendo las entidades con peores indicadores educativos, sobre todo los relacionados con la posibilidad de permanecer en el sistema escolar, avanzar en los niveles y concluirlos exitosamente. Si tomamos en cuenta además que en estas entidades existe presencia importante de población indígena y rural, el panorama se agrava, pues se está doblemente excluyendo a estas poblaciones.

Medio ambiente. Existen avances en aspectos normativos y programáticos del derecho a un medio ambiente sano, pero también se notan retrocesos. Persisten aún numerosos obstáculos a la plena realización de la política pública: descoordinación entre secretarías, flexibilización de medidas ambientales que permiten la instalación de inversiones extranjeras mediante proyectos que alteran la vida de las poblaciones aledañas y de su medio ambiente. La política del país en materia ambiental da preferencia a los intereses comerciales e industriales privados por encima de la protección a los ecosistemas. Dentro de la agenda verde quedan pendientes, como la conclusión del Programa Especial de Cambio Climático; el incremento de la superficie protegida de los ecosistemas terrestres y marítimos, y la superficie bajo uso sustentable que evita la deforestación; el monitoreo y evaluación de los resultados de programas de reforestación, como Proárbol; la vinculación del ordenamiento ecológico con la planeación del desarrollo sustentable, así como el mantenimiento de los servicios ambientales y de la calidad de vida de la población. El punto nodal de la conservación del medio ambiente radica en un cambio en la estrategia de desarrollo por uno que no genere tantos daños ambientales ni ponga en riesgo la vida de los seres humanos.