La República Democrática del Congo y el mortal abrazo del FMI

De visita en Kinshasa, el francés Dominique Strauss-Kahn, director del FMI, impone sus condiciones a Joseph Kabila, presidente de la RDC.
____________________________________________

El 11 de diciembre de 2009, la República Democrática del Congo (RDC) concluyó con el FMI un acuerdo de financiamiento por 3 años, después de ceder a todas las exigencias de los prestamistas [1]. En primer lugar, la RDC revisa –como consecuencia de las presiones del FMI– un contrato anteriormente firmado con China que no era del agrado de las potencias occidentales.

La República Democrática se compromete además a mejorar aun más el «clima de negocios», por orden del Club de París, grupo informal conformado por 19 países ricos acreedores, que disponen de considerables intereses económicos en la RDC. Las garantías concedidas al Club de París eran una condición previa sine qua non para la conclusión del programa con el FMI y la obtención de condiciones que aligeran en algo la deuda externa, ¡cuyo pago anual absorbe casi la cuarta parte de los gastos públicos de la RDC!

Pero el camino sigue siendo largo y, sobre todo, plagado de condiciones que la RDC tendrá que cumplir antes de alcanzar el famoso «punto de cumplimiento» que le daría derecho a un aligeramiento de la deuda, etapa final de la estrategia PPTE (Países Pobres Muy Endeudados, siglas en francés) que promueven el FMI y el Banco Mundial supuestamente como medio de resolver el problema de la deuda.

Aunque la RDC espera por el aligeramiento de su deuda externa desde el año 2003. es posible que todavía tenga una larga espera por delante… En efecto, para «ganarse» el derecho a esa medida, Kinshasa tendrá que darse a la tarea, entre otras, de garantizar el «desarrollo del sector privado, específicamente mediante la reforma de las empresas públicas (…) la protección de la inversión extranjera y el mejoramiento de la transparencia en el manejo de los recursos naturales», indica el comunicado de prensa del FMI [2].

En otras palabras, la República Democrática del Congo tendrá que privatizar sus sectores estratégicos (minas, energía, industria, transporte), ya ampliamente controlados por las transnacionales, lo cual implica despidos en masa, como los ya registrados en 2003, durante la mal llamada operación «Salidas voluntarias». Aquel plan de despidos, financiado íntegramente por el Banco Mundial, violó los derechos de 10 655 trabajadores de la Gecamines (la empresa minera pública de Katanga), que todavía hoy esperan por el pago de sus salarios atrasados y de las indemnizaciones estipuladas en las leyes congolesas.

«La protección de la inversión extranjera» quiere decir que las autoridades congolesas no pueden modificar los contratos ilegales anteriormente firmados con las transnacionales… ¡a no ser que sean empresas chinas! Hay que recordar, en efecto, que en la reunión del Club de París efectuada el 18 de noviembre, a la que no estaba invitado ningún representante de la RDC, Canadá se opuso a la conclusión de un acuerdo del FMI con la RDC. El objetivo era presionar al gobierno de Kinshasa, que días antes había anunciado su decisión de cancelar un contrato fraudulento firmado con la empresa canadiense First Quantum. La cuestión se resolvió finalmente con el compromiso de Kinshasa de mejorar «el clima de negocios»…

En cuanto al «manejo de los recursos naturales», como de costumbre, el FMI hace recaer toda la responsabilidad en las espaldas de la RDC, silenciando el nefasto papel de su colega, el Banco Mundial, incapaz de modificar su política. Según las ONGs Greenpeace, Global Witness y Rainforest [3]: «Como principal prestamista de la reforma forestal congolesa, una gran responsabilidad pesa sobre el Banco Mundial por los mediocres resultados hasta ahora observados (…)

Las conclusiones del informe investigativo del Panel de Inspección correspondiente al año 2007 [4], que revelan que el Banco Mundial está parcializado a favor de la explotación industrial, en detrimento de las comunidades locales, parecen haber sido ampliamente ignoradas». A pesar de las consecuencias de la deforestación y del cambio climático, el FMI sigue obedeciendo, también al igual que el Banco Mundial, a esta lógica de la explotación industrial maderera haciendo así cada vez más de la RDC un verdadero paraíso para las transnacionales, como si las ganancias de estas últimas fuesen a beneficiar finalmente al pueblo congolés.

Lo que en realidad sucede por lo general en los países en desarrollo es exactamente lo contrario. Los pueblos se hunden en la pobreza mientras que aumentan las ganancias que las transnacionales envían al extranjero, ¡cuyo monto se elevó en 2008 a 298 000 millones de dólares!
En tales condiciones, ¿cuál puede ser la ganancia de la República Democrática del Congo? No mucho.

Unos 560 millones de dólares en 3 años… si el FMI estima que el país ha aplicado sus políticas [del FMI] de manera satisfactoria. En efecto, la RDC se encuentra bajo estrecha vigilancia ya que la aplicación del programa previsto para los próximos 3 años será evaluada a medida que éste se va poniendo en marcha. El FMI tiene previsto el envío de 6 misiones de evaluación, encargadas de dar o no –después de cada visita– el visto bueno a cada entrega parcial de la ayuda financiera.

El aligeramiento de la deuda dependerá de los resultados de la primera evaluación, prevista para marzo de 2010. O sea… que no hay nada decidido, sobre todo teniendo en cuenta que en 2006 el FMI suspendió el acuerdo anterior y que en octubre de 2009 se le negó a Ucrania la última entrega parcial de una ayuda del FMI porque el país decidió aumentar el sueldo mínimo. Suponiendo que el gobierno de Kinshasa lograra evaluaciones perfectas, de todas maneras seguirá teniendo una deuda de 4 000 millones de dólares, aun después de la esperada reducción de la deuda.

El problema será entonces encontrar los recursos financieros necesarios para lo que quede por pagar ya que las privatizaciones impuestas por los prestamistas implicarán una caída de los ingresos al presupuesto. Kinshasa no tendrá entonces otro remedio que endeudarse nuevamente, a menos que decida optar por otra variante.

Esa otra variante pudiera ser la negativa a pagar la deuda como medio de garantizar de forma prioritaria las necesidades humanas de la población congolesa y de salir del tutelaje neocolonial de los acreedores. El derecho internacional justifica ese tipo de acción unilateral, sobre si se tiene en cuenta que la deuda de la República Democrática del Congo es una deuda odiosa que se compone principalmente de los impagos del ex dictador Mobutu. Por lo tanto, esa deuda no tiene absolutamente ningún valor jurídico, ya que los acreedores conocían perfectamente el carácter dictatorial del régimen de Mobutu.

El Foro sobre la Corrupción que se abrió el 16 de diciembre de 2009 en la RDC bien pudiera constituir para los movimientos sociales congoleses una vía para exigir la realización de una evaluación de dicha deuda como medio de poner al desnudo su carácter ilícito y de identificar las malversaciones cometidas con vistas a legitimar el rechazo de esa deuda y exigir la restitución de los bienes mal habidos.

Aunque la mayoría de los países del norte han ratificado la Convención de la ONU contra la Corrupción, documento que reconoce como principio fundamental del derecho internacional la restitución de los haberes malversados, hasta ahora sólo se ha restituido un 3% de las sumas malversadas a nivel mundial.