Juárez, visión sesgada de la juventud

Más que hablar de juventud en México, debido a la diversidad cultural que compartimos y de las diferentes formas de vivirla, se debe hablar de juventudes; al mismo tiempo, hablar de derechos de las y los jóvenes nos lleva a un grupo de población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, pues sus derechos no son reconocidos.

Según la Encuesta nacional de juventud 2005, las y los jóvenes en algún momento se han sentido discriminados, principalmente por no tener dinero y por su apariencia física. El día de hoy se agudizan la criminalización, la represión y los asesinatos de jóvenes.

Óscar Dávila afirma que predomina “un enfoque del riesgo, que conjuga con lo de ‘juventud peligrosa’”, en los “viejos/mismos/nuevos” temas de lo que supuestamente es juvenil, que finalmente son los que cooptan la opinión pública, los llamamos “los cuatro jinetes del Apocalipsis”: violencia, delincuencia, drogas y sexualidad”.

En México, aproximadamente tres de cada 10 personas son jóvenes, las mujeres suman 52.07 por ciento. Más de la mitad de la población total de jóvenes se encuentra en las ciudades, cerca de una cuarta parte en localidades rurales y la proporción restante se distribuye en comunidades alejadas de menos de 15 mil habitantes. Datos de la Comisión Económica para América Latina arrojan que casi la mitad de la juventud vive en pobreza; se destaca que más mujeres jóvenes viven en esta condición.

Los derechos más violentados en el país, según últimas investigaciones, son: empleo, educación, salud, participación juvenil, la no discriminación, así como el de una vida libre de violencia. La Encuesta nacional de juventud 2005 reveló que más de las tres cuartas partes de los hogares en México reciben aporte económico de las y los jóvenes; de éstos, el 71 por ciento no tuvo un contrato laboral, lo que implica no tener prestaciones sociales, ni servicio médico. El 91 por ciento de las y los jóvenes empleados de clase media y media baja no tiene contrato laboral, la gran mayoría es parte del comercio informal.

¿Cuál es el marco institucional y jurídico que garantiza los derechos de las y los jóvenes en México? En la estructura gubernamental, existe el Instituto Mexicano de la Juventud, que en el mes de enero se le denominó “la caja chica” de la exlíder del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo. Al mismo tiempo, existe un instituto por estado que depende de la Secretaría de Educación Pública. Una de sus obligaciones es generar políticas públicas en materia de juventud; sin embargo, esto no se refleja en su actuación.

En México no existe una ley de juventud nacional. Menos de la mitad de las entidades federativas tienen una, y sólo cuatro enuncian los derechos de las y los jóvenes (Guerrero, Chiapas, Distrito Federal y Puebla); pero no existen mecanismos que obliguen a que los servidores públicos los cumplan.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único instrumento que a nivel internacional enuncia los derechos de las y los jóvenes y los reconoce como sujetos plenos de derecho. El presente gobierno no la ha ratificado a casi dos años de su entrada en vigor, siendo un instrumento que les ha costado trabajo suscribir ya que se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, objeción de conciencia ante el servicio militar, así como derechos laborales.

En un contexto de violencia generalizada y al no haber mecanismos internos de defensa de derechos de las y los jóvenes, se hace prioritario ratificar la CIDJ. Nada justifica la violencia ejercida hasta el día de hoy. Más de 4 mil niños y adolescentes han muerto en esta guerra contra el narcotráfico; se encuentran en orfandad o cooptados por sicarios.

Para analizar las medidas que está tomando el gobierno al hacerle frente a lo ocurrido en Juárez y Torreón, es necesario reflexionar las palabras expresadas por Calderón. ¿Cuál es su mirada hacia las juventudes? De acuerdo con la manera en que son vistos, el Ejecutivo y representantes del Estado crean los programas y soluciones como los que se propusieron en Juárez.

Calderón exaltó, en la presentación del Programa Nacional de Juventud en 2008, un país joven, lo que significa mano de obra, la cual expresó como una esperanza para salir de la pobreza. Estaríamos, en parte, de acuerdo con dicho supuesto en caso de que esta población tuviera asegurado algún empleo, que no es cuestión “de tener ganas y echarle energía”, y verles como un bono demográfico para que las empresas los aprovechen en mano de obra calificada, tecnificada, competitiva.

Esta concepción impide ver a las y los jóvenes como personas, como sujetos sociales y sujetos de derecho capaces de decidir y actuar por su propia vida. Las políticas públicas van encaminadas a formar jóvenes competitivos, a tener y aprovechar las oportunidades para lograrlo. Éstas tendrían que transformarse en derechos, y garantizar los máximos requerimientos para desarrollarse de manera integral: un trabajo que les proporcione vida digna; acceso a la educación que confronte críticamente al conocimiento, que sea parte de la construcción de su identidad y vida proyectiva; salud integral física y mental, no sólo prevención de adicciones; acceso a la cultura con espacios y facilidades para expresar las diversas formas de ser joven, principalmente.

Calderón afirmaba en ese 2008: “…Estoy convencido (…) que apoyar a la juventud no es nada más una frase más, no es un programa que se meta ahí al cajón de sastre, que se llama, o al cajón de las obras y las ideas, sino verdaderamente es un programa esencial para México”. Al pasar revista a los juvenicidios en algunos estados de la república, ¿dónde se encuentra esta esencialidad?

El año pasado lanzó el Programa de Reclutamiento Intensivo 2009, con el objeto de convocar a jóvenes profesionistas a la Policía Federal en labores de investigación e inteligencia contra la delincuencia organizada. ¿Esto es lo esencial?

El 31 de enero de 2010 fueron asesinados 24 jóvenes entre 16 y 23 años en Ciudad Juárez y Torreón, noticia que ha significado la punta de lanza para contemplar cuál es la visión y situación en las que se encuentran las juventudes. Al día siguiente, Calderón declaró que seguramente tenían que ver con el crimen organizado, sin conocimiento de los hechos. Posteriormente se retractó en una visita a Ciudad Juárez al enterarse de que la mayoría era menor de edad y estudiante. Declaró que las acciones policiacas no son suficientes, reiteró la permanencia del Ejército al enviar 2 mil elementos más y mencionó desarrollar medidas integrales.

Tales medidas se discutieron en mesas de trabajo y análisis –en Todos somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad– abiertas a la sociedad civil y con participación de los tres niveles de gobierno, en tres campos: social, educación y salud. Se propuso ampliar el número de becas de estudio, del seguro popular, escuelas de nivel medio, creación de empleos temporales, construcción de canchas, etcétera.

Dicho espacio fue eco de demandas específicas de comerciantes, indígenas rarámuris, campesinos, etcétera, que evidencian que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones en derechos humanos, donde los jóvenes son una suerte de caja de pandora, desatando desgracias, llámense crimen, delincuencia, inseguridad, drogadicción, violencia, muerte. Al igual que estos sectores que alzaron su voz en estas mesas, los jóvenes son población con mínimos espacios de participación reconocida, además de incómoda, abandonada, estigmatizada, criminalizada, suprimida.

¿Por qué hasta ahora se sientan a la mesa a planear lo que debieron hacer desde que asumieron sus respectivos cargos? ¿Por qué continúan planeando paliativos coyunturales? ¿Por qué no asumen sus responsabilidades en materia de derechos humanos? Veamos qué acuerdos salen de dichas mesas. Sobre todo, ¿qué hacemos como sociedad civil, como jóvenes, como personas que nos indignamos y organizamos?