La Paz, Bolivia. El indígena Ernesto Noé, de 69 años, dirige por séptima vez a los pueblos de los bosques y llanuras tropicales de Bolivia en una marcha de 1 mil 482 kilómetros desde la ciudad de Trinidad, capital del norteño departamento de Beni, hasta la sede del gobierno.

Los indígenas, que comenzaron su recorrido el 21 de junio pasado y calculan 60 días de caminata, demandan territorios y autonomía efectiva, y se manifiestan contra la extracción de petróleo con daños ambientales.

Noé fue uno de los líderes de la primera marcha de los pueblos del oriente en 1990, quienes exigían dignidad, el reconocimiento de sus tierras y una asamblea constituyente.

Ese movimiento terminó convirtiéndose en el impulsor de los cambios políticos que vive Bolivia desde la asunción del presidente aymara Evo Morales en 2006.

Con 69 años, el pelo canoso y paso firme, Noé, de la etnia mojeño trinitario, tiene varios méritos: fundó y presidió en 1989 la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), conformada por 18 etnias, y ahora es presidente del Comité de Marcha de esta organización, que integra a su vez la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob).

Su edad también lo hace merecedor del respeto de las culturas amazónicas. A los ancianos se les considera fuente de sabiduría y hoy, como dirigente de la CPIB, es reconocido también por la Cidob, que agrupa a 11 organizaciones regionales del Oriente y del Chaco boliviano.

El dirigente encabeza a unas 700 personas que comenzaron la larga caminata a las seis de la mañana del lunes 21 de junio en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, un mes después de la suspensión de otra marcha tras una negociación apresurada entre la Cidob y el gobierno.

En esa negociación, el gobierno anunció su disposición a modificar la legislación forestal para evitar una depredación de los bosques, así como la vigilancia estricta del cumplimiento de normas ambientales por parte de las empresas mineras.

La promesa gubernamental de crear un reglamento de consulta a los pueblos indígenas antes de realizar exploraciones petrolíferas, construir carreteras y centrales hidroeléctricas, y autorizar sondeos mineros aplacó el enojo de la Cidob, pero la tensión se avivó cuando los pueblos indígenas pidieron autonomías en sus territorios comunitarios de origen.

“Queremos hablar con el gobierno de jefe a jefe, porque las negociaciones con los ministros han fracasado”, expresó Noé en un diálogo telefónico con IPS desde un punto de la marcha conocido como Casarabe, distante a unos 50 kilómetros de la ciudad de Trinidad.

Un total de 84 territorios comunitarios de origen fueron reconocidos por el gobierno, pero hasta ahora sólo 11 municipios están en proceso de transformarse en gobiernos autónomos indígenas después de que sus habitantes eligieron ese modo de administración en una consulta popular el 6 de diciembre de 2009.

Los 11 municipios deben elaborar sus estatutos y elevarlos en consulta al Tribunal Constitucional, un órgano judicial que entrará en vigencia en 2011. Posteriormente se convocará a referendos para la adopción de las cartas orgánicas indígenas.

Noé recuerda que en 1990, tras una marcha entre Trinidad y La Paz, lograron el reconocimiento de territorios indígenas y hoy piden que esas delimitaciones se transformen en gobiernos autónomos, capaces de administrar sus recursos naturales y elegir a sus autoridades bajo la modalidad de usos y costumbres.

En estas zonas tropicales, el modo de elección popular son los cabildos, asambleas populares que postulan a los habitantes reconocidos por su trabajo y valores morales.

La diferencia existente entre la aplicación de un procedimiento de elaboración de estatutos con participación del Tribunal Constitucional y la propuesta indígena de aprobar las cartas orgánicas en asambleas populares representa el centro del conflicto y ruptura entre la Cidob y el gobierno.

La Asamblea del Pueblo Guaraní, integrante de la Cidob, ha optado por conversar con el gobierno y por ello no participa de la marcha.

“Nunca hemos estado cerrados al diálogo, pero no se puede vulnerar la Constitución Política del Estado”, expresó a IPS el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro.

Para Navarro, detrás de las movilizaciones, están los intereses de “manipulación política” de algunos dirigentes apoyados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su siglas en inglés), y citó el caso de la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz.

Esa organización, afiliada a la Cidob, recibió financiamiento para elaborar y publicar su plan de desarrollo quinquenal. “La USAID ha estado involucrada en elaborar la visión de una organización y por tanto está penetrando e involucrándose” en ella, afirmó.

“Muchas organizaciones no gubernamentales son correas de implementación de las corrientes de Estados Unidos”, aseguró el funcionario. “La USAID no realiza sus planes de manera directa y asigna recursos” a estas entidades por “cerca de 100 millones de dólares”, enfatizó.

“Quiero decirle al gobierno que, si la marcha estuviera financiada, estuviéramos muy cómodos, pero los compañeros fueron de pesca para comer en el campamento donde hay escasez de alimentos”, respondió Noé.

“Esta marcha es honesta porque no cuenta con recursos para financiar la alimentación de los marchistas”, subrayó el veterano líder.

El 22 de junio, en la ciudad de Santa Cruz, el presidente izquierdista Evo Morales acusó a los partidos de derecha de impulsar demandas “innegociables”, como la cesión de tierras fiscales y parques nacionales a indígenas.

“Es una forma de oponerse a las políticas que desarrollamos y al proceso de cambio”, expresó.

La marcha indígena de los pueblos orientales ha recibido el respaldo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), una antigua aliada de Morales.

El Conamaq también demanda el reconocimiento de sus tierras ancestrales para crear gobiernos autónomos que recuperen la antigua organización social y cultural de pueblos de la región occidental de Bolivia.

Esta entidad no descarta adherirse a la marcha de la Cidob, en rechazo al proyecto de Ley Marco de Autonomías propuesto por el gobierno, que establece un número de 10 mil habitantes para conformar un gobierno autónomo, mientras la organización de tierras altas pide que el número sea sólo de 6 mil habitantes.

Franz Chávez