Frente a esta decisión, a menos de tres meses de haber sido nombrada presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla ha negado lo innegable al declarar burdamente, en su página de Facebook, que su gobierno no pretende militarizar la lucha contra las drogas, sino que se trata de una operación conjunta de los servicios de guardacostas de ambas naciones; afirmación que puede tomarse como una verdadera tomadura de pelo al sentido común de la pacífica ciudadanía costarricense y del resto de los latinoamericanos. Paradójicamente, la biografía oficial de Laura Chinchilla Miranda, que aparece en la página de internet de la Presidencia de la República, señala a la letra: “Cuando cumplió 18 años hizo un viaje por Centroamérica, que se desgarraba en la guerra y la violencia, y comprendió el privilegio de nacer en un país sin ejército”. Posteriormente, “Laura Chinchilla obtuvo una maestría en políticas públicas de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos”.

Ahora, bajo la Presidencia de doña Laura –apelativo que aparece en la página citada–, la situación ha cambiado radicalmente para su país, pues como en el caso de las bases estadunidenses en Colombia, los miles de soldados de Estados Unidos podrán transitar impunes por las calles de las ciudades costarricenses, ya que gozarán de prerrogativas especiales: todo indica que su gobierno ha renunciado a presentar cualquier reclamo por daños, pérdidas o destrucciones, maltratos o muertes que puedan surgir de esas operaciones.

Los antecedentes

Desde finales de su campaña electoral, doña Laura, quien fue ministra de Seguridad Pública de 1994 a 1996 y vicepresidenta del gobierno de Óscar Arias (2006-2010), enfatizó su interés en la lucha contra las drogas, lo que hizo pensar a la opinión pública internacional en un inminente acercamiento de su futuro gobierno con las agencias antidrogas de Estados Unidos. Ello, a pesar de que en noviembre pasado el también Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, había manifestado a la prensa que una de las razones por las que Latinoamérica no había logrado dar el salto al desarrollo era la permanencia de lo que él llama “una larga tutela militar” en una región pacífica y democrática, que “parece tener prisa por volver al infierno”.

Apresuradamente, el 1 de julio pasado, la Asamblea Legislativa aprobaba el permiso al gobierno estadunidense para el ingreso de tropas y equipo militar a su país, por un periodo de seis meses, que vence el 31 de diciembre de este año. Plazo que difícilmente será cumplido, habida cuenta del historial de la implantación de fuerzas militares estadunidenses en otros países. Como reza el dicho, “llegaron para quedarse”. Se trata en específico de la renovación de un convenio entre ambos gobiernos para la vigilancia conjunta en aguas costarricenses, el cual se encuentra en vigor desde 2000, pero para el congresista José María Villalta, nunca se habló del envío de tropas militares ni de equipo naval, sólo del ingreso de guardacostas de Estados Unidos.

La Comisión Nacional de Enlace del Movimiento Popular del país centroamericano considera que el nuevo gobierno se ha unido al Plan Colombia y se trata de una “ocupación militar” prevista en el marco del capítulo de seguridad del Tratado de Libre Comercio, suscrito por el presidente Óscar Arias, mediante el cual, afirma esa Comisión, Costa Rica se había convertido ya en un protectorado de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la prensa costarricense ha destacado que este convenio va en contra de la decisión del pueblo, que abolió el ejército en 1948: una política nacional de defensa basada en el desarme. A ello se agrega que, en 2004 y 2008, la Corte Suprema de Costa Rica dictaminó una resolución en la que ordena al Estado rechazar cualquier actividad bélica.

El intríngulis militar

De forma inexorable, con el consabido pretexto de la lucha contra las drogas, el gobierno estadunidense ha militarizado su política exterior, sometiendo así a la mayor parte del continente.

En México se ha impuesto el Plan Mérida, similar al muy conocido Plan Colombia. En ambos países, la producción, el tráfico de estupefacientes y el crimen han aumentado de manera vertiginosa. Tan sólo en México ya se han registrado más de 25 mil víctimas en tres años de guerra contra los cárteles, iniciada por el actual gobierno federal.

En febrero pasado, todavía bajo la administración de Óscar Arias, la ministra de Seguridad de Costa Rica, Janina del Vecchio, al abrir brecha para las tropas estadunidenses, implicó a México en el tráfico de drogas, pues aseguró a la prensa que en su país se negocia la droga colombiana, la cual es transportada hacia el Norte por los cárteles mexicanos.

En el resto del continente, además de haber reactivado la Cuarta Flota, Estados Unidos cuenta con las fuerzas instaladas en Haití, a partir del devastador terremoto que sufrió ese país caribeño. Asimismo, están las siete bases militares en Colombia: Larandia, Tolemaida, Malambo, Palanquero y Apiay, así como las navales de Cartagena y Málaga en el Pacífico. Al mismo tiempo, los estadunidenses mantienen bases militares en Aruba y Curazao, a la que se agrega la de Soto Cano, Honduras, y las evidencias de tropas militares estadunidenses en la provincia panameña del Dairén, colindante con Colombia.

Para concluir, cabe subrayar que, a pesar de todas las evidencias señaladas, el gobierno costarricense niega la militarización de su territorio y se pierde en malabarismos discursivos emitidos por doña Laura y por sus mandos policiales, que alimentan el terror en la región. El pasado 4 de julio, Mario Boraschi, jefe de la policía antidrogas, declaró a la prensa “que era mejor ver circular por las calles soldados norteamericanos que sicarios y traficantes de droga”. De esta forma, el privilegio de nacer y vivir en un país sin ejército se ha terminado para los costarricenses: ¡El infierno ha comenzado!

Juan Manuel Bueno Soria