La única política del actual gobierno federal ha sido el supuesto combate al narcotráfico. Se trata de la única tarea de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Los asuntos verdaderamente importantes de México han sido abandonados. El Estado ha renunciado a su función de dirigir el país; ha preferido que empresas privadas (muchas de ellas, extranjeras) se encarguen de las funciones sustantivas del gobierno. Con ello, ha dejado que particulares se apropien de recursos naturales (como el petróleo, la energía eléctrica y el agua) y que también sea la iniciativa privada la que se haga cargo de la educación, la salud y la alimentación, derechos convertidos en “servicios” que ahora se subastan en el mercado.
El fracaso de la seudodemocracia, encabezada por Felipe Calderón, no podía ser más evidente: mientras la miseria se extiende, los partidos políticos hacen “campaña electoral” (mercadotecnia) para las elecciones de 2012. No hay autoridad alguna en los tres poderes de la Unión que busque realmente revertir las condiciones de exterminio social al que han sido sometidos campesinos, indígenas y obreros. Lo que ofrece el actual gobierno es lo que ofrecen todos los regímenes fascistas: propaganda (o publicidad) y represión (Fuerzas Armadas en las calles).
Los intereses imperialistas son los que gobiernan en México. Están a cargo de la estrategia para desarticular la lucha social. Éstos son los que han ordenado la desaparición o muerte de luchadores sociales en Chiapas, Guerrero, Michoacán, y el aniquilamiento de movimientos indígenas, como el de San Juan Copala, Oaxaca, que busca su autonomía.
Como integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, somos conscientes que tendremos como maestros rurales. Sólo la educación comprometida con el pueblo –y con la defensa de los derechos del proletariado– podrá enfrentar la guerra ideológica y discursiva que libran los grandes medios de comunicación contra los movimientos de reivindicación política y social. El otro ariete de los gobiernos fascistas también se cumple en México: la criminalización de la disidencia. Quien reclama lo que le ha sido arrebatado se convierte en “criminal”.
La responsabilidad de lo que ocurre no sólo es del Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados y la de Senadores se han encargado de elaborar leyes que protegen la propiedad privada de los grandes empresarios y que atentan contra las propiedades colectivas y derechos sociales de los que menos tienen. Por ello, bajo este régimen, continuará creciendo la brecha entre el puñado de multimillonarios y las masas desposeídas.
¿Acaso no se necesita de una educación que genere conciencia revolucionaria en la población? ¿Cómo se contrarrestará el analfabetismo funcional y la publicidad televisiva si no es con una educación que le permita cuestionarse al campesino y al obrero los porqués de su miseria y explotación?
Ésta es la tarea que nos preocupa como estudiantes normalistas que procedemos de las clases marginadas. A través de las páginas de Contralínea, y en oficios entregados en la Secretaría de Educación Pública, hemos solicitado audiencia con las autoridades educativas federales. Deseamos exponer nuestra propuesta de modelo educativo integral, donde se fortalezca la relación del campo y la escuela para el desarrollo íntegro de los educandos, es decir, de la sociedad. No hemos recibido siquiera una respuesta. ¿Nos temen? ¿Nos desprecian?
La audiencia ha sido solicitada específicamente con la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Lo único que queremos es que escuchen nuestras propuestas de trabajo en favor de la educación pública y gratuita; nuestras necesidades y nuestro compromiso con la niñez, la cual exige condiciones aceptables para un buen aprendizaje.
Tenemos la determinación de no permitir el cierre de otra escuela normal rural y de luchar, junto con sindicatos y organizaciones sociales, contra la política privatizadora de la educación que llevan a cabo los funcionarios y los líderes corruptos que encabeza Elba Esther Gordillo.
Es claro que la pauperización del proyecto educativo de la Revolución Mexicana permitió la venta del país. Un pueblo educado no hubiera permitido siquiera que un gobierno pusiera en venta los recursos de la nación. Un pueblo educado frenaría la intervención estadunidense y echaría del poder a los traidores. El llamado de las normales rurales es para centrar la atención de la población en la educación pública. Aquí es donde se libra la lucha que hasta el momento va perdiendo la clase oprimida. Debemos exigir que, en la agenda del poderoso, no esté la eliminación de otra normal rural, sino la creación de decenas de ellas.
No abandonaremos la lucha pacífica, pero firme, que nos han heredado los profesores que han egresado de las escuelas normales rurales: la transformación de México en un país justo e igualitario.
También hemos realizado las gestiones correspondientes ante los gobiernos federal y estatal para la reapertura del internado de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, el cual fue cerrado en 2003 junto con la Normal Rural Luis Villareal, del Mexe, Hidalgo. Entonces, las autoridades se comprometieron a la reconstrucción del internado de la primera; pero hasta el momento, no se ha tenido respuesta. El presupuesto para las obras sí ha sido asignado, pero el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, lo ha destinado a campañas electorales y a propaganda gubernamental.
Reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la educación pública, en defensa de los derechos y la emancipación proletaria; porque, mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser. No estamos solos: tenemos el cobijo de nuestro pueblo, de nuestra gente. Seguiremos luchando para que se abran más espacios de estudio con carácter de internado en los distintos lugares donde no existen y se pueda tener acceso a la educación. Un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo fácil de engañar.
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