El reportero Víctor Fuentes (Reforma, 2 de marzo de 2012) nos informa cómo Felipe Calderón, obviamente, autoriza que sus empleados de la Procuraduría General de la República y las 15 secretarías del despacho presidencial, a presentar, desde 2003, 56 recursos judiciales para negar información. Es una maniobra calderonista para que los peticionarios no puedan obtener lo que, legal y legítimamente, tienen derecho.

Ante esa censura, el órgano colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las dependencias del Poder Ejecutivo federal deben dar la información solicitada y que por ningún motivo podrán promover recursos judiciales para negarla, y mientras dura el litigio, impedir el acceso a la información que solicita el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), órgano con autonomía para gestionar peticiones ciudadanas. Ya bastantes temas tienen vedado el acceso, como para que donde sí se tiene derecho a solicitar información funcionarios federales se resistan a suministrarla. Tampoco en información quieren rendir cuentas y se hizo necesario que la SCJN estableciera lo improcedentes de esas impugnaciones.

No obstante que ¡desde la Colonia! se estableció la Contaduría Mayor para controlar los ingresos y egresos del gobierno, a la fecha, lo que debería ser honradez (no como se dice la honestidad) se ha convertido en corrupción de casi todos los funcionarios; por eso la disputa por los cargos de representación se ha convertido en un reparto del botín. No sabemos a dónde van las ganancias de Petróleos Mexicanos al que presentan en la quiebra ¡saqueado por el presidente en turno y los dirigentes del sindicato! y de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Mexicano del Seguro Social, la Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos y los presupuestos de los tres poderes.

La información solicitada por medio del IFAI, sistemáticamente, era negada al ir a los tribunales para alegar que es información reservada, que son secretos y que no pueden darse a conocer. Por eso hay que reconocer que la Corte haya cumplido con su obligación de quitar a las dependencias del presidencialismo la facultad de recurrir judicialmente para censurar información que, en principio democrático y republicano, debería de darse ampliamente a todos los mexicanos, sin tener que pedirla individualmente. Queremos rendición de cuentas e información y no el discurso de los malamente llamados “informes” anuales de los titulares del Poder Ejecutivo. Informes de todos los que manejan dinero público y de todos los asuntos. Que termine el secreto para cubrir pillerías, a ladrones con título de funcionarios, que acabe, pues, la censura y la impunidad.

Álvaro Cepeda Neri