Libia, los bandidos-revolucionarios y la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU ha presentado [1] sus conclusiones sobre la actividad de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (MANUL), por primera vez desde la creación de dicha misión, en septiembre de 2011. Lo que se presentó en esta ocasión fue un reporte del secretario general de la ONU destinado a convencer a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de la necesidad de prolongar el trabajo de la misión. Así se hizo. El Consejo de Seguridad extendió por 12 meses más el trabajo de la MANUL y actualizó su mandato. Según el nuevo mandato, el objetivo de la Misión es ayudar el poder libio a definir las necesidades nacionales y las prioridades en todo el territorio libio, instaurar el respeto de la ley y de los derechos humanos, restaurar la seguridad ciudadana así como contribuir a la lucha contra la venta ilegal de todo tipo de armas y de todo tipo de equipamiento vinculado al armamento (se mencionó específicamente el caso de los lanzacohetes personales tierra-aire).

A pesar de los esfuerzos del secretario general de la ONU por dar la mejor apariencia posible a las acciones del nuevo poder en Libia, no fue posible soslayar por completo la realidad de los últimos acontecimientos sucedidos en ese país. El informe de Ban Ki-Moon contiene información sobre la actividad de fuerzas militares leales a la Yamahiria Árabe Libia que siguen oponiendo resistencia a los ocupantes OTAN-ONU y a sus colaboradores locales. La resistencia se desarrolla en las mayores ciudades del país, como Trípoli, Bani Walid, Kufra etc. [2]. En un esfuerzo por restar importancia a lo inquietante de la situación, el secretario general de la ONU presenta los golpes de la oposición como simples «altercados», y no es ese el único defecto de su informe que además de impedir la comprensión de la situación la hace incluso más confusa todavía.

Resulta que, además del nuevo poder instaurado en Libia y de los «partidarios del antiguo régimen», ahora aparece de la nada un tercer bando: unas llamadas «brigadas revolucionarias». ¿Quiénes son sus miembros? ¿Qué territorios controlan? ¿Quiénes las dirigen? El informe de Ban Ki-Moon no lo dice. Sin embargo, al leer el informe llegamos a comprender a qué se dedican esas brigadas: «las Brigadas Revolucionarias» garantizan los arrestos de personas sospechosas de complicidad con el régimen anterior, los interrogatorios en lugares desconocidos así como el control de los centros de detención conocidos. Practican la tortura y maltratan a los prisioneros, lo cual ha provocado la muerte de algunos de estos. Esos hechos se producen sobre todo en las ciudades de Trípoli, Misrata, Pintan y Garian [3].

A partir de ahí todo resulta más claro. El nuevo poder libio nada tiene que ver con el desorden. La culpa es de las llamadas «brigadas», cuya existencia está aún por comprobar. Sin embargo, se plantea una interrogante: Si esas «brigadas» consiguen sus armas en Trípoli, ¿cómo escapan entonces al control del «gobierno»?

También resulta bastante peculiar el informe del Representante Especial de la ONU Ian Martin. Mientras se hallaba en Libia, el señor Martin fue invitado a presentarse ante el Consejo de Seguridad precisamente para que ayudara a aclarar la situación. Martin también afirmó que existen ciertas «brigadas armadas». Quiénes son sus miembros y quién las dirige, son preguntas sin respuesta [4].

El representante de Libia ante la ONU, Abdel Rahman Shalgham, fue mucho más honesto al reconocer que «hay territorios que el gobierno no ha logrado controlar», en los que «no hay policía ni tribunales», y al agregar que, en su opinión, el nuevo poder no puede ser considerado responsable de lo que sucede en esos territorios. El problema es que, por alguna razón, el señor Shalgham no precisó dónde se encuentran esos territorios que escapan al control del «gobierno».

A la luz del derecho internacional, un poder establecido puede considerarse «gobierno» en el plano jurídico si controla todo el territorio de un país. Eso dicen los textos. En realidad, se considera, de forma no oficial, que el gobierno debe controlar al menos la mayor parte del país. Y no es ese el caso del Consejo Nacional de Transición. Es por ello que las instancias internacionales se ven obligadas a estar inventando informes prácticamente ridículos.

Los dirigentes de la «nueva Libia» saben que pueden perder el poder en un abrir y cerrar de ojos. Así que el representante de Libia dio la alarma en el Consejo de Seguridad: «Sabemos que ciertos ex líderes del régimen de Kadhafi están preparando un derrocamiento. Miembros de grupos armados han sido arrestados en los últimos días. Habían trazado un plan de sabotaje y explosiones de bombas en Trípoli. Los agentes de Kadhafi están enviando equipamiento a Libia para organizar actos de sabotaje» [5]. El señor Shalgham declaró que había enviado al Consejo de Seguridad y a la Corte Penal Internacional grabaciones telefónicas en las que el ex primer ministro libio Baghdadi Mahmudi (actualmente en Túnez) imparte personalmente instrucciones para la realización del sabotaje. Una semana después, el «primer ministro» libio Abdel Rahim Al-Kib hizo uso de la palabra ante el Consejo de Seguridad para suplicarle que anule el embargo sobre las entregas de armas a Libia.

¡Así que el «gobierno» se siente amenazado! En aras del salvar el actual régimen, el Consejo de Seguridad de la ONU anuló el embargo sobre las entregas de armas a Libia correspondiente al párrafo 14 de la resolución 1973, pero no anuló los párrafos 9 y 10 de la resolución 1970 (que contiene las modificaciones aportadas en la resolución 2009).

A pesar de todo, el pueblo sigue oponiéndose al nuevo régimen. Pero resulta que las «democracias occidentales», las mismas que se apoderaron de los recursos financieros de Libia, no se han dignado a responder a las súplicas de que devuelvan los fondos. La resolución solamente encargó al Comité de Sanciones la tarea de «enumerar las medidas que quedan estipuladas en las resoluciones 1970, 1973 y 2009», pero únicamente en relación con la Gestión de las Inversiones Libias y con la cartera africana de inversiones en Libia. La resolución emitió también la hipótesis de que el Comité pueda anular esas sanciones, pero solamente cuando «sea el momento oportuno» [6].

En este mismo instante, y bajo la protección de la misión de la ONU y de su jefe Ian Martin, está desarrollándose el traslado a Libia de los bandoleros de «la oposición» siria por parte de las fuerzas especiales. Dado que eso se ha hecho público [7], Ian Martin ha tratado de presentar los hechos como si no se tratara de combatientes sino de «refugiados» que huyen del régimen sanguinario de Bachar al-Assad. Cualquiera que sepa algo de geografía sabe que para «huir» de Siria hacia Libia hay que atravesar Jordania o Israel y, después, el territorio de Egipto. ¿Tanta distancia para ofrecer a estos refugiados el territorio «ideal»? ¡No parecen refugiados sino corredores de maratón! Y de nuevo nos dan una explicación totalmente absurda. Pero a nadie le interesa la autenticidad de tales explicaciones. Hace tiempo que las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU se han convertido en modelos de cinismo y de hipocresía, como un escenario que sirve para llevar la mentira al mundo entero y cuyo objetivo no es otro que lograr que la opinión pública respalde los más arteros y monstruosos crímenes.

El 9 de marzo, durante la reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, se presentó oficialmente una investigación de la Comisión Internacional sobre las Violaciones de los Derechos Humanos en Libia. Su presidente, Philippe Kirsch (ex presidente de la Corte Penal Internacional) anunció que en Libia se han cometido tanto crímenes de lesa humanidad como crímenes de guerra. Agregó que se hace necesaria la realización de investigaciones complementarias sobre la acción de la OTAN en Libia y sobre las circunstancias de la muerte de Muammar el-Kadhafi y de su hijo Mutassim.

El representante de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU subrayó la «falta de equilibrio» del informe de la comisión internacional. Se trata, claro está, de un enfoque diplomático. Las acciones militares de la OTAN contra Libia dieron margen a numerosos crímenes, lo cual constituye un hecho ampliamente documentado y de dominio público.

Podemos recordar, por ejemplo, los bombardeos de Zlitan, perpetrados el 9 de abril de 2011, que provocaron la muerte de más de 80 personas entre las que se hallaban 30 niños. También podemos citar los bombardeos contra el centro de televisión de Trípoli, en junio de 2011. Es extraño que el informe de la Comisión no mencione esos hechos, ni muchos otros (de gran envergadura), en los que numerosos pobladores resultaron muertos bajo las bombas de la OTAN.

Aunque el informe contiene un capítulo especial titulado «Muerte de Muammar el-Kadhafi y de su hijo Mutassim», las conclusiones de los juristas son extrañas. La Comisión afirma que, a pesar de sus reiterados pedidos, nunca recibió ningún informe de autopsia y sólo se le entregaron fotos del cuerpo que no permiten determinar las causas de la muerte. La Comisión concluye, dado lo anterior, que «es imposible calificar la muerte de Kadhafi de crimen de guerra» [8]. Los miembros de la Comisión –que se compone de conocidos juristas– adoptan así el papel de novatos de la jurisprudencia que nunca han visto imágenes filmadas de [la muerte de] Kadhafi ni pruebas de su asesinato. El hecho que Kadhafi fue asesinado cuando ya se había convertido en prisionero no parece tener la menor relevancia jurídica para estos experimentados juristas.

El estudio en marzo de la situación en Libia por parte del Consejo de Seguridad de la ONU así como los resultados de la Comisión Investigadora demuestran que se sigue convirtiendo Libia en una «zona oscura» de la política mundial, en algo que se sitúa entre la situación de Irak y la de Somalia, donde las armas pasan de mano en mano sin el menor control, donde se puede explotar impunemente los recursos petroleros del país y organizar campos de entrenamiento para los combatientes de las nuevas revoluciones. Hay algo, sin embargo, que no debemos olvidar. Mientras las fuerzas de oposición de la Yamahiria Libia se mantengan en pie, ese plan corre el riesgo de fracasar.