La crisis de fin de sexenio

Es el próximo presidente quien ha decidido la urgente desaparición de la SSP y la limitación del enorme poder político y económico que García Luna acumuló en los últimos 6 años del gobierno panista. Las funciones de esa Secretaría de Estado pasarán al área política como una subsecretaría bajo la coordinación del titular de Gobernación.

Otro problema que Calderón nunca pudo controlar fue la disputa entre su secretario preferido y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, quienes desde hace muchos meses dejaron de cooperar en el combate a la delincuencia organizada y se lanzaron acusaciones mutuas (sin dar la cara) de que uno y otro cooperaban con el crimen organizado.

Sin más pruebas que los señalamientos ocultos hechos a periodistas que estuvieron dispuestos a prestar su pluma para acusar, lo cierto es que funcionarios de primer nivel de la SSP y de la PGR fueron cesados y algunos hasta procesados por vínculos con el crimen organizado, al cual le daban protección e información para alertarlos de operativos en su contra.

El último de estos casos es el de José Cuitláhuac Salinas Martínez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien renunció el jueves pasado “por motivos personales”, según la PGR, aunque todos adentro de esa dependencia comentan que él y su grupo se habían vinculado al crimen organizado, principalmente al cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Se comenta que fue el grupo del secretario de Seguridad Pública el que descubrió los vínculos de Cuitláhuac con el narcotráfico, por lo que la procuradora se vio obligada a renunciarlo a pesar de ser uno de sus hombres de mayor confianza.

Otro caso que desató un enfrentamiento abierto entre García Luna y Marisela Morales tiene que ver con el ataque de policías federales en contra de una camioneta blindada que transportaba dos agentes estadunidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y un efectivo de la Marina de México, con rumbo a un campo de entrenamiento de esa misma Secretaría, en la inmediaciones del poblado mexiquense de Tres Marías.

El caso subió de tono cuando la propia procuradora sostuvo que los 14 policías federales que participaron en el ataque cumplían instrucciones del crimen organizado para ejecutar a los agentes de la temible agencia de espionaje CIA.

Para García Luna esa afirmación además de falsa está llena de malicia por parte de la procuradora para deteriorar la imagen de la SSP, pues de acuerdo con las evidencias entregadas al gobierno de Estados Unidos y también al juez federal que lleva la causa penal por la agresión armada se trató de un grave error de los policías al disparar a un vehículo blindado con placas diplomáticas.

La titular de la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, Luz María Núñez Camacho, quien investiga internamente la responsabilidad de los 14 policías federales involucrados, consideró que se trató de una equivocación: los agentes armados vestidos de civil investigaban el secuestro de un funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia ocurrido en esa misma zona, de pronto una camioneta blindada cruzaba por el área en un camino de terracería, lo que pareció sospechoso y trataron de marcarle el alto para revisar el vehículo, pues creían que allí llevaban al funcionario secuestrado.

El conductor de la camioneta al ver hombres de civil con armas largas aceleró la marcha e impactó con otro vehículo de los policías encubiertos y golpeó a uno de los agentes federales, lo que provocó decenas de disparos. El resultado fue de varios heridos. Los mismos policías, al darse cuenta de su error, los trasladaron al hospital.

La funcionaria Núñez Camacho aseguró que habrá sanción administrativa en contra de los 14 policías federales, porque sí hubo errores de procedimiento, pero rechazó los señalamientos de la procuradora Morales de que se tratara de una fallida ejecución ordenada por el narcotráfico. Del proceso penal explicó que será el juez el que determine la responsabilidad de los procesados, pero al interior de la SSP confían en que sean absueltos del delito de tentativa de homicidio y vínculos con el crimen organizado, como pretende hacer creer el Ministerio Público Federal.

Mientras en México, el presidente Calderón nunca pudo cohesionar un combate inteligente contra el crimen organizado y mucho menos poner de acuerdo a las distintas corporaciones responsables de la seguridad pública y nacional, el gobierno de Estados Unidos ha abierto expedientes penales en contra de importantes miembros del gabinete panista, por tener presunciones de que tienen vínculos con el crimen organizado.

Entre los funcionarios investigados y a quienes les dan un puntual seguimiento de sus actuaciones están precisamente el secretario García Luna y la procuradora Marisela Morales, además de algunos generales, de quienes indagan supuestas acusaciones de proteger y proporcionar información sensible sobre las acciones que se llevan a cabo en México y en Estados Unidos en contra de los cárteles del narcotráfico.

Según los agentes federales estadunidenses, se trata de indagatorias que llevan varios años y que involucran no sólo a los titulares de la SSP y PGR, sino a todos los integrantes de su primer equipo, a familiares y hasta a amigos, pues hay indicios de movimientos financieros internacionales por cuantiosas sumas de dinero para beneficiar a miembros de esos grupos.

La pugna interna entre miembros del “equipo” calderonista es sólo la prueba de la irresponsabilidad que tuvo este gobierno en la lucha contra el narcotráfico y cómo desató enfrentamientos entre las distintas corporaciones precisamente por su complicidad con las mismas bandas que, ha dicho Calderón, pretende combatir.