A esos accidentes aéreos hay que sumar también las aeronaves caídas de las Fuerzas Armadas. Las secretarías de la Defensa Nacional y Marina también sufrieron percances en donde fallecieron militares.

Aunque todo esto ocurrió en la administración anterior, marcada por el abuso, la injusticia y la impunidad de los panistas, debe servir de alerta al nuevo gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, pues está claro que los órganos de inteligencia dejaron de funcionar y la seguridad nacional, con todo lo que implica, se vino a pique o simplemente dejó de servir al país y a la misma burocracia para hacerla más eficaz o, al menos, para poderle salvar la vida a sus integrantes de primer nivel.

Y señalo lo anterior porque al empezar el gobierno de Peña Nieto, en los primeros días de diciembre de 2012, una aeronave de la Secretaría de Marina se desplomó en el ejido Conquista Agraria, a 34 kilómetros al Suroeste de la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, donde fallecieron el capitán de corbeta Adrián Ignacio González Vargas (de la Armada de México) y el mayor Jesús Alfonso Barajas Verduzco (de la Fuerza Aérea), ambos “instructores de vuelo”.

Según la información de la Secretaría de Marina, realizaban un vuelo de entrenamiento en un avión Zlin Moraván 242-L, perteneciente a la Escuela de Aviación Naval, con sede en la ciudad de La Paz. Aunque se abrió una investigación militar para saber las causas del accidente, se reportó que antes del desplome de la aeronave, ésta activó una alerta de emergencia.

Ésta es una alerta para que el nuevo gobierno priísta no se convierta en cómplice de la corrupción que ha permeado en las estructuras oficiales aéreas, ya sean de la Defensa, la Marina, Gobernación, PGR o la misma Presidencia de la República, en la que administraciones corruptas han desviado recursos públicos en detrimento del servicio que deben tener las aeronaves y la protección que debe darse a los servidores públicos que hacen uso de éstas.

También supimos que a finales del gobierno calderonista, la entonces procuradora Marisela Morales inició una investigación sobre la administración que está a cargo de las aeronaves de la PGR, pues descubrió una red de corrupción que abusó y desvió dinero público. Esta investigación le tocará concluirla al nuevo procurador Jesús Murillo Karam, quien al tomar posesión prometió hacer cumplir la ley. Buena oportunidad para demostrarlo.

Y de nuevo sobre la Secretaría de Marina, otro caso de aeronaves que debe ser investigado por los órganos de control y vigilancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo es el que comentamos hace varios meses en esta columna, referente a los contratos SCVIA/016-2008 y 13/SCIA/000-2012 que firmó esa dependencia de las Fuerzas Armadas con las empresas Volans, SA de CV (de origen ruso), y FTI, de Estados Unidos, para la reparación de cuatro helicópteros MI-17, a un costo aproximado de 6.6 millones de dólares (cerca de 90 millones de pesos).

Dicha operación ocasionó controversias legales por “incumplimiento de contrato” en contra de la Secretaría de Marina, pues el apoderado legal de Volans, Yury Chumak, sostiene en una querella presentada ante tribunales que dicha institución mexicana le asignó la reparación de las cuatro aeronaves y después canceló el contrato para otorgárselo a FTI, lo que le ha causado un daño patrimonial a su empresa por 3.3 millones de dólares.
Pero lo más delicado es que al investigar qué pasa en la Armada de México encontramos que había un vacío de poder de parte del ahora exsecretario Mariano Francisco Saynez, quien al parecer desconocía las operaciones que sus subalternos realizaron en su nombre, y algunas compras de bienes y servicios son por lo menos sospechosas de malos manejos.

Lo extraño de esta reparación de cuatro helicópteros es que, al parecer, el almirante tampoco se enteró de las denuncias y quejas que empresas privadas presentaron ante el Órgano Interno de Control y en tribunales administrativos. Por lo pronto, este caso de los cuatro helicópteros de Marina será tema a investigar por el gobierno de Peña Nieto, y razones hay muchas.

Primero, las aeronaves fueron enviadas por barco a Rusia para su reparación en talleres especializados y, antes que terminaran los trabajos, en México la Marina rescindió el contrato a Volans para otorgárselo a FTI. Contrato en mano, ésta se trasladó de inmediato a los talleres rusos y retiró dos de los cuatro helicópteros que ya habían sido reparados y los regresó a México por el puerto de Veracruz, en donde la Secretaría de Marina recuperó sus aeronaves. Pero los otros dos helicópteros siguen varados en algún país de Europa.

Según algunos de los involucrados en el conflicto, la Marina negoció con la empresa estadunidense que regresara a México dos helicópteros. Los otros, según se sabe, habrían sido trasladados a Holanda para su venta. Y aquí la pregunta es: ¿quién se beneficia de la desaparición de dos aeronaves de la Secretaría de Marina?

La duda de algunos expertos es para qué salieron los aparatos de los talleres rusos cuando apenas llevaban el 30 por ciento de su reparación, ya que en ese estado sólo podrían ser utilizados para abastecer de refacciones a otras aeronaves. Pero más allá de las dudas que esta operación de reparación de cuatro helicópteros de Marina han causado y que se tendrían que explicar a los órganos de fiscalización, está la controversia legal que se lleva en tribunales mexicanos a petición del representante legal ruso Yury Chumak, responsable también del contrato firmado con el exoficial mayor, y al que el actual secretario de Marina tendrá que hacerle frente.

Según el expediente que obra en tribunales, el 10 de junio de 2011 se inició un juicio de nulidad en contra de la rescisión administrativa que determinó el mismo almirante Saynez y cuyo juicio fue radicado ante la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa bajo el expediente 13519/11-17-06-5.

Fue el mismo secretario Saynez quien emitió el acuerdo por el que dejó sin efectos una resolución del oficial mayor de Marina y que motivó el juicio de nulidad mencionado para emitir una nueva determinación de finiquito por rescisión administrativa.

El monto de dicho contrato asciende a 6 millones 671 mil 100 dólares, cerca de 90 millones de pesos. Aunque la Marina cumplió con pagar un anticipo del 50 por ciento para que se realizara la reparación, hasta ahora dos de las cuatro aeronaves no han sido entregadas y fueron sustraídas de los talleres rusos para trasladarlas a algún país de Europa, según el representante legal de Volans, quien exige el cumplimiento del contrato y por tanto el pago de los otros 3.3 millones de dólares.

Miguel Badillo
Fuente
Contralínea (México)