Parte II: Estado Mayor Presidencial, sin estrategia ni claridad legal

En México han habido propuestas de desaparecer al Estado Mayor Presidencial, debido a que es un grupo de militares controlado directamente por el presidente de la República, pero administrativamente adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, lo cual lo hace una fuerza ambigua, expone Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas.

“Los elementos del Estado Mayor Presidencial reciben unos saberes mayores que los que reciben [los] soldados de la tropa normal en ambas Fuerzas [Armadas], y pueden llegar a tener privilegios.

“En una política de seguridad más amplia, debe analizarse si es necesario que la seguridad del presidente se asigne a un grupo especializado que tenga una función específica que cumplir dentro de un marco de una política general de seguridad nacional en el país, y que sean transparentes los recursos que se le asignen.”

El especialista argumenta que a diferencia de México, los cuerpos de seguridad presidencial en el mundo tienden a ser cada vez más institucionales. El Servicio Secreto de Estados Unidos no sólo da protección a presidentes, expresidentes y funcionarios o figuras diplomáticas que visitan el país, también se dedican a la seguridad financiera y tienen una participación importante en misiones antiterroristas.

En Colombia es un batallón de guardias presidenciales el que protege al presidente, controlado por la Secretaría para la Seguridad Presidencial. El secretario de ésta recibe y administra el presupuesto para el rubro.

Finalmente, Jorge Luis Sierra detalla que las funciones del Estado Mayor Presidencial deben responder al interés de la nación y no al del presidente saliente, como en el caso de Calderón Hinojosa, que modificó el reglamente en su último día en el cargo.

“El Estado Mayor Presidencial debe tener un sentido más nacional, republicano y debe de haber un plan general de reforma a las Fuerzas Armadas. Pero nada de eso existe: hay un vacío legal en el diseño de la fuerza y en la asignación de recursos en el decreto que fue promulgado.”

El diputado Manuel Añorve, miembro del Partido Revolucionario Institucional –quien votó en contra del exhorto al Ejecutivo federal, con el que se pretendía echar abajo el decreto por el cual se otorga mayor seguridad al expresidente Calderón– opina sobre los vacíos jurídicos en las modificaciones al reglamento respecto a que no se especifica hasta qué nivel de parentesco alcanzaría la protección: “Podría ser… Eso se tiene que revisar en una legislación secundaria, pero no podemos estar exhortando a quien tiene la responsabilidad de brindar seguridad a los expresidentes de la República”.

El legislador añade: “Hay que analizarlo jurídicamente en comisiones, presentar iniciativas; pero la seguridad de los expresidentes es algo que debemos preservar. No es un debate político”.

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