20. junio, 2013 IPS Línea Global

Wade C L Williams/IPS

Boegbor, Liberia. Para poder sobrevivir, Sackie Qwemie está obligado a trabajar para la compañía Equatorial Palm Oil (EPO), que se quedó con sus tierras en el noroeste de Liberia.

Qwemie, de unos 50 años de edad, trabaja en la plantación de EPO desde hace 3 años, cuando las autoridades otorgaron a la empresa en concesión sus tierras en el condado de Grand Bassa, una de las 15 que tiene este país de África occidental.

No está para nada contento con el trabajo, que más bien le deja un gusto amargo. Pero no tiene más remedio que hacerlo si quiere sobrevivir.

“Donde estaba mi huerta, arrasaron con mis cultivos de berenjena, pimiento, mandioca (yuca); destruyeron todo”, comenta Qwemie a Inter Press Service (IPS) en Boegbor, un pueblo del distrito cuatro del condado de Grand Bassa.

“Tenía el terreno más grande. Llegué del hospital y me enteré; las máquinas habían arrasado todo. Desde entonces no tengo propiedad”, relata.

Qwemie se muestra preocupado y enojado al explicar su situación; acusa al gobierno liberiano de entregar sus tierras y de ignorar los intereses de la gente a la que se debe.

La decisión gubernamental creó innumerables dificultades a los campesinos, pues Equatorial Palm Oil paga poco y no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

“Antes de comer pimientos, tengo que comprarlos. No sé qué decir. No puedo luchar contra la compañía porque ella dice que el gobierno le concedió las tierras”, se queja Qwemie.

EPO ocupa Palm Bay, una concesión de unas 34 mil hectáreas para producir palma aceitera. La concesión por 50 años se negoció y se promulgó en 2011, cuando comenzó la plantación.

La expansión al distrito cuarto de Grand Bassa, que empezó este año, enfureció a la población local y generó resistencia.

“Vienen, destruyen nuestro monte, nuestra forma de vida. Incluso el arroyo: dañan el agua que bebemos”, dice, enojado, Joe Bah, jefe de Boegbor.

Joe Bah y otros campesinos se quejan de que no fueron consultados sobre el arrendamiento de sus tierras. La compañía utilizó topadoras para limpiar los terrenos, incluso sitios sagrados y ancestrales, sin remordimiento ni respeto por la cultura local, protesta.

La población local también acusa al gobierno de usar al jefe del Consejo Nacional Tradicional, Zanzan Kawar, el anciano más reverenciado del país, para desalentarlos a no reclamar sus derechos.

“Cuando Kawar se presenta en cualquier comunidad, todos los zoes de Grand Bassa y de otros condados pueden estar presentes”, señala Isaac Gartaryon, dirigente juvenil.

Los zoes son autoridades religiosas tradicionales a los que se atribuyen poderes sobrenaturales y la gente les teme. Tampoco se atreven a hablar mal de ellos por miedo a las consecuencias. “Utilizan su enorme influencia para que nadie hable”, explica a IPS.

Ancianos de la comunidad, con cargos en el gobierno y cercanos a autoridades de la compañía, criticaron duramente a los ciudadanos que se oponen a la expansión, sostiene Gartaryon.

“No se consultó a los jóvenes, las mujeres ni los jefes sobre la expansión, así que nos resistimos”, explica.

“Pero el Consejo Nacional Tradicional todavía mantiene su posición y sostiene que en lo que le concierne, la presidenta de la República de Liberia [Ellen Johnson Sirleaf] concedió las tierras a EPO y que cualquiera que se oponga será detenido”, añade.

Por su parte, EPO alega que las tierras que ocupa son una concesión del gobierno tras las negociaciones de 2008. La compañía señaló que sólo opera 13 mil hectáreas, y que no ha ocupado todo el territorio por la resistencia de la población local.

Sobre las acusaciones de que no se consultó a la población, Thomas Borshua, contador y administrador de Equatorial Palm Oil, dice: “No diría que fue así. Mantuvimos varias reuniones con los jefes locales”.

“No hablamos con la gente en forma personal. Tienen sus líderes que se presentaron como sus representantes, y con ellos es con quien conversó la compañía”, explica a IPS.

Borshua declara que la compañía sólo ocupa una parte de la concesión, aunque se ven tractores circulando en toda su extensión. Además, es común ver árboles recién talados en zonas que, según la población local, no forman parte de las 34 mil 398 hectáreas concedidas.

“Vamos a resistir desde el monte y lo decimos en serio”, dice, enojado, Gartaryon.

La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dijo en Estados Unidos, en conversación con Reuters Insider publicada en mayo pasado, que el gobierno trabajaba para atender la actual crisis de la tierra.

“No hay duda respecto a lo que dijimos de que las comunidades tienen derechos sobre sus tierras. Aun así decidimos negociar concesiones porque no tienen recursos para trabajarla, esto los terminará favoreciendo con vivienda, empleo y beneficios sociales, pero tendrán una completa participación”, aseguró.

Organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Desarrollo Sostenible (SDI, por su sigla en inglés), dedicado a crear conciencia y a aumentar la participación pública en lo que respecta a los recursos naturales, cree que el gobierno debe dejar de hablar y hacer lo correcto.

“El problema de la tierra en Liberia es más que una asunto legal. Se trata del sustento de las comunidades rurales”, dice a IPS Nora Bowier, del SDI.
“Si el gobierno otorga grandes porciones de tierras de las comunidades rurales y se las otorga a las multinacionales, sin asegurarles ni ofrecerles mejores alternativas para sobrevivir, es como quitarles el derecho a vivir y aumentar su pobreza”, añade.

Fuente: Contralínea 339 / junio 2013