CNDH: indicios de desaparición forzada en 2 443 casos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revela que habrían ocurrido al menos 2 mil 443 casos de desaparición forzada en México, entre 2005 y lo que va de 2013. En otros 24 mil 800 expedientes que integra no descarta que se traten de desapariciones forzadas. A diferencia de los secuestros, levantones y otras formas de privación ilegal de la libertad, en la comisión del delito de desaparición forzada participan agentes del Estado.

A mediados de 2011, cuatro jóvenes fueron detenidos por policías de tránsito y entregados a la delincuencia organizada. Los hechos ocurrieron en el municipio de Juárez, Nuevo León. A pesar de que el presidente municipal, Rodolfo Ambriz, ofreció disculpas públicas en cumplimiento de la recomendación 52/2013 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aún se desconoce el paradero de los muchachos.

Éste y otros casos de desaparición forzada fueron expuestos en la preaudiencia Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales en México: una Política Permanente del Estado, del Tribunal Permanente de los Pueblos, celebrada entre el 28 y el 29 de mayo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Durante el segundo día de actividades, Luz María Durán Mota se apostó frente al panel de especialistas, designados como jurados del Tribunal. Un auditorio repleto la observaba. Con voz firme, argamasa de dolor y enojo, rememoró los acontecimientos que precedieron a la desaparición de su hijo de 17 años de edad.

La noche del 17 de junio de 2011, Israel Arenas Durán, quien laboraba en el vivero familiar, salió de su domicilio a entregar un pedido de plantas. Lo acompañaban Adrián Nava y los hermanos Reynaldo y Javier García. Alrededor de las 22:30 horas, Israel se comunicó con su hermano; le dijo que estaba en el bar California y que necesitaba dinero para pagar las cervezas que consumió.

El hermano de Israel se encaminó hacia el lugar referido. Una insospechada escena interrumpió su andar. Mientras esperaba el verde del semáforo, sobre la avenida Eloy Cabazos, presenció una persecución callejera: adelante la camioneta guinda en la que se transportaba Israel y sus amigos; unos metros atrás, dos elementos de tránsito a bordo de la unidad 131.

Fue en la avenida Coahuila que los uniformados dieron alcance a los hoy desaparecidos. Los bajaron de la camioneta propiedad del vivero; los esposaron, las manos hacia atrás; los subieron a una camioneta particular, tipo blazer, de color gris.

—¿Por qué se están llevando a los chavos? –preguntó el hermano de Israel, incrédulo.

—Porque abollaron una unidad. ¿Eres familiar?

—No. Nada más estoy viendo qué les hacen –dijo el hermano de Israel, por temor a que a él también lo detuvieran.

—Entonces quítate de aquí con tu camioneta y vete.

Cuando Luz María, mamá de Israel, se enteró de lo sucedido no hubo 1 minuto de desperdicio. Acudió a la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, y a la Policía Ministerial, ambas del municipio de Juárez. Visitó también la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe. La respuesta fue siempre la misma. Los servidores públicos que la recibieron aseguraron no tener registro de los jóvenes detenidos apenas unas horas antes.

La tarde del 18 de junio, cuando el aliento agonizaba, Luz María se entrevistó con un “comandante” del que jamás supo su nombre; sumida en la angustia por la desaparición de su hijo, no reparó en la importancia del detalle. El encuentro ocurrió en uno de los pasillos de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito de Juárez.

Palabras crudas pero esperanzadoras brotaron de entre el tubérculo y el bermellón labial. El supuesto comandante le dijo, luego de realizar un par de gestiones, que su hijo y los otros muchachos estaban en la Ministerial de Juárez, pero que no los podía ver “porque les pusieron unas cachetaditas y los están investigando para saber si consumen drogas”. Le pidió que regresara al día siguiente, entre las 3 y las 4 de la tarde, para que por fin se los entregaran. Luz María llegó puntual a la cita. La acompañaban su esposo y la certeza de recuperar a su hijo. Ésta última se fue desvaneciendo conforme avanzaba la conversación con los oficiales en turno. Primero les preguntó por Israel y por los tres jóvenes que lo acompañaban; los policías aseguraron no saber nada de ellos. Entonces preguntó por el comandante con el que se había entrevistado el día anterior. “¿Cómo se llama el comandante?”, inquirieron los uniformados. Luz María quedó atónita; supo que desconocía esa información. Para compensar su descuido, proporcionó una descripción del “comandante”: tez blanca, ojos y cabellos claros, complexión media, 1.70 metros de altura, de entre 32 a 34 años de edad. De nada le valió: “nadie con esas características”, aseveraron los uniformados.

Han pasado ya 2 años de la desaparición forzada de estos jóvenes. De las investigaciones realizadas se desprende que uno de los policías que participó en la detención ilegal de los muchachos los entregó a Los Zetas. Además, que el “comandante” con el que se entrevistó Luz María en la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito es en realidad un jefe de plaza de esa organización delictiva.

“Desde entonces, para mí, para mi esposo y para mis otros hijos ha sido de mucha oscuridad, mucha desesperación porque no sabemos a dónde están; de ninguno de ellos tenemos noticias. Mi hijo es un simple trabajador que tiene derecho a la libertad, al amor, a estar con su familia”, concluye su relato Luz María, entre el silencio de los espectadores.

Ésta es la nueva cara de la vieja práctica de la desaparición forzada, que de acuerdo con historiadores tiene su origen en la Alemania nazi. Para el caso mexicano, los primeros registros datan de la Guerra Sucia, periodo en el que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fueron víctimas de desaparición forzada 275 luchadores sociales (Recomendación 26/2001).

Ocho lustros después, esta práctica, asociada a dictaduras o regímenes autoritarios, repunta y se recrudece en México. Actualmente, la CNDH investiga 2 mil 443 casos en los que hay indicios de desaparición forzada relativos al periodo 2005-2013.

Como lo muestran las 12 recomendaciones que el organismo autónomo ha emitido al respecto (9/2005, 15/2005, 7/2009, 44/2009, 78/2009, 34/2011, 40/ 2011, 43/2011, 34/2012, 38/2012, 39/ 2012, 55/2012), en 30 casos, perpetrados del 26 de agosto de 1997 al 2 de junio de 2011, se ha acreditado ya plenamente la intervención de servidores públicos en las desapariciones.

Aunado a lo anterior, la CNDH cuenta con un registro de 24 mil 800 personas cuyo paradero se desconoce. Debido a que se trata de expedientes abiertos, en ninguno de éstos se descarta la desaparición forzada, refiere Luis García, primer visitador de la Comisión, en entrevista con Contralínea.

No obstante estas cifras, el funcionario menciona que un sólo caso de desaparición forzada “a estas alturas de la época del país, en la segunda década del siglo XXI, cuando parecía un problema superado”, es “motivo para hacer un escándalo y un pronunciamiento enérgico para que las autoridades del Estado mexicano las prevengan, investiguen y sancionen a los responsables, porque si no estamos generando un ambiente de impunidad”.

Dada la magnitud de la problemática, que “se acrecentó en un contexto de inseguridad pública”, producto de la estrategia de seguridad emprendida por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, la “guerra” contra el narcotráfico, la CNDH prepara un informe especial sobre el tema, mismo que hará público a finales de 2013.

Por lo pronto, de los casos que han pasado por las manos de esta Comisión se desprende, indica el primer visitador, que los servidores públicos mayormente involucrados en desapariciones forzadas, delito considerado de lesa humanidad, son los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal.

Respecto de las entidades con más incidencia, señala que se trata de las que se ubican en el Norte del país, como Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila. También incluye en los focos rojos a Michoacán y Guerrero.

“Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”, se lee en el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la Organización de las Naciones Unidas.

Las nuevas desapariciones forzadas

Además de perder a su sobrino, Víctor Manuel Rolón perdió lo que cosechó durante más de 50 décadas de vida: su empleo en una compañía petrolera de Houston, Texas; su vivienda; el automóvil que pagaba en cuotas; los ahorros acumulados…

Devastado por la desaparición de Adrián Domínguez Rolón, policía federal de 33 años de edad, por la “desganada” actitud de los agentes del Ministerio Público a cargo de la investigación y por la posible complicidad de las autoridades con el crimen organizado, Víctor ha dedicado los últimos 2 años de su vida a la búsqueda de su consanguíneo.

“Dejé de lado todas esas cosas ya que para mí la familia es lo más importante. Con el tiempo veré qué puedo hacer para resolver mis demás problemas”, declaró a Human Rigths Watch, el 21 de septiembre de 2012. En febrero pasado, la organización internacional presentó el informe Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, en el que documentada 249 desapariciones; en 149 de éstas hay evidencias de desaparición forzada.

Como parte de la denuncia pública del caso, Víctor acudió al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), estrado no gubernamental conformado por personalidades de reconocida autoridad moral que examinan presuntas violaciones a los derechos fundamentales. Ahí narró lo sucedido.

Adrián Domínguez Rolón y Miguel Gutiérrez Cruz, policías federales, desaparecieron el 17 de febrero de 2012. Ambos se encontraban de comisión en Uruapan, Michoacán, como parte de los operativos conjuntos contra el crimen organizado. Fue hasta 2 días después que sus familiares se enteraron de los hechos. La exnovia de Adrián les informó que la Policía Federal los había reportado como desaparecidos.

Las constates contradicciones en que han incurrido las cabezas del agrupamiento y las innumerables inconsistencias en la investigación oficial han sembrado una maraña de dudas entre los familiares de estos federales. También el hecho de que, como parte de su insaciable búsqueda, Víctor ha contactado con al menos un centenar de familias que se encuentran en la misma situación: sus hijos, hermanos, sobrinos, primos, nietos, todos ellos policías también desaparecieron en cumplimiento de sus funciones.

En el caso de Adrián y Miguel, por ejemplo, el comandante Teodoro Bonfil, quien se encontraba a cargo de los federales desplegados en la región michoacana, no levantó el acta por desaparición, sino un reporte por abandono de trabajo. Además, se negó a rastrear los celulares de los desaparecidos, así como a solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de Uruapan.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), organización que ha acompañado este caso, tiene una hipótesis: “que los comandantes de plazas de la Policía Federal, coludidos [con los grupos criminales], pagan sus favores o cuotas con policías federales. Por eso es que desaparecen como por arte de magia”.

Durante casi 4 años de existencia, la organización no gubernamental que tiene su origen en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila ha documentado 300 casos de desaparición que datan de febrero de 2007 a la fecha.

Juan López, integrante de Fundem, explica que, a diferencia de los casos de desaparición forzada típicos –como los de la Guerra Sucia– en los que claramente el Estado mexicano va por las personas opositoras al régimen, “ahora se están llevando a todo el mundo”.

Refiere, asimismo, que para los últimos 6 o 7 años, en un contexto de “sinergia y descomposición generalizada”, Fundem ha identificado al menos tres vertientes de desapariciones forzadas: aquellas en que la delincuencia organizada desaparece a la persona; en las que las estructuras del Estado hacen lo propio y luego entregan a las víctimas a los grupos criminales; y en las que la autoridad conoce quién, cómo, cuándo, dónde y para qué fue desaparecida la víctima.

Luis García, primer visitador de la CNDH, coincide con el análisis de Fundem. “Completamente de acuerdo con ese balance. Vemos que no solamente se centra ya en la desaparición por parte de agentes del Estado, sino que hay desapariciones en torno de la delincuencia organizada o donde los mismos servidores públicos los detienen y se los entregan a la delincuencia”.
Sin embargo, el funcionario aporta dos elementos más, mismos que han sido de observancia de la Comisión: una ineficiente procuración de justicia, especialmente en lo que respecta a la investigación de los casos, y una inadecuada atención a las víctimas y familiares de las personas desaparecidas: que sean tratados con dignidad, sensibilidad y respeto.

Prueba de ello, apunta, es el alto índice de impunidad que existe en la materia. Y es que en ninguno de los casos que conoce la CNDH, particularmente los que se desprenden de las 12 recomendaciones emitidas de 2005 a 2012, “hemos tenido información sobre la existencia de una persona o un servidor público que haya sido sancionado por una desaparición”.

El primer visitador de la CNDH agrega que “lo que es intolerable es que exista un nivel de incertidumbre, que hoy por hoy estén familiares de víctimas expresándose en diversos lugares del país pidiendo precisamente justicia y su derecho a saber qué fue lo que pasó con sus familiares, porque la autoridad que tiene la obligación de investigar [procuradurías y ministerios públicos] no está haciendo su trabajo”.

En una carpeta informativa que la CNDH entregó a Contralínea consta el patrón de conducta que, a decir del organismo autónomo, caracteriza a las nuevas desapariciones forzadas: los agraviados fueron privados de la libertad por servidores públicos adscritos indistintamente a corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno y a las Fuerzas Armadas del Estado mexicano; en algunas ocasiones, las autoridades responsables de la detención entregan a los agraviados a la delincuencia organizada; las autoridades responsables manifiestan no haber intervenido en los hechos que se les atribuyen; las detenciones se llevan a cabo en los domicilios, locales comerciales, vía pública, en centros de trabajo o al interior del transporte colectivo; los sujetos activos del delito portan armas de fuego y generalmente actúan con extrema violencia; en la mayoría de los casos se presenta la denuncia correspondiente ante la institución del Ministerio Público; generalmente los familiares de los agraviados son objeto de amenazas después de denunciar los hechos; existe inconformidad por parte de los familiares de los agraviados con el agente del Ministerio Público que investiga la desaparición.

Para Carlos Fazio, especialista en temas de seguridad y política internacional, las desapariciones forzadas, las de hoy y las de hace 40 años, representan no “una falla del sistema”, sino una estrategia continuada de “contrainsurgencia”, con variaciones en el tiempo pero que conserva su esencia: “la eliminación de los adversarios políticos o, como en la falsa guerra de Calderón a las drogas, la generación del caos, del terror oficial, en colusión con agentes de grupos criminales para mantener una política de dominación vinculada al territorio y a los recursos geoestratégicos. Esta política de terror se inscribe en el mantenimiento del statu quo”.

Insuficiente, respuesta del Estado mexicano a recomendaciones

Al pie del blasón que representa los orígenes de Jilotlán de los Dolores se lee: “Seguridad y progreso”. No obstante, a finales de 2010, seis hombres fueron víctimas de desaparición forzada en este municipio, localizado en el extremo Sureste de Jalisco.

Los hechos ocurrieron al alba del 1 de octubre. Cerca de las 6 de la mañana elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en un domicilio de la colonia Lomas Altas en el que se reunían algunos jornaleros para ir juntos hacia el lugar de trabajo. Los uniformados no llevaban orden de cateo.

De acuerdo con los vecinos del lugar, los trabajadores habrían sido golpeados, amarrados y, cual muñecos de trapo, introducidos en vehículos propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Éstos se encaminarían, posteriormente, hacia la salida de Tepalcatepec. Aunque los militares sostienen que los seis hombres fueron liberados en una “brecha donde cruzaba un río”, a la fecha nada se sabe de ellos.

La recomendación 34/2012 de la Comisión da cuenta de este caso. Data del 11 de julio de 2012 y se dirige a Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional. De 2005 a 2012, el organismo autónomo ha emitido otras 11 recomendaciones por desaparición forzada.

—¿Las respuestas de las autoridades a las recomendaciones de la CNDH han sido satisfactorias? –se le pregunta a Luis García, primer visitador de la Comisión.

—Bueno, en algunos casos no. Ahorita, por ejemplo, traemos una recomendación de hace 1 año, del caso de Jethro, en donde la Secretaría de la Defensa [Nacional] aceptó la recomendación pero la Policía Federal no la aceptó.

—¿Cómo definiría, en unas palabras, la respuesta del Estado mexicano a las recomendaciones de la CNDH en materia de desaparición forzada?

—Nos parece que es insuficiente todavía. A la hora de la respuesta es insuficiente porque no basta con la mera aceptación. Hay que buscar todos los mecanismos al alcance para que haya una reparación integral: que existan garantías de no repetición y un acceso a la justicia plena en términos de lo que establecen los tratados internacionales.

—¿Se han reunido con el gobierno de Enrique Peña Nieto para dialogar sobre desapariciones forzadas?

—Sí nos hemos sentado a trabajar. En este caso con la Secretaría de Gobernación, que es el interlocutor que tenemos en temas de derechos humanos, se han firmado convenios de colaboración precisamente para la atención de todos estos temas, con el objetivo de que se investiguen y que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en los términos que le corresponde. Entonces, vemos una voluntad importante que da un mensaje de que se van a investigar los casos. Ahora el tema es que se haga y ahí estaremos nosotros muy atentos de lo que haga la autoridad y, sobre todo, de las víctimas.

• Desapariciones documentadas por la CNDH: 27 mil 243
• Desapariciones en las que se ha acreditado plenamente la participación de agentes del Estado: 30
• Desapariciones con “indicios claros” de participación de agentes del estado: 2,443
• Desapariciones en las que podría haber participación de agentes del Estado: 24,800