El 2 de octubre también agredieron a reporteros

Tanto la “izquierda” chuchista de Mancera como la derecha de Peña, están de común acuerdo en presentar un frente policiaco y militar para impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos actuando por medio de la democracia directa en las calles. Y al estar dispuestos a todo, logran intimidar a la población estudiantil, magisterial, obrera, campesina y del resto de los sectores sociales que llegan a la capital del país para manifestar sus peticiones, críticas y desacuerdos con las políticas públicas de los gobiernos estatales, municipales y federal, porque éstos no gobiernan la democracia representativa en beneficio del pueblo, sino de sus programas personales que comulgan con las ruedas de molino del neoliberalismo económico sin liberalismo político y republicano.

Mancera y Peña ascendieron a sus respectivos órganos de gobierno y administración, y desde entonces sólo han administrado la crisis, “es decir, hacer producir los efectos que pueden esperarse en el plano económico, sin correr el resigo, con ello, de perder la posición de hegemonía política”, según consigna en su ensayo Hubert Brochier intitulado “Realidades e ilusiones en la regulación estatal de la actividad económica. La crisis como necesidad y como política”, del libro El concepto de la crisis, ediciones Megápolis, Argentina. Y desde que los entronizaron, ambos son la pinza sobre las libertades constitucionales y están dispuestos a no ceder en esa represión. El 1 de diciembre de 2012 y el 2 de octubre de 2013, los ciudadanos que salieron a las calles, asidos a la democracia directa, y los reporteros que cumplían con su trabajo periodístico, fueron objeto de agresiones, encarcelamientos y arremetidas violentas.

Los hechos del último 2 de octubre (ahora menos se olvida) ya fueron documentados y de ellos tuvieron conocimiento Peña y Mancera. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la organización Artículo 19, defensores de periodistas, elaboraron y han entregado, con pruebas, un documento sobre los ataques a 46 reporteros que cubrían la marcha para recordar el genocidio de Díaz Ordaz y Echeverría en 1968, cuando los soldados y policías asaltaron a sangre y fuego la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. La reportera Mirna Servín (La Jornada, 5 de noviembre de 2013), informó a los lectores de ese documento, donde se hace un análisis sobre los uniformados y sin uniforme que actuaron policiacamente y con premeditado exceso de violencia contra los manifestantes, y se fija que de los 46 casos de acometidas contra los periodistas, 32 fueron infligidas por policías. El hecho pone en evidencia que la violencia de ese día fue iniciada por la policía con militares disfrazados de civiles; igual que el 2 de octubre de 1968, que lo hicieron con soldados uniformados.

El Informe de Artículo 19 y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, enviado a organismos internacionales de defensa de las libertades de prensa –y que recibió un empleado de Mancera pues éste andaba de paseo al estilo del turismo de Peña–, salvo la respuesta retórica que enviarán, no tendrá ninguna investigación y menos sanciones para los policías que con los militares disfrazados de civiles desataron la violencia y provocaron la autodefensa de los participantes en la marcha. El que los 32 reporteros hayan sido objeto de esa belicosidad, demuestra que no obstante que éstos se identificaban, premeditadamente los policías los atacaron. Los acorralaron y golpearon, quitándoles sus grabadoras y material de trabajo, haciendo patente que fue intencional el feroz ataque que vulneró los derechos de libertad de tránsito, de prensa y de manifestación.

Una vez más se criminalizan las protestas. Y una vez más los empleados públicos policiacos arremetieron contra los reporteros, realizaron detenciones usando a discreción y con furia “armas no letales como gases lacrimógenos, extinguidores, escudos y toletes”. Los atacantes actuaron por consigna para sentar precedentes de que así serán tratadas las manifestaciones por la mancuerna Mancera-Peña. Los policías y sus jefes no acatarán las disposiciones constitucionales de respetar los derechos humanos de nadie, así se trate de estudiantes, ciudadanos en general o de periodistas.