“No deberíamos encerrar en la cárcel a jóvenes o individuos por largos periodos de tiempo por consumir mariguana, cuando los que han escrito las leyes probablemente hayan hecho lo mismo”, señalaba Obama. Uno de los principales problemas asociados al consumo de mariguana en Estados Unidos es el de las desproporcionadas penas y la manera en que éstas afectan con más dureza a minorías como la negra y la hispana, además de personas de bajos recursos.

En 1982, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, decidió dar un carácter militar a la guerra contra las drogas emprendida 1 década antes por Richard Nixon. Entre 1982 y 2010, Estados Unidos gastó 1 billón de dólares (1 millón de millones) en la “guerra contra las drogas”, según un estudio de Associated Press. Esto incluye esfuerzos fronterizos para interceptar sustancias, el financiamiento de guerras contra el narcotráfico en Afganistán, México y Colombia, el arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento de personas por delitos relacionados con la droga, incluidos los no violentos, y las campañas de mercadotecnia de programas de abstinencia y mensajes como el “simplemente di no”, que hizo famoso la exprimera dama Nancy Reagan.

La guerra contra las drogas se globalizó. Sin embargo, entre 1998 y 2008, el uso de opiáceos en todo el mundo se incrementó en 34.5 por ciento; el de cocaína, en 27 por ciento, y el de cannabis, en 8.5 por ciento, según la Comisión Global de Políticas de Drogas, un grupo formado por 22 personalidades tan dispares como los premios Nóbel Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, el exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Koffi Annan, y expresidentes como el mexicano Ernesto Zedillo, el chileno Ricardo Lagos o el colombiano César Gaviria, quienes concluyeron en un informe de 2011 que la “guerra contra las drogas” ha sido un rotundo fracaso con devastadoras consecuencias para individuos y sociedades en todo el mundo.

La guerra contra el narcotráfico no ha disminuido el consumo, y además ha creado un lucrativo mercado negro que alimenta a poderosas y sanguinarias organizaciones criminales, contribuye a la corrupción de funcionarios, a la putrefacción de instituciones y, lo que es más trágico, unos niveles de violencia sin precedentes que dejan decenas de miles de muertos cada año en muchos países de América Latina.

Desde la publicación del informe de la Comisión Global de Política de Drogas, la despenalización o legalización de la más blanda de las drogas duras, la mariguana, ha dejado de ser un tema tabú para los dirigentes mundiales. Varios mandatarios, como el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, han propuesto un debate global sobre la mariguana. Incluso la ONU, cuya Convención Única sobre Estupefacientes data de 1961, tiene programada una cumbre ministerial a principios de 2016 para evaluar el marco regulatorio global sobre las drogas.

Según una encuesta de Gallup, 58 por ciento de los estadunidenses están a favor de despenalizar el cannabis. En 1961, sólo un 12 por ciento apoyaba esa idea. Lo que parece estar en discusión ahora es cómo se puede llevar a cabo sin provocar otros males, como un repunte en el número de consumidores o adictos.

Ya hay ejemplos, pero falta ver los resultados. Ámsterdam ha dejado de ser una gota de agua en el desierto. Los estados de Colorado y Washington legalizaron por completo la mariguana en 2012 y a ellos se podría unir Alaska, que celebrará en agosto un referéndum sobre la legalización. Otros 21 estados de Estados Unidos y el distrito de Columbia la han despenalizado o autorizado su venta con fines médicos.

Y lo que hasta hace poco parecía imposible, que un país legalizara la mariguana, se hizo realidad en diciembre pasado en Uruguay, donde el gobierno se encargará de controlar la producción, distribución y venta. Una fórmula que se va a seguir con atención en todos los países del mundo, y especialmente en América Latina.

Alberto Sierra Asensio
Fuente
Contralínea (México)