Tratado sobre Comercio de Armas, doble discurso mundial

En los 12 meses transcurridos se han hecho rápidos progresos y una oleada de nuevas ratificaciones activará el Tratado antes de que concluya 2014. El Tratado, que incluye la llamada regla de oro –prohíbe a los Estados la transferencia de armas convencionales y municiones a países donde haya sospechas de que esas armas se podrían emplear para cometer graves abusos de los derechos humanos, genocidio o crímenes de lesa humanidad–, entrará en vigor 90 días después de ser ratificado por los parlamentos de 50 países. De momento son 32 los Estados que lo han ratificado, y se prevé que otros 10 lo hagan antes de que termine junio.

“Esto refleja el fuerte deseo de muchos países de abordar un comercio internacional de armas responsable. La aplicación estricta de este Tratado salvará millones de vidas y reducirá el riesgo de que se cometan graves abusos contra los derechos humanos”, señala Brian Wood, director de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Al menos 500 mil personas mueren al año como resultado de la violencia y los conflictos armados, y millones más son desplazados y sufren abusos.

El TCA fue firmado inicialmente por 155 países para intentar reducir las violaciones a los derechos humanos asociadas al uso de armas, al tiempo que reconoce el legítimo derecho de los Estados a comprar y vender armas para garantizar su seguridad e integridad territorial. Sólo falta un último impulso para que lo ratifiquen y entre en vigor.

Se trata de proteger los derechos humanos al tiempo que se mantiene el respeto a un lucrativo negocio, el comercio internacional de armas, que mueve alrededor de 70 mil millones de dólares cada año a lo largo y ancho del planeta.

Cuatro de los principales productores y exportadores de armas –Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido– se incluyen entre los países que ya han firmado el TCA. Los otros dos, Rusia y China, se abstuvieron de aprobarlo el año pasado, pero todo indica que lo acabarán firmando una vez que sea ratificado por un gran número de Estados.

Sin embargo, el espíritu del Tratado, este equilibrio entre la protección a los derechos humanos y el respeto al comercio legítimo de armas no siempre se respeta. Hay muchos intereses económicos y geoestratégicos en juego, que en ocasiones acaban imponiéndose a las propias leyes y a los derechos humanos.

Es el caso de España, séptimo máximo exportador mundial de armas y uno de los 32 países que han ratificado el TCA. Desde 2007 cuenta con una Ley sobre Comercio de Armas que, como el TCA, prohíbe la venta de armas, municiones y material de doble uso a países en conflicto armado o donde puedan ser utilizados para cometer abusos.

Sin embargo, esta regla de oro es violada cada año. Con el país en crisis, las ventas de armas autorizadas por el gobierno español se duplicaron en 2013, hasta alcanzar un total de 4 mil 300 millones de euros. Esto, en parte, por la venta de 50 carros de combate Leopard a Arabia Saudita; aviones de transporte, munición de artillería y obuses a Colombia; cartuchos de gases lacrimógenos para la policía de Egipto y Túnez; armas de caza y tiro deportivo a Ghana, con vecinos en situación de conflicto; o material antidisturbios a las Fuerzas Armadas y la policía de Venezuela por valor de más de 3.2 millones de euros.

“Las ventas de armas se realizaron en un contexto de clara tensión entre las limitaciones que establece la ley y la voluntad del gobierno de incrementar las ventas en el exterior”, según Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.

A unos meses de entrar en vigor el TCA, es necesario que todos los Estados parte realicen evaluaciones serias y refuercen los mecanismos para evitar el riesgo de que se utilice una exportación de armas para cometer abusos. La aprobación del TCA demostró que con voluntad política se puede avanzar en el control de armas. Vamos por el buen camino, pero aún se puede hacer más. Que el negocio y los intereses económicos no se impongan a los derechos humanos.