Un tercer recorte presupuestal a mediados de 2016

Si la política fiscal conservadora empleada en la primera mitad del gobierno actual fue grisácea, en tanto que nada contribuyó para tratar de alcanzar los objetivos generales de política económica comprometidos por Enrique Peña Nieto en su discurso del 1 de diciembre de 2012 (reactivar el crecimiento económico, crear empleos formales, asegurar la estabilidad de precios y unas cuentas externas sostenibles y relativamente equilibradas, elevar el bienestar de la población), la segunda parte del sexenio empeorará.

Las metas económicas de inicios del sexenio fueron abandonadas en 2015 y arrojadas definitivamente al olvido para 2016-2018.

El economista por la Universidad de Monterrey y el diputado priísta Baltazar Hinojosa aseguró recientemente que el presupuesto aprobado para 2016 no es recesivo. Sin embargo, la fantasía de la expansión productiva sostenida, el empleo y el bienestar fue lo primero que se arrojó por la borda del buque peñista que hace agua.

A estas alturas del sexenio se suponía que dicho barco avanzaría, viento en popa, a un ritmo de 4.7 por ciento en 2015, 4.9 por ciento en 2016 y poco más de 5 por ciento en 2017 y 2018, empujado por los alegres vientos de la reprivatización petrolera y eléctrica.

Sin embargo, en este año que agoniza, la nave se encuentra estancada y se hunde en cámara lenta en la zona abisal del ciclo económico.

En 2015 y 2016 el aparato productivo apenas registrará una tasa mediocre de crecimiento del orden de 2 por ciento. En lo que resta del sexenio, su evolución es incierta, pues será afectada por la ralentización y la nueva fase recesiva que se anuncia internacionalmente, con sus secuelas sobre el comercio; el alza gradual en las tasas de interés que decretará la Reserva Internacional (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que los bonos del tesoro de Estados Unidos de 10 años subirán de 2.9 a 4.2 por ciento entre 2016 y 2018), al que le seguirá el endurecimiento monetario del Banco de México (los certificados de tesorería a 28 días pasarían de 3.1 por ciento a 5.8 por ciento); “las presiones financieras, la volatilidad en los mercados emergentes, [la] retracción de los flujos de capitales y presiones a la baja sobre los precios de los activos y las monedas”, según el Fondo Monetario Internacional, FMI (Perspectivas económicas. Las Américas ajustando bajo presión, octubre de 2015); y el ajuste fiscal ortodoxo videgaryano (recorte del gasto público real en 5.9 por ciento en 2016), con sus efectos paralizantes señalados por cualquier manual de economía que no leyó el diputado Hinojosa, o que finge demencia desconocerlos, al igual que el titular de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Lo único que se ve desde hace varios años en la economía mexicana es lo que el especialista escocés Mark Blyth, de la Universidad de Brown, calificó como el rebote de un gato muerto: “Si tiras un gato muerto desde un edificio, cuando llegue al suelo rebotará. Pero sigue siendo un gato muerto”.

A cada tanto, con los veraneos presupuestarios –como lo hizo Luis Videgaray en 2014, cuando amplió modestamente el gasto público, olvidándose momentáneamente de su inclinación fiscalmente austeriana–, los gobiernos neoliberales azotan en el piso al felino económico para comprobar su estado de salud.

La política económica diseñada por Luis Videgaray para 2016-2018 representa un giro radical hacia la estabilidad de precios, la astringencia monetaria y la “consolidación” fiscal, en sustitución del crecimiento.

Pero la estrategia de control de la inflación (3 por ciento anual, +/-1 punto porcentual) es desestabilizadora, ya que, por un lado, depende de la estabilidad y el deliberado atraso, el cual abarata artificialmente las cotizaciones de las importaciones que compiten desventajosa y destructivamente con la producción local.

Hacienda había propuesto una paridad media nominal de 15.9 pesos por dólar en 2016, 2 por ciento más alta con relación a 2015 (15.6 pesos por dólar), y un punto porcentual menos respecto de la inflación esperada. Esto equivalía a una moderada sobrevaluación adicional.

El Congreso de la Unión, empero, elevó la paridad propuesta a 16.40 pesos por dólar, lo que implicaría una depreciación nominal de 5 por ciento. Pero no porque quisiera evitar los costos perniciosos de la sobrevaluación, sino para dotar artificiosamente al Estado con alrededor de 17 mil millones de pesos “adicionales”, con un simple truco numérico. Un dólar más caro ofrece más pesos.

En cualquier caso, ambas estimaciones carecen de relevancia. Son parte de la irrealidad cuantitativa en la que se ha convertido la “planeación” económica.

En los Criterios de política económica de 2015, Videgaray había estimado una paridad media de 13 pesos por dólar, contra la de 13.10 de 2014 (finalmente fue de 13.29). La diferencia original era de una revaluación cambiaria de 0.8 por ciento.

Con los ataques especulativos de este año, en los Criterios de 2016, Hacienda revaluó la paridad de 2015 a 15.60 pesos por dólar, lo que indicaría una devaluación media de 19 por ciento respecto de 2014.

Hasta el 18 de noviembre de 2015 promedió 16.31 pesos por dólar, un deterioro de 23 por ciento. Esto a pesar de que el Banco de México ha subastado 17.3 mil millones de dólares (mmd) de agosto a la fecha, cuando decidió “defender” de esa manera la estabilidad de la moneda de los ataques especulativos, o 22.8 mmd en lo que va del año.

Esa cantidad es similar a la baja de las reservas internacionales (20.1 mmd) registrada entre finales de enero y el 13 de noviembre, cuando pasaron de 196 mmd, su máximo histórico, a 173 mmd. Esa pérdida supera las acumuladas en 2014 (16.7 mmd). Es la peor merma desde 2006, cuando se redujeron en 989 millones de dólares.

Así, la política económica y presupuestal de 2016 está más que muerta, si se añade que se basó en un precio medio de la mezcla del petróleo de 50 dólares por barril (db) para 2015 y 2016. Pero resulta que éste es de 40.48 db hasta noviembre (el 18 de ese mes cayó a 33.36 db, el precio más bajo desde diciembre de 2008, cuando fue de 30.38 db), casi 10 dólares por barril menos y difícilmente al nivel citado anteriormente.

Para 2017 y 2018, Hacienda proyectó un precio de 54 db y 57 db. Por su parte, el FMI)supone que será de 46.40 dólares por barril en 2015, 45.90 db en 2016, 50.60 db en 2017 y 50.60 dólares por barril en 2018.

Si ese escenario es más realista, entonces el país estará de cabeza, más hundido en el fango recesivo.

En ese tenor, es previsible que en 2016 el gobierno de Peña, por conducto de Videgaray, anuncie un tercer recorte en el gasto público para mantener la “solidez” financiera de la economía y de las cuestas estatales.

El paralelo histórico

Pero eso no importa, Agustín Carstens, el general de un mil batallas monetarias, dará todos los dólares de la reserva que pueda y que quieran los especuladores y, como premio adicional, les concederá más intereses por sus inversiones financieras. Tampoco interesa hasta dónde llegue el precio del dólar. Al nivel que llegue, Carstens dirá que se siente satisfecho; que en el lugar donde se ubique la relación peso-dólar será su nuevo nivel de estabilidad; que su salvaguardia del peso resultó exitosa, digna del Premio Nobel de Economía. Será como la defensa perruna del peso de José López Portillo de 1981. Justo cuando se desplomaban los precios del petróleo, se fugaban masivamente los capitales y revoloteaban los fantasmas de la macrodevaluación inflacionaria de 1982, la crisis de la balanza de pagos, de la deuda externa, de la insolvencia de pagos y el colapso del modelo petrolero, y se inauguraban los programas de ajuste fondomonetarista, entre ellas la fiscal, y las contrarreformas estructurales que parieron a los antecesores de Peña Nieto, Videgaray y Carstens.

El problema de la paridad es que la estabilidad oficial es inestable. Volátil. Su precio no depende del Banco de México, sino de los demandantes de divisas, los movimientos de capitales, la política monetaria de otros países.

Cuando la Reserva Federal estadunidense eleve su tasa de referencia, las reservas se evaporarán más rápido de las que acumula el banco central.

Cuando el Banco de México decida cancelar la subasta de dólares y si no decide restringir su venta y la entrada y salidas de capitales especulativos, si no decide regular al sistema financiero, entre otras medidas, la caída del peso será libre.

Mientras tanto, el FMI ya mostró su preocupación por la cuantía de las reservas internacionales sacrificadas.

Países como Rusia o Brasil han inmolado inútilmente decenas de miles de dólares en la defensa de su signo monetario.

Por otro lado, la sobrevaluación contribuirá al mayor deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Su déficit estimado en 2016 llegaría a su nivel más alto de la historia del país: 31.6 mmd, el cual sería superado en 2017-2018. En 2012 fue de 16.4 mmd. Con relación al producto interno bruto (PIB) no es comparable con el de 1994 (29.7 mmd), el año del colapso del modelo neoliberal –que sobrevive artificialmente gracias a la ausencia de la revuelta social–, cuando fue de 8.9 por ciento. En 2012, 2016 y 2017-2018 fue y sería de 1.4 por ciento, 2.6 por ciento y 2.5 por ciento, respectivamente.

Lo paradójico es que ese ascendente desequilibrio externo corresponde a una tasa de crecimiento que se miniaturiza cada año. En 2015, la variación real del PIB será del orden de 2 por ciento, la peor desde 2011-2012, cuando fue de 4 por ciento. Unas décimas de punto más es una simple curiosidad estadística. El promedio anual de 2013-2015 será del orden de 2 por ciento. En 2016 de 2.6 por ciento, en su estimación mínima, menor al potencial del PIB estimado por Hacienda en 2.8 por ciento, el cual, supuestamente, se superaría en 2017 y 2018, donde sería de al menos de 3.5 por ciento y 4 por ciento.

Por desgracia, la realidad se ha convertido en una danza esquizofrénica de números de dudoso sustento.

El 17 de noviembre, al presentar el informe Mexico 2015 Article IV consultation press release and staff report, Christine Lagarde, cancerbera del FMI, dijo que las reformas estructurales impulsarán, a mediano plazo, el “crecimiento potencial” a 3-3.5 por ciento.

En ese documento de 72 páginas, en su “escenario histórico” o básico, el FMI proyecta la misma tasa de crecimiento de 2.5 por ciento para cada año entre 2016 y 2020. En su cálculo optimista, pronostica una tasa de 2.5 por ciento en 2016, de 2.9 por ciento en 2017, de 3.1 por ciento en 2018, de.3.2 por ciento en 2019 y de 3.3 por ciento en 2020. La tasa media para la segunda mitad de peñismo sería de 2.8 por ciento bajo la lógica del organismo. La sexenal de 2.4 por ciento. Casi la mitad del paraíso prometido por el peñismo.

Pese a todo, el FMI consideró que los fundamentos de México son “sólidos”. Que “la economía mexicana continúa creciendo a buen ritmo mientras que la estabilidad financiera ha sido bien preservada” (www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15519s.htm#P24_506).

El sueño de la tasa de 5 por ciento se esfumó entre los entresijos de la incertidumbre local e internacional, el desplome de los precios del crudo y otros hoyancos que aparecieron en el edificio neoliberal peñista.

¿Y los efectos multiplicadores de las contrarreformas estructurales reprivatizadoras?

Ahora Peña Nieto y Videgaray se aferran a otro quimérico clavo ardiente: el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por su sigla en inglés), el nuevo patio trasero estadunidense, que excluye a China (México tiene un déficit comercial promedio del orden de 5 mil millones de dólares; en 2015 superará los 60 mil millones, la mitad del superávit que tendrá con Estados Unidos), y que navega a contrapelo librecambismo pontificado por la Organización Mundial de Comercio.

¿Qué puede esperarse de él si hasta la fecha se han firmado 11 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y nueve acuerdos de alcance limitado, además de participar en diversos organismos y foros multilaterales y regionales, convenios en los que ya participan la mayoría, si no es que todos, los miembros del TPP?

¿Qué puede esperarse de un acuerdo “negociado” en la oscuridad, como el firmado con Estados Unidos y Canadá, y que en nada ha servido al crecimiento, el empleo y el bienestar?

¿Qué nuevas cosas pueden negociarse en beneficio del país si la economía ya está más abierta que las puertas de una cantina; si, de todos modos, México se mantiene como una colonia estadunidense; si con todo y el aperturismo indiscriminado, desde 1983, la economía repta lastimosamente por el fango del estancamiento crónico?

¿De qué servirá el TPP si la actual crisis mexicana representa el colapso de su modelo primario-exportador y de patio de ensamblaje de las empresas multinacionales?

En diciembre de 2011, luego de que la famosa Troika, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central y el FMI, obligara a los países europeos a abandonar el gasto estatal expansivo anticrisis y retornar a la ortodoxia (recorte salvaje del gasto y aumento de impuestos y de precios públicos) de la consolidación fiscal, con el objeto de reducir el déficit público a 3 por ciento o menos del PIB, Heiner Flassbeck, de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y exviceministro de Hacienda alemán, publicó el documento On the brink: fiscal austerity threatens a global recession (Al límite: la austeridad fiscal amenaza con una recesión mundial).

En el estudio se señala que las políticas de ajuste fiscal de las 2 últimas décadas no trajeron la expansión económica esperada. Por el contrario, llevaron a la economía internacional a la recesión: “El círculo vicioso inducido por la contracción fiscal, instituciones financieras débiles y hogares financieramente frágiles está alentando una crisis de confianza y contrayendo la inversión y la creación de trabajo en los sectores privado y público simultáneamente. Los países amenazados por la recesión y la deflación deberían evitar intensificar las medidas de austeridad porque no es probable que produzcan los resultados esperados y podrían empujar al mundo a una nueva recesión, o incluso directamente a una depresión”.

Por esa razón, Flassbeck recomienda, entre otras cosas, abandonar la “fobia fiscal”, dejar de preguntarse si el déficit fiscal es “demasiado grande”, evitar la austeridad ante la amenaza de la recesión y la deflación, y preocuparse por la manera eficaz de emplear la política fiscal como herramientas para estimular el crecimiento económico, el desarrollo, el empleo, los ingresos por impuestos.

Las políticas fiscales austeras, agrega Flassbeck, han provocado la reducción de la inversión, pérdidas de puestos de trabajo, menores ingresos fiscales y un estancamiento o caída del crecimiento del PIB. Las políticas expansivas generan los efectos contrarios.

Después de traicionar la cruzada en contra de la austeridad fiscal y de aceptar aplicar ese programa impuesto por la Troika, el 12 de noviembre, el gobierno encabezado por Alexis Tsipras enfrentó la primera huelga general de los griegos descontentos. “Pienso que debemos reiniciar la lucha contra el capitalismo y el liberalismo que se ha impuesto en el mundo, en España y en Europa”, opinó un heleno.

reservas-internacionales-300Por esas fechas, el gobierno portugués de Pedro Passos Coelho fue sepultado por el rechazo social a la austeridad y la obsesión por reducir el déficit fiscal por abajo del 3 por ciento del PIB como lo exigía la Troika.

Peña, Videgaray y Carstens no esperaron a que les pusieran en lacabeza la pistola de la austeridad fiscal. Prefirieron imponerse ellos mismos el martirio y aplicarse el harakiri fiscal. Al estilo de países como Irlanda, España, Grecia, Italia…

Tienen una ventaja sobre Tsipras, Passos y otros gobernantes víctimas de su propio austericidio: la población mexicana todavía no está dispuesta a emplear la revuelta como forma para barrer el malsano ambiente neoliberal.

La manera en que fue diseñada la política fiscal para 2016-2018 implica la reaparición de la vieja ortodoxia fondomonetarista, basada en los temores a la inflación y al déficit público. Representa el retorno del viejo paradigma de la austeridad fiscal por medio del recorte brutal e indiscriminado del gasto público, el cual sólo deja intocado los que benefician a la elite político-oligárquica, a los especuladores financieros y los tenedores de los títulos de la deuda interna y externa estatal. Que aceitan el funcionamiento de los aparatos represivos del Estado.

En las siguientes entregas se verá cuál es la política de ingreso y egresos que se aplicará para reducir el déficit fiscal –que excluye las “inversiones de alto impacto”– de 1 por ciento del PIB en 2015 a cero por ciento en 2017-2018, ajuste que convertirá en superavitario el balance económico primario, la diferencia entre el ingreso y el gasto que excluye los intereses de la deuda estatal, excedente que servirá para pagar estos últimos.

Peña Nieto y Luis Videgaray prefirieron sacrificar el crecimiento, el bienestar, para no defraudar a los deudores.

“Si tiras un gato muerto desde un edificio, cuando llegue al suelo rebotará. Pero sigue siendo un gato muerto”