GG-OSITRAN ¡No cobró multa a CESEL-NIPPON KOE por $ 599,273.04!

Producto de la auditoría al "Contrato de Concesión del Terminal de Contenedores Muelle Sur del Callao", se determinó que el Supervisor de la obra, el consorcio CESEL-NIPPON KOE, no contó con el personal ofrecido y pactado contractualmente, durante todo el transcurso del proceso y que, a pesar de ello, OSITRAN dejó de aplicar una multa ascendente a $ 599,273.04.

El gerente general Obed Chuquihuayta Arias, el 2015, hizo oídos sordos al bien fundamentado Informe Nº 410-2015-GSF-OSITRAN, que le fue remitido el mismo día, 12 de febrero, a través de la Nota Nº 148-15-GSF-OSITRAN (documento adjunto), el mismo que, amparado en las propias normas de Contraloría, recomendaba agotar la vía administrativa, antes de pasar a la vía civil para el cobro del monto señalado.

Informe Especial y extrañísima omisión

Los experimentados abogados de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de OSITRAN hacen notar a Chuquihuayta el error cometido en el informe especial de CGR, y le señalan, además, que la vía administrativa aún es posible, pues el contrato no está liquidado y se cuenta con dos cartas fianzas que suman $ 1’198,546.07, que superan largamente el monto de la multa no aplicada al consorcio supervisor.

El señor Chuquihuayta decidió ordenar al Procurador Público el inicio de las acciones civiles contra los trabajadores y ex trabajadores involucrados en la falta cometida.

¿Por qué no se prefirió agotar la vía administrativa en el Informe Especial 001-2014-2-4732? El señor Oscar Yábar Berrocal, quien suscribe el informe especial por Contraloría, no sigue sus propias NAGU y recomienda que se inicien las acciones legales civiles para el recupero del monto expresado.

Las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU), disponen los procedimientos a seguir en cada uno de los tipos de auditoría que se realicen. Así, la NAGU 4.50 establece, en términos sencillos, que se debe agotar la vía administrativa antes de pasar a la civil, cuando se trate de un perjuicio al Estado y del recupero correspondiente. Algo lógico y coherente.

¡Descarado perjuicio contra el Estado!

Al haber embarcado a OSITRAN en un proceso judicial de largo aliento y de dudosa cobranza, dado el monto de la deuda, Chuquihuayta está perjudicando al Estado, pues bien pudo agotar la vía administrativa y, de llegar el caso, ejecutar las cartas garantías mencionadas, en vez de devolverlas, a pesar de la advertencia de sus propios funcionarios

CESEL favorecida

CESEL, consorciada con empresas chinas y coreanas ganó la licitación para Supervisar la Línea 2 del Metro por más de US$ 100 millones.
En OSITRAN trabajó la señora María Farah Wong, ex asesora de enorme influencia en la presidente del regulador, Patricia Benavente. Farah está casada con el abogado Juan Carlos Morón Urbina, integrante del Estudio Echecopar y es asesor legal de la empresa supervisora, el consorcio que integra CESEL. Si bien es cierto que María Farah Wong dejó OSITRAN, no es menos exacto que mantuvo cercanía con Obed Chuquihuayta.

¿Por qué no ejecutó las cartas fianzas del consorcio CESEL-NIPPON, el señor Chuquihuayta y en lugar de eso, las devolvió, prefiriendo un proceso judicial cuando no había liquidación del contrato? Misterio por el que tendrá que responder.

Condonación en pocas palabras

En la práctica, un juicio, tedioso y luengo, representa un alivio para el consorcio CESEL-NIPPON y que no pagara la multa a que se hicieron acreedores por el monto de US$ 599,273.04.

El informe de Oscar Yábar “recomendó” acción judicial y no lo que las propias Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU) preceptúan para el agotamiento de la vía administrativa antes que la civil y habida cuenta de dos cartas fianzas por el monto de US$ 1’198,546.07.

Demasiadas fallas contra el interés del Estado y cuestionables errores de los funcionarios responsables de defenderlo, comenzando con el saliente gerente general Obed Chuquihuayta.