El presidente Donald Trump instruyó a su secretario de Estado, Rex Tillerson, para que reduzca a la mitad el aporte financiero de Estados Unidos al funcionamiento de la ONU para los 3 próximos años.

Esta decisión se produce después de la demanda de que se realice una auditoría que la embajadora de Estados Unidos presentó recientemente ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde julio de 2012 y la nominación del estadounidense Jeffrey Feltman a la cabeza del departamento de Asuntos Políticos de la ONU, los recursos de las Naciones Unidas están siendo utilizados por el Estado Profundo estadounidense para tratar de alcanzar sus objetivos de rediseño del Medio Oriente Ampliado y de cortar las dos rutas de la seda.

Aunque la decisión del presidente Trump seguramente dará lugar a una campaña mediática tendiente a presentarla como una medida nociva para la paz [1], en realidad se trata de todo lo contrario.

Es desde la sede de la ONU en Nueva York que se dirigen actualmente las guerras contra Siria y contra las repúblicas autoproclamadas en el Donbass y no será posible restablecer las funciones originalmente asignadas a esa organización sin excluir primero de ella a los representantes del Estado Profundo estadounidense y sin imponerle un cura de austeridad.

El secretario de Estado Rex Tillerson ya escribió a las ONGs miembros del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, para indicarles que hay que reformar la ONU o salir de ella.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio su aval a las imputaciones falsas según las cuales la Yamahiriya Árabe Libia había bombardeado un barrio rebelde en Trípoli. Esa mentira sirvió de justificación al Consejo de Seguridad para solicitar a la OTAN que “protegiera” a la población libia de la cólera del “dictador”, con lo cual autorizó en realidad un «cambio de régimen» correspondiente a la más pura tradición colonial.

[1] “White House seeking significant cuts to U.S. payments to United Nations”, Karen DeYoung, The Washington Post, 15 de marzo de 2017.