Habíamos mencionado ya que el gobierno mexicano realizó un convenio con Microsoft para la colaboración en la prevención y la respuesta ante ataques cibernéticos, sobre todo en el tema de los bots y el malware. Y que Microsoft tenía pendiente solucionar problemas propios de ciberseguridad en sus navegadores después de 3 meses que Google lo hizo notar.
Pero si eso no es problema para el gobierno mexicano, tampoco lo es que la empresa sea cuestionada por la Unión Europea. La acusa de que su sistema operativo Windows 10 no respeta la privacidad de sus usuarios. La empresa de Bill Gates permitió de forma gratuita la descarga e instalación de dicho sistema operativo en todo el mundo.
Primero, las redes sociales convierten a los usuarios en un producto para recibir a cambio millonarias ganancias. Los buscadores también funcionan de la misma manera; pero ahora, hasta nuestro sistema operativo nos estará observando y enviando toda esa información sobre nuestros hábitos, actividades y gustos para obtener –suponemos– ganancias vía publicitaria.
El problema más grave es que no sabemos lo que exactamente Facebook, Google, Whatsapp, y ahora Windows 10, hacen con esos datos, porque dichas empresas se han negado a aclarar el fin de esa recolección masiva de datos.
Del otro lado del Atlántico, allá dónde dice el mito urbano que los gobiernos protegen a sus gobernados, vemos que en Francia –y en general los funcionarios de los países de la Unión Europea– piden a las grandes empresas que rindan cuentas sobre esos datos y que respeten la privacidad de sus ciudadanos. Mientras, en México eso no parece importarles a las autoridades.
Al gobierno le encanta que los sitios web les ofrezcan un público meta definido y separado para elegir por rango socioeconómico, por zona de residencia, por intereses, etcétera, todo lo que les permita saber quién recibirá su propaganda y no hacerlo a ciegas, como solía hacerse cuando las únicas opciones eran la radio, la televisión y los medios impresos. Como para cualquier otro anunciante, es el sueño dorado de cualquiera que pague por un anuncio. Sin embargo el gobierno, además de ser anunciante, es el protector de los derechos de los mexicanos: debe poner límites.
Lo cierto es que si el gobierno federal ha sido incapaz de proteger la seguridad en las calles, es difícil esperar que haga lo propio en el mundo digital, pero debería.
Francia ya solicitó a la empresa que deje de almacenar los datos que Windows 10 está recopilando de los usuarios; además, le ha advertido de multas millonarias en caso de violar sus leyes de privacidad. En contraste, México firma convenio de colaboración.
Alemania, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Países Bajos y el Reino Unido son quienes están tratando el asunto con Microsoft, quien de no explicar claramente el uso de los datos y de no dejar de recopilarlos, se arriesga a tener que pagar el 4 por ciento de sus ventas anuales globales, pues las nuevas leyes europeas están tomando muy en serio el derecho a la privacidad. En ese caso aunque el usuario haga clic en el botón de “acepto” en el contrato, al momento de instalar o de actualizar el sistema operativo, la empresa no tiene permiso de recopilar datos.
Otro ejemplo: la Unión Europea obligó a las empresas de Mark Zukerberg Whatsapp y Facebook a que dejaran de compartir datos de los usuarios. Sin embargo, en México las dos aplicaciones ya están enlazadas y recopilando más datos.
Ambos son ejemplos de que en México se puede hacer lo que sea, como los autos Nissan, que cuando se venden en Europa cuentan con características que ofrecen máxima seguridad a los pasajeros, pero ese mismo automóvil cuando se vende en México, está fabricado de una manera tal que se convierte en uno de los más inseguros del mundo. Vender ese auto destinado a México en Europa violaría incontables normas de seguridad. Lo mismo sucede en el mundo digital.
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