Tocaron a la puerta de su domicilio varias veces. Por las cámaras que “custodiaban” su casa, ella trataba de reconocer a los sujetos que llamaban a la puerta; insistían, golpeaban a puño cerrado. La inseguridad rondaba su hogar, transformado en un “búnker” que tampoco le garantizaba la vida.

En 2011, ya habían intentado matarla, mientras ella y su grupo eran desalojados de una manifestación llevada a cabo sobre la Carretera Transístmica, que atraviesa la región del Istmo de Tehuantepec. Después de esta situación, el Estado la hizo “beneficiaria” de medidas cautelares; por lo que le otorgó chaleco antibalas, un botón de pánico y cámaras de vigilancia en su vivienda.

Sin embargo, nada paraba el acoso en contra de Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. Por lo que ella y su familia tuvieron que desplazarse a un “lugar seguro”.

Desde que inició con la defensoría del territorio, a los 14 años, ha tenido que buscar mecanismos de protección y sobrevivencia. Le han sacudido los cabellos, encañonada en la sien, golpeada, perseguida, acosada, encarcelada, torturada, vigilada, amenazada de muerte.

Bettina Cruz es una de las mujeres distinguidas por su resistencia y la defensoría del territorio y los derechos humanos, ante la llegada de proyectos eólicos en la región y el alza de tarifas eléctricas.

La violencia en su contra ha provocado que ella, junto con familiares y compañeros, se vea obligada a desplazarse de su lugar de origen por largos periodos de tiempo, a espacios que pocas personas conocen. Ahora se resguarda su ubicación, porque en cualquier momento podría tener que regresar.

México, amenaza para los defensores

En su visita a México, Michel Forst, relator especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que el país es uno de los más violentos para los defensores de derechos humanos y periodistas.

Recomendó a la administración de Enrique Peña Nieto aumentar la protección a los defensores de derechos humanos, pues se vive un contexto de 98 por ciento de impunidad.

De julio de 2015 a junio de 2016, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) A.C., identificó 63 casos de ataques a personas defensoras, indica en el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México.

De los registros del Cemda, “17casos correspondieron a obras hidráulicas y políticas públicas de administración del agua; 10 casos a minería; 8 casos a proyectos de infraestructura; 7 casos a hidroeléctricas; 5 casos a proyectos inmobiliarios; 4 casos sobre despojo de tierras y territorio; 4 casos de proyectos eólicos; 2 casos por contaminación; 2 casos por proyectos turísticos; 2 casos por siembra de transgénicos y 2 casos por tala clandestina”.

La defensa del Istmo

La defensa de sus tierras es añeja. El viento del Istmo es uno de los recursos más codiciados por las trasnacionales generadoras de energía. Primero, Lucila fue aliada de su madre, y desde muy joven se integró a uno de los movimientos más emblemáticos en Oaxaca, la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI). Ahora, sus hijas y esposo la acompañan.

Bettina Cruz relata que desde que inició su participación en la COCEI, junto a su madre, “me tocaron cosas feas: me metieron a la cárcel dos veces, me torturaron, golpearon, pasamos muchas cosas en esa lucha por la defensa de los bienes comunales y por la voluntad popular”.

Desafortunadamente, dice, quienes se quedaron con la voluntad popular se quedaron en el Palacio de Gobierno y, ahora, son los que están aprobando los proyectos eólicos.

Proteger el territorio se convirtió en su motivo de vida. Bettina estudió Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); alcanzó una maestría en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo; luego, un doctorado en Planificación Territorial y Desarrollo Regional, por la Universidad de Barcelona, en la que obtuvo una beca como estudiante indígena.

Una vez concluidos los estudios de doctorado en Europa, regresó a Oaxaca, al Istmo, donde se incrementaban los proyectos eólicos, pero la gente no tenía información.

“Empezamos a difundir, nos vimos en la necesidad de organizarnos y ver qué más a hacer. Ahí empezamos la lucha con otros actores como el Centro de Derechos Humanos Tepeyac y los compañeros de la Venta, Ucizoni [Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo], y ya en Juchitán formamos la Asamblea de Juchitán en Defensa del Territorio. Posteriormente, en 2009, fue conformada la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio”.

Ya eran varias comunidades del Istmo que hacían frente a proyectos de energía renovable que se instalaban sin consultar a las comunidades, comenta, “no informaban nada a la gente, ni de los impactos ni de las letras pequeñas que hacen firmar a la gente en aras de que supuestamente tenga dinero y produzca algo más su tierra (la producción agrícola ha sido abandonada por el Estado mexicano)”.

Oaxaca es uno de los estados con mayor número de agresiones registradas, en el mismo número de ataques se encuentran Sonora y el Estado de México.

El informe del Cemda documentó que de los 63 casos registrados de julio de 2015 a junio de 2016, se identificó que los ataques y las agresiones se cometieron en 18 de los 32 estados de la República. “Los estados en los que se registraron el mayor número de ataques son el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 casos; Puebla con 5 casos; Colima y Campeche con 4 casos; Veracruz y Chiapas con 3 casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos, y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo un caso”.

Menciona que “en Sonora se han detonado conflictos socio-ambientales por el agua, la tierra y el territorio, al igual que en el Estado de México, mientras que en Oaxaca existen diferentes megaproyectos eólicos que han causado la oposición social, sobretodo en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se han registrado diversos ataques”.

La movilización provocó amenazas

Con el movimiento que se gestaba, en 2011 Bettina y su grupo fueron desalojados de una movilización que se llevaba a cabo en la Carretera Transístmica, a la altura de la localidad La Venta. El resultado de esa movilización fue su encarcelamiento bajo el cargo “contra el consumo y la riqueza nacional”, así como de “privación ilegal de la libertad”. Su reclamo eran las altas tarifas de energía eléctrica.

“Ahí intentaron matarme, me golpearon, nos desalojó gente que estaba trabajando con la empresa Acciona [compañía de origen español, generadora de energía renovable instalada en la zona], pero que además trabajaba con el agente municipal de ese momento… Así como está el sistema de justicia de Oaxaca, el procurador de La Venta lo exoneró, le dieron beneficios de que no era un delito grave…”, relata.

El caso llegó hasta hace apenas unos meses y los que salimos juzgados fuimos nosotros: “los jueces dijeron que nosotros fuimos responsables, porque la gente que bloquea las carreteras hace vandalismo y que el señor actuó en defensa del camino”.

Este ha sido el momento más dramático, comenta Bettina, porque llegó gente armada gritándonos, golpeándonos, poniéndonos la pistola en la cabeza. Luego, el encarcelamiento: llegó la policía y fue escoltada por varias patrullas “pasaron varias horas, pasé momentos de angustia, no sabía lo que iba a pasar conmigo, pensé: me van a matar”.

El relator de la ONU también documentó en su informe que la situación de quienes defienden los derechos humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades. “Esto se realiza a través del mal uso deliberado del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos”.

“También se han usado los arrestos y detenciones arbitrarios como un instrumento para silenciar las voces diferentes y frenar los movimientos sociales”, apuntó el relator Michel Forst.

El desplazamiento de Juchitán

Meses después del encarcelamiento, que implicó el movimiento de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, Bettina tuvo que salir de la región. El hostigamiento continuaba. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) la hizo “beneficiaria” de medidas cautelares.

No obstante, “en varios momentos han venido a mi casa a tocar, ¡a golpear! para que salgamos. Por eso, he tenido que salir de mi pueblo. Yo también he sido desplazada”, comenta.

La última vez que tuvo que salir de Juchitán fue por nueve meses, después de haber estado presa, se llevó a sus hijas. Su esposo, quien también promueve la defensoría del territorio, fue amenazado de muerte. La familia completa se fue del estado.

“Es una situación de mucha tensión y temor. Hay intereses muy fuertes en juego: económicos y de poder político. A uno, finalmente, lo ven como un estorbo para llegar a sus objetivos. Nos llaman ‘talibanes del desarrollo’”, dice en entrevista Bettina Cruz.

Ella no descansa y tampoco sus enemigos, las amenazas continúan y se manifiestan en diversas formas: por teléfono, sujetos que lanzan vituperios en actos o reuniones de las organizaciones en defensa de la tierra o en asambleas. Ahora, además de proteger su espacio, acentúa los protocolos de protección para ella, su familia y el grupo de personas con las que se apoyan.

Beneficiaria del Mecanismo de protección desde el 2012, no se siente protegida. “Primero, nos quieren como encerrar, convierten las casas en búnkers y no se analiza la cuestión estructural”, comenta.

La doctora en Planificación Territorial y Desarrollo Regional por la Universidad de Barcelona dice: “estamos exigiendo que se respeten nuestros derechos como pueblos indígenas, nuestro territorio y que no los entreguen a las empresas multinacionales, que no usen los aparatos del Estado para reprimirnos”.

No hay una real protección [del Mecanismo de Protección], “se tiene que prevenir respetando el trabajo que hacemos y nuestro territorio, no sólo con darnos un chaleco antibalas, un botón de pánico o hagan de la casa un búnker”, arguye.

Esperanza Salazar, salir de Colima

El Estado consideró que Esperanza Salazar Zenil, coordinadora de Bios Iguana —organización ambientalista—, ya no estaba en situación de riesgo. “Me retiraron las medidas cautelares, aunque no puedo regresar a Colima”, comenta.

Con más de 20 años al frente de la defensa del territorio y el medio ambiente en aquel estado, ha sido amenazada, perseguida, acosada y con “presiones de los gobiernos tanto estatal y federal”.

La batalla más reciente inició hace tres años en la comunidad de Zacualpan, en donde se pretendía instalar una minera para explotar el oro de la región. El acoso inició, para ella y su equipo, cuando se expuso la información de lo que provoca la explotación minera.

“En el momento en que estábamos dando información a la comunidad, nos empezaron a gritar que íbamos a salir de la comunidad encostalados. Nos llamaron mugrosos, piojosos… el trabajo sucio lo hacía el grupo priísta que está en la comunidad y está a favor de proyecto minero”, relata.

Las agresiones han ido en todos los tonos. Le han lanzado piedras, escupitajos, y amenazas directas. En mayo de 2015, mientras una caravana de observación internacional pretendía llegar a la comunidad, habitantes de Zacualpan (a favor de la minera) cerraron el paso a los vehículos en el que viajaban defensores, académicos y periodistas.

Sobre la carretera, un gran muñeco de trapo tenía teñido en rojo el nombre de Esperanza, quien viajaba a la comunidad resguardada por la caravana. Ella no podía bajar del vehículo hasta llegar a un lugar seguro. Los vehículos tuvieron que retroceder ante la cerrazón de un grupo de aliados a la minera. Además de ella, comenta, la gente del Consejo Indígena comenzó a recibir amenazas, presiones y ofensas.

En agosto de 2016, tuvo que salir del estado. Anteriormente, ya lo había tenido que hacer en tres ocasiones, al igual que otros de sus compañeros; pero esta última fue definitiva.

“Vemos cómo el gobierno del estado [desde la administración de Mario Anguiano Moreno y ahora con Ramón Pérez Díaz] y la Procuraduría Agraria hacen un trabajo fuerte de estigmatización hacia la organización; la delegada de la Procuraduría, María Elena Díaz Rivera, nos acusó en rueda de prensa de extorsionadores, de que teníamos sembradíos en la comunidad y de que estábamos armando a la gente”, comenta en entrevista.

– ¿Qué detonó esta última salida?

– Han sido muchas las amenazas de muerte. En el espacio de trabajo, mientras vendía artesanía en un jardín, tuve a gente vigilándome por horas. Me perseguían hasta mi casa; había un acoso constante. En esta última ocasión logramos que se destituyera a la delegada de la Procuraduría por abuso de autoridad, y en el momento en que pasa esto ocurre un enfrentamiento en Zacualpan, salen heridas 13 personas; 7 de las cuales van a dar al hospital, la mayoría eran mujeres de la tercera edad.

Entonces, el gobierno del estado saca un comunicado de que había sido un enfrentamiento entre Bios Iguana y los comuneros de Zacualpan, queriendo responsabilizarnos a nosotros de la violencia que había.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que entre las agresiones y obstáculos a los que se enfrentan los defensores en América Latina y el Caribe se encuentran los asesinatos, ejecuciones, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, hostigamientos, actividades de

inteligencia y otras injerencias ilegales, arbitrarias o abusivas, la criminalización indebida de los líderes, el uso abusivo de la fuerza en manifestaciones de protesta social, restricciones al ejercicio de la libertad de asociación, restricciones indebidas al acceso de información en poder del Estado, restricciones a las acciones de hábeas data, limitaciones para el ejercicio de las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos por parte de ciudadanos extranjeros y la impunidad en las investigaciones relacionadas a violaciones a derechos de defensoras y defensores.

“En México, muchas veces estos ataques se originan en el contexto de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala. Además, las personas defensoras víctimas de un ataque son principalmente líderes comunitarios y de grupos que manifestaron en diversos momentos su oposición a los proyectos, los cuestionaron y exigieron el respeto a los derechos humanos o, en su caso, presentaron demandas legales o denuncias en contra de los mismos, es decir, en el ejercicio de sus derechos humanos”, indica el Cemda.

Los avisos y el acoso

Luego del enfrentamiento en Zacualpan, llegó gente desconocida a casa de Esperanza en tres ocasiones. Una de ellas, un hombre en una camioneta negra, con placas de Jalisco. Salió de su vehículo y “tocaba la puerta súper nervioso”, recapitula.

Ella no habría, el Mecanismo de Protección había instalado cámaras en su casa, que le permitían ver quién llegaba. El hombre insistía al llamado, fumaba, caminaba de un lado a otros y permaneció ahí mucho tiempo, hasta que finalmente se fue.

La segunda ocasión llegó un joven. Él llevaba una sudadera con la capucha puesta en la cabeza. Además, traía una gorra encima. En esos momentos la temperatura se alzaba a los 29 o 30 grados. “También estuvo tocando mucho tiempo, lo vigilé desde que llegó hasta que salió, regresé la grabadora, estuve analizando sus movimientos, era una persona que traía como un bastón, no tocó en ninguna otra puerta, llegó directamente ahí y se fue sin tocar en otra más. Estos son mecanismos de acoso”, dice.

El tercer hombre llegó en una moto sin placas, vestía de negro. Llamó a la puerta por más de 20 minutos. Yo veía que llamaba por teléfono y cuando pasaba cerca de la ventana, alcanzaba a escuchar que decía: sí, esta es la casa, son las señas, pero no sale, ¡qué hago?

“El gobierno del estado estaba presionando mucho y en ese momento, compañeros de la REMA [Red Mexicana de Afectados por la Minería] me llamaron y me dijeron: te tienes que ir”.

El Cemda indica que “de los 63 casos registrados en este periodo se cometieron 86 agresiones. Se documentó que en algunos casos se cometió más de un tipo de agresión. Las agresiones más recurrentes fueron amenazas, con un 24 por ciento; seguidas de intimidación, 19 por ciento; criminalización, 18 por ciento, y agresiones físicas, 15 por ciento. Otras fueron hostigamiento, 11 por ciento; difamación, 6 por ciento; privación ilegal de la libertad, desalojo forzoso, allanamiento y robo, 2 por ciento cada uno. Sólo se registró un caso de homicidio”.

Mecanismo, insuficiente

Después de que tuvo que salir de Colima, Esperanza fue notificada de que ya no pertenecía al Mecanismo de Protección. A través de un correo le informaron que el Consejo se había reunido y, aunque ella nunca fue citada cuando se revisaría su caso, decidieron que ya no tenía ningún problema de seguridad y que sería dada de baja.

Esto le ocurrió a ella, a los integrantes del consejo indígena de Zacualpan y a los integrantes de Bios Iguana. En su experiencia, relata, el botón de pánico nunca funcionó. Incluso, el mismo día en que tenía que salir de la casa usó el botón de pánico, lo apretó, le respondieron, hicieron referencia a su ubicación y le colgaron.

“Le vuelvo a marcar, y le digo: ¡Oye, pero ni siquiera me egunprtaste qué me pasa, y responde: no, es que a mí solamente me toca tener la ubicación y saber que ahí estás…”, comenta.

—¿Qué ha significado que tengas que salir de Colima, dejar Bios Iguana?

¿Qué ha implicado en tu trabajo, estado de ánimo, en tu vida?

—Es un golpe (aunque uno sigue trabajando dentro de la organización y dentro de las redes a las que pertenecemos). Es un cambio fuerte, dejar el espacio en donde llevaba viviendo 25 años. Dejar a tu gente, tu casa, todo.

La vez que fuimos a recoger mis cosas para poder salir de ahí, me acompañaron varios compañeros de la organización y de otras organizaciones, de la REMA [Red Mexicana de Afectados por la Minería] y de Mining Watch, saqué lo que pude, porque estuvo la policía estatal acosándonos, incluso nos persiguieron en camionetas por la ciudad de Colima. Fue muy fuerte y una presión muy grande, porque no solamente estaba arriesgando mi vida, sino la de mis compañeros. Iba con dos escoltas del Mecanismo, pero ellos no tenían conexión con el gobierno en donde pudieran hacer un protocolo de seguridad; eran ellos, su alma y nosotros.

De acuerdo con la información recopilada con el Cemda, de las agresiones que se registraron en los 63 casos identificaron que el 43 por ciento provienen de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno; sin embargo, el 31 por ciento de los agresores no fue identificado, mientras que el 14 por ciento de agresiones fueron cometidas por particulares; el 7 por ciento por personal de las empresas; el 3 por ciento por gente de la misma comunidad y 2 por ciento por grupos del crimen organizado.

Respecto del Mecanismo de Protección, el informe del relator de la ONU indica que hasta la fecha se tiene el registro de que ha brindado protección a 386 defensoras de derechos humanos y 260 periodistas.

Michel Forst apuntó que a pesar de las fallas del Mecanismo, éste “ha contribuido a prevenir ciertas violaciones contra defensores de derechos humanos, pero no ha sido suficiente como instrumento de política pública para transformar el ambiente en el que operan los defensores de derechos humanos. Hasta la fecha, su naturaleza ha sido más reactiva que preventiva. Su enfoque ha sido el de ofrecer medidas de seguridad poco sistemáticas, en lugar de adoptar un enfoque más integral de la protección. El Mecanismo no ha abordado, con la requerida profundidad, las causas de origen del riesgo. Esto no sólo debilita la eficacia de sus medidas de protección, sino que también expone al Mecanismo a una sobre exigencia debido a un gran número de casos que continúan sin resolverse”.

Érika Ramírez