La Organización de Liberación Rohinga realizó 25 ataques simultáneos contra instalaciones de la policía y cuarteles en el Estado de Rakhine, en el litoral birmano, con un saldo de 71 muertos, el 25 de agosto de 2017.

La operación se organizó de manera coordinada con un grupo bengalí que se separó en 2016 de la Jamat-ul-Muyahideen y bajo el lema «La yihad de Bengala a Bagdad». Ese grupo juró fidelidad al califa Abu Bakr al-Baghdadi y unió en una coalición los grupos Mudjahiden indios, Al-Jihad, Al-Ouma, el Movimiento de Estudiantes Islámicos de la India (SIMI), Lashkar-e-Toiba (LeT) y Harkat-ul Jihad-al Islami (HuJI) pakistaní. Todo este conjunto de grupos está financiado por la fundación Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) de Kuwait.

En 2016, esta coalición contaba con armamento proveniente de Arabia Saudita, Pakistán, Turquía y la OTAN.

Los rohingas son los descendientes de los obreros bengalíes de diferentes etnias que los británicos traían a Birmania (actualmente Myanmar) como mano de obra. Los rohingas no son por tanto una minoría étnica sino una minoría sociológica.

En el momento de la independencia de Birmania, la población birmana absorbió a los rohingas pero, por ser estos musulmanes, nunca se integraron realmente a la población budista del Estado de Rakhine y acabaron siendo despojados de su nacionalidad.

La CIA ha venido apoyando a los rohingas contra Myanmar desde que se construyó el gasoducto que conecta el puerto birmano de Kyaukphyu con la ciudad china de Kunming.

A raíz de los atentados del 25 de agosto, el gobierno birmano de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi inició una operación contra la Organización de Liberación Rohinga. Unos dicen que el ejército cometió abusos en varias aldeas rohingas. Otros afirman que no fueron soldados sino grupos de provocadores quienes vinieron a quemar las aldeas. En todo caso, cerca de 125 000 personas huyeron de Myanmar y han pedido asilo en Bangladesh. Inquieto ante la probable presencia de yihadistas entre esos refugiados, el gobierno bengali los mantiene confinados en la frontera.

Al recibir al primer ministro de la India, Narendra Modi, en el palacio presidencial de Naypidaw, el 6 de septiembre de 2017, la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi denunció el terrorismo internacional. Ambos dirigentes emitieron un comunicado común donde denuncian «la violencia extremista en el Estado de Rakhine y especialmente la violencia contra las fuerzas de seguridad y las consecuencias para las vidas de los civiles».

La propaganda occidental y los medios de las monarquías árabes del Golfo Árabo-Pérsico están presentando los acontecimientos de Rakhine como una agresión contra una minoría musulmana.