Al lugar acudió en persona el general de división, entonces comandante de la 27 Zona Militar, Alfredo Oropeza Garnica. Las hostilidades estuvieron encabezadas por el Batallón de Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes, hoy Cuerpo de Fuerzas Especiales) que entonces tenía su sede en la comunidad de Buenavista, municipio de Tecoanapa. Los militares utilizaron helicópteros artillados, bazucas, tanques y fusiles barret calibre 50. Incluso, instalaron torres para equipos de comunicación.

Las columnas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se replegaron pero el Ejército Mexicano impuso un amplio cerco en torno a la comunidad de El Charco. Sabía que ahí se realizaba una asamblea con más de 300 dirigentes sociales de la región y en la que participaban también algunos guerrilleros.

El cerco se fue estrechando sobre la escuela Caritino Maldonado: un par de aulas pobres. Resulta una negra ironía que el nombre de la primaria es el de un gobernador de Guerrero que inauguró en 1970 las instalaciones del Batallón que ahora asediaba esa comunidad.

La mayoría de los guerrilleros rompieron el cerco. Dos cayeron combatiendo en el intento. Como está documentado, al glorioso Ejército Mexicano no le importó que incluso hubiera cinco niños al interior del aula y descargó la metralla indiscriminadamente sobre la paupérrima escuela.

Hacia las 7 de la mañana del día 7 de junio, los dirigentes sociales dijeron que estaban desarmados, que saldrían a entregarse. Apenas salieron los dos primeros, el Ejército los acribilló. Luego siguió con los que estaban dentro de la escuela. Al final serían 11 los asesinados, cinco los heridos –entre ellos un niño de 13 años de edad– y 22 los detenidos.

“No negamos que ahí había presencia de la guerrilla. Lo que se está reclamando es por qué el Ejército masacró a gente rendida. Y eran gente civil. Ahí la mayoría de la guerrilla, de la columna que sí estaba ahí, rompió el cerco y se fue. Ahí sólo cayeron dos combatientes. El Ejército ha declarado que fue un enfrentamiento. No negamos que haya habido un enfrentamiento, pero el Ejército debe asumir la responsabilidad de que cometió un crimen. En la escuela no hubo ni una baja del Ejército. Lo que hubo fue una masacre.”

El testimonio es de un sobreviviente a la matanza de El Charco: Efrén Cortés Chávez. El hoy activista por los derechos humanos tampoco niega su participación entonces en el movimiento insurgente.

“Eso no está en discusión. Ya fuimos juzgados por los delitos. Tuvimos una participación. Hoy estamos ya en el campo de la defensa de los derechos humanos. Pero el vínculo mío y de varios compañeros es con la región. Tuve una participación; pero después de la salida, no nos podemos asumir [guerrilleros] porque no tenemos ya contacto con el grupo armado. Un guerrillero no puede hacer vida pública.”

Reconoce que los dirigentes sociales no sólo discutieron proyectos productivos para la región, sino que participaron en la consulta sobre los objetivos de la organización guerrillera y la organización del concejo insurgente, la región insurgente y la comunidad insurgente.

La masacre de El Charco permanece en la impunidad. A 20 años de haberse perpetrado no ha sido –ya no digamos juzgada– apenas investigada autoridad militar o civil alguna.

Efrén Cortés Chávez sabe que desde las instituciones mexicanas no vendrá la justicia. “Están implicadas las Fuerzas Armadas. El Ejército y la Armada son un Estado dentro de otro Estado. La clase política lo protege porque es el garante de su impunidad. La masacre de El Charco se da dentro de una estrategia de militarización y de una estrategia de contrainsurgencia”.

En efecto, en los meses posteriores a la matanza, en esa misma región fueron asesinados más de 50 dirigentes sociales; además, se comprobó la violencia sexual (violaciones) de soldados contra algunas pobladoras y la destrucción de milpas y huertas.

En 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría considerar enviar una misión para investigar ejecuciones extrajudiciales y torturas a manos de militares por estos hechos.

A 20 años de un embate militar contra comunidades guerrerenses como no se veía desde tiempos de Lucio Cabañas, el Ejército Mexicano fracasó absolutamente. Los crímenes que cometió no sirvieron para nada. El proyecto insurgente no fue derrotado. Las comunidades reencausaron la lucha. La organización social logró desmilitarizar la región y hoy mantiene una vigorosa Casa de Justicia con sede en la comunidad de El Paraíso, que es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

“La región se recompuso, impulsó el proyecto comunitario con la misma gente, los mismos pueblos, las mismas organizaciones. Ahorita hay cero violencia, cero violación a los derechos humanos, cero agresión. No se permite la siembra de enervantes, por acuerdo de asamblea. Sí está cercada la región por el Ejército, pero no entra. Los militares han querido entrar al territorio pero las comunidades los expulsan. La militarización ya no está dentro porque está la organización: no lo va a permitir.”

—¿El proyecto insurgente se mantiene?

—El proyecto insurgente hoy es un proyecto más de autodefensa. Son las comunidades. Lo que fue un proyecto insurgente hoy es un proyecto más comunitario. Son la misma gente, pero es la decisión que han tomado las comunidades. No se cambia el objetivo. Se cambia el método. La gente sí va a seguir luchando por construir un nuevo país, una nueva región; y luchará contra todas estas desigualdades que hay.

“Hoy las comunidades han construido una fuerza defensiva: la defensa del territorio, la seguridad y la justicia frente a la impunidad. Y esto va a existir a pesar de los gobiernos que lleguen.”

Zósimo Camacho