Andrés Manuel López Obrador recibe al país en la mayor crisis de su historia moderna. La fragilidad institucional no soportará tropiezos del nuevo grupo gobernante… como los que ya empieza a mostrar, consideran expertos en seguridad nacional.

Los factores de riesgo que enfrenta el país, al concluir los comicios presidenciales, están directamente relacionados con la fragilidad institucional y con el proyecto de Estado y de gobierno con el que se buscaría darle gobernabilidad y respuesta a la compleja agenda nacional de riesgos y amenazas, advierten expertos en seguridad nacional.

“La propagación del crimen organizado, corrupción sistémica, secuestros, lavado de dinero, violencia intrafamiliar y feminicidios, han desbordado las capacidades institucionales del Estado”. Lo peor es que actualmente “no hay respuestas por parte de las instituciones públicas para enfrentarlos”, advierte el doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Alfredo Carlos Victoria Marín.

“Es imprescindible plantear acciones encaminadas a dar respuesta al reclamo social por seguridad, sobre todo en un contexto de incertidumbre, fragmentación social, feminicidios, desaparición forzada de personas, impunidad, corrupción, pobreza y desigualdad, que afectan la vida cotidiana de las personas”, subraya.

En su análisis Los riesgos político-institucionales de la inseguridad nacional para la permanencia y estabilidad del Estado Mexicano, apunta que el nuevo gobierno mexicano tiene el reto de construir políticas públicas eficaces para asegurar la estabilidad y permanencia del Estado.

Y es que, de acuerdo con cifras oficiales, desde diciembre de 2006 (cuando asumió la Presidencia de la República el panista Felipe Calderón), en México se han registrado más de 280 mil asesinatos, 38 mil desaparecidos y 300 mil desplazados. A lo anterior se suma una corrupción enquistada en todas las esferas gubernamentales y a todos los niveles.

Nelson Arteaga Botello, doctor en sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, considera que el nuevo gobierno debe centrarse en los mayores retos: la violencia, la desigualdad y la corrupción.

Aduce que en México se requiere de un gobierno que trabaje para hacer de este sistema menos desigual mientras hay una mejor alternativa. Considera que López Obrador se propone reducir las desigualdades, no acabar con el sistema capitalista.

Advierte que el nuevo gobierno se va a equivocar. “Por supuesto que se va a equivocar; equivocarse es parte del ciclo de la toma decisiones. El tema es que López Obrador no se equivoque; y cuando lo haga, reconocerlo y corregir el rumbo”.

Explica que visualizar un mundo mejor implica un cuestionamiento de aproximación crítica a lo que tenemos, pero hay que entender que a veces eso no es posible.

No hay ningún país que haya obtenido todo redondo. Hay algunas experiencias más positivas que otras. Es parte del equilibrio del gobierno de países democráticos, donde la crítica siempre será el elemento clave, y donde hay sociedades diferenciadas con posiciones diversas sobre cómo deben de orientarse las instituciones.

Nelson Arteaga Botello indica que la corrupción es el gran reto de López Obrador frente a la maquinaria estatal que tendrá que enfrentar una estructura de funcionamiento del Estado mexicano que ha permeado desde la institucionalización de la Revolución Mexicana.

“Se trata de desmontar la maquinaria patrimonialista y de corrupción que caracterizó al Estado mexicano, lo cual no es una tarea sencilla. Habrá que ver cómo plantea López Obrador la estrategia”, subraya.

Descarta que el combate a la corrupción sea el hilo conductor y causa única para combatir todos los males de una sociedad compleja y diferenciada como la mexicana. “No es posible que la desigualdad social y la pobreza tengan como causa un solo fenómeno: la corrupción”.

Sin embargo, Nelson Arteaga, doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana acota que en términos de operación política y administrativa, la madeja de la corrupción para López Obrador es la que debe jalar para combatir las redes patrimoniales y de corrupción del Estado mexicano.

Señala que desde la creación de las instituciones posrevolucionarias el patrimonialismo y la corrupción en diversos niveles del gobierno son parte de la estructura del Estado, por lo que su combate será un reto de larga duración.

Nicolás Lazo Otero, doctor en ciencias sociales por el Colegio de México, profesor e investigador de tiempo completo en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), coincide con Arteaga al señalar que la corrupción no es el principal factor de la desigualdad social; pero enfatiza que sí la agrava como el neoliberalismo.

“Hemos tenido distintos modelos de desarrollo que han agravado la pobreza en México a lo largo de su historia”. Reconoce que en la etapa más reciente, la corrupción se tradujo en mayor pobreza y desigualdad. “López Obrador tendrá muchas decisiones que podrán atenuar la corrupción, pero no va a ocurrir en el corto plazo”, arguye.

Políticas públicas y crimen organizado

El doctor Alfredo Carlos Victoria Marín, doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, considera que México está lejos de contar con políticas públicas eficaces contra el crimen organizado, por lo que plantea que el nuevo gobierno “debe apostar a una política de Estado que ponga el acento en prevención del delito y recuperación de territorios y espacios públicos cooptados por grupos delincuenciales”.

Al examinar el resultado de las políticas públicas del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y de Enrique Peña (2012-2018), Victoria Marín indica que las fuerzas de seguridad del Estado han transitado por una crisis de operatividad –bajos salarios y deficiente infraestructura de inteligencia– y graves problemas asociados a los controles de confianza, “además de señalamientos de que éstas han sido infiltradas por los cárteles de la droga”.

En ese sentido, advierte que “el problema apuntaría a que el mismo Estado no cuenta todavía con suficientes capacidades institucionales, para detectar oportunamente a grupos y personas que desde el interior del propio Estado estarían patrocinando, protegiendo y organizando actividades del crimen organizado”.

Explica que la inseguridad nacional en México, se han identificado variables más críticas que amenazan a la gobernabilidad democrática, las cuales deben ser consideradas dentro de las políticas públicas, a efecto de mitigar sus efectos y consecuencias para que no ingresen en zona de crisis o ingobernabilidad y con ello pongan en riesgo la estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

En su análisis, publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) a finales de junio pasado, el doctor Victoria Marín refiere que las políticas públicas eficaces contra el crimen organizado en México radican en la capacidad gubernamental para crear las fuerzas policiales federales y locales, además de generar insumos de información para desactivar y detener a los grupos y células del crimen organizado que han desafiado a las instituciones del Estado mexicano.

“Una política pública nace precisamente cuando un problema social tiende a manifestarse de forma desbordada. Este es el caso de la inseguridad, ya que las autoridades civiles tienen que explicar y explicarse en público, lo relacionado con las acciones y medidas que han de instrumentar, así como los recursos disponibles para ejecutar ciertas tareas”, enfatiza.

Advierte que en la aplicación de políticas públicas, el nuevo gobierno puede correr riesgos, pero aclara que lo que lo que no le estaría permitido es construir modelos de política pública hechos a modo para la clase gobernante.

“La acción de la administración pública no debe circunscribirse a actuar reactivamente frente a contextos complejos y dinámicos, donde el crimen organizado, las redes de narcotráfico, de trata de personas, tienden a reacomodarse de acuerdo a las alianzas y pactos que los cárteles de la droga y otros grupos delincuenciales llevan a cabo en diversos territorios de la geografía nacional”, anota.

Y alerta que una efectiva política pública en materia de seguridad pública será posible en tanto los tomadores de decisiones estén exentos de incurrir en conflictos de interés y colusión con el crimen organizado. Los insumos de inteligencia de información deben ser operados con cierta dosis de secrecía y manejo responsable que ayuden a encontrar las mejores alternativas.

Al respecto, Martin Barrón Cruz, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) plantea que en México las políticas públicas desafortunadamente sólo son ocurrencias de los gobernantes, no hay políticas transexenales. Por ejemplo, dice, en seguridad pública nunca ha habido en más de 100 años una política transexenal.

“Desde Ernesto Zedillo a la fecha –agrega– cuántos cambios ha habido. Eso indica que no hay política transexenal. Y ahora viene López Obrador y plantea que con la Guardia Nacional va a brindar paz y seguridad. No es más que una ocurrencia. Y así se puede ver en otros temas. Entonces qué va a pasar con el país.”

Asimismo, Victoria Marín estima que la presencia creciente de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública se ha convertido en una “militarización” abierta, en la que los gobiernos estatales y municipales perciben como una acción necesaria para el mantenimiento del orden público.

Destaca que el fenómeno de la corrupción político-policial tiene aristas más complejas, ya que uno de los retos que enfrentan las autoridades federales, estatales y municipales, es atenderlas con políticas integrales: empleo, educación cívica, recreación, deporte y salud.

En este sentido, señala que la temporalidad de las políticas para el combate a la corrupción dependerá de la profundidad con la que se quiera frenar desde los órdenes federal, estatal y municipal de gobierno. No es solamente un problema que se encuentre en las calles, ya hay una interrelación entre crimen organizado y aparatos de seguridad e inteligencia del propio Estado.

Así, explica el catedrático, dentro de un contexto tradicional, pero no por ello menos importante, el narcotráfico afecta la seguridad del Estado. Esta seguridad debe interpretarse en un sentido amplio, es decir, incluyendo la soberanía política, la integridad territorial y la protección de la vida de los ciudadanos.

Agrega que aun cuando el plano electoral se registraron avances relacionados con la operación de un sistema electoral supervisor y garante de la funcionalidad de los procesos a su cargo, esto no ha significado que los órganos electorales garanticen que los políticos no cumplan con su oferta política, toda vez que para que esto ocurra se requiere una sociedad crecientemente demandante y participativa.

La aprobación de las reformas estructurales ha contrastado con los resultados obtenidos por las políticas públicas contra la pobreza y la desigualdad, por lo que, si se le añade el fracaso de las políticas contra el combate a la criminalidad en sus diversas manifestaciones, se tienen circunstancias cotidianas en las que se transita entre una crisis de gobernabilidad e ingobernabilidad permanentes.

Una estrategia económica que apueste por el crecimiento económico y desarrollo económico con inclusión social puede originar cambios en la concepción de seguridad nacional que se tiene al día de hoy. Y es que la polarización y la desigualdad social que perdura en México durante estas primeras décadas del siglo XXI, obedece a que nunca se atendieron las causas estructurales de la violencia, la impunidad y la corrupción en México.

Nicolás Loza Otero, doctor en ciencias sociales por el Colegio de México e investigador en la Flacso, explica que el reto de López Obrador será cumplir con las expectativas que ha generado. “Será una especie de carrera entre lo que pueda hacer y el tiempo en que la población esté dispuesta a tolerar que esto no cambie de manera radical”. El académico señala que aun teniendo éxito, no va ser en lo inmediato. Incluso hay posibilidad de que no sólo no cambie para bien, sino para mal.

Lo más importante en este momento es la preocupación de la gente y la naturaleza de la acción pública. “No creo que tengamos un entorno internacional adverso, como tampoco un entorno económico adverso”.

El especialista considera que en menos de 1 mes se va a presentar la propuesta de presupuesto. Será el primer examen. Ya le ha dicho al circuito económico ha dicho que va a ser muy disciplinado en términos fiscales y que la inflación va a ser de un dígito porcentual.

Señala que fracasó toda la actual estrategia de combate a las drogas. No sólo la Iniciativa Mérida, sino todas las propuestas y acciones que se han llevado a cabo con la fuerza de las armas desde hace más de una década. Explica que esta situación dota al nuevo gobierno de toda la autoridad moral para buscar nuevos caminos de solución a este problema.

La nueva “mafia del poder”

Para el académico Barrón Cruz Morena puede convertirse en la “nueva mafia del poder”. De entrada, políticos alrededor de López Obrador han sido acusados de malversación de recursos públicos y otros delitos, desde Marcelo Ebrad, Martí Batres, Bejarano e, incluso, Claudia Sheinbaum y Carlos Imaz.

“La gente votó por hartazgo, porque el PRI que se alzó con Peña Nieto es el más corrupto de la historia de México, por los escándalos de su sexenio, por los goberladrones acusados de fraude, en su mayoría del PRI. Y obviamente la gente voto por el menos peor, Andrés Manuel López Obrador, quien lo único que representa es un aspecto más de la corrupción del PRI”, asienta el catedrático del Inacipe.

Seguridad nacional e inteligencia

Para el doctor Martín Barrón Cruz, el equipo de López Obrador no tiene idea de lo que es seguridad nacional, al plantear desaparecer el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y crear la Guardia Nacional para el combate al crimen organizado.

“En cualquier país del mundo debe haber un aparato de inteligencia que le sirva al Estado y al gobierno para la toma de decisiones, como en Estados Unidos con la CIA [Agencia Central de Inteligencia]; o en España, que cuenta con un cuerpo de inteligencia”, señala el catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Experto en temas de seguridad, el investigador se pregunta: “¿Qué pasaría si hay un atentado? ¿De quién va a ser la culpa, porque no hay un cuerpo de inteligencia? ¿Dónde está la Agenda Nacional de Riesgos? ¿Quién va a encabezar los temas relevantes de la agenda de riesgos si desaparecen el Cisen? Necesariamente tienen que crear otro cuerpo de inteligencia, con el riesgo de que puede pasar lo que ocurrió en el Siglo XX de crear una policía política y volver al autoritarismo”.

Barrón insiste en que de seguridad nacional y seguridad pública el equipo de López Obrador no tiene ni la menor idea. “Basta con revisar el proyecto de nación de Morena [Movimiento de Regeneración Nacional] y de lo que ha dicho Alfonso Durazo respecto de la Guardia Nacional”.

El también experto en Fuerzas Armadas cuestiona: “¿En qué momento histórico del país hubo tranquilidad y paz como ellos pregonan? Y ¿qué implica el pacto de seguridad nacional y seguridad pública?”. No tienen idea de qué es la Guardia Nacional; y la forma en que la quieren conformar es desvirtuar todo lo que implica la Guardia Nacional, la cual va a quedar casi al mando del presidente de la república, asienta.

Considera que formar un cuerpo de policías al mando directo del presidente de la república es muy grave y refleja un claro autoritarismo centralizado con el mando único, cuya propuesta fue de Felipe Calderón desde 2010, “con García Luna y sus muchachos”, pero nunca pudieron hacer ni mando mixto ni mando único, porque en realidad no existe nada que diga que eso funciona.

Por ejemplo, dice Barrón, en Estados Unidos no hay mando único, hay cuerpos de policía que funcionan de forma independiente y, de acuerdo con la gravedad del delito, alguna autoridad asume la responsabilidad de la investigación y el resto de instancias se van sumando. Es una forma de actuar, no es un mando único.

Tampoco en España existe mando único, sino la policía nacional, la guardia civil y las policías autonómicas, pensar en eso es una utopía, es pensar en tener el control de la policía con la restauración de la Secretaría de Seguridad Pública retomando el modelo panista. ¿Dónde está la congruencia e ideas propias de Morena?

La desaparición del Cisen –dice por su parte Nelson Arteaga Botello– es un planteamiento que López Obrador ha dicho en entrevistas a bocajarro, así como que no desaparece el Estado Mayor Presidencial (EMP), sino que se reincorpora al Ejército. Es decir, tendrá que haber más que una reestructuración de los mecanismos de seguridad del Estado, porque ningún país puede funcionar sin órganos de inteligencia.

El Cisen, dice el doctor en Sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, debe de operar en función de garantizar la seguridad nacional y no para el control político del país. Ningún país funciona sin un sistema de inteligencia, sino que algunos países desarrollan mecanismos de operación de inteligencia transparentes y abiertos para que la sociedad pueda entender cómo operan.

“El presidente electo está soltando ideas aún no elaboradas sino declaraciones sobre las que no se puede fundar una crítica y un soporte a un aparato gubernamental; hay que ver cómo se está diseñando la Guardia Nacional, cómo se presenta y cuál es la idea central, la dinámica, el sistema de operación y el criterio constitucional”, subraya el catedrático de la UNAM.

José Reyez