Tengo el honor de dirigirme a usted en seguimiento de mi carta de fecha 26 de mayo de 2020 (S/2020/444), sobre nuestra denuncia del mayor robo de la historia moderna de la República Bolivariana de Venezuela, que, hasta la fecha, continúa siendo perpetrado, con total impunidad, por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en medio de la peor pandemia que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años.

En este contexto, permítaseme referirme a la carta de fecha 29 de mayo de 2020 del representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas (S/2020/464) sobre ese tema, y demostrar a continuación la falsedad de las acusaciones contenidas en ella.

En primer lugar, el 13 de mayo de 2020, medios de información británicos revelaron la existencia clandestina y secreta, hasta entonces, de una “Unidad de Reconstrucción de Venezuela” en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth del Reino Unido. La noticia, basada en documentos obtenidos con arreglo a la Ley de Libertad de Información, también puso al descubierto “conversaciones privadas entre figuras de la oposición venezolana y funcionarios del Reino Unido, en las que se detallan propuestas para la promoción de los negocios británicos tras la ejecución de un golpe de Estado planificado”.

Se trata de una demostración clara y objetiva, más que de una afirmación, no solo del hecho de que el Gobierno británico estaba al tanto de la incursión armada de mercenarios y terroristas llevada a cabo contra nuestro territorio nacional a principios de mayo de 2020, en el marco de la llamada “Operación Gedeón”, sino de que participaba activamente en ella, con el fin de asegurar un estatus preferencial para las empresas británicas en mi país una vez que se consumara el acto de agresión contra Venezuela.

En segundo lugar, nunca hubo ni una sola declaración pública de funcionarios británicos sobre el establecimiento o la existencia de una “Unidad de Reconstrucción de Venezuela” en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth del Reino Unido, de lo que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solo tuvo conocimiento el 13 de mayo de 2020, a raíz de las informaciones publicadas en los medios de comunicación internacionales.

De hecho, el 14 de mayo de 2020, el Encargado de Negocios Interino del Reino Unido en Caracas fue convocado a la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, donde se le hizo entrega de una nota de protesta al respecto. Solo entonces, el funcionario británico reconoció la existencia de esa unidad, al tiempo que intentaba, sin éxito, dar excusas y justificar lo injustificable.

Huelga decir que este es un ejemplo más de la actitud hostil hacia Venezuela del Gobierno británico, que insiste en llevar a cabo políticas de “cambio de régimen” contra el Gobierno legítimo, constitucional y democráticamente elegido del Presidente Nicolás Maduro, en violación de los propios principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, incluidos los principios de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de igualdad soberana de los Estados, y del derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación.

Al respecto, cabe señalar que, a finales de enero de 2020, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela recibió una solicitud de expedición de visados oficiales a favor de funcionarios británicos que tenían la intención de viajar al país en febrero de 2020, con el propósito de celebrar “reuniones con [la] Embajada Británica”, según se indicaba en sus solicitudes de visado. Los referidos visados fueron aprobados y expedidos con prontitud. Sin embargo, esos funcionarios británicos solo trataban de aprovecharse de la buena fe de las autoridades venezolanas, ya que, a diferencia del propósito declarado de su viaje, su verdadera intención era promover en secreto los objetivos y propósitos de la entonces clandestina “Unidad de Reconstrucción”, como reconoció incluso el representante del Reino Unido en su carta de 29 de mayo de 2020.

En tercer lugar, como hemos denunciado antes, junto con las amenazas de uso de la fuerza, se están llevando a cabo intentos de imponer ilegalmente un bloqueo naval contra nuestra nación, que, en caso de materializarse, constituiría un acto de guerra en virtud del derecho internacional, en particular si no es autorizado por el Consejo de Seguridad, con arreglo al Artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, o no se aplica en virtud del derecho inmanente de legítima defensa.

En este contexto, cabe recordar el lanzamiento de una “operación reforzada de lucha contra los estupefacientes” en el Caribe, anunciado el 22 de abril por el Presidente Donald Trump , en cooperación con 22 naciones asociadas, incluido el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por lo tanto, la presencia de buques de guerra extranjeros, incluidos buques británicos, frente a nuestras aguas territoriales, en actitud hostil y agresiva, forma parte de los esfuerzos encaminados a establecer ilegalmente un bloqueo naval contra Venezuela, y de atacar a nuestro país, a pesar de los intentos de hacer creer convenientemente que se trata de una operación de lucha contra los estupefacientes o de fomento de la “resiliencia como parte de los preparativos para la temporada anual de huracanes”.

Por último, debemos reiterar que el Banco de Inglaterra, en la práctica, no es una organización pública independiente sino, por el contrario, el brazo ejecutor de la política colonial de saqueo y pillaje del Gobierno británico, que ha robado las reservas de oro de Venezuela depositadas en esa institución financiera, y que ascienden a más de 1 000 millones de dólares a valor actual, en violación de la intangibilidad de los contratos y del derecho internacional consuetudinario sobre la inmunidad de ejecución de las reservas internacionales y los activos de los bancos centrales extranjeros. También, a este respecto, vale la pena hacer referencia a los 30 millones de dólares (2020-2022) y los 24 millones de dólares (2019) que el Gobierno británico supuestamente prometió proporcionar o proporcionó para “apoyar a los venezolanos necesitados”, una suma que, en conjunto, representa solo una migaja (5,4%), frente a la cifra global de los recursos que en los últimos tiempos ha robado a nuestra nación, y que estaban depositados en el Banco de Inglaterra.

Como se indica en las comunicaciones escritas del propio Banco de Inglaterra, de fechas 11 de julio de 2018 y 18 de marzo de 2019, su decisión unilateral e ilegal de negarse a cumplir las instrucciones dadas por el titular de la cuenta y dueño de las reservas de oro a que se hace referencia, a saber, el Banco Central de Venezuela, en relación con la liquidación de parte de esos recursos, se basa en lo siguiente:

a) El cumplimiento por esa entidad de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos;

b) Sus consultas con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth del Reino Unido;

c) La decisión del Reino Unido de repudiar el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Por ende, el caso de Venezuela demuestra que el Banco de Inglaterra no es una institución neutral ni transparente, y mucho menos fiable, por lo que, en estos momentos, su credibilidad está por el suelo. De ahí que reiteremos nuestro consejo a las demás naciones de que consideren la posibilidad de retirar prontamente sus recursos soberanos depositados en ese banco y sus reservas internacionales que se encuentren bajo la custodia de esa entidad, puesto que corren el riesgo permanente de ser saqueados.

En consecuencia, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte está realmente privando de forma deliberada de bienes y servicios básicos a 30 millones de venezolanos, ya que continúa socavando los esfuerzos de nuestro Gobierno nacional para garantizar el bienestar de nuestro pueblo, incluso por medio del suministro de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales, en particular en medio de la peor pandemia que la humanidad haya enfrentado en los últimos 100 años, con lo que disminuye las posibilidades de derrotar con éxito la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el país. Insistimos en que las autoridades británicas están perpetrando un acto de exterminio contra nuestro pueblo, que equivale a un crimen de lesa humanidad, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ya que está imponiendo intencionalmente “condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos y medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.

Por último, le solicito respetuosamente sus buenos oficios, en su calidad de Presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de junio de 2020, a fin de hacer que la presente carta se distribuya entre los miembros del Consejo para su debida información, y se publique como documento del Consejo.

Samuel Moncada