Por instrucciones de mi Gobierno, quisiera comunicarles la información siguiente.

Hace más de seis años, el Consejo de Seguridad, en una sesión celebrada a nivel de cumbre el 24 de septiembre de 2014, adoptó la resolución 2178 (2014), en la que se aborda el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. La adopción de esa resolución supuso un paso adelante en la evolución de los instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo y dio esperanzas de que sería posible fortalecer y coordinar los esfuerzos internacionales para hacer frente a ese fenómeno, que representa una seria amenaza para la paz y la seguridad en el ámbito nacional, regional e internacional.

Como es sabido, en esa resolución se exhortó a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que, de conformidad con las obligaciones que les incumbían en virtud del derecho internacional, cooperaran en las iniciativas para afrontar la amenaza que plantean los combatientes terroristas extranjeros, lo que incluía prevenir la radicalización conducente al terrorismo y el reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros, entre ellos niños, evitar que los combatientes terroristas extranjeros cruzaran sus fronteras, obstaculizar y prevenir la prestación de apoyo financiero a los combatientes terroristas extranjeros, y concebir y poner en práctica estrategias de enjuiciamiento, rehabilitación y reintegración de los combatientes terroristas extranjeros que regresaran a sus países de origen.

Hoy, muchos años después, los combatientes terroristas extranjeros siguen constituyendo una considerable amenaza mundial, como confirmó el Secretario General en su último informe al respecto (S/2021/98). Ello se debe a que los Gobiernos de los Estados occidentales, de los que son ciudadanos esos terroristas extranjeros, no han sido capaces de cumplir con las responsabilidades que les corresponden. Se han comportado de una forma marcadamente selectiva en relación con los requisitos de la resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad en un intento de eludir sus obligaciones legales y dar preponderancia a sus estrechos y egoístas intereses, a expensas de la sangre y del sufrimiento de los millones de personas que viven en los Estados afectados por el terrorismo, cuyas fronteras cruzan esos terroristas extranjeros para asesinar, saquear y destruir, como sucede en mi país.

Mi país, Siria, ha sido víctima de una guerra terrorista, a la que han empujado a miles de terroristas extranjeros los Gobiernos de ciertos Estados de sobra conocidos, terroristas que esos Gobiernos habían reclutado e instrumentalizado previamente por todos los rincones del mundo, y a quienes han proporcionado apoyo militar, financiero, político y mediático. Durante años, hemos pedido en reiteradas ocasiones al Consejo de Seguridad que asuma la responsabilidad que tiene de preservar la paz y la seguridad internacionales y de hacer que los Gobiernos de esos Estados que patrocinan el terrorismo dejen de beneficiarse de las acciones de los terroristas extranjeros y procedan a repatriarlos. Pese a ello, los Gobiernos de los Estados occidentales no solo han seguido politizando, aplazando y desatendiendo la cuestión, sino que algunos de ellos han tomado medidas de ámbito nacional para impedir que esos terroristas regresen a sus países de origen desde los lugares en los que se encuentran, retirarles la nacionalidad, anularles el pasaporte o impedirles el acceso al país, como es el caso, entre otros, del Reino Unido. Otros han preferido recibir únicamente a los hijos de esos terroristas extranjeros, a los que han separado de sus madres y familiares, como es el caso de Bélgica.

Por el contrario, algunos Estados que sí confían en el derecho internacional y en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas se han puesto en contacto con el Gobierno sirio para repatriar a los terroristas extranjeros que son nacionales de esos países y a sus hijos, de forma que puedan rendir cuentas de los crímenes que hayan perpetrado y sea posible rehabilitar e integrar a familiares e hijos. Se ha cooperado con éxito con la Federación de Rusia, Kazajstán, Tayikistán y otros Estados de Asia Central y demás regiones, que han podido garantizar el regreso de cientos de familiares de terroristas extranjeros a sus países.

En ese contexto, el Gobierno sirio desea expresar su agradecimiento a la Federación de Rusia y Kazajstán por su participación constructiva y por haber organizado una reunión informal del Consejo de Seguridad con arreglo a la fórmula Arria sobre “Infancia y conflictos armados, repatriación de niños de zonas de conflicto”, que se celebró el 29 de enero de 2021. Mi país lamenta que algunos representantes de Estados occidentales, como el Reino Unido e Irlanda, intentaran desviar la reunión de sus objetivos, adoptaran posturas hostiles y fomentaran acusaciones poco realistas y sin fundamento.

La República Árabe Siria desea recordar que ha anunciado en numerosas ocasiones su total disposición a cooperar con todos los Gobiernos serios y las organizaciones humanitarias con el fin de repatriar a los extranjeros de conformidad con el derecho internacional. Cabe subrayar que los esfuerzos para repatriar a los combatientes terroristas extranjeros y sus familias deben llevarse a cabo en plena cooperación y coordinación previa con el Gobierno sirio. Siria reitera que quienes mantienen contactos con esas organizaciones terroristas y milicias separatistas o les facilitan fondos, quienes se dejan sobornar para facilitar el cruce ilegal de terroristas y sus allegados a los Estados vecinos y quienes envían representantes de los Gobiernos de ciertos Estados para celebrar reuniones con esas organizaciones y milicias están transgrediendo el derecho internacional, los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en las que se reitera el firme compromiso con la soberanía, la independencia y la unidad e integridad territorial de Siria.

A ese respecto, mi país desea recordar la carta que les remitimos con fecha 27 de enero de 2021 (S/2021/89), en relación con las delegaciones occidentales que se habían infiltrado en el noreste de Siria de forma clandestina y sin la aprobación previa del Gobierno sirio. Llama la atención que “las restricciones de los viajes asociadas a la pandemia” y otras dificultades que se mencionan en el párrafo 44, sección III.B, del informe del Secretario General (S/2021/98) no impidieran a esas delegaciones infiltrarse de forma ilegal en territorio sirio. Esto demuestra la mala fe de las delegaciones y sus Gobiernos, que siguen empeñados en violar la soberanía siria, y nos lleva a defender una vez más la obligación de dar prioridad a los principios del derecho internacional, las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, los instrumentos relativos a la lucha contra el terrorismo, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad 2170 (2014), 2178 (2014) y 2253 (2015), los principios de las relaciones cordiales y la cooperación entre Estados y de poner fin a esas violaciones y hacer que se rindan cuentas al respecto.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como documento del Consejo de Seguridad.

Koussay Aldahhak