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En 2017, el profesor J. Alex Halderman, experto en informática, había demostrado ante la comisión del Senado de Estados Unidos sobre temas de inteligencia que era fácil burlar la seguridad de las máquinas de votar de la compañía Dominion Voting Systems. Esa compañía procedió entonces a una actualización de sus máquinas para garantizar la limpieza de las elecciones.
En la elección presidencial estadounidense de 2020, el secretario de Estado del Estado de Georgia, Brad Raffensperger (republicano), exhortó los electores de ese Estado a votar por correspondencia y dispuso máquinas de la compañía Dominion para los que quisieran de todas formas ir personalmente a los centros de votación. .
El entonces presidente Donald Trump contactó telefónicamente al secretario Raffensperger. La conversación entre ellos fue grabada y posteriormente utilizada contra el presidente Trump a quien Raffensperger acusó de haber tratado de obligarlo a modificar los resultados del sufragio en el Estado de Georgia.
Todo aquello dio lugar a una polémica alrededor de los resultados de la elección presidencial en Georgia.
El conteo de los sufragios emitidos por correspondencia fue realizado por funcionarios del Estado de Georgia –a menudo fuera de la presencia del público– mientras que las máquinas de votar contabilizaban los votos emitidos a través de ellas.
La agencia estadounidense de seguridad de las infraestructuras y del ciberespacio (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) había asegurado que las máquinas de la compañía Dominion eran absolutamente confiables y que el resultado contabilizado a través de ellas daba la victoria al candidato demócrata Joe Biden.
Debido a la polémica, el Estado de Georgia solicitó al profesor J. Alex Halderman que redactara un informe. Pero la CISA emprendió una acción judicial contra ese Estado y le ordenó no desclasificar ese documento. La CISA argumentó que la desclasificación del informe del profesor Halderman permitiría en el futuro que personas mal intencionadas piratearan las máquinas de votar.
Por su parte, el secretario Raffensperger se unió a numerosos electores para reclamar la desclasificación del informe. Ahora es probable que la desclasificación sea finalmente autorizada por un juez… pero sólo después de la eliminación de los pasajes del documento que sean considerados “sensibles”.
La CISA no ha respondido a las interrogantes sobre su cambio de actitud en relación con la posición que había adoptado en 2020.
No está de más recordar que en los países democráticos el conteo de los votos emitidos durante una elección es un acto público.
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